Sentencia 14444 de octubre 19 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2000-01496-01-14444

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Mineros de Antioquia S.A.

C/. Ministerio de Minas y Energía

Impuesto al oro - devolución

Fallo

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil seis.

Antecedentes.

Mineros de Antioquia S.A. presentó el 9 de abril de 1999 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitud de devolución del impuesto al oro cancelado en el período comprendido entre el 11 de agosto de 1994 y el 16 de marzo de 1998, por $ 3.103.974.257. Solicitud que fue remitida a la Dirección del Tesoro Nacional por considerar que era la entidad competente para decidir al respecto.

En cumplimiento del fallo de tutela de 25 de febrero de 2000, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que la entidad competente para conocer de la mencionada solicitud de devolución era el Ministerio de Minas y Energía y en consecuencia, el 1º de marzo de 2000 se remitió el respectivo expediente a dicho ministerio, para que decidiera al respecto.

Mediante Resolución 315 de 28 de abril de 2000 el Ministerio de Minas y Energía negó la solicitud de devolución formulada el 9 de abril de 1999, por considerar que la actora estaba obligada a cumplir con el pago del impuesto al oro en su calidad de titular de la propiedad privada de los yacimientos.

El recurso de reposición contra la citada resolución se resolvió con la Resolución 330 de 19 de julio de 2000 y se confirmó el acto recurrido.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala.

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales el Ministerio de Minas y Energía negó a la actora la solicitud de devolución del valor cancelado por concepto de impuesto al oro ($ 3.103.974.257), generado en la explotación de minas de carácter privado, por considerar que bajo el régimen legal existente, estaba obligada al pago de dicho tributo.

De acuerdo con los términos del recurso de apelación, las razones de inconformidad planteadas por la actora están limitadas a controvertir la posición del a quo, en cuanto afirma, que el impuesto al oro causado por la explotación de yacimientos de propiedad privada siempre estuvo vigente, porque en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9º de la Ley 366 de 1997, recobró vigencia el artículo 122 de la Ley 6ª de 1992.

Para la actora, contrario a lo estimado por el a quo, para la fecha de expedición de la Ley 366 de 1997, no existía norma que consagrara el impuesto al oro, dado que la Ley 141 de 1994, artículo 69, derogó expresamente el artículo 231 del Código de Minas, por el cual se creó dicho impuesto, y por tanto, en la fecha de la declaratoria de inexequibilidad aludida, no existía norma que pudiera recobrar su vigencia.

Al respecto la Sala observa:

El Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas) estableció en su artículo 231 el impuesto a la explotación de oro y platino, sin hacer distinción si esta se realizaba en minas de propiedad pública o privada, así:

“Impuesto al oro y al platino. El impuesto al oro físico será del tres por ciento (3%) del valor total que por onza troy fina pague el Banco de la República. El del platino será del cuatro por ciento (4%) del precio total que para el efecto reconozca el mismo banco”

La Ley 6ª de 1992, dispuso en su artículo 122 el incremento de las tarifas del impuesto al oro físico y al platino, en los siguientes términos:

“Los impuestos al oro físico y al platino serán del cuatro y cinco por ciento (4% y 5%), respectivamente, del valor total de los metales que se pague a los productores o a los comerciantes, liquidados con base en el precio internacional que certifique en moneda legal el Banco de la República”.

Con la expedición de la Ley 141 de 1994, en la cual se establecieron las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, de propiedad de la Nación, se derogó de manera expresa el artículo 231 del Código de Minas, por el cual se había creado el impuesto al oro y al platino, así:

“ART. 69.—Derogatorias. Esta ley deroga las deposiciones(sic) que le sean contrarias y en especial las siguientes:... y artículos 89, 98, 129, incisos 3º, 4º, 5º del 213, 216 y 217 y 219 a 233 del Código de Minas”.

Se concluye que a partir de la derogatoria expresa del artículo 231 se abolió el impuesto al oro y al platino, proveniente de la explotación de minas tanto de propiedad nacional como de propiedad privada, creado por el Código de Minas, modificado por el artículo 122 de la Ley 6ª de 1992.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 6º de la Ley 6ª de 1992 se limitó a incrementar las tarifas del impuesto, sin modificar la fuente legal de su existencia, la cual no hizo distinción entre yacimientos de propiedad de la Nación y privados. Ahora bien la Ley 141 de 1994 sustituyó los impuestos existentes sobre la explotación del oro y el platino, por el régimen de regalías, en los siguientes términos:

“ART.16.—Regalías derivadas de la explotación de hidrocarburos, carbón níquel, hierro, cobre, oro, plata, platino, sal, minerales, radiactivos y minerales metálicos y no metálicos. Establécense regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional sobre el valor de la producción en boca o a borde de mina o pozo, según corresponda...

ART. 26.—Impuestos específicos y contraprestaciones económicas. Los impuestos específicos previstos en la legislación minera, para las explotaciones de oro, platino y carbón no continuarán gravando las explotaciones de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, las cuales estarán sujetas únicamente a las regalías establecidas en la presente ley y a las compensaciones que se pacten las empresas industriales y comerciales del Estado o las sometidas a este régimen”.

Como se observa, las regalías solo se establecieron para la explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad de la Nación, por lo cual fue necesario que el legislador, en aras de restablecer la equidad, expidiera una nueva ley con el fin de crear el impuesto a la explotación sobre minas de propiedad privada. Fue así como quedó consagrado el impuesto al oro en la explotación de minas de carácter privado en el artículo 9º de la Ley 366 de 1997, por la cual se regularon las rentas originadas en la explotación de metales preciosos:

“ART. 9º—Establécense los impuestos por la explotación de los siguientes recursos naturales no renovables que no constituyen propiedad nacional y sobre los que no se aplican las regalías previstas en la Ley 141 del 28 de junio de 1994, los cuales se liquidarán sobre el precio internacional que certifique en moneda legal el Banco de la República.

Oro y plata 4%

Platino 5%

Oro de aluvión 6%

Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, continuarán rigiéndose por lo previsto en la Ley 141 del 28 de junio de 1994”.

En las ponencias para los debates del proyecto que se convertiría en la Ley 366 de 1997, se expresó:

“...Tal proyecto era viable, mientras existieran desde luego impuestos por liquidar, recaudar y trasladar, sin embargo, tales impuestos desaparecieron del ordenamiento jurídico a partir del 28 de junio de 1994, fecha en la cual entró a regir la Ley 141 sobre regalías.

(...).

Sin embargo, la norma legal que consagraba el impuesto a la producción del oro, esto es, el artículo 231 del Código de Minas modificado por el artículo 122 de la Ley 6ª de 1992, fue expresamente derogado por el artículo 69 de la Ley 141 de 1994, de lo cual se concluye que no existe impuesto a la producción del oro y del platino para ningún caso” (1) .

Tampoco existe impuesto a la producción del oro y del platino que se extrae del subsuelo que no es el de producción nacional por cuanto la norma que genéricamente consagra a los impuestos a la producción del oro sin distinguir su procedencia, fue derogada expresamente por el artículo 69 de la Ley 141, solo que en este último, caso, la extracción de tales metales no reporta regalías por cuanto precisamente la explotación no se hace en el subsuelo de propiedad nacional, tema que entonces debe corregirse, tal y como se propone en el pliego de modificaciones que acompaña a esta ponencia para segundo debate” (2) .

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-065 de 5 de marzo de 1998 declaró inexequible el artículo 9º de la Ley 366 de 1997, por vicios en el trámite legislativo, sin señalar los efectos del fallo. En consecuencia, se entiende que tal declaratoria solo produce efectos hacia al futuro, pues en los términos del artículo 45 Ley 270 de 1996, es regla general que las sentencias de inexequibilidad solo producen efectos hacia el futuro, a menos que la propia corte resuelva darle efectos retroactivos.

Conforme a lo expuesto, no es correcto afirmar, como lo hace la demandada y lo reitera el a quo, que con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9º de la Ley 366 de 1997, recobró vigencia el artículo 122 de la Ley 6ª de 1992, porque para la fecha de expedición de la norma declarada inexequible (mar. 12/1997) el mencionado artículo 122 no hacía parte del sistema jurídico vigente, por haber sido derogado desde el año 1994, con la expedición de la Ley 141.

Es así como al respecto se ha pronunciado de la Corte Constitucional, “... la declaratoria de inexequibilidad de una norma implica la reincorporación al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella derogadas, siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental... y ante ello se debe determinar el peso específico que les asiste a los principios de justicia y seguridad jurídica y establecer si el fallo tiene efectos únicamente hacia el futuro o si también cobija situaciones consolidadas en el pasado, evento en el cual restablecen su vigencia aquellas disposiciones que habían sido derogadas por la norma declarada inconstitucional” (3) .

Se advierte que la decisión plasmada en los actos acusados se fundamenta en que la declaratoria de inexequibilidad produjo la reincorporación automática de una norma derogada, en el entendido que el artículo 122 de la Ley 6ª de 1992 fue derogado por la Ley 366 de 1997, lo cual no corresponde a la realidad, pues como quedó expuesto, para la fecha de expedición la Ley 366, el mencionado artículo 122 ya había perdido su vigencia.

Ahora bien, ante la declaratoria de inexequibilidad de la norma que establecía el impuesto sobre la explotación del oro y platino, en minas de propiedad privada (L.366/97, art. 9º), surgió la necesidad de expedir una nueva ley que sustituyera la anterior y fue así como en el artículo 152 de la Ley 488 de 28 de diciembre de 1998, se consagró:

“La explotación de los recursos naturales no renovables o saber, oro, plata y platino de propiedad de la Nación generarán una regalía y en las minas de reconocimiento de propiedad privada un impuesto...”.

Se concluye de lo expuesto que durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9º de la Ley 366 de 1997 (mar. 5/98) y la de expedición de la Ley 488 (dic. 28/98), la explotación del oro y el platino en minas de propiedad privada no estuvo gravada, por no existir en ese período disposición legal que consagrara dicho impuesto.

También se concluye de lo anterior, que en virtud de la derogatoria expresa del artículo 231 del Código de Minas, por la Ley 141 de 28 de junio de 1994, en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de dicha ley (jun. 28/94) y la fecha de publicación de la Ley 366, (mar. 20/97 —D.O. 43004—), no existía norma legal que permitiera exigir el pago del impuesto al oro originado en la explotación de minas de propiedad privada.

Bajo las consideraciones expuestas, asiste razón a la actora cuando advierte que es inexistente la continuidad de la normatividad que sirve de fundamento a la decisión de negar la devolución del valor pagado por concepto del impuesto al oro causado en la explotación de minas de propiedad privada, pues está claro que entre los años 1994 a 1998 se produjeron decisiones legislativas y judiciales que afectaron la exigibilidad continua del tributo.

En cuanto al restablecimiento del derecho pretendido por la actora, la Sala observa:

Conforme a lo expuesto, el impuesto al oro en minas de propiedad privada, sería exigible en el período comprendido entre el 20 de marzo de 1997 (fecha de publicación de la L. 366/97) y el 5 de marzo de 1998 (fecha de la sentencia de inexequibilidad C-065); y por el período transcurrido hasta antes del 28 de junio de 1994, fecha de expedición de la Ley 141 de 1994.

Obra en el expediente administrativo la relación discriminada del impuesto al oro cancelado por la actora, suscrita por revisor fiscal (fls. 12 a 15 c.a.), en la cual se certifica que los valores allí relacionados fueron tomados de los libros de contabilidad, y con ella se acompañan los respectivos recibos de consignación y soportes que acreditan el pago del impuesto (fls 19 a 192 c.a.).

De la verificación a la mencionada relación se observa que los pagos allí relacionados se efectuaron entre el 11 de agosto de 1994 y el 16 de marzo de 1998, para un total pagado de $ 3.103.974.257, suma de la cual deben excluirse los valores que corresponden al período comprendido entre el 20 de marzo de 1997 y el 5 de marzo de 1998, sobre los cuales no procede la devolución pretendida por la actora, por existir en ese período norma legal que obligaba al pago el tributo (L. 366/97, art. 9º).

Conforme a lo anterior el valor a devolver resulta de la siguiente liquidación:

Total pagado$ 3.103.974.257
Menos pagos efectuados entre el 31 de marzo de 1997 y el 25 de febrero de 19981.190.205.603
Total a devolver$ 1.913.768.654

Conforme a lo expuesto procede la revocatoria de la sentencia apelada para en su lugar declarar la nulidad parcial de los actos acusados y como consecuencia de ello ordenar la devolución de la suma indebidamente pagada, que asciende a $ 1.913.768.654, más lo intereses comerciales y moratorios causados de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Se advierte a la actora que el término previsto en el artículo 855 del estatuto tributario, para que la Administración de Impuestos Nacionales decida sobre las solicitudes de devoluciones a su cargo, no es aplicable al caso, por no ser la devolución discutida de competencia de dicha entidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 315 de 28 de abril de 2000 y 330 de 19 de julio de 200 en virtud de las cuales el Ministerio de Minas y Energía negó la devolución de la suma de $ 3.103.974.257, solicitada por Mineros de Antioquia S.A., por concepto del impuesto del oro pagado en el período comprendido entre el 11 de agosto de 1994 y el 16 de marzo de 1998.

Como consecuencia de la nulidad parcial declarada y a título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE al Ministerio de Minas y Energía devolver a la demandante la suma de mil novecientos trece millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($ 1.913.768.654) m/cte., más los intereses causados de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.

NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 129 —Senado— Ponente Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar. Gaceta del Congreso Nº 95 de 19 de mayo de 1995.

(2) Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 129 —Senado— Ponente Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar. Gaceta del Congreso Nº 322 de 6 de octubre de 1995.

(3) Sentencia C-113 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

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