Sentencia 14464 de octubre 10 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

JUSTA CAUSA DE DESPIDO FUNDADA EN HECHO PUNIBLE

LA MUERTE DEL PROCESADO AFECTA EL PROCESO PENAL PERO NO EL LABORAL

EXTRACTOS: «Estima la Corte necesario precisar, por vía de doctrina, que para efectos laborales, y más concretamente de las justas causas contempladas en la ley, la extinción de la acción penal por fallecimiento del procesado no deviene inocente al acusado, porque una cosa es que ante el deceso del sujeto procesal incriminado no pueda proseguirse la causa penal y otra muy distinta es que ese fallecimiento borre la responsabilidad laboral de los hechos plenamente comprobados.

Es sabido que como la responsabilidad penal es individual e instransmisible, así también la acción penal es individual para efectos de la determinación de la responsabilidad o no del individuo sujeto de la imputación punitiva, sin perjuicio de que en un proceso penal puedan existir varios sindicados. Y siendo la acción penal individual, y su sujeto el procesado, es lógico que aquella se extinga con la muerte de éste, y por consiguiente proceda la cesación del procedimiento por desaparición del procesado.

Sin embargo, si bien con la declaración ejecutoriada de extinción de la acción penal el Estado pierde el ejercicio de su poder punitivo y cesa el procedimiento penal, en cambio la acción civil sí puede continuar porque se rige por las normas privalistas de las obligaciones, en la medida en que el delito, el cuasidelito, el contrato y el cuasicontrato son fuente de ellas. Por análogas razones la responsabilidad de carácter laboral no desaparece por la extinción de la acción penal por muerte del procesado, que extingue la acción pero no el delito, ni los efectos laborales propios de la existencia de un hecho punible.

Recuérdese que a diferencia del elemento de culpabilidad indispensable para que las conductas penales sean consideradas delito, las justas causas de terminación del contrato no siempre tienen un contenido culpabilista, algunas se sustentan en la responsabilidad objetiva del comportamiento legalmente contemplado como motivo justificado de cancelación del vínculo. Por manera que si para proferir resolución acusatoria debe estar demostrada la existencia objetiva del delito, desde el punto de vista laboral significa que en principio existe una justa causa de extinción del contrato, que no deja de serlo por la muerte del trabajador que incurrió en las conductas laboralmente reprobables, como sucedió en el caso bajo examen. De tal suerte que si en el proceso penal, con el deceso del procesado, se extingue la acción pero no el delito, en el juicio laboral la justa causa representada por el acto delictuoso se mantiene incólume ante el fallecimiento del acusado del hecho punible, pues como lo ilícito no genera acción ni excepción, nadie puede transmitir legítimamente un presunto derecho derivado de un comportamiento ilícito.

Por lo visto, y con lo tiene asentado la jurisprudencia, en estos eventos no existe prejudicialidad penal, y el juez del trabajo puede examinar independientemente del proceso penal la existencia o no de la justa causa fundada en un hecho punible, pero obviamente su decisión no produce efectos en el campo penal, no trasciende el ámbito meramente laboral circunscrito a la existencia y efectos de un despido justo o injusto, sin que sea óbice que en ese estudio, y consultando los principios de la sana crítica, valore el material probatorio penal arrimado al juicio del trabajo y determine los efectos que en este último tienen las decisiones proferidas en los procesos penales.

No puede perderse de vista que la primera obligación que tienen las partes en desarrollo de un contrato de trabajo es proceder de buena fe, lo que implica no sólo la prohibición de incurrir en conductas delictuosas, sino el deber de un proceder honesto y leal que es cimiento fundamental de la convivencia social y laboral y el soporte necesario de la armonía y mutua confianza que debe existir entre quienes se hallan atados por un vínculo con vocación de permanencia como el laboral.

De acuerdo con ese deber de honestidad, es elemental que no puede el trabajador, como sucedió en el caso sub examine, dar un uso indebido a los recursos económicos suministrados para el desarrollo de sus funciones, ni incrementar ficticiamente los gastos simulando mayores erogaciones en beneficio personal. Si tales conductas pueden ser rotuladas de delictuosas y lesionan la convivencia social del ciudadano, con mayor razón afectan gravemente la ejecución del convenio laboral y por eso están tipificadas expresamente como justa causa de cancelación del contrato laboral».

(Sentencia de casación, octubre 10 de 2000. Radicación 14.464. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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