Sentencia 14456 de enero 26 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001-23-31-000-1992-01748-01-14456

Consejera Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Frigorífico del Sinú Frigosinú S.A. C/. Banco de la República - certificados de reembolso tributario, CERT.

Fallo

Bogotá, D.C., enero veintiséis de dos mil seis.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 14 de agosto de 2003 del Tribunal Administrativo de Antioquia estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada contra los actos administrativos que decidieron en forma negativa sobre las solicitudes de reconocimiento de certificados de reembolso tributario —CERT— por las exportaciones realizadas entre los años 1990 y 1992.

Antecedentes

Frigorífico del Sinú, Frigosinú S.A., presentó ante el Banco de la República, con sede en la ciudad de Medellín, por intermedio del Banco Ganadero, sendas solicitudes para el reconocimiento de los certificados de reembolso tributario, CERT, por las exportaciones realizadas en los años 1990, 1991 y 1992.

Las solicitudes radicadas por la actora fueron rechazadas por el Banco de la República por medio de los siguientes oficios: SG-OB-518 de 9 de junio de 1992, SG-OB-1998 de 27 de julio de 1992, SG-OB-2113 de 3 de agosto de 1992, SG-OB-2679 de 18 de septiembre de 1992, SG-OB-2499 de 7 de septiembre de 1992 y SG-OB-2551 de 11 de septiembre de 1992.

Mediante los oficios SG-OB-02 de 4 de enero de 1993, 3498 de 22 de diciembre de 1992, 10 del 6 de enero de 1993, y 3493 y 3492 del 22 de diciembre de 1992, se decidieron desfavorablemente los recursos de reposición interpuestos contra los oficios SG-OB-1998, 2113, 2679, 2499 y 2551 de 1992.

La apelación subsidiaria interpuesta contra los mencionados oficios se decidió con el oficio G-809 de 23 de abril de 1993 y se confirmaron los actos recurridos.

Demanda

En la demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el número 921748, la actora solicitó la nulidad del oficio SG-OB-1518 de 9 de junio de 1992, y del acto presunto negativo por la no decisión del recurso de reposición interpuesto el 23 de junio de 1992.

En la demanda radicada con el Nº 931163 solicitó la nulidad de los oficios SG-1998, 2113, 2499, 2551 y 2679 de 27 de julio, 3 de agosto, 7, 11 y 18 de septiembre de 1992, respectivamente; de los oficios SG-OB-3492 y 3493 de 22 de diciembre de 1992; SG-OB-3498 de 22 de diciembre de 1992; 2 de 4 de enero de 1993; y 10 de 6 de enero de 1993, mediante los cuales se decidieron los recursos de reposición; y del oficio G-809 de 23 de abril de 1993, que decidió los recursos de apelación.

En la demandada radicada bajo el Nº 931564 solicitó la nulidad de los oficios SG-OB-3521 de 28 de diciembre de 1992, y G-1042 de 27 de mayo de 1993, por los cuales se decidieron los recursos de reposición y apelación contra el oficio SG-OB-1518 de 9 de junio de 1992.

Fundamento de las pretensiones:

La negativa del Banco de la República para acceder a las solicitudes de reconocimiento y pago de los CERT, se fundamentó, en síntesis, en las siguientes consideraciones: no haber aportado los conocimientos de embarque correspondientes a las declaraciones de exportación 211 de 22 de marzo de 1991 y 245 de 9 de abril del mismo año, ni las facturas comerciales 0076-SI y 0078-SI; no adjuntar facturas de los proveedores; porque el valor FOB de las facturas era superior al registro de las correspondientes declaraciones de exportación; porque dentro del objeto social de la actora no se incluye la facultad de exportar; porque no aportó las declaraciones del IVA; no pagó el IVA generado en las operaciones; no envió certificado del revisor fiscal relacionado con el registro de la cuenta “IVA por pagar”.

Frigosinú no es responsable del IVA, dado que su producción, la que fue objeto de las exportaciones que generaron los CERT, no causa IVA, por tratarse de animales de la especie bovina catalogada en el ítem 02.02 del arancel de aduanas.

Las solicitudes para el reconocimiento de los CERT se presentaron oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente administrativo.

La entidad demandada aplicó indebidamente el parágrafo 2º de la Ley 48 de 1983 y el Decreto 636 de 1984, cuando afirma que “no se acreditó la legalidad de las exportaciones”, lo cual no tiene nada que ver con la declaración y pago del IVA ni la inscripción en el registro nacional de vendedores.

Los oficios SG-OB 3521 de 28 de diciembre de 1992 y G-1042 de 27 de mayo de 1993, por los cuales se decidieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el oficio SG-OB-1518 de 9 de junio de 1992, fueron expedidos sin competencia para ello, dado que la demanda instaurada contra este último, radicada con el Nº 931163, fue admitida el 18 de enero de 1993.

Oposición

La entidad demandada al contestar la demanda radicada bajo el Nº 921748, propuso la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, que fundamentó en que a la fecha solo se había resuelto y notificado el recurso de reposición interpuesto contra el oficio SG-OB-1518 de 9 de junio de 1992, encontrándose pendiente de resolver el recurso de apelación.

Como fundamentos de oposición a las pretensiones de la actora expuso: Independientemente de que la venta al exterior no cause IVA, supuesto en el cual el exportador está liberado del pago del impuesto, ello no significa que no debe cumplir con la obligación de declarar, dado que el CERT es un instrumento de devolución de impuestos indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador, de acuerdo con lo establecido por la Ley 48 de 1983, razón por la cual no se debe reconocer dicho incentivo a quien no cumple con la obligación de la declaración del IVA.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia por auto de 6 de julio de 1995 dispuso la acumulación de los procesos.

Mediante sentencia de 14 de agosto de 2004 declaró la nulidad de los actos acusados, y ordenó reconocer los CERT solicitados por la actora, además hizo las siguientes declaraciones:

— Declárase no probada la excepción formulada por la demandada;

— Inaplíquese la Resolución 6 de 1995, de la Junta Directiva del Banco de la República, en cuanto en su artículo 10 literal e) numeral 8º exige documentos no contemplados en los decretos reglamentarios para otorgar los CERT.

Sobre la excepción propuesta en el proceso radicado con el Nº 921748 expuso:

El Banco de la República por oficio SG-OB-1518 de 9 de junio de 1992, negó el reconocimiento de los CERT, por inconsistencia en la documentación presentada. Decisión contra la cual la actora interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, el 23 de junio de 1992.

La actora presentó la demanda el 6 de diciembre de 1992, la cual fue notificada al Banco de la República el 8 de febrero de 1993, entidad que solo vino a notificar el acto que resolvía el recurso de apelación, el 7 de junio de 1993.

Conforme lo previsto en los artículos 60 y 135 del Código Contencioso Administrativo, se concluye que la sociedad podía instaurar acción contra el oficio SG-OB 1518 de 1992 y los actos presuntos del silencio negativo, por no haberse resuelto y notificado los recursos dentro de los dos meses siguientes a su interposición.

Acerca del fondo de la controversia (Rads. 921748 y 931163) expuso:

Los argumentos para la no entrega de los CERT se circunscribieron a que Frigosinú S.A., no cumplió con los siguientes requisitos:

a) Declaraciones del IVA por los períodos bimestrales dentro de los cuales declaró las exportaciones respectivas;

b) Certificación suscrita por revisor fiscal o contador, en la que conste que la cuenta “IVA por pagar” está registrada en los libros de contabilidad y que en las declaraciones del IVA están incluidos los valores de las exportaciones, y

c) Certificación de la Administración de Impuestos Nacionales, en la cual conste que el exportador está inscrito en el Registro Nacional de Vendedores.

Si bien en el proceso donde se debate la legalidad del oficio SG-OB-1518 y de los actos presuntos negativos, se adujo para la no expedición de los CERT, fuera de los citados requisitos, otros, de las pruebas que obran en el proceso, se puede afirmar que la sociedad dio cumplimiento a los mismos, y el problema jurídico quedó reducido a los requisitos antes mencionados.

La Ley 48 de 1983, por la cual se creó el CERT, dispuso en su artículo 4º parágrafo 2º que el Gobierno Nacional establecería los requisitos para su expedición. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 636 de 1984, que en su artículo 11 señaló los requisitos respectivos y en su artículo 23 dijo que el Incomex y el Banco de la República dictarían las medidas administrativas necesarias.

Los requisitos exigidos en el artículo 10, literal e) numeral 8º, de la Resolución 6 de 13 de diciembre de 1990, de la Junta Directiva del Banco de la República, para el reconocimiento del CERT, no se encuentran establecidos ni en la Ley Marco 48 de 1993 ni en su Decreto Reglamentario 636 de 1984, por lo tanto se ejerció una competencia que era exclusiva del Presidente de la República, y por ello, frente a tales disposiciones puede operar la excepción de inconstitucionalidad.

Con la expedición del Decreto 987 de 12 de abril de 1991, se dispuso en su artículo 11 el requisito relativo a la constancia del pago de los impuestos indirectos, “entre otros”, expresión que de suyo es inconstitucional, dado que daría pie a que el banco pudiera exigir documentos “a su arbitrio” que la ley no contempla para la expedición de los CERT, sin embargo con esta reglamentación queda convalidada la exigencia prevista en el literal e) numeral 8º del artículo 10 de la Resolución 6 de 1990.

Según el informe del revisor fiscal y el dictamen pericial, que no fue objetado, la demandante no era sujeto pasivo de impuestos indirectos y por lo demás no se le podían exigir requisitos no autorizados en el reglamento, con base en una interpretación errada que de la Resolución 6 de 1990 hizo la entidad demandada, pues la exigencia de acreditar el pago de los impuestos indirectos es cuando haya lugar a dicha obligación.

Proceso 931564. Si la demanda contra el oficio SG-OB-1518 de 9 de junio de 1992 y los actos presuntos por silencio negativo, se presentó el 16 de diciembre de 1992, no podía el Banco de la República notificar el 5 de enero de 1993 el oficio SG-OB-3521 que resolvía el recurso de reposición y menos aun, haber notificado el 7 de junio del mismo año el oficio G-1042 por el cual se resolvía la apelación, dado que en virtud de lo previsto en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, carecía de competencia para resolver los recursos interpuestos.

Se aclara que si bien la demanda se presentó contra el Banco de la República, quien debe responder es la Nación - Ministerio de Comercio Exterior, dado que en virtud del Decreto 546 de 1997, el Incomex asumió las actuaciones relativas al CERT, y a raíz de su liquidación, las asumió dicho ministerio, conforme el artículo 5º del Decreto 2682 de 1999.

Apelación

La demandada solicita se revoque la sentencia apelada y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Fundamentos de las pretensiones:

El tribunal inaplicó, por inconstitucional, el artículo 10 literal e) numeral 8º de la Resolución 6 de 1990, sin precisar cuáles son las normas superiores infringidas ni explicar el alcance de la violación y sin justificar por qué razón la disposición inaplicada contraría la Constitución y no el parágrafo 2º del artículo 11 del Decreto 636 de 1984, ni la Ley 48 de 1983.

Tampoco se pronunció sobre la legalidad del parágrafo 2º del artículo 11 del Decreto 636 de 1984, modificado por el artículo 4º del Decreto 987 de 1991, decretos que continúan vigentes y constituyen el fundamento jurídico para que el Banco de la República, exigiera requisitos adicionales, mediante la Resolución 6 de 1990 de la Junta Directiva del Banco de la República.

No se tuvo en cuenta que la facultad otorgada al banco en los citados decretos, obedeció a la necesidad de darle cierta libertad en la exigencia de documentos diferentes a los enlistados en el reglamento, para tener certeza sobre la legalidad de las exportaciones sobre las cuales se solicita el reconocimiento del CERT, que pueden no ser legales, en cuyo caso se entiende que el banco, previa su remisión a las autoridades competentes, agotaría todos los medios para determinar si se encuentra frente a una exportación ilegal o ficticia.

Ante la dificultad que implicaría para el Gobierno Nacional expedir un decreto que agotara la enunciación de los documentos que pueden exigirse para reconocer el CERT, se asignó al Banco de la República una competencia residual, sin que ello implique usurpar la competencia que tiene el gobierno para regular el comercio exterior, bajo los principios y objetivos señalados en las leyes marco 48 de 1983 y 7ª de 1991.

La exigencia de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Vendedores y de la declaración del IVA, con fundamento en los artículos 507 y 601 del estatuto tributario, y de la certificación del revisor fiscal o contador, relacionada con la cuenta “IVA por pagar”, tenían sentido, porque a través del CERT el gobierno estimula las exportaciones mediante la devolución al exportador de los impuestos indirectos, tasas y contribuciones que hubiere pagado y porque a través de la información que proporcionan los citados documentos, el banco puede determinar si el exportador está exento o no del IVA.

El tribunal, sin tener en cuenta la legislación vigente sobre la materia ni la facultad del banco para exigir requisitos adicionales, consideró, con base en el informe del revisor fiscal y el dictamen pericial, que las obligaciones establecidas en los artículos 507 y 601 del estatuto tributario, no aplicaban a la actora, porque la actividad realizada era exenta del IVA y porque la disposiciones que regulan el CERT no son para verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales.

El calificativo “irrisorios”, utilizado por los peritos al referirse a los insumos que causaban IVA, para indicar que no se solicitó su devolución por ser mayor el costo, al no estar la carne sujeta a IVA, insumo mayor, de manera alguna puede constituir el fundamento para que el tribunal afirme que la demandante estaba exenta de cumplir con las obligaciones fiscales, pues esta inferencia debe ser el resultado de un análisis a la normatividad vigente sobre el particular, dado que el concepto de los peritos no puede prevalecer sobre la ley.

Alegatos de conclusión

La demandante advierte que no se cuestiona el hecho de que efectivamente se realizaron las exportaciones y los reintegros, sino que lo que se discute es si Frigosinú estaba en la obligación de acreditar, para obtener el reconocimiento del CERT, las declaraciones del IVA, su inscripción en el Registro Nacional de Vendedores y la certificación del revisor fiscal relacionada con el registro de la cuenta “IVA por pagar”, requisitos formales de la solicitud que son distintos de la legalidad de los hechos en que se funda.

Precisa que la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores solo se extendió a los exportadores de bienes que no causaban el IVA, a partir de la Ley 6ª de 1992, cuyo artículo 6º adicionó el artículo 507 del estatuto tributario, antes, el registro solo era obligatorio para los exportadores que fuesen responsables del IVA, que no era el caso de Frigosinú para el momento en que se hicieron las exportaciones. Además debe tenerse en cuenta que la demandante no era productora de bienes exentos de IVA, sino de bienes que no lo causaban y que solo en el primer caso existe el deber formal de declarar.

La demandada reitera los fundamentos de la apelación.

Ministerio Público

Conceptúa en favor de la confirmación de la sentencia apelada. Al efecto expone:

Del artículo 11 del Decreto 636 de 1984 no se desprende que se hubiera dado al Banco de la República “libertad” para crear requisitos adicionales a los indicados en el parágrafo 2º de la misma norma, pues en ella se autoriza solamente para exigir documentos adicionales, dentro de los cuales no están indicados la declaración del IVA, las certificaciones sobre la cuenta “IVA por pagar”, ni la inscripción en el Registro Nacional de Vendedores.

Pretender justificar la exigencia de los aludidos documentos, con base en motivaciones no consagradas en la ley, vulnera el artículo 84 constitucional, que prohíbe a las autoridades exigir requisitos adicionales, cuando un derecho ha sido reglamentado de manera general.

La constancia del pago de los impuestos indirectos, solo se contempló en el Decreto 987 de 1991, al modificar el parágrafo 2º antes citado, pero solo si hubiere lugar al pago del impuesto indirecto, caso que no está demostrado por parte del banco.

Además, según la jurisprudencia, los aspectos inherentes a los impuestos generados en las etapas de producción y comercialización, y la responsabilidad tributaria de quienes intervienen, es una obligación a cargo de la DIAN, facultad que no puede asumir el Banco de la República para negar el beneficio del CERT (1) .

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales el Banco de la República, negó a la demandante el reconocimiento de los CERT originados en las exportaciones realizadas en el período comprendido entre los años 1990 y 1992.

La controversia se concreta en establecer si los “requisitos adicionales”, exigidos por el banco para el reconocimiento de los CERT, referidos a las declaraciones del IVA, el Registro Nacional de Vendedores, y la certificación del revisor fiscal acerca del registro de la cuenta “IVA por pagar”, tienen fundamento legal o se justifican, en la medida en que con base en ellos puede establecerse la “legalidad de las exportaciones”, como lo sostiene la recurrente, o si por el contrario, tales documentos no eran exigibles, por tratarse de operaciones sobre bienes excluidos del IVA, y porque además no se encuentran incluidos en la ley ni en el reglamento, como requisitos para el reconocimiento del CERT, tal como se argumentó en la demanda y lo aceptó el a quo en la sentencia apelada.

Según el parágrafo 2º de artículo 4º de la Ley 48 de 1983: “El Gobierno Nacional establecerá los requisitos para expedir, recibir y negociar los certificados de reembolso tributario, y el tiempo de caducidad de los mismos”.

En cumplimiento del citado precepto legal, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 636 de 1984, y en su artículo 11 señaló expresamente los requisitos para la expedición y entrega de los CERT; así:

a) Que se hayan reintegrado al Banco de la República las divisas correspondientes;

b) Que la Dirección General de Aduanas haya entregado al departamento de fiduciaria y valores del Banco de la República, la copia del formulario único de exportación que esa dependencia expide;

c) Que no curse investigación administrativa o penal alguna relacionada con la autenticidad o legalidad de las respectivas exportaciones, y

d) Que la solicitud de entrega de los certificados de reembolso tributario se presente dentro de un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha del respectivo reintegro de divisas”.

Adicionalmente, el parágrafo 2º de la misma norma dispuso:

“Para los fines previstos en este artículo el Banco de la República podrá exigir, según el caso, los siguientes documentos adicionales: guía aérea o marítima refrendada por la empresa transportadora; conocimiento de embarque; planilla única del Instituto Nacional de Transporte, Intra, refrendada por la autoridad aduanera en la frontera; factura comercial; certificación y factura del proveedor; certificación sobre dirección del proveedor y del destinatario de la mercancía; constancia de recibo del importador de la mercancía; registro de la cámara de comercio”.

Mediante el Decreto 987 de 1991, artículo 4º, que modificó el artículo 11 del Decreto 636 de 1984, se incluyó entre los “documentos adicionales” a que se refiere el parágrafo 2º transcrito, la “constancia del pago de los impuestos indirectos por parte del exportador”.

De los términos las citadas disposiciones se infiere que unos son los requisitos que hacen viable el reconocimiento de los CERT, y otros, los “documentos adicionales”, que pueden ser exigidos para constatar la realidad de las exportaciones (par. 2º), en cuanto existan razones para dudar de su “autenticidad y legalidad”. Es decir que tales documentos tienen como finalidad verificar el cumplimiento de uno de los requisitos previstos en el reglamento, como es que no curse investigación penal administrativa relacionada con la legalidad y efectividad de las exportaciones (lit. e).

Por disposición del artículo 23 del mismo Decreto 636 de 1984, correspondía al Banco de la República dictar “las medidas administrativas necesarias para el cabal cumplimiento” de ese decreto, y es así como, en desarrollo de dicha facultad, se expidió la Resolución 6 de 1990, “por la cual se determina el procedimiento administrativo para el conocimiento del derecho al CERT y su entrega”.

El artículo 10 de la citada resolución, dispone que son requisitos para el reconocimiento del CERT: a) el reintegro de las divisas; b) la entrega de las copias de las declaraciones de exportación; c) que no curse investigación administrativa o penal sobre la efectividad y legalidad de las respectivas exportaciones; d) que la solicitud se presente dentro del término fijado en el Decreto 636 de 1984; y e) que se acredite la legalidad y efectividad de la respectiva exportación para lo cual el banco podrá exigir, según el caso, entre otros, los siguientes documentos:

1. Guía aérea o marítima...

2. Conocimiento de embarque...

3. Factura comercial...

4. Certificación y factura del proveedor...

5. Certificación sobre dirección del proveedor y del destinatario...

6. Constancia del importador sobre recibo de la mercancía...

7. Registro de cámara de comercio.

8. Constancia del pago de los impuestos indirectos. En este caso se deberá adjuntar, cuando haya lugar a esa obligación:

a) Declaración de ventas del exportador…

b) Certificación suscrita por revisor fiscal o contador sobre la cuenta “impuesto a las ventas por pagar...”.

Como se observa, los “documentos” que según el literal e) numeral 8º del artículo 10 de la citada resolución, podría exigir el banco, “para acreditar la legalidad y efectividad de la respectiva exportación”, son en esencia los mismos que se señalan en el parágrafo 2º del artículo 11 del Decreto 636, solo que adicionados en la “constancia del pago de los impuestos indirectos” (num. 8º), “cuando haya lugar a esa obligación”. En este evento, según la norma, los documentos que se consideran idóneos para tal acreditación son: a) la declaración de ventas del exportador del bimestre en el cual declaró la compra de los bienes utilizados en la exportación, y b) La certificación del revisor fiscal o contador acerca del registro de la cuenta “IVA por pagar”. Sin que se haga ninguna mención sobre la inscripción en el Registro Nacional de Vendedores.

Quiere decir que lo exigido por la citada resolución, en su artículo 10 numeral 8º literal e), no es un requisito adicional para el reconocimiento del CERT, sino el señalamiento de unos documentos, que a juicio de la entidad bancaria, permitirían verificar la legalidad y efectividad de las exportaciones, pero solo en aquellos casos en los cuales existen motivos que hagan imperativo confrontar la realidad de las operaciones, y que en consecuencia, se justifique exigir tales documentos, como actuación previa al reconocimiento del CERT. Lo anterior, obviamente, condicionado al hecho de que exista la obligación de pagar impuestos indirectos, por parte del exportador.

Bajo el criterio expuesto, no encuentra la Sala ninguna contradicción entre los requisitos previstos en la citada resolución y los que se señalan en el reglamento, que justifique la inaplicación, por inconstitucionalidad, del literal e) del numeral 8º del artículo 10 la Resolución 6 de 1990, en la forma dispuesta por el tribunal, pues lo que en realidad se observa es que existe una errada interpretación de la citada disposición, por parte de la entidad demandada.

En efecto, de acuerdo con lo expuesto en los actos acusados y demás elementos de juicio que obran en el proceso, no se ha cuestionado la realización legal y efectiva de las exportaciones que dieron origen a los CERT reclamados por la actora. Tampoco se ha controvertido por parte de la entidad demandada, lo afirmado por la demandante, en el sentido de que los insumos adquiridos para la elaboración de los bienes exportados, se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas, por estar clasificados en las posiciones arancelarias 01.01 y 02.02 (carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada). Posiciones que se señalan como excluidas en la nomenclatura arancelaria Nandina, de que trata el artículo 424 del estatuto tributario, vigente para la época en que se realizaron las respectivas operaciones. Además, lo anterior, aparece acreditado en el proceso, con el certificado del revisor fiscal de Frigosinú y con el dictamen pericial, decretado por el tribunal, que no fue objetado por la demandada (fl. 366, Rad. 921748).

En consecuencia, si no existían razones que ameritaran confrontar la efectividad y legalidad de las exportaciones, y se encontraba establecido que la sociedad demandante, en su calidad de exportadora, no tenía la obligación de pagar impuestos indirectos, por la adquisición de insumos, tampoco existía una justificación razonable que permitiera a la entidad demandada exigir las declaraciones del IVA (E.T., art. 601), la certificación del revisor fiscal o contador sobre el registro de la cuenta “IVA por pagar”, y la constancia de su inscripción en el Registro Nacional de Vendedores (E.T., art. 507), para acceder al reconocimiento de los CERT reclamados porque tales documentos no eran determinantes para verificar el cumplimiento de los requisitos que hacían viable el derecho peticionado por la actora.

En tales circunstancias resulta irrelevante la discusión que plantea la recurrente acerca de si la actora estaba o no obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores, como exportador; si tenía la obligación de declarar IVA y si llevaba o no la cuenta mayor o de balance “IVA por pagar”, pues si bien estas obligaciones previstas en la normatividad tributaria deben cumplirse para acceder a la devolución de los impuestos generados en sus respectivas operaciones, verificar su incumplimiento es un asunto que compete a la autoridad tributaria, pero de manera alguna puede justificar, en el caso concreto, la negativa al reconocimiento de los CERT, a que se refieren los actos acusados.

No prospera en consecuencia en este aspecto la apelación interpuesta y en consecuencia, por las razones anotadas, y no por las expuestas por el tribunal, procede la confirmación de la sentencia apelada, en cuanto declara la nulidad de los actos demandados y ordena el respectivo restablecimiento del derecho.

Se accede a revocar la sentencia apelada en cuanto declara la inaplicación del artículo 10 numeral 8º literal e) de la Resolución 6 de 1990, de la Junta Directiva del Banco de la República, pues como quedó expuesto no comparte la Sala en este punto la posición del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el numeral 2º de la parte dispositiva de la sentencia apelada, en cuanto dispone la inaplicación de la Resolución 6 de 1990 de la Junta Directiva del Banco de la República, artículo 10, literal e) numeral 8º CONFÍRMASE, en lo demás.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Héctor J. Romero Díaz, Presidente de la Sección—Ligia López Díaz, (ausente)—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

(1) Sentencia de 14 de diciembre de 1994, expediente 58145, M.P. Consuelo Sarria Olcos.

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