Sentencia 144 de marzo 23 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejera Ponente:

Dra. Ana Margarita Olaya Forero

Ref.: Expediente 144/98

Actor: defensor del pueblo

Santafé de Bogotá, D.C., a veintitrés (23) de marzo de dos mil (2000).

Antecedentes

EXTRACTOS: «1. El Dr. José Fernando Castro Caycedo, en su condición de defensor del pueblo, en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, solicita a esta corporación se declare la nulidad parcial del artículo 12 del Decreto 1444 del 3 de septiembre de 1992, por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes de las universidades públicas del orden nacional.

2. El texto de la disposición acusada reza lo siguiente (se subraya la parte demandada):

CAPÍTULO II

De la remuneración de los docentes de cátedra

ART. 12.—Las remuneraciones de los docentes de hora-cátedra vinculados mediante contrato de prestación de servicios a las universidades públicas del orden nacional, se liquidarán según su categoría en el escalafón, y de acuerdo con las horas efectivamente dictadas.

Según el nivel equivalente en el escalafón, los valores de la hora-cátedra en puntos, serán los siguientes:

a) Para el equivalente a instructor o profesor auxiliar, instructor asistente, uno y un cuarto (1.25) puntos;

b) Para el equivalente a profesor asistente, dos (2) puntos;

c) Para el equivalente a profesor asociado, dos y un cuarto (2.25) puntos;

d) Para el equivalente a profesor titular, dos y medio (2.5) puntos, y

e) Para el equivalente a instructor asociado, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, uno y medio (1.5) puntos”.

Consideraciones

Para examinar los apartes de la norma acusada, la Sala seguirá el siguiente derrotero, teniendo en cuenta los argumentos formulados por el señor defensor del pueblo en su demanda.

I. Alcances de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 73 de la Ley 30 de 1992 frente a la norma acusada.

Uno de los motivos esgrimidos por el señor defensor del pueblo para impugnar las frases de la norma acusada, es la declaratoria de inexequibilidad del artículo 73 de la Ley 30 de 1992 ordenada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-006 del 18 de enero de 1996, en la cual se definió que los docentes hora-cátedra no son contratistas sino servidores públicos, en virtud de la relación laboral que se da entre éstos y la universidad; que por ello, al consagrar el artículo 12 del Decreto 1444 de 1992 la expresión “vinculados mediante contrato de prestación de servicio”, que igualmente contemplaba el citado artículo 73 que fue declarado inexequible, la norma reglamentaria se torna en inconstitucional, por tener el mismo vicio del precepto legal, argumento que resulta acertado.

En efecto, por la declaratoria de inexequibilidad del artículo 73 de la citada Ley 30 de 1992, desapareció del universo jurídico la contratación de docentes hora-cátedra mediante la modalidad de “contrato de prestación de servicios”, pues la sentencia de la Corte Constitucional fue muy clara en expresar que estos docentes tienen una relación laboral subordinada; por tal virtud, en los términos de la Corte Constitucional “son servidores públicos que están vinculados a un servicio público y en consecuencia los respectivos actos administrativos determinarán las modalidades y efectos de su relación jurídica de acuerdo con la ley”. Teniendo entonces estos docentes una relación laboral subordinada y no el carácter de contratistas, forzoso es concluir que la frase que contempla la norma reglamentaria acusada “vinculados mediante contrato de prestación de servicios”, se encuentra afectada de inconstitucionalidad, por seguir la suerte de la disposición legal a la cual se encuentra ligada, lo que impone su declaratoria de nulidad, por la misma inconstitucionalidad al tenor del artículo 84 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo.

II. Violación del derecho a la igualdad y al trabajo y violación del artículo 53 de la Constitución Política.

Alega el señor defensor del pueblo que el hecho de que la norma acusada hubiera señalado la remuneración de los docentes hora-cátedra “de acuerdo con las horas efectivamente dictadas”, viola el artículo 13 de la Constitución Política, porque introduce un sistema de retribución que no concuerda con las asignaciones salariales que disfrutan los profesores de planta, y no tiene en cuenta el reconocimiento del trabajo integral de la labor docente y en tal medida desconoce el artículo 53 de la Carta Política ya que el salario no es proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, planteamiento que es acertado. Varias son las razones que llevan a la Sala a esta conclusión.

Es cierto que la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 1996, citada en párrafos antecedentes, avaló el tratamiento distinto que le dio el legislador en la Ley 30 de 1992 a las diferentes categorías de docentes que allí se contemplan. Basta la transcripción de los siguientes párrafos, para probar este aserto:

“Se trata de tres modalidades que permiten la vinculación de docentes universitarios, que desde diferentes perspectivas suplirán las distintas necesidades propias de una institución de educación superior; así, los primeros, los profesores empleados públicos, los cuales ingresan por concurso de méritos, constituyen uno de los estamentos esenciales de la comunidad académica, que conforma e identifica la institución, hacen parte activa de ella y se desarrollan profesionalmente a su servicio; los catedráticos que se vinculan como contratistas, atienden funciones o tareas docentes de carácter especializado o coyuntural, que no exigen su dedicación de medio tiempo o de tiempo completo; y los profesores ocasionales, que transitoriamente se vinculan a la institución, ellos si con dedicación de medio tiempo o tiempo completo, para realizar actividades inherentes a la naturaleza de la institución: docencia y/o investigación.

(...).

No se encuentra entonces ningún tipo de contradicción entre definición de las mencionadas categorías y las disposiciones del ordenamiento superior, ni ausencia de justificación de las mismas, pues ellas responden a las singulares características y necesidades de las universidades, y son adoptadas, según el caso, por decisión de la misma comunidad académica, la cual a través de sus órganos de dirección, órganos plurales de representación en los que participan todos sus estamentos (consejos superiores, consejos académicos, consejos de facultad, entre otros), definen para cada proyecto o programa la utilización de uno u otro mecanismo de vinculación...”.

Más adelante expresó la citada sentencia:

“Vale reiterar, que no se trata de identificar en una sola las dos categorías de profesores a que se refieren los artículos 72 y 74 de la Ley 30 de 1992; los profesores empleados públicos que no son de libre nombramiento y remoción, los cuales ingresan por concurso, y los profesores ocasionales, son dos categorías distintas, que se originan en necesidades institucionales diferentes, y que se diferencian en cuanto al modo de vinculación y la transitoriedad de la segunda; sin embargo, en ambas se genera una relación de trabajo que como tal debe sustentarse en el reconocimiento y respeto de los derechos y deberes que para las partes señala la ley...”.

No obstante, el hecho de que existan modalidades diferentes para la vinculación de docentes universitarios no implica que no pueda hacerse el juicio de igualdad que pretende el señor Defensor del Pueblo, en cuanto al señalamiento de la remuneración.

Respecto del derecho de la igualdad, ya la Corte Constitucional ha desarrollado numerosa jurisprudencia, precisando sus matices y contenido, por lo que basta en este proveído recordar que la igualdad de trato queda violada cuando la distinción carece de justificación objetiva y razonable.

En el caso sub lite, encuentra la Sala que el hecho de que la remuneración para los docentes hora-cátedra se liquide “de acuerdo con las horas efectivamente dictadas”, sin tener en cuenta las demás labores académicas que tienen a su cargo, es discriminatorio frente a los profesores de planta, pues éstos, al igual que aquellos, además de las horas dictadas tiene que cumplir otras labores de docencia y sin embargo para ellos no existe tal restricción, como se observa de lo artículos que hacen parte del capítulo I del Decreto 1444 de 1992.

Las circunstancias pues que le son comunes a los docentes de planta y de cátedra en cuanto al trabajo que desarrollan (dictar clase y atender a las demás labores propias de la docencia) imponen un tratamiento igual, lo que lleva necesariamente a concluir que no existe razón suficiente y objetiva que justifique ese trato desigual; pero además, como lo señala el Defensor del Pueblo, este tratamiento desigual infringe el principio de “proporcionalidad a la cantidad y calidad de trabajo” señalado en el artículo 53 de la Carta Política.

Es de advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la citada Sentencia C-006 de 1996 fue reiterada en el fallo C-517 del 22 de julio de 1999, en el cual se examinó el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, norma que se refiere a la vinculación de profesores por hora cátedra en las instituciones privadas de educación superior, declarando exequible tal disposición, excepto en las expresiones “bien sea”, “o mediante contratos de servicios” y “en cuanto a honorarios se refiere” que se declararon inexequibles. En dicha Sentencia C-517 de 1999 la Corte Constitucional analizó la remuneración de los docentes privados hora cátedra frente al principio de igualdad con los demás docentes. Los argumentos expuestos en la citada providencia de la Corte, son perfectamente aplicables en el examen de esta censura.

Dijo la Corte Constitucional:

“...tal como lo ha venido expresando esta corporación en abundante jurisprudencia, el principio de igualdad reconocido por el artículo 53 superior “implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono: a trabajo igual, salario igual”.

Los anteriores planteamientos son suficientes para acceder a las pretensiones de la demanda, decretando la nulidad de las frases demandadas, pues dichas expresiones contrarían los artículos 13, 25 y 53 de la Carta Política.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE LA NULIDAD de las frases “vinculados mediante contrato de prestación de servicios” y “y de acuerdo con las horas efectivamente dictadas” contenidas en el inciso 1º del artículo 12 del Decreto Reglamentario 1444 del 3 de septiembre de 1992.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.»

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