Sentencia 14441 de junio 23 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 05001-23-31-000-2000-01228-01 (14441)

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Bogotá D.C., veintitrés de junio de dos mil cinco.

Actor: Dissantamaría S.A.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la actora, la Sala debe determinar la legalidad de la actuación administrativa que inadmitió la solicitud de devolución del saldo a favor, al considerarse como no presentada la declaración de renta y complementarios de 1998.

Lo primero que advierte la Sala es que el acto demandado si bien es preparatorio o de trámite que impulsa el proceso de devolución o compensación, también lo es que en el caso a través de él la administración adelantó simultáneamente y por tanto de manera irregular el proceso que declara que el denuncio tributario que genera el saldo crédito, se tiene por no presentado porque en él se informó una dirección incorrecta.

Expone el apelante que es ilegal el auto inadmisorio de la devolución, al considerar como no presentada la declaración de renta y complementarios, del año gravable de 1998, sin que haya mediado un acto administrativo previo que así lo declare, antes de que opere la firmeza del denuncio fiscal, por lo que se desconoció el derecho de defensa y el debido proceso.

El artículo 857 del estatuto tributario contempla las razones que motivan el rechazo e inadmisión de las solicitudes de devolución o compensación. Entre las que dan lugar a inadmitir una devolución se encuentra la preceptuada en el numeral 1º que dice: “Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no presentada por las causales de que tratan los artículos 580 y 650-1”.

A su vez, el artículo 650-1 del ordenamiento fiscal contempla la consecuencia que acarrea informar de manera errada la dirección en la declaración tributaria, para lo cual remite al artículo 580 ibídem, que la tiene como no presentada.

Por tanto, existe para el contribuyente la obligación formal de informar la dirección en la declaración tributaria (1) , pero además debe diligenciarse en forma correcta, para lo cual el legislador encomendó al Gobierno Nacional determinar la dirección de acuerdo al tipo de contribuyente (persona jurídica, natural, comerciante, etc.), para así delimitar el lugar o ámbito territorial en el cual debía presentarse la declaración, de acuerdo con la jurisdicción de las administraciones de impuestos nacionales, tal como se plasmó en el Decreto 2652 de 1998.

El alcance de la facultad reglamentaria del ejecutivo en los decretos que fijan lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias, fue ampliamente estudiado por la corporación al decidir la acción pública de nulidad contra el literal a) del artículo 2º del Decreto 2588 de 1999, en la Sentencia 12714 del 15 de marzo de 2002, consejera ponente doctora Ligia López Díaz, para concluir que la dirección que deben consignar las personas jurídicas en el denuncio tributario, es la que corresponda al domicilio social principal de acuerdo con la última escritura vigente y/o documento registrado, salvo que la DIAN a través de acto administrativo le haya fijado un domicilio fiscal (2) .

En el asunto bajo examen, la administración encontró que en la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1998, la actora registró una dirección que no corresponde a lo ordenado en la citada disposición pues su domicilio social principal de acuerdo con el certificado de existencia y representación del 23 de septiembre de 1999 (cdno. de antecedentes administrativos, fls. 105 a 107) era la ciudad de Medellín y no el municipio de Itagüí y por ello inadmitió la solicitud de devolución, al considerarla como no presentada, con fundamento en la causal primera de inadmisión preceptuada en el artículo 857 del estatuto tributario.

Al respecto la Sala observa que la causal invocada por el ente fiscal para inadmitir la devolución se encuentra amparada en una norma de rango legal, la cual no es de aplicación ipso jure, toda vez que ha sido amplia la posición jurisprudencial expuesta tanto por esta corporación como por la Corte Constitucional (3) , en el sentido de que para tener como no presentada una declaración tributaria que adolezca de cualquiera de los defectos preceptuados en el artículo 580 del estatuto tributario, debe proferirse un acto administrativo que así lo declare, para garantizar el derecho de defensa del contribuyente.

De tal forma, que no basta que la declaración tributaria este incursa en la causal contemplada el artículo 650-1 del estatuto tributario en concordancia con el artículo 580 ibídem, al haber registrado una dirección incorrecta, sino que es necesario proferir un acto administrativo que da lugar a un proceso tendiente a dejarla sin efectos jurídicos al “tenerla como no presentada”, dentro del cual el contribuyente exponga sus puntos de vista y en general la defensa del denuncio fiscal, aspecto que no compete a las etapas del proceso de devolución o compensación.

En efecto, la dirección constituye un requisito sustancial del denuncio fiscal, toda vez que involucra no solo la debida ubicación del contribuyente para un eventual proceso de determinación oficial del tributo, sino que garantiza el conocimiento de los actos administrativos que se expidan para el ejercicio de su derecho de defensa.

Es por ello que a pesar de que la norma fiscal permite inadmitir una solicitud de devolución o compensación porque la declaración tributaria esté incursa en una causal para tenerla como no presentada, solo procede en la medida en que previamente exista una decisión administrativa en tal sentido, pues reitera la Sala que no es en el proceso de devolución o compensación en donde debe discutirse la validez de la declaración, sino únicamente la existencia del saldo crédito que reclama el contribuyente.

Unido a lo expuesto, no puede perderse de vista que la Sala ha dicho que las declaraciones tributarias incursas en las causales tipificadas en el artículo 580 del estatuto tributario, “tienen la potencialidad de convertirse en título ejecutivo y comportan un principio de cumplimiento de la obligación tributaria” (4) , por lo que quedan en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha de vencimiento para declarar o a su presentación (cuando son extemporáneas), no se ha proferido acto administrativo que las tenga como no presentadas.

En el caso en análisis, la Sala observa que en el informativo no obra acto administrativo previo al auto de inadmisión, ni la entidad demandada lo adujo en las distintas etapas procesales, en el cual se tuviera como no presentada la declaración de renta y complementarios de 1998, razón por la cual su calificación en dicho auto, se torna en ilegal, ya que vulneró el debido proceso e impidió el ejercicio del derecho de defensa de la actora.

Ahora bien, la Sala advierte que el hecho de que el artículo 857 del estatuto tributario, otorgue el término de un mes para que el contribuyente subsane la causal de inadmisión de la devolución invocada por la administración, no implica que un aspecto sustancial como es dejar sin efectos una declaración tributaria al tenerla como no presentada, pueda ser declarado en un auto inadmisorio de una solicitud de devolución o compensación, pues su naturaleza preparatoria o de trámite dentro del proceso, impiden este tipo de pronunciamientos de fondo, ya que solo es un instrumento que indica los defectos de índole formal de la petición para que sean subsanados.

Así las cosas, no es un requisito formal de la solicitud de devolución o compensación, el que en la declaración tributaria que genera el saldo a favor se consigne una dirección errada y por ende se tenga como no presentada, sino que es un aspecto de fondo que incide en su validez, lo cual puede dar lugar a un procedimiento de aforo, que no puede surtirse mediante el auto inadmisorio del proceso de devolución y/o compensación.

De acuerdo con lo expuesto, al haberse considerado como no presentada la declaración de renta y complementarios de 1998 a través del auto inadmisorio de la solicitud de devolución, sin un acto administrativo previo en tal sentido, se aplicó de pleno derecho lo normado en los artículos 580 y 650-1 del estatuto tributario, con ostensible vulneración del derecho de defensa del contribuyente y desbordando la finalidad propia de dicho auto, que se ciñe al postulado legal contenido en el artículo 857 del estatuto tributario de indicar los defectos de las solicitudes de devolución o compensación para que sean subsanadas, sin emitir pronunciamientos de fondo propios de otro proceso.

En consecuencia, la Sala procederá a revocar la decisión del fallador de primera instancia y a anular los actos administrativos cuestionados y como restablecimiento del derecho se ordenará la devolución del saldo a favor liquidado en la declaración de renta y complementarios de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia objeto de apelación, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente proveído.

2. DECLÁRASE la nulidad del Auto Inadmisorio 705 de noviembre 10 de 1999 y de la Resolución 01 de enero 27 de 2000.

3. Como restablecimiento del derecho, ORDÉNASE la devolución del saldo a favor liquidado en la declaración de renta y complementarios de 1998 por la suma de $ 110.744.000 más los intereses respectivos de conformidad con el artículo 863 del estatuto tributario.

4. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Nidia Amparo Pabón Pérez, conforme al poder que le fue debidamente otorgado y que obra al folio 347 de los antecedentes administrativos.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente de la Sección—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

(1) Artículo 612 del estatuto tributario.

(2) Artículo 579-1 ibídem.

(3) Sentencia C-844 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz; Sentencia 11656 del 2 de marzo de 2001, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié; Sentencia 11655 del 1º de junio de 2001, C.P. Dr. Germán Ayala Mantilla, entre otras.

(4) Sentencia 11653 del 4 de mayo del 2001, C.P. Dra. Ligia López Díaz.

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