Sentencia 14381 de noviembre 21 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PENSIONES ESPECIALES DE CARÁCTER TERRITORIAL

COMPATIBILIDAD CON PENSIONES NACIONALES

Consejero Ponente:

Dr. Carlos A. Orjuela Góngora

Ref.: Expediente 14381

Autoridades nacionales

Actor: Ligia Ávila de Colmenares

Santafé de Bogotá, D.C., noviembre veintiuno de mil novecientos noventa y seis.

Decide la Sala la consulta de la sentencia proferida el 19 de junio de 1996 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda formulada por Ligia Ávila de Colmenares contra las resoluciones 128 de febrero 17 de 1995 y 137 de marzo 31 de 1995, expedidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima.

La demanda

Estuvo enderezada a obtener la nulidad de las resoluciones 128 del 17 de febrero de 1995 y 137 del 31 de marzo de 1995, proferidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima, por las cuales se niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la demandante.

Que como consecuencia de lo anterior se declare que la actora tiene derecho a que la Nación (Ministerio de Educación Nacional) le reconozca y pague, a través del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.

Que por lo mismo se condene a la parte demandada a pagar a la demandante el valor de las mesadas pensionales causadas desde la fecha en que ésta accedió al status de pensionado, con los ajustes de valor de acuerdo al índice de precios al consumidor o al por mayor, conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

Que igualmente se condene a la demandada al reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios, si hubiere lugar a ello, con arreglo al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Como hechos que sustentan las anteriores pretensiones se narran los siguientes:

1. Ligia Ávila de Colmenares, mediante solicitud radicada bajo el Nº 9505758 de fecha 03-02-95 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, oficina de Ibagué, por haber cumplido los requisitos legales como docente para obtener tal prestación.

2. Por medio de la Resolución 128 del 17 de febrero de 1995 el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima en representación de la Nación-fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada.

3. Mediante Resolución 137 del 31 de marzo de 1995 notificada personalmente el día 23 del mismo mes y año el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional del Tolima en representación de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio negó la reposición presentada contra la resolución anunciada en el hecho anterior.

4. No han transcurrido cuatro (4) meses desde la ejecutoria de la resolución que agotó la vía gubernativa para reclamar la pensión de jubilación de mi mandante, por lo tanto estoy dentro del plazo legal para presentar esta demanda”.

Normas violadas

Como disposiciones violadas se citan las siguientes: Constitución Política, artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 25, 48, 53, 58, 128 y 136.

La sentencia

El a quo accedió a las pretensiones de la demanda fundamentándose primeramente en lo ya expuesto por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso 11854, M.P. Álvaro González Murcia, en sentencia del 30 de agosto de 1995. Al efecto transcribió:

“En los términos de esta norma, es indudable que la ley estaba facultando para otorgar una prestación de carácter especial porque iba destinada a unos funcionarios allí determinados como son los maestros o maestras de escuelas oficiales y además contemplaba un requisito excepcional como es el tiempo de servicio que no podía ser menor de quince años. En tanto que las demás pensiones de jubilación tenían destinatarios y requisitos generales” (fl. 60).

Más adelante continúa la cita textual así:

“Si se trata de una pensión especial ya reconocida mediante un acto administrativo y que por tanto se trata de un derecho particular y concreto consolidado, hay que tenerla como vigente así el fundamento legal haya desaparecido pues se está ante un derecho adquirido que, como se verá adelante, las mismas leyes laborales han protegido”. (fl. 61).

Seguidamente el tribunal transcribe otras consideraciones de la referida providencia, en las cuales se discurre a propósito de las normas pertinentes al caso (fls. 61 a 66). Finalmente se anota en la sentencia consultada:

“En el caso subexamine, la actora demostró tener más de 50 años de edad, ya que nació el 15 de enero de 1940, según registro civil adjunto y está laborando desde el 23 de abril de 1958, según se desprende de la certificación expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, de lo que se deduce que a la expedición de la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicio y 20 años de servicio (sic), por lo que cumplía con los supuestos de la norma en cita para obtener el derecho a la pensión de jubilación” (fl. 66).

El Ministerio Público

El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado solicita se confirme el fallo consultado, en razón a que:

“ ...el recibo de estas dos asignaciones por la actora, ...configuran uno de los casos de excepción a la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Nacional” (fl. 82).

Seguidamente agrega el agente fiscal:

“No quiere esta delegada dejar pasar la oportunidad de manifestar que no es aceptable, desde ningún punto de vista, que una entidad a cuyo cargo está el reconocimiento de las prestaciones de la magnitud de la que se ocupa este proceso, pretenda aprovechar el hecho de que otra entidad haya concedido un privilegio a un determinado grupo para exonerarse de sus obligaciones, desconociendo abiertamente el derecho de los administrados.

Sin embargo, de llegarse a considerar incompatibles las pensiones en comento, es el educador el llamado a escoger la que le resulte más favorable” (fl. 83).

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero precisar los aspectos jurídicos básicos que nos permitan adentrarnos en el examen del presente asunto. Al respecto se tiene:

En virtud del literal b del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 se estableció una pensión vitalicia de jubilación a favor de los empleados y obreros nacionales de carácter permanente que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicio.

Posteriormente, a través del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 se varió la edad de jubilación para los varones en los siguientes términos:

“Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio”.

Es oportuno destacar que el monto pensional del 75% fue incorporado mediante el artículo 4º de la Ley 4ª de 1966, modificando en lo pertinente el literal b del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945.

La eventual percepción de una doble asignación de parte del erario público, así como la opción de morigerar la restricción constitucional en tal sentido, en el campo docente fue encontrando algunas prerrogativas auspiciadas por el Gobierno Nacional. Una muestra de ellas la encontramos en el artículo 5º del Decreto 224 de 1972, por el cual el ejercicio de la docencia se consideró compatible con el goce de la pensión de jubilación, “siempre y cuando el educador sea mental y físicamente apto para el ejercicio docente...”.

Por mandato del artículo 1º la Ley 33 de 1985 la edad de la mujer para efectos de jubilación se equiparó a la del varón, conforme al siguiente tenor:

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

En relación con los empleados que ya llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de expedición de esta ley, el precitado artículo a través de su parágrafo 2º dispuso:

“Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que reglan con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro”.

n virtud del proceso de implantación de la nacionalización de la educación (L. 43/75) se expidió la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En lo tocante a la asunción de obligaciones prestacionales para con el personal docente por parte de la Nación y las entidades territoriales, en el numeral 2º del artículo 2º de esta ley se estipuló:

“Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia, seguirán siendo pagadas por dichas entidades”.

Considerando que durante el proceso de nacionalización (delimitado entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980) se causarían prestaciones sociales, reajustes y sustituciones pensionales en relación con el personal nacionalizado, mediante el numeral 3º del prenotado artículo 2º se estableció que tales erogaciones “son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades que hicieren sus veces”.

En esta forma se hizo un alinderamiento suficientemente claro sobre la responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales en punto a las prestaciones sociales del personal nacionalizado. Más aún, al referirse al titular de la función pagadora en el plano nacional, y con arreglo al artículo 6º de la Ley 43 de 1975, la ley en comento prescribió en su artículo 5º:

“Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

A continuación se aclara lo atinente al pago de las sumas adeudadas hasta la fecha de promulgación de esta ley, las cuales deben sufragarse a dicho fondo. De suerte que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dentro de su función administradora de recursos incorpora la de pagar las cantidades causadas por concepto de prestaciones sociales, en los casos y términos ya vistos.

Ahora bien, con el fin de salvaguardar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales ya causadas a la fecha de promulgación de la Ley 91 de 1989, en el segundo inciso del parágrafo de su artículo 5º se prescribió:

“Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975”.

De este tenor, las prestaciones sociales preexistentes del personal nacionalizado, sin importar su especie o condición, continuarían vigentes sin solución de continuidad. A este respecto coadyuva lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 15 de la ley 91, el cual expresa:

“Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes”.

La Ley 91 de 1989 fue reglamentada a través del Decreto 2563 de 1990, el cual, para nuestro caso, ordenó en su artículo 7º lo siguiente:

“Las prestaciones sociales del personal docente nacionalizado, que se causen a partir del 30 de diciembre de 1989, así como los correspondientes reajustes y la sustitución de pensiones que se reconozcan a partir de dicha fecha, son de responsabilidad de la Nación y serán pagados por intermedio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

Aun cuando la pretranscrita fecha excede en nueve (9) años la culminación del proceso de transición, la responsabilidad exclusiva de la Nación frente a las referenciadas prestaciones sociales no ofrece dudas a partir de la misma fecha.

Posteriormente, en materia de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 4ª de 1992, a través del artículo 1º del Decreto 1440 de 1992 se regló:

Aquellos docentes oficiales que al entrar en vigencia la Ley 4ª de 1992 se encontraban en las situaciones previstas en el Decreto-Ley 2277 de 1979 y la Ley 91 de 1989, conservarán los derechos adquiridos a esa fecha consagrados en tales normas”.

Dentro del derrotero seguido por el régimen prestacional de los docentes nacionales o nacionalizados y particularmente en lo relacionado con la compatibilidad de las asignaciones recibidas del tesoro público, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la nueva Carta Política, se expidió la Ley 60 de agosto 12 de 1993 que a términos del inciso tercero de su artículo 6º reza:

“El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas (sic) reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial”.

Como bien sabemos, la nueva Constitución Nacional definió a Colombia como, “...un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada...”. Bajo la perspectiva de la descentralización previó la Carta en su artículo 356 lo relativo a los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, defiriéndole a la ley su fijación, salvo en lo previsto por la misma Constitución.

Sobre el anterior basamento constitucional se promulgó la Ley 60 de 1993, la cual reguló en su capítulo 1º lo correspondiente a la distribución de competencias, señalando en el numeral 1º de su artículo 2º las competencias de los municipios en el campo docente, las cuales abarcan, entre otras, la administración de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. Así mismo se les asigna a los municipios potestades en lo atinente a la financiación de inversiones en infraestructura y dotación, así como en lo tocante a labores de inspección, vigilancia, supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales.

Por su parte los departamentos merced a los numerales 1º y 5º del artículo 3º ibídem tienen competencia para administrar los recursos cedidos por la Nación, al propio tiempo que para planificar lo pertinente en materia de educación y salud. También deben dirigir, y coadministrar con los municipios el servicio de la educación estatal en los niveles ya relacionados. Igualmente deben participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.

Como bien puede apreciarse, a partir de la nueva Constitución la descentralización del servicio educativo estatal implica la redefinición del cumplimiento de vitales responsabilidades a cargo de los municipios y departamentos, amén de los distritos. Para tales efectos la Nación continuará sosteniendo financieramente dicho servicio a través de las correspondientes transferencias. Con todo, las obligaciones del tesoro nacional frente a las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados se circunscriben al régimen previsto en la Ley 91 de 1989, sin detrimento de compatibilidad entre las prestaciones reconocidas en la esfera territorial y las pensiones u otras remuneraciones de escala nacional. Adicionalmente la supradicha ley enfatiza el respeto al régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial, a propósito del personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal que por mandato de la misma ley debe ser incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

De acuerdo con lo anterior las prestaciones de rango territorial existentes a la fecha de vigencia de la Ley 60 mantienen todo su vigor, siendo por lo tanto predicable su reconocimiento y pago simultáneamente con otras prestaciones o remuneraciones de nivel nacional. Pero hay más, la Ley 100 de 1993 al relacionar en su artículo 279 las excepciones al sistema integral de seguridad social reivindica la compatibilidad prestacional. Al efecto la norma prevé:

“Así mismo, se exceptúan a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración”.

En consonancia con lo expuesto la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 al tenor de su artículo 115 prevé:

“El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del estatuto docente y por la presente ley.

EI régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley”.

Y en el inciso tercero de esta misma norma se lee: “En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores”.

Conclusión inequívoca de todo lo anterior es la de que la legislación positiva preserva incólume la compatibilidad entre prestaciones de carácter territorial y pensiones o remuneraciones de jerarquía nacional, rescatando además el imperio de los derechos adquiridos, según mandato del artículo 58 de la nueva Carta Constitucional.

Dentro del plenario está demostrado (fls. 17 y 18, tercer cuaderno) que a la fecha de expedición de la Ley 33 de 1985 la actora ya había cumplido más de 15 años de servicio, circunstancia que la privilegiaba a efectos de acceder a la pensión ordinaria de jubilación tan pronto como cumpliera los cincuenta años de edad, según voces del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968.

La demandante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión vitalicia de jubilación el 3 de febrero de 1995, fecha en la cual ya había cumplido 55 años de edad según el Registro Civil de Nacimiento (fl. 13 del tercer cuaderno), y más de 20 años de servicio como docente.

Así, pues, habiendo cumplido satisfactoriamente la libelista con los requisitos de tiempo de servicio y edad, fuerza es reconocer su derecho al disfrute de la mentada pensión a partir de su causación.

Contra la evidencia conceptual de todo el universo jurídico que gobierna el presente caso se rebela la parte demandada alegando en primer lugar inepta demanda por no haberse citado a la fiduciaria La Previsora, “...que es la entidad contratada por delegación de la Nación, para el manejo de los recursos, teniendo en cuenta que el fondo de prestaciones sociales del magisterio no tiene personería”.

Sobre el particular es necesario anotar que la demanda fue correctamente instaurada contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional, resultando superflua la citación de algún otro ente. Además, como bien claro quedó, la función pagadora en lo atinente a las prestaciones sociales (causadas a partir de la Ley 91 de 1989) del personal nacional y nacionalizado le corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no a La Previsora.

Por lo mismo, la excepción de inepta demanda no está llamada a prosperar.

La parte demandada también esgrime como excepción:

“La incompatibilidad entre la pensión vitalicia de jubilación reconocida por la caja de previsión social del departamento del Tolima y la que se pretende le sea reconocida por el fondo de prestaciones del magisterio”.

Sobre el particular obra en el expediente la Resolución 0287 del 16 de febrero de 1984 expedida por el Director de la Caja de Previsión Social del Tolima (fls. 11 y 12 tercer cuaderno), contentiva del reconocimiento de una pensión mensual de jubilación a favor de la demandante en razón de haber prestado sus servicios docentes al departamento del Tolima durante 20 años.

El precitado acto tiene como fundamento jurídico el contenido de los artículos 25 y 26 de la Ordenanza 57 de 1966, proferida por la asamblea del Tolima, conforme a los cuales, “Las pensiones de jubilación de maestros serán decretadas por la Secretaría de Educación Pública, tan pronto como el titular del derecho haya cumplido veinte años de servicios continuos o discontinuos en el ramo oficial, sin consideración a su edad”. Que así mismo, “los maestros que hubieren servido en el magisterio oficial del Tolima durante quince (15) años, y otros cinco (5) por lo menos en establecimientos privados, impartiendo enseñanza primaria o secundaria en el departamento, tendrán derecho a la pensión de jubilación”.

Si cotejamos la anterior preceptiva con el artículo 18 de la misma ordenanza, fácil es concluir que la pensión reconocida en la mentada resolución tiene un carácter especial, puesto que para su causación sólo eran necesarios 20 años de servicio, esto es, sin consideración alguna a la edad. Dicho de otro modo, esta inferencia se apoya en el hecho de que el prenotado artículo 18 alude al derecho a la tradicional pensión vitalicia de jubilación, siguiendo los precisos términos del literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, al paso que los artículos 25 y 26 de la susodicha ordenanza se apartan parcialmente de los lineamientos establecidos en esta ley. Para mayor ilustración veamos el contenido del referido artículo 18:

“El derecho a la pensión vitalicia de jubilación se causa a favor de todo empleado u obrero que haya prestado veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos al estado (sic), y que cuente además con cincuenta (50) años de edad”.

El contraste normativo que subyace entre los referidos artículos de esta ordenanza muestra nítidamente la calidad especial que entraña la pensión reconocida a la actora en la Resolución 0287 de 1984, emitida por el director de la Caja de Previsión Social del Tolima.

Dentro del espectro jurídico ya reseñado en estas disquisiciones hay lugar para las dos pensiones en cuestión; vale decir, la ya reconocida pensión especial de jubilación de linaje departamental y la pensión de jubilación de estirpe nacional que hoy impetra la demandante, son perfectamente compatibles. Por lo mismo, el reconocimiento de ésta última debe imperar en la decisión que se habrá de tomar.

Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones de la demandante están llamadas a prosperar, por lo cual habrá de confirmarse la sentencia de primer grado.

Así mismo, de conformidad con la tesis acogida por la Sala en cuanto a la aplicación de los ajustes de valor contemplados en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (indexación) se pronunciará la sentencia en tal sentido, habida consideración de que se trata de un factor de equidad, en virtud del cual se conserva la capacidad adquisitiva de esas sumas, por manera que lo contrario implicaría un desmedro o empobrecimiento para la actora, y consecuentemente, un enriquecimiento sin causa para el organismo oficial.

Ahora bien, para liquidar dicha indexación la entidad demandada deberá aplicar la fórmula que se señalará en la parte resolutiva de esta providencia de manera escalonada, es decir, que el mes más antiguo tendrá una actualización mayor a la de los subsiguientes, y el más reciente una menor, y como es lógico, ejecutando una operación aritmética similar en relación con cada aumento o reajuste salarial. O sea que para ello deberá tomar en cuenta los aumentos o reajustes reconocidos o decretados periódicamente, para deducir la indexación que afecta las sumas causadas mes por mes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confirmase la sentencia consultada, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), en el juicio promovido por Ligia Ávila de Colmenares contra las resoluciones 128 del diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), y ciento treinta y siete (137) del treinta y uno (31) de marzo del mismo año, expedidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional del Tolima.

De igual modo se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo , dando aplicación a la siguiente fórmula:

 

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R H), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de las mesadas pensiónales de jubilación, desde el quince (15) de enero de mil novecientos noventa (1990) hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su reunión del 21 de noviembre de 1996.

Javier Díaz Bueno—Silvio Escudero Castro—Carlos A. Orjuela Góngora.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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