Sentencia 14503 de marzo 9 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref. Expediente 14503.

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Cooperativa de Asociaciones de Municipios del Tolima Ltda.

Demandado: Municipio del Guamo.

Santafé de Bogotá, D.C. marzo nueve del dos mil.

EXTRACTOS: «Si bien el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 otorgó competencia a la jurisdicción contenciosa para conocer de los procesos de ejecución o cumplimiento derivados de los contratos estatales y así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de ser esta la competente para conocer de los procesos ejecutivos que tengan origen o fuente en un contrato estatal.

Para tal efecto ha aceptado que el título ejecutivo complejo base del recaudo ejecutivo esté conformado por el contrato estatal, los actos administrativos proferidos con ocasión del actividad contractual o las actas de liquidación, entre otros. Aún así si el título venía acompañado de un título-valor expedido con ocasión del contrato como instrumento de pago o para garantizar el cumplimiento de la obligación, se consideró que esta era la jurisdicción competente para tramitar la ejecución.

Esta Sala en providencia de 7 de marzo de 1996. Proceso 11317, con ponencia del H. consejero Carlos Betancur Jaramillo, en relación con los títulos presentados para el cobro ejecutivo integrados con el contrato estatal y un título valor sostuvo:

“Lo cierto es que, por voluntad de la ley y por por lo convenido por las partes en el contrato de empréstito celebrado el día 29 de junio de 1993. Se suscribieron pagarés exigibles el incumplimiento del municipio deudor; y para el caso de la acción procedente no es posible deslindar esos títulos valores del contrato aludido, para pasar su ejecución a otra jurisdicción, máxime cuando no aparece demostrado en forma alguna, que la suscripción de esos pagarés se hizo con la intención de extinguir la relación contractual que dio origen a su emisión. En otras palabras, la vinculación entre los títulos valores que prestan mérito ejecutivo y el empréstito aparece bien evidenciada”.

En esta oportunidad la Sala revisará lo dicho en esa ocasión y sobre el particular hará las siguientes reflexiones:

El artículo 619 del Código de Comercio define a los títulos valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en el título se incorpora.

En cuanto a su naturaleza jurídica la doctrina ha señalado:

a) Es un negocio jurídico que surge de la declaración de voluntad por una parte, produciendo efectos jurídicos en el sentido de dar nacimiento a una prestación que es de dar. Sin embargo, el título es independiente de la voluntad del declarante;

b) Es un documento privado representativo de un derecho, tanto que el título valor se convierte en el derecho mismo. Es también constitutivo dispositivo de un derecho;

c) Es auténtico, es decir que existe certeza sobre la persona que lo ha afirmado o elaborado. Una vez ejercitada la acción no necesita reconocimiento de firmas;

d) La literalidad. Esta característica delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el título valor. Es decir de la expresión literal se deriva el alcance del derecho y de la obligación consignada, de tal manera que las partes originarias o futuras que intervengan en la relación cambiaria saben a que atenerse. La literalidad les da certeza y seguridad en sus transacciones;

e) La autonomía. Significa que la posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias, por el proceso de circulación de un título valor son indepedientes entre sí. El tenedor del título valor, puede dirigir la acción cambiaria no solamente contra el que creó el título, o sea el girador o librador, sino contra cualquiera de los endosantes;

f) Legitimación. Es la facultad que tiene el titular del derecho incorporado al documento para ejercerlo, es decir, transferirlo a título oneroso, o a título gratuito o simplemente darlo en garantía de otra obligación. La legitimación depende de la ley de circulación;

g) La legalidad. Para que un documento produzca efectos como título valor se hace indispensable que contenga las formalidades indicadas por la misma ley y cumpla con los requisitos que ella exige excepto que los presuma.

En estas condiciones se observa que los títulos-valores son suficientes por sí mismos, generan obligaciones propias, autónomas e independientes de negocio jurídico subyacente y tienen vida propia, sin necesidad de requisitos adicionales para su existencia y valides. En consecuencia la satisfacción de la prestación que contienen debe ejecutarse autónomamente ante el juez competente. En cuyo caso le correspondería a la justicia ordinaria, de acuerdo con las reglas generales y especiales de competencia avocar el conocimiento.

Es necesario replantear la posición asumida por la sala, pues de lo contrario se desnaturaliza la existencia, validez y eficacia de los títulos valores, para que en adelante, los procesos ejecutivos derivados de estos títulos, que tengan origen en un contrato estatal sea el juez de la jurisdicción ordinaria el que trámite la ejecución.

Sobre el particular, recientemente esta sala se pronunció en relación con los títulos valores así:

“Visto lo anterior, la sala reitera su posición en el sentido de afirmar que el asunto sub examine no corresponda a esta jurisdicción sino a la justicia ordinaria, como en otra oportunidades lo ha expresado, puesto que lo que persigue la sociedad demandante es el cobro compulsivo de unas facturas cambiarias de compraventa que se presentan como título ejecutivo independiente y autónomo de alguna relación contractual establecida con la entidad pública demandada (1) .

(1) El auto de febrero 19 de 1998. Exp. 13890.

En efecto, en el presente caso la pretensión no se funda en un título ejecutivo contractual, simple o complejo, caso en el cual su conocimiento correspondería a esta jurisdicción al tenor del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, sino que el demandante aduce un título ejecutivo singular materializado en unos títulos-valores de contenido crediticio (facturas cambiarias de compraventa), documentos necesarios para ejercer los derechos autónomos y literales que en ellos se incorporan, al tenor del artículo 619 del Código de Comercio. En consecuencia, su cobro forzoso se realiza a través de la acción cambiaria prescrita en el artículo 782 del referido estatuto, y ante los jueces civiles ordinarios en aplicación del artículo 16 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil”. (Auto del 27 de enero del 2000. Exp. 16048. Consejero Ponente Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

En el caso concreto como quedó expuesto se anexó entre otros copia del contrato de compraventa celebrado entre las partes el 5 de junio de 1995 y copia original de la factura cambiaria 1374 por valor de $ 59.959.700, en favor de la Cooperativa Coasepijaos.

De acuerdo con el artículo 772 del estatuto comercial, la factura cambiaria de compraventa es un título valor que el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador. No podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador. Así la factura cambiaria se emite como título valor de contenido crediticio que da lugar a la acción cambiaria y este título sólo podrá emitirse respecto de venta de mercaderías entregadas real y materialmente.

El documento aportado no sólo reúne los requisitos de la norma especial sino aquéllos previstos en el artículo 621 del estatuto comercial, esto es, la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Si bien la entidad ejecutada advirtió que dicho documento carecía del nombre del título y la orden incondicional de pagar una suma de dinero; lo cierto es que revisada la factura 1374 reúne las exigencias para ser considerada título-valor. En esto la doctrina ha señalado que la factura cambiaria puede sustituir a la factura comercial corriente siempre que contenga los requisitos del artículo 774 del Código de Comercio como ocurrió en el sub lite.

En este caso, en el cuerpo del título se consignó que “se asimilaba en sus efectos a la letra de cambio (C. Co, art. 764)”, se consignó el número de orden del título, el nombre y domicilio del comprador, se identificó por sus características a la maquinaria vendida, se dejó constancia de su entrega real y material, el precio, la fecha de su emisión y la firma de la partes intervinientes en el negocio jurídico.

Las razones anteriores son suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y de conformidad con el inciso 4º del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998 se ordenará enviar a la justicia ordinaria para que avoque el conocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera,

RESUELVE:

DECLÁRASE, la nulidad de todo lo actuado por falta jurisdicción y en su lugar se dispone.

ENVÍESE a la justicia ordinaria para que avoque el conocimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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