Sentencia 14399 de enero 28 de 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 14399

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca

Demandada: La Nación - Dirección Nacional de Administración Judicial

Santafé de Bogotá, D.C., enero veintiocho de mil novecientos noventa y nueve.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 6 de octubre de 1997, mediante la cual se dispuso:

“DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.”

I. Antecedentes procesales

1. Lo que se demanda.

En escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 11 de enero de 1996, por medio de apoderado judicial común y en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Félix Fabián Fragoso Fonseca, Fabián Fragoso Hani y Patricia Emilia Fragoso Hani, formularon demanda en contra de la Nación-Dirección Nacional de Administración Judicial, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“Que la Nación, Dirección Nacional de Administración Judicial, es responsable administrativamente de los perjuicios materiales sufridos por los demandantes, originados por el error judicial derivado de la Sentencia de 2 de abril de 1993, proferida por el juez promiscuo municipal de Sitionuevo (Magdalena) que concedió ilegalmente la tutela impetrada por Olimpo Enrique Fragoso Díaz, revocada a su vez por Sentencia de octubre 8 de 1993 del juzgado único civil del circuito de Ciénaga (Magdalena), confirmada ésta, por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-032 de febrero 2 de 1994, expediente T15478, M.P. Alejandro Martínez Caballero, peticionario: Olimpo Enrique Fragoso Díaz, procedencia: Juzgado Único Civil del Circuito de Ciénaga y sentencia complementaria de marzo 7 de 1994 del Juzgado Único Civil del Circuito de Ciénaga (Magdalena).

“2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la Nación, Dirección Nacional de Administración Judicial a pagar a los demandantes Félix Fabián Fragoso Fonseca, Fabián Fragoso Hani y a la señora Patricia Emilia Fragoso Hani, la suma de ($ 94.361.922.50).

“3. La suma de ($ 94.361.922.50), se deberá pagar actualizada a la fecha de ejecutoria del fallo que termine este proceso, de conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor o al por mayor, certificados por el DANE, más intereses compensatorios a título de lucro cesante a la tasa del 6% anual.

“4. Se dará cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso en el término previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”.

2. Los hechos.

Los actores invocaron como fundamento de las pretensiones los siguientes hechos:

Mediante negocio jurídico contenido en la escritura pública 101 de 25 de febrero de 1993 de la notaría única del municipio de Barrancas departamento de Guajira, Félix Fabián Fragoso Fonseca, Patricia Emilia y Fabián Fragoso Hani y Olimpo Fragoso Díaz, cedieron a título de venta los derechos derivados de la posesión sobre los lotes denominados “Ojo Caro” y “Santa Helena” en favor de Carbones de Colombia S.A. e Internacional Colombian Resources Corporation Intercor, habiéndose pactado como precio de la negociación la suma de $ 377’447.690, pagaderos el día 25 de marzo de 1993 en el municipio de Maicao, negocio jurídico éste, mediante el cual se perfeccionó la promesa de cesión de derechos, posesión y venta de mejoras, suscrita entre las mismas partes.

Relatan los demandantes que el 27 de junio de 1992 se había suscrito documento privado entre Félix Fabián Fragoso Fonseca y Olimpo Fragoso Díaz, en el cual el primero reconocía al segundo la suma de $ 15’000.000, una vez se produjera el pago del precio por la cesión de los derechos de la familia Fragoso a Intercor y Carbocol; cuentan también que, se elaboró otro documento mediante el cual Olimpo Fragoso Díaz autorizó a su padre Félix Fabián Fragoso ante los cesionarios para recibir en su nombre el dinero que le pudiera corresponder del negocio de cesión, documento fechado también en junio 27 de 1992.

El 2 de marzo de 1993, Olimpo Fragoso revocó por escrito la autorización que había conferido a su padre, lo cual motivó posteriores conversaciones entre los negociantes a propósito de la forma de realizar el pago, dentro de las cuales, los cesionarios habrían estado dispuestos a consignar la totalidad del precio pactado en un juzgado para que la familia Fragoso dirimiera sus diferencias, sin embargo, en el entretanto, Olimpo Fragoso promovió acción de tutela ante el juzgado promiscuo municipal de Sitionuevo Magdalena, el cual el 2 de abril de 1993 ordenó a los cesionarios —Carbocol e Intercor—, el pago de la suma de $ 94.361.922, en favor del tutelante.

Dice la demanda que lo anterior dio lugar a que los cesionarios iniciaran un proceso de pago por consignación, en el cual se demandó a Félix Fabián Fragoso y a Patricia y Fabián Fragoso Hani, proceso que tuvo por objeto que el juez civil del circuito de Riohacha autorizara a los cesionarios el pago a los demandantes por $ 279’833.174, por concepto de pago del precio de la cesión de derechos, habida consideración de que los cesionarios habían pagado a Olimpo Fragoso Díaz la suma ordenada por el juez de tutela, esto es, $ 94.361.922.

Los cedentes, Félix Fabián Fragoso, Patricia y Fabián Fragoso Hani, por su parte, promovieron proceso ordinario ante el juez civil del circuito de Riohacha, en contra de Carbocol e Intercor, con el propósito de que los cesionarios cancelaran a los demandantes la suma de $ 362.447.690, más perjuicios, intereses moratorios y corrección monetaria.

Dicen los actores que en tanto los dos procesos seguían su trámite se produjo providencia el 8 de octubre de 1993 por parte del juzgado único civil del circuito de Ciénaga Magdalena, mediante la cual se resolvió la impugnación de la decisión de tutela del juez de Sitionuevo, revocando la decisión de la primera instancia, mediante la cual se había ordenado el pago en beneficio de Olimpo Fragoso Díaz, decisión ésta que, a su turno, fue revisada por la Corte Constitucional, corporación ésta que, mediante Sentencia T-032 de 1994 confirmó la sentencia de segunda instancia y ordenó complementarla, para incluir la obligación de Olimpo Fragoso Díaz de restituir a Carbocol e Intercor la suma de $ 94.361.922, con condena en costas y con mención del mérito ejecutivo de dicha providencia, lo cual ocurrió el 7 de marzo de 1994 mediante sentencia complementaria proferida por el Juzgado Único Civil de Ciénaga Magdalena. También se ordenó remitir copia a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y al Consejo Superior de la Judicatura, para las correspondientes investigaciones.

Dicen los demandantes que el 6 de diciembre de 1994 en audiencia de conciliación realizada dentro del proceso ordinario promovido por los cedentes en contra de los cesionarios, excluido Olimpo Fragoso Díaz, las partes conciliaron sus diferencias en ambos procesos y Carbocol e Intercor cedieron a Félix Fabián Fragoso Fonseca, Fabián y Patricia Fragoso Hani, los derechos de crédito derivados de la sentencia de la Corte Constitucional T-032 de febrero 2 de 1994 y, el 14 de marzo de 1995 documentaron el negocio jurídico de cesión, en el cual, también se incluyó, la cesión de todas las acciones en contra del Estado colombiano para el resarcimiento de los perjuicios causados a Carbocol e Intercor, con ocasión del fallo de tutela proferido por el Juez Promiscuo Municipal de Sitionuevo Magdalena.

Por último, relatan los actores que la fiscalía delegada ante el Tribunal de Santa Marta acusó ante la Sala Penal al juez promiscuo municipal de Sitionuevo por prevaricato, decisión confirmada por la unidad nacional de fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

3. La actuación procesal.

El Ministerio Público llamó en garantía al juez promiscuo municipal de Sitionuevo, petición aceptada por el tribunal de instancia, a efectos de que se haga un pronunciamiento sobre su conducta y se decrete la correspondiente indemnización que deba pagar en caso de sentencia condenatoria en contra del Estado (cfr. fls. 157 y 158, cdno. 14).

La entidad demandada contestó la demanda, aceptando la gran mayoría de los hechos, se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de caducidad, sobre la base de que el término para instaurar la acción habría empezado a computarse desde el 8 de octubre de 1993, fecha de la providencia que revocó la decisión de primera instancia dentro del trámite de la tutela y no a partir de la decisión de la Corte Constitucional que revisó la sentencia de segunda instancia, pues en su sentir esa decisión no es una tercera instancia.

Surtido el emplazamiento del llamado en garantía y una vez nombrado el curador ad litem quien contestó en nombre de su representado la demanda (cfr. fls. 186 y 187, cdno. 14), se decretaron y practicaron las pruebas, se celebró audiencia de conciliación sin resultados positivos (cfr. fls. 301 a 303) y se corrió traslado para alegar, derecho del que hicieron uso las partes así:

El demandante considera acreditados todos los presupuestos de la responsabilidad patrimonial demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y se opone a la declaratoria de caducidad bajo el entendido de que la providencia complementaria dentro del trámite de tutela se produjo el día 7 de marzo de 1994 y la demanda fue presentada el 11 de enero de 1996, invocando interpretación de la Sección Tercera, que en tales casos ha sostenido que el término empieza a correr a partir de la última providencia proferida o que ponga fin al trámite.

La entidad demandada considera que la decisión del juez de tutela es interpartes y, por lo mismo, los hoy demandantes carecen de legitimación en la causa para derivar derechos de tales providencias.

Igualmente sostiene que lo ocurrido se contrae a un problema entre particulares, cedentes y cesionarios, de competencia de la jurisdicción ordinaria y, que la demanda no está llamada a prosperar porque con la decisión de la Corte Constitucional se ordenó a Olimpo Fragoso restituir el dinero y, por lo tanto, el Estado no tiene porqué asumir tal obligación, toda vez que, de lo contrario se permitiría un doble cobro, situación no patrocinada por el derecho.

El Ministerio Público por su parte, considera que operó el fenómeno de la caducidad, por los mismos argumentos esgrimidos por la parte demandada en su contestación, esto es, por tener como punto de referencia del inicio del cómputo de la acción el 8 de octubre de 1993.

4. La sentencia apelada.

El tribunal de instancia estudió la excepción de caducidad para concluir que en el caso concreto el término debe computarse a partir del 7 de marzo de 1994, fecha de la sentencia complementaria proferida por el Juzgado Único Civil del Circuito de Ciénaga y, por lo mismo, desechó la excepción.

En lo relacionado con las pretensiones, encontró que a los demandantes les asiste legitimación en la causa por virtud del negocio jurídico de cesión de derechos litigiosos celebrado entre Félix Fabián Fragoso Fonseca, Patricia y Fabián Fragoso Hani y las empresas Carbocol e Intercor; más sin embargo, luego de encontrar configurado el error judicial en la providencia del juez de Sitionuevo y, los presupuestos del mismo, esto es, la interposición de los recursos y la firmeza de la decisión contentiva del error, consideró que los demandantes han debido dirigir su acción en contra del beneficiario del error judicial, con base en el crédito derivado de la sentencia de la Corte Constitucional o, en el peor de los casos, haber demandado solidariamente a Olimpo Fragoso Díaz y al Estado colombiano, por virtud de lo que denominó “fuero de atracción”.

Por último, sostuvo el tribunal, que admitir una condena en contra del Estado sería patrocinar una doble condena por el mismo concepto.

5. El recurso de apelación.

Inconforme la parte demandante apeló de la sentencia por considerar que en el proceso está acreditado el error judicial; sostiene igualmente que en el proceso contencioso no se juzga la conducta del eventual beneficiario de éste, si no por el contrario, se pretende una responsabilidad del Estado por los perjuicios causados con el error.

Sostuvo el apelante que no se puede confundir el crédito derivado de la sentencia de la Corte Constitucional con la responsabilidad de la administración pública y por lo mismo no era procedente ningún fuero de atracción como lo sostuvo el tribunal.

II. Consideraciones de la Sala

La sentencia objeto de impugnación será revocada para condenar a la entidad demandada en atención a los siguientes hechos y razones que a continuación se exponen:

1. La problemática que originó la decisión de tutela, contentiva del error judicial, base de las pretensiones.

Durante la instancia ha resultado acreditado que entre Félix Fabián Fragoso Fonseca, Patricia Emilia y Fabián Fragoso Hani y Olimpo Fragoso Díaz en su condición de cedentes y Carbocol e Intercor como cesionarios, se celebró un negocio jurídico que tuvo por objeto, al decir del texto que contiene el convenio, la cesión a título de venta y enajenación perpetua, de los derechos derivados de la posesión que tenían los cedentes sobre dos lotes de terreno denominados “Ojo Caro” y “Santa Helena” y la venta de las mejoras existentes en dichos predios (cfr. fls. 15 a 20, cdno. 14).

En lo atañedero al precio las partes pactaron lo siguiente:

“SEGUNDA. Precio: El precio acordado es la cantidad de trescientos setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa pesos ($ 377’447.690) moneda legal colombiana”.

La cláusula cuarta atinente a la entrega material y fecha del pago del precio se convino en los siguientes términos:

“LOS CEDENTES, declaran que el día 25 de marzo de 1993, harán entrega real y material de los terrenos objetos de esta cesión a los CESIONARIOS, debidamente desocupados, entrega que constará en acta y, en consecuencia, éstos quedan autorizados para entrar en posesión de los terrenos objeto de la presente escritura y realizar las obras que requieran en los mismos.

“Producida la entrega de los predios el mismo día veinticinco (25) de marzo de 1993, LOS CESIONARIOS harán el pago del precio acordado en las oficinas del departamento legal de Intercor en Albania, municipio de Maicao, departamento de La Guajira. PAR.—No obstante lo anterior ambas partes renuncian a la condición resolutoria tácita” (cfr. fl. 19, cdno. 14) (resaltado fuera de texto).

Las partes del negocio aludido, en el texto del contrato dejaron constancia que desde 1980 se había celebrado con el señor Félix Fabián Fragoso Fonseca un contrato de uso y ocupación, con opción de compra, respecto de un terreno de 1.500 Has. denominado “Ojo Caro”, ubicado en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira; también hicieron mención de la existencia de tres promesas de compraventa que se habrían celebrado entre Intercor y los señores Olman y Tomás Ortiz Rivero e Isabel Medina Pinto, respecto de 965 Has. del predio denominado “Santa Helena”, promesas en las cuales Félix Fabián Fragoso habría sustituido posteriormente a los promitentes vendedores.

Está acreditado de la misma forma que en documento privado denominado arreglo amigable, Félix Fabián Fragoso Fonseca y Olimpo Fragoso Díaz, el 27 de junio de 1992 dejaron constancia de lo siguiente:

“...Primero. El señor Félix Fabián Fragoso Fonseca entrega al señor Olimpo Fragoso Díaz la cantidad de quince millones de pesos ($ 15.000.000) una vez Carbocol e Intercor cancele los valores correspondientes a los predios Ojo Caro y Santa Helena, predios que se encuentran en negociación directa entre las partes. También el señor Félix Fabián Fragoso entregará al señor Olimpo Fragoso Díaz el ganado que se encuentra retenido por órdenes del DAS de Fonseca, en virtud de denuncia presentada por Félix Fabián Fragoso Fonseca, a excepción del ganado que tenga los hierros de Emilia Hani de Fragoso y Félix Fabián Fragoso Fonseca” (cfr. fl. 21, cdno. 14) (resaltado fuera de texto).

En la misma fecha, junio 27 de 1992, Olimpo Fragoso Díaz manifiesta a Intercor y Carbocol en documento autenticado, lo siguiente:

“Que autorizo a mi padre Félix Fabián Fragoso Fonseca, mayor y vecino de Maicao, identificado con la C.C. 1.787.746 de Maicao, para que en mi nombre y representación reciba de ustedes los dineros que eventualmente me puedan corresponder en la negociación directa de los predios “OJO CARO” y “SANTA HELENA”.

La anterior autorización tiene como fundamento el hecho de que mi padre y yo hemos resuelto amigablemente el conflicto respecto a la posesión que yo venía alegando tener sobre los predios mencionados en el párrafo anterior.

“Tiene mi padre la facultad, no sólo para recibir el dinero, sino para firmar la respectiva escritura de compraventa de los inmuebles referidos.

“Como consecuencia del arreglo amigable entre padre e hijo estoy comunicando a mi apoderado Antonio Barrera Carbonell para que desista de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 98 del 11 de diciembre de 1989 emanada de la junta directa de Incora y la resolución ejecutiva 31 de 12 de febrero de 1990, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“No existiendo ninguna actuación judicial, fuera de la demanda de nulidad, la negociación por vía directa no cuenta con obstáculos que la dilaten” (cfr. fl. 22, cdno. 14) (resaltado y subrayas fuera de texto).

En documento privado de 2 de marzo de 1993, esto es, antes de la fecha prevista para la entrega de los bienes y pago del precio, Olimpo Fragoso Díaz le solicitó a Intercor y Carbocol que el pago del precio de la cesión y de las mejoras de los predios “Santa Helena” y “Ojo Caro”, se hiciera en “forma equitativa”, “por partes iguales” entre los cedentes poseedores, manifestó en dicho documento ser poseedor junto con sus hermanos y padre de los predios “Santa Helena” y “Ojo Caro”, sostuvo que la posesión era ejercida “proindiviso”, hizo alusión a la Resolución 98 de diciembre 11 de 1989 del Incora y a la 31 de febrero 12 de 1990, mediante las cuales se reservó en favor de Carbocol los terrenos baldíos “Santa Helena” y “Ojo Caro” y se impuso la obligación a ésta sociedad de indemnizar a los colonos establecidos en los predios, actos administrativos que dijo haber demandado en nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, por último, manifestó que por presiones de su padre se vio obligado contra su voluntad a suscribir el arreglo amigable y a otorgar autorización a él para recibir el precio del negocio de cesión de derechos posesorios.

En dicho documento le revocó el poder de manera expresa a Félix Fabián Fragoso Fonseca (cfr. fls. 24 a 26, cdno. 14).

Se acreditó igualmente que ante la divergencia presentada en lo relacionado con la forma de pago del precio, Félix Fabián Fragoso le manifestó a Carbocol e Intercor, el 25 de marzo de 1993, que para la firma de la escritura de cesión de derechos “hubo un acuerdo previo entre Félix F. Fragoso Fonseca y Olimpo Fragoso Díaz, en virtud del cual el primero debía entregar al segundo la suma de quince millones de pesos ($ 15.000.000) al recibir el dinero de Carbocol e Intercor”. En ese mismo documento Félix Fabián Fragoso manifestó autorizar a Carbocol e Intercor para que se consignara la totalidad del precio —$ 377.447.690— a órdenes de un juzgado para que allí se determinara qué cantidad de dinero le correspondería a Olimpo Fragoso Díaz “por su alegada posesión” (cfr. fls. 27 y 28, cdno. 14).

Se sabe que Olimpo Fragoso Díaz promovió acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sitionuevo Magdalena, el que mediante providencia de 2 de abril de 1993concedió la tutela invocada en contra de Carbocol e Intercor y ordenó a las sociedades demandadas lo siguiente:

“Ordénase a las sociedades Carbocol S.A. e Intercor cumplir con la obligación emanada de la escritura pública 101 de 25 de febrero de 1993, referente al pago que deben efectuar al señor Olimpo Fragoso Díaz, por la cesión de sus derechos derivados de la posesión y venta de las mejoras existentes en los predios baldíos “Santa Helena” y “Ojo Caro” como una consecuencia directa originada en virtud de las resoluciones 98 de diciembre 11 de 1989, expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y la 31 de febrero 12 de 1990, expedida por el Gobierno Nacional.

“3. Consecuencialmente ordenar a las sociedades Carbocol e Intercor para en el término improrrogable de dos (2) días se le dé cumplimiento al numeral 2º de esta sentencia”.

Del texto de la providencia, se sabe que la tutela fue interpuesta el 30 de marzo de 1993y el juez relacionó como medios probatorios la Resolución 98 de diciembre 11 de 1989 del Incora, la 31 de febrero 12 de 1990 del Gobierno Nacional, la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de dichos actos administrativos, el documento privado de arreglo amigable entre Félix Fabián y Olimpo Fragoso de 27 de junio de 1992, una oferta de compra de Carbocol a los poseedores por $ 377,447.690 por la posesión y las mejoras, el escrito de aceptación de Olimpo Fragoso a la oferta, una promesa de cesión de los derechos de posesión, la escritura pública 101 de febrero 25 de 1993, contentiva del negocio jurídico de cesión de los derechos de posesión y venta de mejoras, el escrito mediante el cual Olimpo Fragoso solicita a Carbocol e Intercor “pago equitativo” del precio, una cuenta de cobro presentada por Olimpo Fragoso por la suma de $ 94.361.922,50, comunicación dirigida a Félix Fabián Fragoso por Carbocol e Intercor en donde se manifiesta que una vez hecha la entrega de los predios se procederá al pago, copias de las actas de entrega de los predios “Santa Helena” y “Ojo Caro”, memorial suscrito por Félix Fabián Fragoso solicitando que el precio se consigne a órdenes del juez civil del circuito de San Juan para que sea éste el que determine la cantidad que le corresponde a Olimpo Fragoso Díaz y la solicitud de Olimpo Fragoso a Carbocol e Intercor sobre la entrega del cheque respectivo.

El 13 de abril de 1993Intercor le respondió a Olimpo Fragoso Díaz su solicitud de pago equitativo, reiterándole que la suma de $ 15.000.000 estaba a su disposición en la caja de Intercor, ubicada en Barranquilla y que con la misma se daría cumplimiento al fallo de tutela proferido por el juzgado de Sitionuevo, “actuando en un todo con el documento de arreglo amigable el cual usted suscribió con su señor padre”, dijo también Intercor que dicho documento fue un requisito “que siempre fue exigido por la sociedad Carbocol S.A. e Intercor como condición previa para la firma del documento de cesión de derechos derivados de la posesión de los predios “Santa Helena” y “Ojo Caro”” (cfr. fls. 41 y 42, cdno. 14).

Está probado que mediante oficio de 14 de abril de 1993 el juez de tutela —promiscuo municipal de Sitionuevo—, comunicó a Intercor la orden de pagar, previa aclaración y complementación del fallo de 2 de abril de 1993, lo siguiente:

“MEDIANTE EL PRESENTE OFICIO, NOS PERMITIMOS COMUNICAR A UD., QUE POR AUTO CALENDADO EN LA FECHA Y EN VIRTUD DE LA SOLICITUD INTERPUESTA POR EL DR. OSWALDO DE ANDREIS MAHECHA, EN SU CALIDAD DE APODERADO DE INTERCOR, ACERCA DE QUE ESTE JUZGADO ACLARARA Y COMPLEMENTARA EL FALLO DADO EL DOS (2) DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, RESPECTO DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE HABRÁ DE PAGARSE AL TUTELADO SEÑOR OLIMPO FRAGOSO DÍAZ, PARA PROCEDER A SU INMEDIATO CUMPLIMIENTO, NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE FUE DESESTIMADA POR CUANTO EN LA MENCIONADA SENTENCIA NO EXISTE LA MENOR DUDA DE CUANTO ABSCIENTE (SIC) LA OBLIGACIÓN QUE SE DEBE CUMPLIR, COMO DE MANERA CLARA Y DIÁFANA SE DETERMINA EN LA PARTE MOTIVA DE LA MISMA, INDICANDO LA CANTIDAD DE NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M. CTE. $ 94.361.922.50 (cfr. fl. 38, cdno. 14) (resaltado fuera de texto).

El dinero fue entregado a Olimpo Fragoso Díaz, tal cual consta en cheque girado a su orden por valor de $ 93.277.725, de fecha abril 15 de 1993 (cfr. fl. 40, cdno. 14).

INTERCOR había ofrecido pagar el 14 de abril al señor Félix Fabián Fragoso la suma de $ 279.833.174 por concepto de la cesión de los derechos, sobre la base de que $ 15.000.000 serían entregados a Olimpo y el saldo, esto es, $ 78.277.725 se consignarían a órdenes de un juzgado para que dirimiera las diferencias con Olimpo Fragoso, sin embargo, al día siguiente, esto es, el 15 de abril de 1993, se le comunicó a Félix Fabián Fragoso por parte de Intercor, que se ratificaban en el ofrecimiento de los $ 279.833.174, pero que el saldo se cancelaría directamente a Olimpo Fragoso de conformidad con el oficio aclaratorio proveniente del juez de tutela de Sitionuevo (cfr. fls. 43 a 46, cdno. 14).

Ante las diferencias que se presentaron con ocasión del pago del precio, Intercor y Carbocol presentaron demanda de pago por consignación ante el juez civil del circuito de Riohacha en contra de Félix Fabián Fragoso Fonseca, Patricia y Fabián Fragoso Hani, la cual fue admitida el 26 de abril de 1993, demanda en la que se solicitó autorización judicial a la parte demandante del pago por consignación a los demandados en cuantía de $ 279.833.174.50, esto es, el monto del precio, deducida la suma consignada por orden del juez de tutela, a Olimpo Fragoso Díaz (cfr. fls. 16 a 26, cdno. 3).

Por su parte, los demandados en pago por consignación, iniciaron proceso ordinario ante el juez civil del circuito de Riohacha en contra de Carbocol e Intercor con el propósito de que se declarara que estas sociedades estaban obligadas a cancelar la suma de $ 362.447.690, más los perjuicios causados y la correspondiente corrección monetaria del capital (cfr. fl. 60 a 74, cdno. 1).

En este proceso ordinario Carbocol e Intercor denunciaron el pleito a Olimpo Fragoso Díaz, pedimento al que accedió el juzgado del conocimiento mediante providencia de noviembre 30 de 1993 (cfr. fls. 1 a 6, cdno. 4). Como quiera que fue necesario emplazarlo a efectos de surtir su notificación se le designó curador ad litem quien se pronunció con relación a la denuncia manifestando no constarle ningún hecho (cfr. fl. 25 y 26, cdno. 4).

De otra parte, el 8 de octubre de 1993 el juzgado único civil del circuito de Ciénaga, decidió la impugnación presentada por Intercor y Carbocol y coadyuvada por Félix Fabián Fragoso Fonseca, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el juzgado promiscuo municipal de Sitionuevo, por medio de la cual se había concedido la tutela solicitada por Olimpo Fragoso Díaz, revocando íntegramente la decisión impugnada, por considerar que el juez de Sitionuevo no tenía competencia, Intercor y Carbocol habrían actuado como sociedades privadas, a la vez que, por ausencia de prueba de los hechos base de la acción de tutela.

El juez de segunda instancia, dentro del trámite de tutela, se abstuvo expresamente de hacer pronunciamiento alguno sobre las peticiones relacionadas con el contrato celebrado por considerar que ese asunto era de competencia de los jueces ordinarios en un trámite diferente (cfr. fl. 72 a 86, cdno. 14).

El 2 de febrero de 1994, la Sala Séptima de la Corte Constitucional revisó la sentencia de segunda instancia, considerando que en el caso concreto, Intercor y Carbocol celebraron un contrato sujeto a las reglas del derecho privado y el conflicto surgido entre ellas y el peticionario en tutela, se regía exclusivamente por las disposiciones del Código Civil en lo referente a las obligaciones contractuales; consideró que el juez competente ante violaciones o amenazas del derecho constitucional fundamental, es el del lugar donde ocurrieren aquéllas; sostuvo la Corte, que el juez único civil del circuito de Ciénaga “ha debido referirse a la devolución por parte del señor Olimpo Fragoso Díaz de la suma de dinero que en su momento le fuera entregada por orden del juez promiscuo municipal de Sitionuevo”, por lo cual ordenó adicionar la sentencia de segunda instancia para disponer la devolución a Carbocol S.A. e Intercor de los $ 94.361.922,50.

El 7 de marzo de 1994 el juzgado único civil del circuito de Ciénaga, dictó sentencia complementaria, en acatamiento de la orden impartida por la Corte Constitucional. Dice la parte resolutiva en lo pertinente:

“1. Ordenar al peticionario de la tutela señor OLIMPO FRAGOSO DÍAZ que restituya en favor de Carbones de Colombia CARBOCOL S.A. e International Resources Corporation INTERCOR la suma de noventa y cuatro millones trescientos sesenta y un mil novecientos veintidós pesos con cincuenta centavos ($ 94.361.922.50), de conformidad con lo manifestado en la parte motiva de esta sentencia.

“...

“3. Esta sentencia presta mérito ejecutivo en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil” (cfr. fls. 112 a 114, cdno. 14) (resaltado fuera de texto).

El 6 de diciembre de 1994 se celebró audiencia de conciliación dentro del proceso ordinario, iniciado por los señores Fragoso en contra de Intercor y Carbocol, diligencia en la cual la parte demandante y demandada conciliaron dicho proceso ordinario y el de pago por consignación, mediante acuerdo en virtud del cual Intercor y Carbocol reconocieron como suma adicional a la consignada dentro del proceso de pago por consignación $ 40.000.000 y se obligaron a ceder los derechos derivados de la sentencia de la Corte Constitucional y del juez único civil del circuito de Ciénaga.

Las partes le dieron la naturaleza de transacción total al acuerdo conciliatorio con el objeto de terminar definitivamente los dos procesos y se obligaron a preparar el documento de cesión, que se suscribió en lo pertinente, en los siguientes términos:

“TERCERO. CESIÓN: Como parte del acuerdo conciliatorio, los CEDENTES se comprometieron a ceder y en efecto, por medio de este escrito ceden y traspasan en favor de LOS CESIONARIOS ... los derechos derivados del crédito contenido en la sentencia proferida por el Juzgado Único del Circuito de Ciénaga, de fecha marzo 7 de 1994, confirmada mediante providencia de 8 de abril de 1994, tal como fue adicionada por disposición de la Sentencia de tutela T-032, del expediente T15478, proferida por la Corte Constitucional, de febrero 2 de 1994, en contra de Olimpo Fragoso Díaz, por valor de noventa y cuatro millones trescientos sesenta y un mil novecientos veintidós pesos con cincuenta centavos ($ 94.361.922.50), así como las acciones que LOS CESIONARIOS puedan impetrar, no sólo contra Olimpo Fragoso Díaz, sino en contra del Estado colombiano, para el resarcimiento de los perjuicios causados a Carbocol e Intercor, con ocasión del fallo de tutela proferido en su contra por el juez de Sitionuevo, Magdalena, al que dio lugar al fallo cuyos derechos en esta fecha y por medio de este escrito se ceden” (cfr. fls. 118 y 119, cdno. 14) (resaltado fuera de texto).

2. Antecedentes en relación con los predios “Santa Helena” y “Ojo Caro”.

La actuación ante el Incora por parte de Carbocol da cuenta de la solicitud de reserva de los lotes de terreno “Santa Helena” y “Ojo Caro”, requeridos para desarrollar el proyecto en el complejo carbonífero de El Cerrejón (cfr. fls. 4 a 10, cdno. 13).

Se sabe que entre Intercor y Tomás Ortiz Rivero se celebró una promesa de compraventa de un terreno de 449 Has., denominado “Ojo Caro”, promesa que debería concluirse con la venta el 10 de diciembre de 1982 (cfr. fls. 219, cdno. 13). También aparece la promesa de compraventa de otro terreno de 176 Has., “Ojo Caro Nº 1”, suscrita entre Intercor y Olman Ortiz Rivero, para ser perfeccionada el 10 de diciembre de 1982 (cfr. fl. 223, cdno. 13). Igualmente Intercor celebró promesa con Etilvia Isabel Medina por la venta de un terreno de 338 Has. denominado “Santa Helena”, para ser perfeccionada el 10 de diciembre de 1982, terrenos todos ubicados en el municipio de Barrancas (cfr. fl. 227, cdno. 13).

En documento, que hace parte del trámite ante el Incora, Félix Fabián Fragoso Fonseca en junio 11 de 1985 le comunicó a la entidad que los señores Olman Ortiz, Etilvia Medina y Tomás Ortiz no han sido propietarios de terreno alguno en los parajes “Ojo Caro” y “Santa Helena”; “simplemente se limitaron a prestar su colaboración como intermediarios a solicitud de usted y del señor Julio César de La Pava”; en tal documento Félix Fabián Fragoso manifiesta que el dinero recibido por las promesas de compraventa le fuera entregado a él (cfr. fl. 231, cdno. 13).

Se sabe que para el 7 de septiembre de 1987 en diligencia de inspección ocular practicada en el predio “Santa Helena”, en el trámite adelantado por el Incora dentro de la solicitud de reserva de los terrenos por parte de Carbocol, se dejó constancia de lo siguiente:

“En el predio no se encontró existencia de indígenas, se halla en explotación del mismo el señor FÉLIX FABIÁN FRAGOSO, quien se encontró en el predio en compañía de su hijo Olimpo Fragoso Díaz, quien está en el predio en calidad de administrador desde hace tres años. La otra parte del predio se encuentra explotada por las ASOCIACIONES CARBOCOL - INTERCOR” (cfr. fl. 263, cdno. 13) (resaltado fuera de texto).

También la mencionada diligencia da cuenta de los cultivos, hectariaje explotado por los señores Fragoso, existencia de ganado y ausencia de familias indígenas. Se sabe igualmente que Emilia Hani de Fragoso y Patricia y Fabián Fragoso Hani otorgaron poder a un abogado para oponerse a la constitución en favor de Carbocol de la reserva territorial sobre los predios; igual conducta observó Olimpo Fragoso Díaz (cfr. fls. 266, 268, 270 y 271, cdno. 13).

En escrito dirigido al gerente del Incora el 16 de diciembre de 1987 los apoderados judiciales de la familia Fragoso, incluido Olimpo, manifestaron, como argumento para oponerse a la constitución de la reserva, lo siguiente:

“La familia Fragoso Hani, el señor Olimpo Fragoso Díaz y la señora Emilia Hani de Fragoso, detentan la explotación económica de dicho predio desde hace muchos años y dicha explotación nunca ha sido perturbada por terceros antes de la llegada al país de la multinacional INTERCOR a la región” (cfr. fl. 318, cdno. 13).

La resolución con que culminó el trámite ante el INCORA 98 de 11 de diciembre de 1989 y mediante la cual se constituyó la reserva en favor de Carbocol sobre los terrenos baldíos “Santa Helena” y “Ojo Caro” ubicados en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, hizo mención, en relación con la situación del predio “Santa Helena”, de la existencia de tres zonas discriminadas así: una, en posesión de CARBOCOL; otra en posesión de la familia Fragoso y; otra, en disputa entre la familia Fragoso y CARBOCOL; de la misma manera se menciona que Félix Fabián Fragoso y Patricia y Fabián Fragoso Hani, en relación con el predio “Ojo Caro” se opusieron a la constitución de la reserva, por ocuparlo con anterioridad. Dice expresamente la resolución:

“Los colonos establecidos en los predios pretendidos en reserva por Carbocol S.A. tienen unos derechos adquiridos que se han consolidado con ellos y hacen parte de su patrimonio por cuanto han venido poseyendo y explotando estos terrenos desde hace varios años” (cfr. fl. 426, cdno. 13).

En la parte resolutiva de la resolución, el artículo 2º dispuso:

“La sociedad Carbones de Colombia S.A. Carbocol S.A. se obliga a indemnizar a los colonos establecidos en los predios que por esta providencia se reservan pagándoles las mejoras en ellos implantadas y su derecho a la adjudicación, por el precio que arroje el avalúo comercial que para tales efectos practique el Instituto Geográfico Agustín Codazzi” (cfr. fl. 428, cdno. 13).

La Resolución Ejecutiva 31 de 12 de febrero de 1990 expedida por el Presidente de la República aprobó, en un todo, la resolución proferida por el Incora (cfr. fls. 430 a 438, cdno. 13).

Se acreditó igualmente que Félix Fabián Fragoso, Emilia Hani de Fragoso, Patricia y Fabián Fragoso Hani y Olimpo Fragoso Díaz demandaron en nulidad y restablecimiento del derecho las resoluciones proferidas por el Incora y el Gobierno Nacional y solicitaron la cancelación de la inscripción de dichos actos administrativos en la oficina de registro (cfr. fls. 7 a 13, cdno. 13) proceso que terminó por desistimiento de los demandantes, tal cual consta en la certificación expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (cfr. fl. 20, cdno. 12).

Resulta de particular interés, la consideración de la prueba practicada dentro del proceso de pago por consignación iniciado por Intercor y Carbocol en contra de Félix Fabián Fragoso Fonseca, Fabián y Patricia Fragoso Hani, toda vez que, en dicho trámite Félix Fabián Fragoso en interrogatorio de parte manifestó lo siguiente:

“PREGUNTADO: Dígale al despacho que proporción de los derechos de posesión sobre los predios Santa Elena y Ojo Claro a que nos hemos venido refiriendo en las preguntas anteriores, correspondía a Olimpo Fragoso Díaz, su otro hijo. CONTESTO: Ninguna, porque él era, no, corrijo, porque él no era poseedor, él era un empleado de la finca y tan fácil comprobar eso que hago entrega del acta de conciliación celebrada en la Inspección del Trabajo de Maicao, el veintiuno (21) de diciembre de 1987, entre él y mi persona” (cfr. fl. 5, cdno. 8).

El acta de conciliación a que se refirió el absolvente en aquella oportunidad obra en dicho proceso y da cuenta de una conciliación de carácter laboral celebrada entre Olimpo Fragoso “en su condición de trabajador (administrador finca Ojo Caro) y por la otra el señor Félix Fragoso Fonseca, en su condición de patrono”, conciliación en la cual se reconoció al trabajador una suma de dinero por concepto de prestaciones sociales, tiempo servido y salario devengado (cfr. fl. 4, cdno. 8).

También, Félix Fabián Fragoso, en el interrogatorio aludido, sostuvo lo siguiente:

“PREGUNTADO: Dígale al despacho por qué motivo aparece Olimpo Fragoso Díaz compareciendo junto con usted a ceder en favor de Carbocol e Intercor, los derechos de posesión y las mejoras que junto con Patricia Fragoso Hani y Fabián Fragoso Hani, manifestaron tener sobre los predios Santa Helena y Ojo Caro. CONTESTO: Resulta que el doctor Valderrama fue quien elaboró esa escritura y dijo lo siguiente: que él le tenía miedo a Olimpo, que como él había puesto esa demanda allá en Bogotá, él le tenía miedo que más tarde fuera a reclamar derechos en Intercor, que por eso era bueno que él firmara la escritura para que quedara sin acción, no porque él en ningún momento fuera dueño de la finca para poder firmar la escritura, que se podía citar para que comprobara algún derecho que tenía en la finca, para poder firmar esa escritura, la primera vez que yo veo que un empleado de la finca va a salir con derecho a vender la finca con escritura” (cfr. fl. 7, cdno. 8).

3. Alcance del artículo 90 de la Constitución Política y desarrollo legal de la responsabilidad por error judicial.

El caso concreto sometido a consideración impone precisar el alcance y contenido esencial de la cláusula general de responsabilidad cuya fuente constitucional se encuentra en el artículo 90 de la Carta, para armonizarlo, coherentemente, con el desarrollo legal de dicho canon constitucional, esto es, con los preceptos de los artículos 65 y 66 de la ley estatutaria de la administración de justicia, normas que disciplinan de manera específica, la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, entre otros títulos de imputación.

Este análisis lo aborda la Sala, en el entendido de que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Carta, impone una necesaria diferenciación de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado que encuentra origen en el daño antijurídico imputable a cualquier autoridad pública, incluido el poder jurisdiccional; y, los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, cuyos fundamentos difieren sustancialmente; análisis éste que, se impone, para no limitar el sentido lógico y el campo de aplicación de una y otra responsabilidad.

En efecto, el precepto constitucional que elevó el daño antijurídico como fuente de responsabilidad directa del Estado entendido en su adecuado sentido, esto es, concebido como la consagración de una garantía de protección para el ciudadano, de los daños que puedan ser imputables a las autoridades públicas, contiene las pautas esenciales para una adecuada interpretación de la disciplina legal de la responsabilidad por el denominado error judicial.

Ahora bien, la responsabilidad personal del agente judicial y su tratamiento constitucional y legal, deben separarse adecuadamente de la responsabilidad directa del Estado, toda vez que, cuando se trata de la originada en el error judicial, existe la propensión tanto doctrinaria como jurisprudencial, de introducir limitaciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad de origen constitucional, con desmedro de la adecuada protección de la víctima del daño antijurídico, tendencia esta que, la Sala no patrocina, por la razón fundamental de que entiende, que el contenido esencial del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, no permite introducirle límites que reduzcan su alcance, a la vez que considera que, la adecuada interpretación que se haga de la cláusula general de cobertura, exige la consideración de otros principios y valores, que tienen incidencia directa en el tema de la responsabilidad jurisdiccional.

En otros términos, el valor que privilegia el canon constitucional de la responsabilidad no puede desvanecerse en su real alcance, por interpretaciones que reducen la potencialidad constitucional del precepto, al introducir limites, que no se articulan adecuadamente con el recto entendimiento de aquél, tal cual ha ocurrido, por ejemplo, con las interpretaciones de la noción de error judicial, realizadas desde la perspectiva de la responsabilidad personal del funcionario, que comportan consecuencias diferentes a las que se siguen, cuando se considera dicha noción de error judicial, en casos de responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico.

4. Independencia y autonomía del juzgador; principio de la seguridad jurídica y cosa juzgada.

La interpretación que sostiene en esta ocasión la Sala, tampoco puede prescindir de la consideración de los principios de la independencia y autonomía del juez y del valor seguridad jurídica, como que la adecuada armonización de estos permite obtener el justo y razonable equilibrio, entre la noción de responsabilidad y sus límites; también se quiere significar, que la seguridad jurídica expresada en la noción de cosa juzgada no se opone ni excluye la aplicación integral del principio de responsabilidad por el error judicial, toda vez que de lo que se trata, desde la perspectiva del derecho de daños, es de garantizar la adecuada indemnización de la víctima, sin que para ello tenga que modificarse la providencia judicial que contiene el error y, por ende, la cosa juzgada y el valor que pretende privilegiar, esto es, la seguridad jurídica, no se desvanecen ni se sacrifican por el reconocimiento de los daños ocasionados en el ejercicio de la función jurisdiccional.

En efecto, debe tenerse presente que la cosa juzgada se justifica en la medida en que se reclama un límite temporal para la solución de las controversias, a la vez que cumple la función de impedir que lo decidido pueda modificarse, garantizando de esta manera, la seguridad jurídica. Ello no se opone a que en presencia del error judicial, el Estado asuma las consecuencias indemnizatorias por el daño irrogado al usuario del servicio judicial, que encuentra su origen en una providencia de tal naturaleza y, tampoco sufren menoscabo, la necesaria independencia y autonomía del juzgador, por el hecho de que la víctima del error judicial pueda demandar la reparación de los daños.

En efecto, quien asume la indemnización para desarrollar cabalmente la cláusula general de responsabilidad es el Estado, no el funcionario, de una parte; de otra, la autonomía del juez se mantiene y conserva dentro de límites relativos y, solamente cede, ante los casos de culpa grave o dolo.

Téngase presente que, al asumir el Estado la indemnización y por ende, ser el legitimado pasivamente en las acciones de responsabilidad que promueva la víctima, se impide por contera que el funcionario pueda ser demandado por ésta, con lo cual se garantiza su independencia y autonomía en un sentido relativo; nótese igualmente que cuando se limita la responsabilidad personal del funcionario al acreditamiento y configuración de eventos constitutivos de culpa grave o dolo, el ordenamiento dispensa un tratamiento de favor, desde el punto de vista del derecho material, que beneficia al funcionario, garantizando de esta manera, también su autonomía y relativa independencia.

En otras palabras: el no ser sujeto pasivo a instancias de la víctima —limitación procesal— y solo comprometer la responsabilidad ante eventos especialmente calificados de culpa grave o dolo —límite material—, configuran un sistema de responsabilidad personal, que pretende garantizar la independencia y autonomía del agente jurisdiccional.

Es por ello que, frente a la responsabilidad que se reclama del Estado —responsabilidad directa—, los limites que pretenden introducirse a la cláusula general de responsabilidad, bajo el pretexto de garantizar el principio de la independencia y el de la autonomía del juez, cuando no el de la seguridad jurídica, no son de recibo, toda vez que estos principios, según se observó, están garantizados con el tratamiento “privilegiado(1)” de la responsabilidad personal del juez, previsto en nuestra Constitución y desarrollado legalmente con la configuración de un sistema de responsabilidad que contiene límites materiales y procesales, razones éstas suficientes para establecer la necesaria diferenciación de la dicotomía “responsabilidad del Estado —juez— responsabilidad personal del agente jurisdiccional”.

No se olvide que, cuando de la responsabilidad directa del Estado por el error judicial se trata, el punto de partida para el análisis de aquella, lo es el daño causado al usuario del servicio jurisdiccional, imputable al Estado por acción u omisión, perjuicio causado en ejercicio del poder judicial y en cumplimiento de la función pública de administrar justicia, circunstancia esta que, traslada el debate del aspecto subjetivo a la fuente originaria de la responsabilidad, esto es, al daño antijurídico.

De lo que viene dicho se ha de concluir que, una es la responsabilidad directa del Estado por el error judicial y otra, diferente en sus fundamentos y manera de operar, la responsabilidad personal del funcionario; ambas con disciplina y régimen jurídico de distinto alcance y contenido, pero con algo en común, que lo es, la existencia del error judicial, elemento este que, cumple funciones diferentes en uno y otro tipo de responsabilidad. En últimas, la determinación adecuada del alcance de uno y otro régimen de responsabilidad, debe lograrse bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución, sin pasar por alto que, en el fondo de la cuestión planteada se encuentra el valor democrático de la responsabilidad, enfrentado, a la necesaria garantía de la independencia del juez.

En esta ocasión, la Sala hace suyos los planteamientos de la doctrina más autorizada, que se ha ocupado del significado actual del problema de la responsabilidad judicial frente a la responsabilidad personal del funcionario:

“Pero la inmunidad y la independencia no deben ser vistas fuera del más amplio contexto de aquellos otros valores demoliberales que, pese a todo, son muy apreciados hoy día. La responsabilidad del Estado forma parte del contenido de esos valores. Por eso repito que la inmunidad es propiamente hablando un problema menos absoluto y más práctico relacionado con los límites de la responsabilidad. O sea, un problema de equilibrio del valor instrumental de la independencia inter y extra estatal de los jueces con el tanto antiguo como moderno valor democrático de la responsabilidad. Porque como de incisiva manera dice el informante italiano: “el privilegio de la irresponsabilidad judicial no puede ser el precio que se pida a la colectividad a cambio de la independencia de los jueces”. Claro está que todo el problema de la responsabilidad y de su equilibrio con la independencia judicial debe tender a asegurar los mejores medios concretos y posibles para hacer efectivos los valores que en última instancia reflejan los principios básicos del derecho natural: la imparcialidad de los jueces y la justicia del procedimiento, y por consecuencia la más amplia posibilidad de participación democrática en el proceso judicial(2)”.

5. Disciplina legal de la responsabilidad directa del Estado y de la responsabilidad personal del funcionario.

Bajo este norte, la Sala considera oportuno, el análisis de las normas positivas que desarrollan la responsabilidad por el error judicial en orden a caracterizar los presupuestos de ambos tipos de responsabilidad.

El artículo 65 de la ley estatutaria de la administración de justicia dispuso lo siguiente:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, por el error judicial y por la privación injusta de la libertad” (resaltado fuera de texto).

Como se observa, esta norma desarrolla el canon constitucional y disciplina la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de los agentes judiciales, daños que pueden encontrar su origen en el error judicial, que está definido en sus rasgos esenciales, en los siguientes términos:

“Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” (resaltado fuera de texto).

Ambos dispositivos han de interpretarse, desde luego, bajo la óptica del artículo 90, como desarrollo que son del precepto constitucional y, en esa dirección, se debe sostener que la responsabilidad en ellos disciplinada, concibe el error judicial de una manera objetiva, bastando para su configuración, el que la providencia que lo contenga sea “contraria a la ley”, único criterio establecido por la norma, sin exigencia adicional alguna. La Sala desea subrayar que en parte alguna el precepto normativo introdujo la noción de culpa grave o dolo o la del denominado error “inexcusable”, como que estos límites materiales se reservaron para la disciplina de la responsabilidad personal del funcionario.

En efecto, el artículo 71 es del siguiente contenido:

“DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO JUDICIAL. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal determinada por error inexcusable.

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la Ley o sin la debida motivación.

3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recursos que la parte dejó de interponer” (resaltado fuera de texto).

Vistos los dispositivos normativos que desarrollan el régimen de la responsabilidad por el error jurisdiccional, al rompe se observa que, la disciplina, en lo que a la configuración del error corresponde, es bien diferente en sus alcances y contenido y, por lo mismo, debe precisarse en esta ocasión que, la forma como se comete el error y, sus eventuales justificaciones, son aspectos que resultan trascendentes y cumplen una función, únicamente en tratándose de la responsabilidad personal del funcionario, eventos en los cuales, en aras de la autonomía e independencia del agente judicial y de la naturaleza intrínseca de la función jurisdiccional, se justifica la estatuición legal de límites de carácter material.

Por el contrario, frente a una reclamación por el daño antijurídico que encuentre su causa en la acción u omisión de un agente judicial - responsabilidad del Estado —Juez—, el error debe analizarse, desde una perspectiva objetiva, toda vez que se trata de un desarrollo de la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90, campo este en el cual, se prescinde del juicio de disvalor de la conducta, para centrar la atención, en el daño antijurídico padecido por la víctima; a lo cual debe agregarse que, el desarrollo legal contenido en el artículo 66 de la ley estatutaria de la administración de justicia de la noción de error judicial, también excluyó la consideración del aspecto subjetivo, como que tal error, es el que se materializa en una providencia contraria a la ley, sin más exigencias.

Debe notarse igualmente que el artículo 66 no introdujo el ingrediente normativo de providencia “manifiestamente contraria a la ley”, lo cual evidencia que la configuración del error a efectos de la responsabilidad directa del Estado, difiere sustancialmente, del que reclama el régimen de responsabilidad personal del agente judicial.

Es por esta razón que, las orientaciones jurisprudenciales y doctrinarias que apuntan a la configuración y caracterización del denominado error inexcusable o culposo, de la vía de hecho, de la providencia arbitraria y desprovista de toda juridicidad, y otras expresiones habituales de la noción de culpa grave cometida por el agente jurisdiccional, únicamente son de recibo y aplicación tratándose de la responsabilidad personal del funcionario, campo en el cual, se debe advertir que el error puede ocurrir, tanto en la actividad de la constatación y valoración probatoria, como en la interpretativa, esto es, puede el error de hecho y de derecho, dar lugar a la responsabilidad personal del funcionario, cuando quiera que, la providencia aparezca manifiestamente contraria a los hechos acreditados en la instancia, o dicho en otros términos, no puede el funcionario escudarse en su autonomía e independencia, para fundamentar de cualquier manera y contra la objetividad que muestran los hechos, una determinada resolución jurisdiccional, como que pese a la singularidad de la actividad interpretativa, la fundamentación de las decisiones debe edificarse dentro de presupuestos objetivos y bajo criterios razonables que no contradigan elementales principios que informan la actividad de interpretación de los hechos y el derecho a los cuales están sujetos todos los operadores jurídicos.

Esta, por lo demás, la orientación doctrinaria, en materia del denominado error de concepto, doctrina o interpretación, que se reitera, adquiere relevancia y utilidad práctica, en tratándose de la responsabilidad personal del funcionario:

“La limitación material se refiere a la exclusión de la culpa leve. La responsabilidad surge ante la existencia, como mínimo, de culpa grave. En este sentido lo ha entendido unánimemente la jurisprudencia del tribunal supremo, y así se dice en la Sentencia de 20 de enero de 1927 (RA 80): “[...] el criterio del juzgador puede ser más o menos acertado, según sea su entendimiento, pero sin que el error de concepto, doctrina e interpretación, aunque lo hubiere, origine responsabilidad exigible mientras no se demuestre la manifiesta infracción concreta y determinada de una disposición legal de que conocidamente hubiere prescindido, porque dada la importancia de la función ejercitada por el organismo judicial, lo limitado y falible que es el entendimiento humano, la falta a veces de claridad de las leyes que no pueden ser ni son un obstáculo a la unidad de criterio, el legislador no ha querido someter a la responsabilidad de que se trata más infracciones que aquellas que por negligencia o ignorancia prescinden de sus preceptos claros y terminantes y que debieron tenerse presente, lo que supone [...] la existencia de un precepto legal claro y preciso, que no pueda ofrecer dudas o dificultades de interpretación(3)” (resaltado fuera de texto).

A contrario sensu, existe responsabilidad personal del funcionario, cuando desatiende una norma de sentido claro, o pretermite la consideración de una prueba, o supone la misma, sin justificación atendible, con lo cual se quiere significar que, aún dentro del campo de la responsabilidad personal del funcionario, éste compromete su propia responsabilidad, cuando desatiende las directrices generales y las exigencias que deben presidir la labor de la administración de justicia en lo tocante a la función específicamente jurisdiccional, tanto en su proyección frente a los hechos de la instancia, como frente al derecho que ha de aplicarse al caso concreto.

Ahora bien, lo anterior no implica que cualquier error de hecho o de derecho, comprometa la responsabilidad personal del funcionario, toda vez que se requiere, que la parte interesada haya agotado la totalidad de los recursos ordinarios, instrumentos procesales que están concebidos, precisamente, para impedir la configuración de los errores judiciales; más sin embargo, no menos cierto que, agotados los medios ordinarios de impugnación en contra de la providencia, el error puede persistir, caso en el cual, habrá de analizarse frente a cada caso concreto, si se configura la culpa grave, el error inexcusable, el descuido evidente, la vía de hecho, exigencias aplicables para este tipo de responsabilidad.

Por el contrario, de cara a la víctima y desde la perspectiva del artículo 90, concebido con los alcances y sentido arriba expuestos, basta el acreditamiento del daño antijurídico, a la vez que la relación de causalidad, entre éste y el error contenido en la providencia, error que se configura en todos aquellos eventos en que la providencia sea contraria al ordenamiento jurídico tal cual lo establece el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, bastando para ello un cotejo objetivo entre el contenido de aquella y los preceptos normativos, sin que sean admisibles argumentos o razones que vengan edificados sobre la justificación, excusabilidad o diligencia del funcionario judicial o que impliquen la consideración del comportamiento de aquél en el proferimiento de la decisión, razones que solamente son de recibo, para excusar o exonerar la eventual responsabilidad personal del funcionario, no así, la patrimonial del Estado.

6. Acción directa y acción de repetición.

Por último, debe recordarse que la Corte Constitucional en Sentencia C-244A de 1996 M.P. José Gregorio Hernandez, consideró que la norma del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, que se ocupaba de la responsabilidad personal de los funcionarios judiciales, entre otros, por el error inexcusable, la culpa grave y el dolo, dejó de hacer parte del ordenamiento jurídico, al haber sido sustituida por la disciplina consagrada en el capítulo VI de la Ley 270 de 1996. En aquélla ocasión sostuvo la Corte:

“Como puede observarse, la normatividad estatutaria recoge todas las disposiciones anteriores referentes a la responsabilidad patrimonial de los jueces, en cuanto plasma de manera integral la pertinente regulación del tema, con unas determinadas causales y bajo ciertos criterios, que no en todos los aspectos coinciden con las normas precedentes, pues el estatuto en nada depende de las disposiciones que venían rigiendo, a la vez que concentra en el Consejo de Estado y en los tribunales administrativos la competencia para definir lo relativo a tal responsabilidad, reiterando la procedencia de la acción civil de repetición de la que es titular el Estado cuando se le hubiere condenado, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de aquellas conductas que puedan configurar hechos punibles.

Ello significa que los particulares afectados por perjuicios que hayan tenido origen en el dolo o en la culpa grave de quienes administran justicia debe actuar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por el mecanismo de la reparación directa, con base en cualquiera de las causales señaladas en el nuevo ordenamiento. Tan solo después, como consecuencia del fallo adverso, el sistema que el legislador estatutario consagró hace posible la acción de repetición a favor del Estado, salvo el caso del llamamiento en garantía”.

Así las cosas, si antes de la Constitución Política de 1991, el tema de la responsabilidad personal del funcionario se encontraba disciplinado en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, con posterioridad a la promulgación de la Constitución y la Ley 270 de 1996, esta materia, se encuentra desarrollada en la ley estatutaria de la administración de justicia, particularmente, en los artículos 71, norma que recoge en buena medida los límites de carácter material, de la responsabilidad personal del agente judicial y, en el artículo 72, que es del siguiente tenor:

“ART. 72.—Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción de repetición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles.

“Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía.

“El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley, incluida la responsabilidad de carácter penal por la omisión del funcionario en perjuicio del patrimonio del Estado”.

Como se observa, en lo que a la responsabilidad personal del agente judicial respecta, la norma disciplinó lo atinente a la titularidad de la acción de repetición, y, estableció la obligación del Estado colombiano, de repetir en contra del funcionario, cuando se configura la culpa grave o el dolo, una de cuyas expresiones, es precisamente, el error inexcusable o la denominada vía de hecho.

Es esta la razón por la cual las restricciones impuestas a manera de límites —culpa grave o dolo— que buscan proteger la independencia y autonomía del funcionario, como se observó, no pueden oponerse a manera de excepciones y tampoco pueden servir de justificación para una Sentencia desestimatoria, cuando la pretensión de responsabilidad es ejercida por la víctima del daño antijurídico en contra del Estado, como que, precisamente, la separación entre los dos regímenes de responsabilidad, impone que cada una se analice desde perspectivas diferentes, a lo que la Sala agrega que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado la exigencia de la culpa grave, el error inexcusable, la vía de hecho, la arbitrariedad, capricho, subjetividad, que fundamentan la responsabilidad personal del agente judicial, no pueden exigirse, cuando se trata de la responsabilidad directa o exclusiva del Estado, fundamentada tan solo en el daño antijurídico.

7. El caso concreto.

7.1. El cuadro fáctico y los errores de hecho y de derecho.

Hechas las anteriores precisiones, se tiene que del acervo probatorio analizado y de los antecedentes en relación con la negociación entre los miembros de la familia Fragoso y las sociedades Carbocol e Intercor, resulta claro que entre las partes del negocio jurídico de cesión surgieron diferencias a propósito de la forma como habría de cumplirse la obligación dineraria mediante la cual se pagaría el precio de la cesión de los derechos derivados de la posesión y de la venta de las mejoras existentes en los terrenos, no obstante que, como se acreditó, entre Félix Fabián Fragoso Fonseca y Olimpo Fragoso Díaz, se había suscrito con anterioridad a la celebración del negocio y, como condición previa, un amigable arreglo, a propósito del valor de dinero que el primero reconocería al segundo, tan pronto los cesionarios cancelaran el precio por la cesión de los derechos en las fincas “Santa Helena” y “Ojo Caro”.

También se sabe que, los cedentes estaban en posesión de los predios objeto de las negociaciones de tiempo atrás y, de la misma manera, resultó acreditado que Carbocol e Intercor habían adelantado gestiones con el propósito de concretar la negociación.

Resulta particularmente llamativa la circunstancia que se presentó entre Félix Fabián Fragoso Fonseca y Olimpo Fragoso Díaz, en lo relacionado con la calidad de poseedor o no, que pudiera ostentar éste último, calidad que, no puede predicarse claramente, luego del análisis probatorio realizado en la presente providencia, al punto que obran pruebas en las cuales se da cuenta que dicha persona tenía la condición de administrador de los predios y, al margen de dicha circunstancia, es lo cierto que la controversia sobre este específico aspecto no podía solucionarse por la vía de la acción de tutela.

También es importante subrayar que, de conformidad con los términos y condiciones del negocio de cesión, no podía predicarse la exigibilidad de una suma de dinero determinada ($ 94.361.922.50), diferente a la que fue objeto del convenio, hecho éste que la Sala destaca, toda vez que entiende que la utilización de la acción de tutela por parte de Olimpo Fragoso Díaz, resultaba abiertamente improcedente, dado el cuadro fáctico a que se ha hecho referencia, razón por la cual, la conducta del juez de tutela, materializada en la orden dirigida a Intercor y Carbocol, a la sazón cesionarios, en el sentido de proceder al pago de una determinada suma de dinero en favor de Olimpo Fragoso Díaz, configuró el error jurisdiccional, toda vez que, dicha providencia fue contraria a la ley, al punto que, rituada la segunda instancia y la revisión extraordinaria por parte del Juez Civil del Circuito de Ciénaga y de la Corte Constitucional, respectivamente, se reconoció la improcedencia de la tutela impetrada, por muchas otras razones.

Así las cosas, la Sala observa que el juez de tutela, incurrió en varios errores, de hecho y de derecho, que lo llevaron a conceder, en ejercicio de la jurisdicción constitucional, la tutela solicitada por Olimpo Fragoso Díaz.

1. En efecto, incurrió en error de hecho el juez de tutela, al dar por probado dentro del trámite, sin estarlo, una amenaza seria a los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la protección integral de la familia de Olimpo Fragoso Díaz, por el no pago de la suma pretendida por éste frente a los cesionarios, no obstante que, de los medios probatorios tenidos en cuenta por el juez de tutela, en parte alguna, podía llegarse a tal conclusión, pues de éstos, muchos de ellos analizados en la presente providencia, paladinamente se infiere que el conflicto de intereses surgido, por sí solo, en manera alguna configuraba una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el tutelante.

Por el contrario, según una consideración puramente objetiva de la prueba recaudada, se trataba simple y llanamente de un conflicto de intereses económicos de carácter particular, en relación con la forma como debía distribuirse el precio de la cesión y sobre la eficacia vinculante que tenía para las partes del negocio jurídico, el amigable arreglo entre dos de los cedentes.

Es más, la Sala observa, que el juez de tutela dio por probado, sin estarlo, que el pago del precio debería efectuarse por partes iguales, cuando como se ha observado, la prueba documental contentiva del arreglo amigable, daba cuenta de unas condiciones muy diferentes. Esto es, supuso prueba el juez de tutela, de un hecho no acreditado y, pretermitió la consideración de la que daba cuenta de todo lo contrario a lo afirmado por él. Adicionalmente, no podía el juez, como lo hizo, analizar las pruebas recaudadas dentro del trámite de la tutela, de manera aislada, cuando como se sabe, entre el documento de arreglo amigable y el contenido del contrato de cesión, existían hechos comunes que obligaban a su consideración conjunta, pues ambas pruebas están referidas a un mismo fenómeno, cual es el pago del precio y la eventual participación que en él tendría, el señor Olimpo Fragoso Díaz.

2. De otra parte, el juez de tutela calificó jurídicamente la posesión de los cedentes como “común y proindiviso”, cuando precisamente se sabe que, la diferencia esencial entre los cedentes Félix Fabián Fragoso Fonseca y Olimpo Fragoso Díaz, consistía en que el primero negaba tal calidad a Olimpo y le atribuía la de trabajador de la finca y, el segundo, alegaba derechos de posesión. Esto es, que el problema sustancial de fondo daba cuenta de una diferencia en relación con la calidad atribuida al señor Olimpo Fragoso Díaz, de poseedor o de mero administrador, que naturalmente no podía definirse, por la vía de la acción de tutela, pues esos hechos y el conflicto de intereses que la prueba evidenciaba, son de competencia de la jurisdicción ordinaria, por los trámites previstos legalmente.

3. Incurrió en yerro el juez de la tutela, al considerar la prueba documental contentiva del arreglo amigable, lo primero para descalificarla jurídicamente, sin ser ese el objeto de la acción de tutela y lo que es peor, para pretender restarle eficacia y relevancia jurídicas al acto de disposición de intereses en ella contenido. Esto es, invadió el juez la órbita de autonomía privada de las partes que suscribieron el documento y dispusieron de sus propios intereses, para “justificar” la decisión que habría de adoptar posteriormente, conducta ésta con la que de paso inobservó lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, que establece que los contratos, más ampliamente, los negocios jurídicos, despliegan efectos vinculantes y compromisarios para las partes y no pueden ser invalidados, o lo que es igual, no se les puede restar eficacia, como no sea con invocación de los precisos motivos expresados por la ley o por la voluntad de quienes han concluido el negocio. Esto es, supuso motivo invalidante en ausencia total de prueba en tal sentido y calificó el documento contentivo del arreglo amigable, para restarle eficacia, sin que le asistiera competencia legal para ello.

4. Erró también el juez, en la interpretación del contenido del negocio jurídico, esto es, erró en la consideración de las estipulaciones del contrato de cesión de derechos, al considerar que de la escritura contentiva del negocio surgía la obligación “sin la menor duda” de pagarle a Olimpo Fragoso Díaz la suma de $ 94.000.000, cuando por el contrario, dicho instrumento, como se observó, da cuenta de una suma diferente, pues en parte alguna los contratantes se ocuparon de la división del pago en tal sentido y, la prueba acompañada a la actuación de tutela incluía, el denominado arreglo amigable, que estaba referido a una parte del precio. Esto es, el juez de tutela desconoció el sentido de la prueba por él considerada y, extrañamente, le atribuyó uno que no contenía.

5. Por último, también el juez de tutela erró en la escogencia del precepto legal que fundamentaría su decisión, al considerar aplicable al caso concreto, la acción de cumplimiento de rango constitucional (art. 87), no invocada por las partes y ajena a la disciplina del caso concreto sometido a su consideración.

7.2. Los límites del juez de tutela en la interpretación de la norma constitucional y el error judicial.

La particularidad del presente caso, pone de presente que también a más de los errores analizados anteriormente, referidos a los aspectos fácticos esenciales de que daba cuenta la solicitud de la acción de tutela impetrada y que llevaron al juez a incurrir en errores de hecho y de derecho, éste también incurrió, en error interpretativo, respecto de los preceptos constitucionales por él considerados, toda vez que, para el análisis de los derechos fundamentales supuestamente amenazados, echó mano de una argumentación, de carácter constitucional, con base en principios y valores, para extenderla ilimitadamente, a los hechos de que daba cuenta la solicitud de tutela, pretendiendo con esto darle fundamentos de juridicidad a la decisión adoptada.

Dicha circunstancia, estima la Sala, configura un error de pura interpretación que, presupuestos los demás elementos ontológicos de la responsabilidad, adquiere suficiente relevancia jurídica indemnizatoria, habida consideración de que esa manera de proceder por cualquier juez de la República, es contraria a los postulados interpretativos y a la forma de argumentación constitucional que debe observarse por todas las autoridades jurisdiccionales, cuando se trata de aplicar uno o más preceptos de la Constitución Política, para dirimir un caso concreto.

En efecto, sabido se tiene que, el Estado constitucional contemporáneo y los principios y valores base de la Constitución democrática del Estado colombiano, vinculan a la totalidad de las autoridades públicas en el desarrollo de las funciones y cometidos a cada una de ellas encomendadas, de tal suerte que, desde esta perspectiva constitucional, aquellos principios fundamentales de la organización como Estado social de derecho y aquellos valores esenciales, cuyo reconocimiento contiene la Constitución Política, han de ser observados por la totalidad de los operadores jurídicos, dentro de los cuales, ocupan lugar principalísimo, las autoridades públicas que integran el poder jurisdiccional del Estado colombiano, quienes en ejercicio de sus funciones, han de aplicarlos íntegramente, cuando las controversias sometidas a su conocimiento reclamen su observancia en el caso concreto.

Así las cosas, el papel que tiene la judicatura en la consolidación del ordenamiento jurídico íntegro y en la caracterización de la unidad de criterios respecto de los valores superiores del ordenamiento, impone a los jueces de la república, que en la decisión de los casos concretos, mantengan una coherencia en la fundamentación de las decisiones, las cuales han de ser compatibles en un todo con los postulados constitucionales o, dicho en otros términos, la interpretación judicial del ordenamiento vigente, deberá efectuarse en un todo de conformidad con aquellos principios y valores constitucionales.

Estima la Sala que, cuando el juez al ejercer el núcleo central de la actividad jurisdiccional, esto es, al proferir su sentencia, invoca a manera de fundamentación de la decisión una determinada interpretación o argumentación con base en principios y valores consagrados en la Constitución, sin que aquélla aparezca por lo menos como razonable dentro del contexto fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento, incurre en error judicial, si la pretendida fundamentación de la decisión no guarda compatibilidad alguna con la hipótesis fáctica que los hechos probados muestran en la instancia.

Dicho en otros términos, la labor de interpretación jurisdiccional, si bien por naturaleza supone un grado amplio de autonomía para el juzgador, en la medida en que el operador jurídico puede optar por varias lecturas interpretativas del caso concreto, siempre y cuando, se reitera, guarden armonía y compatibilidad con los hechos y con el derecho aplicable a una determinada situación; esa manifestación de la autonomía jurisdiccional, no puede servir de justificación a una determinada decisión, cuando aparece objetivamente que la invocación de una doctrina constitucional, resulta perfectamente inadecuada o incompatible frente a la realidad de los hechos acreditados.

En el caso concreto, el juez de tutela, so pretexto de la “textura abierta” del concepto de los derechos fundamentales que consideró vulnerados, echó mano de una argumentación de carácter constitucional, referida al desarrollo jurisprudencial de los derechos de la vida y de la protección integral de la familia, para insertarla a una hipótesis fáctica, que en manera alguna resultaba compatible o por lo menos razonable, con los hechos de que daba cuenta la instancia dentro del trámite de tutela, desfigurando por completo, con ese proceder, el sentido elemental y básico de aquellos conceptos que dijo aplicar.

Aquí, debe precisarse que, si bien es cierto, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han sido renuentes a la aceptación del error de interpretación como causa de responsabilidad, sobre la base que el ejercicio de la actividad jurisdiccional, independiente por excelencia, le permite al juez moverse con amplitud en la labor juzgadora, no lo es menos que, la función interpretativa y argumentativa de cualquier operador jurídico en un Estado de derecho contemporáneo, no es un poder en blanco y por el contrario, debe observar unas mínimas reglas de coherencia que justifiquen o fundamenten de una manera razonable y objetiva las decisiones jurisdiccionales dentro del ordenamiento jurídico vigente.

En efecto, nada más perjudicial para la función juzgadora y comprometedor del principio de la seguridad jurídica, otro de los argumentos seculares invocados para impedir la configuración de la responsabilidad judicial por este tipo de errores, que aceptar que so pretexto de una tal autonomía o de la protección de aquél principio, los jueces puedan interpretar a su antojo y sin ningún punto de referencia o límite, los preceptos normativos que han de aplicar a los casos sometidos a su consideración.

Más bien por el contrario, se debe precisar que, el principio de seguridad jurídica resulta menguado cuando el juez no interpreta uniformemente las normas o los conceptos contenidos en ellas, pues ese comportamiento incoherente de la labor interpretativa para casos semejantes compromete, adicionalmente, no sólo la seguridad jurídica si no el principio de igualdad ante la ley, pues ante casos iguales o similares, desde luego, soluciones iguales o similares.

Por manera que, analizada la situación desde la perspectiva del “silogismo jurídico”, que se basa en la estructura tradicional de la norma jurídica, método este particularmente esquemático para determinar y precisar los errores en las denominadas premisas del silogismo —mayor y menor—, o aquéllos que se materializan en la conclusión; o bien desde la perspectiva del método de la interpretación y argumentación con base en principios y valores, no necesariamente limitados al precepto legal, como que sabido se tiene que, más allá del precepto, se encuentran aquellos, es lo cierto que, ambos métodos de aplicación del derecho, reclaman por parte del ordenamiento una coherencia en la conducta del operador jurídico, que permita justificar —fundamentación—, la decisión judicial adoptada dentro del contexto fáctico y normativo en el cual se adopta.

La Sala quiere significar con lo anterior que, la promulgación de la Constitución Política de 1991, comporta efectos trascendentales para la jurisdicción y, por contera, para la eventual responsabilidad judicial, en la medida en que el derecho legislado ya no es como antaño, la única herramienta a la mano de los jueces para el desarrollo de la función jurisdiccional, toda vez que, la consagración de principios a nivel de rango constitucional y el reconocimiento explícito de valores inmanentes a nuestra organización democrática, implican cambios importantes en los métodos de interpretación jurídica, que han dado lugar a la proliferación de variadas escuelas de pensamiento y de teorías sobre la argumentación y la interpretación en los Estados constitucionales contemporáneos, al punto que resulta ilustrativo el pensamiento del profesor Zagrebelsky, sobre el particular, quien se ha ocupado de explicitar las diferencias que surgen entre los esquemas de derecho legislado tradicionales —derecho por reglas— y los del denominado derecho por principios.

Ha sostenido el autor:

“En primer lugar, sólo los principios desempeñan un papel propiamente constitucional, es decir, “constitutivo del orden jurídico”, las reglas, aunque estén escritas en la Constitución, no son más que leyes reforzadas por su forma especial. Las reglas, en efecto, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna fuerza constitutiva fuera de lo que ellas mismas significan.

“Aparte de esto, sin embargo, quizás la diferencia más importante pueda venir sugerida por el distinto “tratamiento” que la ciencia del derecho otorga a reglas y principios. Sólo a las reglas se aplican los variados y virtuosistas métodos de la interpretación jurídica que tiene por objeto el lenguaje del legislador. En las formulaciones de los principios hay poco que interpretar de este modo. Por lo general, su significado lingüístico es autoevidente y no hay nada que deba ser sacado a la luz razonando sobre las palabras. Las fórmulas “de principio” son a menudo expresiones un tanto banales, producto de una recepción jurídica de tercera o cuarta mano”, pero no por ello menos venerables, que remiten a tradiciones históricas, contexto de significado, etc., y que, más que “interpretadas” a través del análisis del lenguaje, deben ser entendidas en su ethos. En pocas palabras, a las reglas “se obedece” y, por ello, es importante determinar con precisión los preceptos que el legislador establece por medio de las formulaciones que contienen las reglas; a los principios, en cambio, “se presta adhesión” y, por ello, es importante comprender el mundo de valores, las grandes opciones de cultura jurídica de las que forman parte y a las que las palabras no hacen sino una simple alusión(4)”.

Pues bien, sea que el intérprete se encuentre de cara a una regla y haga uso del tradicional silogismo jurídico para encuadrar la hipótesis fáctica por él considerada en el precepto normativo, sea que pretenda solucionar la controversia de la mano de los principios y valores ínsitos en el ordenamiento y eventualmente explicitados en norma de rango constitucional o legal, es lo cierto que, la toma de posición, ha de respetar un “contexto de significado”, propio del principio, una ratio iuris compatible con el sentir general de éste, para que la fundamentación de la decisión por él adoptada, pueda ser considerada racional dentro del contexto del ordenamiento jurídico vigente.

Desde luego que, la función práctica de la aplicación de los principios jurídicos, a más de posibilitar una función creativa del juez, en la medida en que se materializa a través de una decisión jurisdiccional, supone que el principio tenga vocación de generalización para la solución del caso concreto. Sobre el punto, ha sostenido Larenz lo siguiente:

“Una regla jurídica puede estar expresada en una ley, puede resultar del llamado derecho consuetudinario o de consecuencias acertadas del derecho vigente o de concretizaciones de los principios jurídicos, tal como éstas son efectuadas constantemente por los tribunales. Para que resulte una regla nueva de la concretización de un principio jurídico, referida ante todo al caso, o de una pauta que precisa ser llenada de contenido, tal regla tiene que ser, ciertamente, capaz de generalización en el sentido de que sea aplicable a casos equiparables o “similares”. Esto ocurre cuando y en cuanto se funda en los “rasgos típicos” del caso concretamente resuelto”(5).

De lo anterior se sigue que, cualquiera sea el método que se utilice para la fundamentación adecuada y coherente de la decisión judicial y para el análisis de la problemática objeto de conocimiento, existen límites trazados por el propio ordenamiento a la conducta del operador jurídico, necesarios por lo demás para garantizar, la tan anhelada unidad de criterios, característica propia del ordenamiento jurídico y base esencial de la materialización del principio de la seguridad jurídica.

Esta, por lo demás, la orientación del Tribunal Constitucional Español, quien a propósito del tema de la motivación de la providencia judicial ha sostenido lo siguiente:

““a) Es doctrina reiterada de este tribunal Constitucional que la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24.1 CE(6), comprende el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, como garantía máxima - dada la esencia de la función judicial - frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad en la actuación de los poderes públicos (STC 131/1990, fundamento jurídico 1º, entre otras). Por ello, ésta es una exigencia que se conecta no solo con el citado artículo 24 CE, sino también con la primacía de la ley (CE, art. 117.1), como factor determinante del legítimo ejercicio de la función judicial (STC 55/1987, cit.).

Estando íntimamente conectada con la interdicción de la arbitrariedad y la primacía de la ley, la mencionada exigencia constitucional no puede entenderse cumplida con una fundamentación cualquiera del pronunciamiento judicial. Muy al contrario, es precisa “una fundamentación de derecho”; es decir, que en la propia resolución se evidencia de modo incuestionable que su razón de ser es una aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso. Bien entendido que con esta exigencia no se garantiza el acierto de la argumentación judicial; tampoco el triunfo de una pretensión determinada. Su sentido último es más profundo, como se pone de relieve a continuación(7)” (STC 22/1994, FJ 2º)” (resaltado y subrayas fuera de texto).

7.3. La acción de tutela y los otros medios de defensa jurisdiccional.

De otra parte, ésta manera de argumentar de la mano de los principios constitucionales no puede ser la causa, en la práctica, del desconocimiento de la estructura institucionalizada de la administración de justicia, ordinaria, contencioso administrativa, constitucional y especial y de las funciones correspondientes a cada una de las jurisdicciones constitucionalmente establecidas, pues sabido se tiene que la diversidad y especificidad de funciones de cada una de ellas, responde a una distribución ratione materiae de los asuntos propios de cada jurisdicción, como que para la solución de las controversias existen los cauces procesales legalmente establecidos y las formas propias de cada juicio, elementos éstos configuradores del concepto del debido proceso, derecho fundamental y esencial para la buena marcha de los quehaceres jurisdiccionales y eje central en rededor del cual se articula la totalidad del aparato judicial del Estado colombiano.

Se hace la anterior afirmación, en atención a que el caso concreto sometido a consideración de la Sala, evidencia un desconocimiento de las reglas propias del trámite constitucional de tutela, toda vez que un juez en ejercicio de la función constitucional desarrollada por la vía procesal de dicha acción, pretendió, “solucionar” una controversia de naturaleza ordinaria —incumplimiento de negocio jurídico—, calificó la condición de los cedentes como “poseedores en común y proindiviso”, e hizo producir efectos jurídicos al negocio base de la discusión en lo relativo al “pago del precio”, amén de desconocer la eventual eficacia del acto de disposición de intereses de que daba cuenta la prueba documental y, todo ello, al margen de la existencia del presupuesto ontológico exigido por la Constitución Política en su artículo 86 para la procedencia de dicho medio de tutela reforzada de derechos, esto es, al margen de la existencia de una real vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental por una autoridad o un particular en ejercicio de función pública.

No puede pasar por alto la Sala, los riesgos evidentes de un mal entendimiento de los alcances de este mecanismo específico de tutela de derechos constitucionales, pues sabido se tiene que para la solución de las diversas problemáticas que la praxis judicial evidencia, el ordenamiento jurídico en general y, específicamente, las normas que desarrollan el derecho fundamental del debido proceso, determinan, la procedencia de cada medio de protección jurídica, como una necesidad ineludible del concepto de administración de justicia, al punto que, la propia dinámica operativa de la acción de tutela, en tanto mecanismo de protección y aplicación de derechos constitucionales, está limitada a unos mínimos presupuestos, debidamente disciplinados legalmente y decantados por la jurisprudencia constitucional sobre la materia, no pudiendo aceptarse, que la aspiración de alcanzar, cada vez más ampliamente una real y eficaz tutela judicial efectiva para todos los usuarios del servicio judicial como corresponde a una moderna concepción de la ciencia del derecho, se haga, a costa de la inobservancia de los demás cauces procesales, debidamente institucionalizados, pues en esa empresa, se asume un riesgo —y el caso presente resulta paradigmático— de vulnerar con ese proceder, otros derechos fundamentales de los sujetos implicados en la relación jurídica objeto de conocimiento.

Más allá de la discusión en el campo de la dogmática jurídica ius publicista y procesal, a propósito de la aspiración de una suerte de “universalización” de dicho mecanismo de protección reforzada de derechos fundamentales, en el entendido de que los esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales constitucionales se proyectan en posturas que permitan darle amplitud a la operatividad del mecanismo y oportuna tutela judicial a la amenaza o vulneración del derecho fundamental, es lo cierto que, el adecuado uso de dicha garantía constitucional debe impedir colisiones con los demás mecanismos de protección judicial de derechos, exigencia ésta de obligada observancia, en tanto constitucional y legalmente existan los otros mecanismos ordinarios propios de cada jurisdicción.

La Sala, hace las anteriores manifestaciones, muy a sabiendas de que la potencialidad del concepto de derecho fundamental y la del valor acceso a la justicia, por su propia naturaleza intrínseca, tienen vocación de amplitud de cobertura en un Estado democrático de derecho, más sin embargo entiende que, la concreción a nivel de justicia material y efectiva de los derechos objeto de protección jurisdiccional, debe obtenerse por los cauces propios, constitucionalmente establecidos y legalmente desarrollados.

7.4. El daño resarcible.

En lo atañedero al daño que habrá de resarcirse, la Sala observa que se encuentra debidamente acreditada la causación del perjuicio consistente en el desplazamiento patrimonial de la suma de $ 93.277.725, que fueron recibidos por el señor Olimpo Fragoso Díaz, de manos de las empresas Intercor y Carbocol, desplazamiento de dicha suma de dinero que tuvo como causa la orden proferida por el juez promiscuo de Sitionuevo como consecuencia de la tutela instaurada.

Así las cosas, la Sala entiende que el perjuicio material que se produjo por el error judicial que se materializó en dicha providencia contraria a la ley, la de 2 de abril de 1993, se contrae a la suma de dinero anteriormente mencionada, la cual no ha debido salir del patrimonio de las empresas Intercor y Carbocol, por esa vía procesal, por las razones analizadas en la presente providencia.

Debe tenerse presente que, cuando el error judicial se materializa en la sentencia con que culmina el trámite de la acción de tutela y, el contenido de la providencia comporta la modificación de un estado de cosas, como por ejemplo, el desplazamiento patrimonial de una suma de dinero, el daño se consuma, en el mismo momento en que se obedece la orden de tutela, por la peculiar circunstancia de que dichas providencias están llamadas a tener cumplido efecto, de manera inmediata y, frente a las cuales, pese a la impugnación que contra ellas se promueva, no se suspenden los efectos por virtud del recurso interpuesto. 

En el caso concreto, una vez tutelado el supuesto derecho fundamental vulnerado, se ordenó a Intercor y Carbocol, entregar dicha suma de dinero al señor Olimpo Fragoso Díaz, momento en el cual, se reitera, se consumó el perjuicio de carácter patrimonial económico.

La Sala entiende que, no es de recibo el argumento sobre el cual viene edificada la sentencia desestimatoria del tribunal de Instancia, consistente en sostener que, al haberse producido la revocatoria de la sentencia del juez promiscuo de Sitionuevo, como consecuencia de la apelación interpuesta por los interesados y, al producirse la orden de la Corte Constitucional de la complementación de la de segunda instancia, en el sentido de incluir la obligación de Olimpo Fragoso Díaz, de restituir la suma de dinero recibida indebidamente como consecuencia del error judicial de la sentencia de primera instancia, los hoy demandantes, han debido encauzar sus pretensiones, en contra de Olimpo Fragoso Díaz, pues para ello contaban, con el mérito ejecutivo de la sentencia complementaria.

Esta manera de razonar no puede patrocinarse de ninguna manera, como no sea con abierto desconocimiento del sentido actual del concepto de resarcimiento del perjuicio y, con olvido del principio informador de la protección efectiva de los derechos, pues claro resulta que, el dinero que se entregó como consecuencia de la orden de tutela contentiva del error judicial —error causa—, se desplazó físicamente de un patrimonio a otro, esto es, se produjo una mengua patrimonial, que debe resarcirse, mediante la indemnización en dinero, por igual cantidad, pues no resulta, desde ningún punto de vista aceptable, que una vez constatado el daño, de contornos claros y bien definidos, se argumente, para negar la prosperidad de la pretensión indemnizatoria que, el mérito ejecutivo de una sentencia, tiene la virtud suficiente para provocar un resarcimiento real, amén de integral, del perjuicio causado.

Confunde gravemente el tribunal de Instancia nociones por entero diferentes, como son el resarcimiento del perjuicio, con la acción o pretensión derivada del mérito ejecutivo de la sentencia revocatoria de la tutela.

En efecto, sostener que los demandantes han debido perseguir a quien detenta, dicho sea de paso “sin justa causa”, el dinero recibido como consecuencia del error judicial, esto es, al señor Olimpo Fragoso Díaz, no es, ni más ni menos, que pedirle a la víctima del daño antijurídico que, aparte del perjuicio experimentado, deba asumir una carga, de iniciar un proceso ejecutivo, con la esperanza, eventualmente, de obtener la restitución de la suma de dinero, que se entregó, precisamente, como consecuencia del error jurisdiccional, es pedirle a la víctima del daño que trate de solucionar las consecuencias y los efectos sucedáneos y nocivos, del error jurisdiccional cometido por el agente judicial llamado juez.

Téngase presente que, la detentación del dinero, recibido como consecuencia del error judicial, y su eventual restitución, es desde luego, una obligación que le compete al Estado colombiano, quien debe procurar naturalmente repetir en contra de quienes deban asumir una responsabilidad para con él. Pero dicha circunstancia, en manera alguna puede constituir la razón por la cual se denieguen las pretensiones de los demandantes, toda vez que, en el presente proceso se reclama una indemnización del Estado por el error cometido.

Creer, que se satisfacen los requerimientos de un adecuado resarcimiento, esto es, de mantener indemne y procurar hasta donde sea posible, en términos reales, la integridad del patrimonio afectado —mediante indemnización o resarcimiento in natura—, sugiriéndole a la víctima del daño, que debe perseguir a quien recibió el dinero, luego de haber reconocido la presencia del error judicial y la existencia del daño, es un contrasentido manifiesto, como que desde luego, no es el administrado, además perjudicado, quien deba asumir tamañas consecuencias.

No puede pasarse por alto mencionar que, si bien es cierto el juez de segunda instancia dentro del trámite de la tutela revocó la decisión y la Corte Constitucional en sede de revisión ordenó complementarla incluyendo la orden de restitución del dinero a cargo de Olimpo Fragoso Díaz, ello no pasa de ser la consecuencia lógica de carácter procesal, que se sigue como consecuencia de la prosperidad de la apelación.

Más sin embargo, esas ordenaciones contenidas en la sentencia complementaria, no tienen, desde luego, la virtud de satisfacer el interés vulnerado, cuya indemnización se pretende en el presente proceso.

De lo que viene dicho, y teniendo en cuenta que los demandantes invocaron su condición de cesionarios de los derechos de carácter indemnizatorio, que corresponderían a Intercor y Carbocol, originados en el error judicial a que se ha hecho referencia, legitimación esta debidamente acreditada como se observó al inicio de la presente providencia, la sentencia será revocada, para condenar a la Nación por el error judicial.

La Sala subraya que, habida consideración del negocio jurídico de cesión, invocado como causa de pedir, la posición jurídica y por ende, la titularidad de la pretensión indemnizatoria, del daño experimentado por Intercor y Carbocol, la ostenta actualmente la parte demandante y, es ese el centro de interés al cual se dispensa protección indemnizatoria, esto es, se protege el daño experimentado por quienes fueron los sujetos pasivos de la orden de tutela.

Ahora bien, la Sala desea precisar que, con la prosperidad de las pretensiones, quedan completamente indemnizados los demandantes y, por lo mismo, no podrán intentar acción contra el Juez o contra Olimpo Fragoso, que tenga por objeto la restitución del dinero recibido sin justa causa como consecuencia del error judicial que aquí se indemniza, dado que será el Estado colombiano, quien dando aplicación al inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y al artículo 72 de la Ley 270 de 1996, deba repetir en contra de los obligados.

La liquidación de la indemnización se hará actualizando la suma de dinero a que se ha hecho referencia, desde la fecha en que salió del patrimonio de Intercor y Carbocol a hoy, más los intereses demandados del 6% anual, utilizando para ello la siguiente formula:

34
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE, la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 9 de julio de 1997, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE a la Nación, Dirección Nacional de Administración Judicial, patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por el error judicial cometido por el juez promiscuo de Sitionuevo Magdalena, en la providencia de 2 de abril de 1993.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Nación - Dirección Nacional de Administración Judicial, a pagar a Félix Fabián Fragoso Fonseca, Fabián Fragoso Hani y Patricia Emilia Fragoso Hani, las siguientes sumas:

a) A título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 252’749.467.7

b) Por concepto de Lucro Cesante, esto es por intereses al 6% anual, la suma de $ 31’714.426.5

3. Las sumas a que se refieren los numerales anteriores DEVENGARAN intereses comerciales corrientes desde la fecha de ejecutoria y moratorios después de los seis (6) meses siguientes a esta.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a su apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, devuélvase y publíquese en los anales.

Magistrados: Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo B.—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Ricardo Hoyos Duque.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

(1) El término “Responsabilidad privilegiada” apunta a significar el tratamiento de favor que el ordenamiento jurídico dispensa en materia de responsabilidad personal del juez, limitando ésta a los casos de culpa grave o dolo, delitos penales, etc. Cfr. Cappelletti, Mauro, en Responsabilidad de los Jueces, La Plata, Argentina, Edit. JUS. 1988.

(2) Cfr. Relación General efectuada por CAPPELETTI, Mauro, en el Congreso Internacional de la Academia Internacional de Derecho Comparado, publicada bajo el título “La responsabilidad de los jueces”, JUS, Fundación para la Investigación de las Ciencias Jurídicas, La Plata, Argentina 1988, págs. 39 y ss.

(3) A propósito de los limites materiales de la responsabilidad personal del funcionario, en rededor de los cuales se pronunció el tribunal Supremo Español, Cfr. MONTERO AROCA, Juan, en Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la Actuación del Poder Judicial, Tecnos 1988, págs. 45 y ss.

(4) Cfr. ZAGREBELSKI, Gustavo, en “El Derecho Dúctil”. Edit. Trotta, 1997, págs. 110 y ss.

(5) Cfr. LARENZ, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, Traducción y Revisión de RODRÍGUEZ MOLINERO, Marcelino, Ed. Ariel S.A., págs. 242 y ss.

(6) La norma citada de la Constitución Española (CE) es del siguiente temperamento: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

(7) Cfr. RUBIO LLORENTE, Francisco; en “Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, Edit. Ariel, S.A. Barcelona, 1995, págs. 280 y ss.