Sentencia 14385 de mayo 10 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Número interno: 14385

Radicación: 73001233100020020088301

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Molino Pacandé - Aureliano Aragón y Cía Ltda. en concordato contra la DIAN.

Fallo

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil siete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 14 de octubre de 2003 del Tribunal Administrativo del Tolima que negó las súplicas de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por los cuales la DIAN declaró no probadas las excepciones de cobro propuestas contra los mandamientos de pago 305-000459 al 305-000464 de 25 de septiembre de 2001.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, debe la Sala precisar si se ajustaron a derecho la Resolución 3120011 de 2001, por la cual la administración rechazó parcialmente a la actora las excepciones de cobro propuestas por la actora y la Resolución 311-002 de 2002, que dejó sin efecto tanto el mandamiento de pago como la referida resolución.

Según el artículo 835 del estatuto tributario las resoluciones que resuelven excepciones son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Por Resolución 312-0011 de 19 de noviembre de 2001, la administración rechazó parcialmente las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 305-00459 del mismo año. Sin embargo, mediante Resolución 311-002 de 24 de enero de 2002, que resolvió el recurso de reposición contra la primera, la DIAN dejó sin efectos tanto el mandamiento de pago 305-00459 como la Resolución 312-0011, como consecuencia de la admisión a concordato de la sociedad.

En la Resolución 311-002 de 2002 la DIAN precisó que como la Superintendencia de Sociedades calificó el crédito a favor de la demandada como extemporáneo, para hacerlo efectivo debe esperar el término del artículo 124 de la Ley 222 de 1995 (1) , motivo por el cual no debió proferirse mandamiento de pago alguno.

Así pues, respecto de las resoluciones acusadas operó el fenómeno de la sustracción de materia, esto es, los actos demandados dejaron de tener vigencia, antes de la presentación de la demanda.

En relación con la sustracción de materia, ha sido reiterada la jurisprudencia de la corporación en el sentido de que si los actos generales demandados son derogados, o lo que es lo mismo, dejan de tener vigencia, antes de que se profiera fallo sobre su constitucionalidad o legalidad, debe de todos modos proferirse decisión de fondo, pues “la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aun si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho” (2) .

Sin embargo, frente a los actos particulares demandados, la Sala ha sostenido que es posible que se presente la sustracción de materia por no existir pretensiones que atender, motivo que conduce a dictar fallo inhibitorio, dado que carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo. Lo anterior, porque “la sustracción de materia, admitida como causal para inhibirse, [...] aparece por cuanto la relación sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido al punto de ubicarse en el restablecimiento deprecado en el libelo” (3) .

Como en el caso sub judice los actos acusados perdieron vigencia y varió la relación sustancial que originó la litis, pues según la Resolución 311-002 de 2002 no debió proferirse mandamiento de pago, el proceso administrativo de cobro concluyó.

En consecuencia, carece de objeto hacer algún pronunciamiento de fondo frente a los actos acusados, motivo por el cual la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, por sustracción de materia, se declarará inhibida para fallar sobre la legalidad de las resoluciones 312-0011 de 19 de noviembre de 2001 y 311-002 de 24 de enero de 2002, que declararon no probadas las excepciones.

Dado que la actora también demandó los mandamientos de pago 305-00459 a 305-000464 de 25 de septiembre de 2001 y el a quo negó las pretensiones respecto de estos actos, la Sala revocará esa decisión y, en su lugar, proferirá fallo inhibitorio, pues, según los artículos 834 y 835 del estatuto tributario, los mandamientos de pago son actos de trámite que no son demandables.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 14 de octubre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Molino Pacandé - Aureliano Aragón y Cía. Ltda. contra la DIAN. En su lugar, dispone:

DECLÁRASE inhibida la Sala para resolver sobre la legalidad de las resoluciones 312-0011 de 19 de noviembre de 2001 y 311-002 de 24 de enero de 2002, al igual que de los mandamientos de pago 305-00459 a 305-000464 de 25 de septiembre de 2001, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel como apoderada de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(1) El artículo 124 de la Ley 222 de 1995, dispone: “Los acreedores con o sin garantía real que no concurran oportunamente, no podrán participar en las audiencias y para hacer efectivos sus créditos solo podrán perseguir los bienes que le queden al deudor una vez cumplido el concordato, o cuando este se incumpla, se declare terminado y se inicie el trámite de liquidación obligatoria, salvo que en audiencia preliminar o final, sean admitidos de conformidad con lo previsto en esta ley”.

(2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de enero de 1991, expediente S-157, C.P. doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, reiterada, entre otras sentencias en fallo de la misma Sala de 6 de marzo de 1991, expediente S-148, C.P. Jaime Abella Zárate.

(3) Sentencias de 12 de septiembre de 2002, expediente 11162, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; 9 de febrero de 2006, expediente 14596 y 17 de noviembre de 2006, expediente 14421, C.P. Héctor Romero Díaz.

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