Sentencia 14536 de abril 2 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES

ALCANCE DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «1. En la materia, sea lo primero advertir, que la Corte Constitucional en la sentencia C-127 de 1993, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, frente a la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el Decreto 2266 de 1991 por medio del cual se convirtieron en normas permanentes, entre otras disposiciones, el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989, a través de escuetas consideraciones afirmó que "la expresión "de una u otra forma”, debe entenderse como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas, en cualquier forma que se presenten éstas", y en cuanto al punto materia de discusión en esta sede agregó: "Las actividades delictivas deben ser judicialmente declaradas, para no violar el debido proceso, y el artículo 248 de la Constitución Política, según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales".

Posteriormente, en auto 045A del 19 de octubre de 1995 emitido por el magistrado sustanciador, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, no de Sala Plena, se rechazó una nueva demanda de inconstitucionalidad propuesta contra la disposición citada en la comprensión de existir respecto de ella "cosa juzgada constitucional, según lo dispuesto en los artículos 243 de la Carta, 6º, inciso final, del Decreto 2067 de 1991".

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 18 de julio de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, al examinar la acción impetrada contra los artículos 148 del Código Penal y 1º del Decreto 1895 de 1989, afirmó que si bien la redacción de este último precepto era idéntica a la contenida en el artículo 10 del Decreto 2266 de 1991, "en razón de las fuentes formales de validez, las normas son diferentes", y partiendo de esa premisa estimó procedente avanzar en el estudio de constitucionalidad.

En esta oportunidad la Corte discernió el arraigo constitucional del enriquecimiento ilícito como una conducta punible referida expresamente en el artículo 34 del ordenamiento superior; examinó los elementos estructurales de tal figura punitiva, y respecto de la expresión "derivado, en una u otra forma, de actividades delictivas" precisó "que en manera alguna debe interpretarse en el sentido de que deba provenir de un sujeto condenado previamente por el delito de narcotráfico o cualquier otro delito. No fue eso lo pretendido por el legislador; si ello hubiese sido así, lo hubiera estipulado expresamente. Lo que pretendió el legislador fue respetar el ámbito de competencia del juez, para que fuera él quien estableciera, de conformidad con los medios de prueba y frente a cada caso concreto, la ilicitud de la actividad y el grado de compromiso que tuviese con la ley el sujeto activo del delito".

A partir de estos disímiles pronunciamientos de la Corte Constitucional, la delegada asegura que se afectó en dos momentos y de manera diferente la legalidad formal y material del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, con proyección hacia el aspecto valorativo de la adecuación típica, en consecuencia, que resulta obligado apreciar la tipicidad de una determinada conducta según que su comisión se hubiese producido en vigencia de una u otra de tales interpretaciones constitucionales.

En este orden de ideas, entonces, al encontrar que los actos de consumación del comportamiento reprochado al doctor Garavito Hernández se perpetraron bajo los parámetros de la sentencia C-127 de 1993, en su opinión, tal criterio regulaba el discernimiento de su relevancia penal, y como en tal fallo se entendía el referido ilícito como subordinado o derivado, se echa de menos aquí la existencia previa a una decisión en firme sobre la actividad ilícita que constituye la fuente de los recursos que acrecentaron su patrimonio.

El entendimiento diverso de los juzgadores, con apoyo en los derroteros esbozados en la sentencia C-319 de 1996 implicó, a juicio del Ministerio Público, el ostensible quebranto de los principios de legalidad del delito, de favorabilidad y de no retroactividad de los fallos emitidos en el control constitucional, que impele a la intervención oficiosa reclamada de la Corte.

2. En respuesta al planteamiento de la procuraduría delegada, en manera alguna discute la Corte el marco conceptual dentro del cual se desenvuelve, como quiera que resulta inobjetable la consagración en el ordenamiento jurídico penal de los principios de legalidad del delito y de favorabilidad a través de normas que simplemente desarrollan el artículo 29 de la Constitución Política, y que se traducen, por ende, en garantías fundamentales que en el evento de ser desconocidas en forma ostensible durante la actuación procesal, pueden propiciar la facultad oficiosa prevista como excepción al principio de limitación que gobierna la impugnación extraordinaria.

Tampoco controvierte la Sala, al tenor de los artículos 243 ibídem y 48 de la Ley 270 de 1996, que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en el ejercicio del control de constitucionalidad al examinar las normas legales por vía de acción, de revisión previa o con motivo del control automático, en su parte dispositiva, tienen un valor interpretativo de la Constitución que se presenta entonces con la fuerza de la misma, esto es, producen efectos erga omnes y vinculantes de todos los poderes públicos, entre ellos obviamente, el judicial.

Igual conformidad guarda la corporación respecto del afirmado valor ex nunc y no retroactivo, pro futuro, que por regla general tienen los fallos emitidos en el control constitucional, de ahí que el punto de partida en la discrepancia que se guarda con la posición de la delegada se radique en el problema planteado de antaño en la jurisprudencia y doctrina constitucionales, concretamente, en establecer si la fuerza vinculante de la sentencias de los tribunales constitucionales se predica sólo de la parte resolutiva o si por el contrario se pregona extendida a los fundamentos de la misma, o incluso, a la sentencia en su totalidad.

Entre nosotros, de conformidad con los artículos 243 de la Constitución Política y 48 de la ley estatutaria de la administración de justicia, ninguna duda existe sobre la obligatoriedad del decisum de los fallos proferidos por la Corte Constitucional en el control de exequibilidad de las normas legales, que se materializa en decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada y están revestidas por ende de fuerza vinculante explícita incluso para la misma Corte, que en aras del principio de la seguridad jurídica no puede someter un mismo precepto a la jurisdicción bajo idénticas circunstancias de hecho.

El inconveniente se presenta dentro de la actual concepción del control constitucional, regido por los principios de máxima conservación de los actos normativos y de la solución constitucional menos traumática, frente a las llamadas decisiones de "punto medio" o sentencias de tipo interpretativo, esto es, cuando el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se limita a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto, sino la de una o varias interpretaciones del mismo, cuando declara su constitucionalidad en la medida que se interprete en un determinado sentido que es el único que se estima ajustado a la Constitución, o que no se interprete en el sentido o sentidos que se consideran contrarios a la Carta Política, no porque en tales eventos se discuta que la doctrina incorporada en el fallo se torne obligatoria, esto es, con fuerza vinculante implícita, sino por las eventuales dificultades para identificar la existencia de este tipo de sentencias, particularmente, cuando la Corte Constitucional no le asigna tal carácter de manera expresa.

Ahora bien, que un control constitucional de tales dimensiones convierta a la Corte en un poder legisferante positivo en manera alguna limitado entonces a retirar el texto normativo del ordenamiento jurídico cuando resulta contrario a la Constitución, con las controversias que se derivan de ello en punto de su legitimidad desde la órbita del principio democrático de la soberanía popular y de la división tripartita del poder público, o si la jurisprudencia en tales eventos constituye una fuente del derecho, no son tópicos que corresponda examinar ni bordar en esta providencia, pues lo trascendente para dilucidar el problema jurídico surgido de la propuesta del Ministerio Público, es que la decisiones de control constitucional de esa especie imponen o proscriben determinadas interpretaciones de la ley.

En el evento de autos, a partir de las motivaciones contenidas en las providencias emitidas en el control constitucional de la figura del enriquecimiento ilícito de particulares, la delegada concluye que fueron proferidas por la Corte Constitucional unas sentencias del talante comentado, interpretativas o de exequibilidad condicionada, que afectaron la legalidad formal y material de dicho delito, que obligan por ende a atender los criterios expuestos en ellas al valorar la adecuación típica de una determinada conducta.

3. Bastante sugestivo se ofrece a primera vista este raciocinio, pero no puede ser prohijado por la Sala por las razones que pasan a esbozarse.

3.1. En primer término, porque no es cierto como afirmó la procuraduría, que en la decisión inicial de la Corte, es decir, en la sentencia C-127 de 1993, la conformidad del precepto descriptivo del punible de enriquecimiento ilícito se hubiese confrontado con la Constitución de 1886, en tanto que la rectificación postrera obedeciera a su examen frente a la actualmente en vigencia; por el contrario, en esas dos providencias el análisis del texto normativo se verificó a la luz de un único y mismo ordenamiento, no otro que la Carta Política de 1991.

En este orden de ideas, desde la perspectiva de los principios de seguridad jurídica y de prevalecida de los postulados y valores consagrados en la Constitución Política, en manera alguna puede predicarse para los conceptos contenidos en ese primer pronunciamiento, alusivos al carácter subordinado o derivado del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la existencia de la unidad de sentido con la parte dispositiva del fallo que determinara para ellos el carácter de cosa juzgada implícita, pues si hubiera sido así, la misma Corte Constitucional habría encontrado en esa fuerza vinculante una infranqueable talanquera para abordar nuevamente el punto.

Ciertamente, conviene rememorar en este punto que de antaño la Corte Constitucional en el análisis de la cosa juzgada constitucional ha distinguido los diversos aspectos de la decisión judicial, no sólo para determinar los efectos de aquella sino también con miras a discernir la fuerza vinculante de los mismos.

Así, tratándose de la definición concreta del caso, es decir del decisum plasmado en la parte resolutiva del fallo, ninguna controversia se plantea respecto a la fuerza de cosa juzgada explícita que concita y a sus efectos erga omnes, que obligaría incluso a la Corte Constitucional conforme se planteó en precedente acápite.

Idéntica consecuencia se predica de la ratio decidendi, esto es, de aquellos conceptos contenidos en la parte motiva pero que expresan el principio, regla o razón general que constituye la base de la decisión judicial específica" (sent. SU-47, ene. 29/99, M.P. Drs. Gaviria Díaz y Martínez Caballero), revestidos también del carácter de doctrina vinculante y valor de cosa juzgada implícita, efectos a los que no puede sustraerse tampoco la corporación guardiana de la supremacía del ordenamiento superior, máxime que aparecen cimentados tanto en la necesidad de brindar coherencia y unidad al sistema jurídico como en los principios de la seguridad jurídica e igualdad.

En cambio, en lo atinente a los obiter dicta, esto es, de aquellas consideraciones incidentales de la respectiva providencia, que al no estar vinculadas de manera inescindible a la decisión adoptada, simplemente constituyen un criterio auxiliar en la labor judicial en los términos precisados en el inciso 2º del artículo 230 de la Carta Política, calidad que por lo atrás anotado fluye indiscutible tratándose de los comentarios esbozados por la Corte en la sentencia C-127 de 1993 en lo atinente al enriquecimiento ilícito de particulares.

En efecto, sólo en el entendimiento de que esas motivaciones del fallo en comento no guardaban relación directa con la parte resolutiva del mismo, por ende, que estaban despojadas del carácter obligatorio que equivocadamente pregona para ellas el Ministerio Público, puede entenderse que su reconsideración resultara posible cuando la Corte Constitucional reexaminó el tema en la sentencia C-319 de 1996, circunstancia que no se diluye porque el control de constitucionalidad se ejerciera sobre dos disposiciones con fuentes formales diversas, es cierto, pero en todo caso de contenido idéntico por cuanto el artículo 10 del Decreto 2266 de 1991 simplemente erigió en norma permanente el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989.

3.2. Por otra parte, de los escuetos y genéricos términos en los que se fundamentó la decisión inicial de la Corte, ni aún con desbordado celo, puede colegirse que tal corporación no se limitó a declarar la constitucionalidad del artículo 10 del Decreto 2266 de 1991 para imponer una única interpretación posible del ingrediente normativo que vincula el aumento patrimonial injustificado a una actividad delictiva, adversamente, en las lacónicas reflexiones sobre dicho tópico, así se aluda en ellas a algunos derechos fundamentales sin mayor desarrollo argumentativo, no es posible atisbar el fundamento o la razón ligada inescindiblemente a la exequibilidad de la norma descriptiva de tal ilícito, por el contrario, su contenido revela que se trató de conceptos tangenciales y sugeridos, enunciados más allá de lo que resultaban necesarios para la decisión de mantener la norma examinada dentro del ordenamiento jurídico, dotados por ende de una fuerza simplemente persuasiva o de criterio auxiliar en la interpretación del derecho.

3.3. Abundando en consideraciones, si a pesar de lo anotado persistiera alguna incertidumbre sobre el carácter propugnado para las motivaciones de la sentencia C-127 de 1993 en lo que respecta al enriquecimiento ilícito de particulares, se desvanece por completo al constatarse que la Corte Constitucional dentro de la facultad que ha reivindicado para señalar los efectos de sus fallos de control constitucional, precisó de manera postrera que los conceptos contenidos en ella tenían esa colegida naturaleza, cuando sobre ese específico aspecto señaló en el fallo C-319 de 1996:

"... la Corte se ve precisada a reconsiderar el planteamiento hecho en la parte motiva de la sentencia C-127 de 1993 ...Debe aclararse que no se trata en este caso de un cambio de jurisprudencia, por cuanto, por una parte, la decisión adoptada en esa providencia fue de exequibilidad de las normas acusadas, es decir del delito de enriquecimiento ilícito tal como estaba concebido en ellas y, por otra parte, el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que fue declarado exequible por esta Corte establece, respecto de las sentencias de la Corte proferidas en cumplimiento del control constitucional "que sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva", y que "la parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general".

Este criterio fue reiterado después en la sentencia de unificación SU-47 de 1999, M.P. Drs. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, oportunidad en la que al respecto indicó:

"En segundo término, en varios casos, esta Corte ha aplicado las anteriores distinciones, con el fin de mostrar que una aparente variación de una doctrina constitucional sentada en una decisión anterior, en realidad no tenía tal carácter, sino que constituía la mera corrección de una opinión incidental de la parte motiva. Así, al reexeminar el alcance del delito de enriquecimiento ilícito en la sentencia C-310 de 1996, esta corporación explícitamente se apartó de los criterios que había adelantado sobre ese delito en una decisión anterior (sent. C-127/93), en donde había sostenido que para que una persona pudiera ser condenada por ese hecho punible, las actividades delictivas de donde derivaba el incremento patrimonial debían estar judicialmente declaradas. Sin embargo, la Corte invocó las anteriores decisiones y concluyó que no había cambio de jurisprudencia, por cuanto esas consideraciones no eran vinculantes, al no estar indisolublemente ligadas a la decisión de exequibilidad..." (negrillas fuera de texto).

4. Así las cosas, la Sala descarta el afirmado menoscabo del principio de legalidad del delito, y con fundamento en las propias consideraciones de la Corte Constitucional, la de los postulados de la favorabilidad y de la no retroactividad de los fallos de control constitucional, razón por la cual no encuentra viable la intervención oficiosa sugerida por la delegada.

Restaría agregar en este punto frente a la alegada vulneración del principio de favorabilidad y afianzando la conclusión esbozada, que tal postulado en casación está referido al ámbito de validez temporal de la ley sustancial o procesal de efectos sustanciales, de manera que presupone un tránsito de legislación o en otros términos, la sucesión de leyes en el tiempo, echada de menos con evidencia en materia del enriquecimiento ilícito de particulares pues la norma que erigió tal conducta en delito, esto es, el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989, fue reproducida a cabalidad al ser elevada a la categoría de disposición permanente a través del artículo 10 del Decreto 2266 de 1991».

(Sentencia de casación, abril 2 de 2001. Radicación 14.536. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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