Sentencia 14501 de agosto 1º de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO

CONVALIDACIÓN CUANDO NI EL JUEZ SE SEPARA NI ES RECUSADO

EXTRACTOS: «Como la teleología esencial del instituto de los impedimentos es la de garantizar la imparcialidad del funcionario judicial, cabe preguntar si el funcionario respecto de quien configura una causal de impedimento y no lo declara, desconoce alguno de los factores que determinan la competencia.

Si se miran con atención los motivos por los cuales un servidor judicial debe declararse impedido (L. 600/2000, art. 99), podrá advertirse que no hay ninguno que lo altere, porque el impedimento es un fenómeno que no transforma a ninguno de los extremos que determinan la competencia, vale decir, su configuración no altera la cuantía del hecho, no muta el territorio donde sucedió, no le quita o le da el carácter de aforado al justiciable.

Se trata de un aspecto por completo íntimo del funcionario, que lo liga de una manera u otra no a la naturaleza del proceso, sino a las partes. Aquél deberá sopesar si el concreto y evidente motivo de impedimento que respecto suyo se configura, puede poner en riesgo su ánimo y, por tanto, un ponderado y sereno buen juicio. Si lo reconoce, no significa que el asunto no sea ya de su competencia, sino que en acatamiento de principios superiores, que tocan con el derecho de acceso a la justicia y la obligación de los funcionarios de hacer efectivos los derechos, garantías, obligaciones y libertades (L. 270/96, art. 1º) permita que otro juez lo releve en el conocimiento de la actuación.

En todo caso, si decide proseguir con la dirección del proceso, queda latente el instrumento de la recusación, para que se le ordene que no siga a su cargo, es decir, existe un medio expedito y oportuno para corregir el desaguisado.

Ahora, si no se aparta del conocimiento de la actuación, ni los sujetos procesales lo recusan, no obstante la evidente presencia de la causal, ¿qué ocurre? pues que la deficiencia se convalida, sin perjuicio de que se pueda demostrar en otra etapa del proceso los efectos dañosos de las garantías o de los cimientos procesales, originados en posibles actos arbitrarios del funcionario. Además, eventualmente el silencio del servidor público sobre ese aspecto, puede generar responsabilidades disciplinarias y aún penales».

(Sentencia de casación, 1º de agosto de 2002. Radicación 14.501. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

_______________________________