Sentencia 25000232700020010229401 de noviembre 9 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020010229401

Consejero Ponente:

Héctor J. Romero Díaz

Número Interno: 14538

Homcol Cayman Inc. Contra la Dian Impuesto-Ventas-Devolución

Fallo

Bogotá, D.C., nueve de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Alegatos de conclusión

La demandante reiteró los planteamientos del recurso de apelación.

La demandada alegó de conclusión en los siguientes términos:

El artículo 507 del estatuto tributario establece como requisito de la devolución o compensación del saldo a favor, la renovación del registro nacional de exportadores.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional C-170 de 2001 y los fallos de la Sección Cuarta de 4 de febrero y 17 de marzo de 2000, expedientes 9573 y 9572, respectivamente, la inscripción en el registro nacional de exportadores no es una simple formalidad por cuanto es un requisito que permite evitar devoluciones improcedentes y fraudes al Estado, además de asegurar la justicia y equidad tributaria.

Aun cuando la sociedad actora se inscribió en el registro nacional de exportadores y efectuó posteriores renovaciones, al momento de tramitar la solicitud de devolución y compensación, no cumplía con ese requisito, razón por la cual la administración rechazó la devolución.

El Ministerio Público no emitió concepto.

Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir si se ajustan o no a derecho los actos administrativos por los cuales la Dian rechazó a la actora la devolución del saldo a favor de IVA por el tercer bimestre de 1998, originado en las operaciones de exportación realizadas por esta durante el mismo período.

El inciso 3º del artículo 507, adicionado por el artículo 69 de la Ley 6ª de 1992, dispone que es requisito indispensable para los exportadores, solicitantes de devoluciones o compensaciones por los saldos del impuesto sobre las ventas, la inscripción en el “en el caso de los exportadores” (1) previamente a la realización de las operaciones que dan derecho a devolución.

El artículo 857 [3] del estatuto tributario, señaló que la solicitud de devolución se rechazará “en el caso de los exportadores, cuando el saldo a favor objeto de solicitud corresponda a operaciones realizadas antes de cumplirse con el requisito de la inscripción en el registro nacional de exportadores previsto en el artículo 507”.

Por su parte, el artículo 43 del Decreto Reglamentario 2076 de 1992, vigente para la época de los hechos, dispuso que “La renovación del registro será anual”. Y, por mandato del artículo 3º de la Resolución 437 de 1993 del Incomex, “El registro tendrá validez por un año, contado a partir de la fecha de la inscripción”; lo que permite concluir, sin duda alguna, que si la inscripción inicial no es renovada oportunamente, pierde su vigencia por vencimiento del término.

A su vez, el artículo 6º del Decreto 1000 de 1997 prevé como requisito para la solicitud de devolución del saldo a favor, la copia de la inscripción o renovación en el registro nacional de exportadores, “la cual debe encontrarse vigente al momento de realizar las operaciones que dan lugar a la devolución o compensación”.

En consecuencia, apara obtener la devolución de los saldos a favor no basta con que el exportador se haya inscrito en el registro nacional de exportadores, se requiere, además, que se demuestre que al momento de realizar las operaciones que dan derecho a la devolución, el registro se encuentre vigente, esto es, renovado.

Al respecto, ha sido reiterada y uniforme la jurisprudencia de la Sala, en el sentido de que si las operaciones que generan saldo a favor se realizan sin que el exportador haya efectuado la renovación de su inscripción en el registro nacional de exportadores y, por la misma razón, el registro inicial ha perdido su vigencia, procede el rechazo de la solicitud de devolución de los saldos a favor (2) .

Acerca de la importancia del registro nacional de exportadores en materia tributaria, la Corte Constitucional precisó (3) :

“Y en materia fiscal, la inscripción en el registro desarrolla cometidos constitucionales importantes pues evita que ocurran devoluciones improcedentes (...). En tales circunstancias, es natural que el Estado diseñe mecanismos, como la inscripción en un registro, para controlar que únicamente se hagan devoluciones o compensaciones tributarias por impuesto a las ventas a quienes tienen derecho a ellas, por haber efectivamente realizado las operaciones exportadoras que generan la exención. Por tal razón, la obligación de inscribirse en ese registro no es un requisito formal irracional o innecesario, y la exigencia de cumplirlo no puede considerarse contraria al principio de prevalencia del derecho sustancial”.

Ahora bien, el hecho de que el artículo 228 de la Carta Política dé prevalencia al derecho sustancial sobre el procedimental no quiere decir que hayan desaparecido del ordenamiento jurídico las normas de procedimiento, dado que son estas las que permiten concretar y hacer efectivos los derechos sustanciales de los asociados; además, tales preceptos hacen parte del debido proceso que debe cumplir toda actuación judicial y administrativa (art. 29 ibídem), lo cual es más evidente en casos como el sub judice, pues en materia tributaria la inscripción y renovación del registro nacional de exportadores fue previsto por el legislador como requisito para la procedencia de la devolución del saldo a favor con el fin de evitar devoluciones improcedentes y fraudes al Estado, quien necesita recursos para poder satisfacer sus cometidos.

En el caso concreto, la actora se inscribió en el registro nacional de exportadores el 3 de mayo de 1993 (folio 44, cdno. ppal.), inscripción que tuvo efectos jurídicos por un año. Posteriormente, presentó las renovaciones de los años 1994 a 1998.

La renovación por el año 1996 fue efectuada el 6 de junio de 1996, con vigencia hasta el 6 de junio de 1997 (fl.47, cdno. ppal.). Antes de que venciera el plazo para renovar el registro por el período 1997-1998, el 26 de febrero de 1997, la actora renovó la inscripción por dicho lapso (fl. 48, cdno. ppal.). Y, el período 1998-1999, fue renovado el 7 de julio de 1998 (fl.49, cdno. ppal.).

Pues bien, el 17 de julio de 1998, la actora presentó la declaración de IVA por el bimestre 3 de ese año, que arrojó un saldo a favor de $ 137.601.000. Dicho saldo fue solicitado el 5 de abril de 2000 y rechazado por la Dian porque para los meses por los cuales esta declaró IVA y efectuó las exportaciones (mayo-junio de 1998), el registro no estaba vigente, por cuanto la renovación del 26 de febrero de 1997 vencía el 26 de febrero del año siguiente, y se hizo el 7 de julio de 1997.

La Sala precisa que para el período mayo-junio de 1998, el registro de exportadores del actor, se encontraba vigente hasta el 6 de junio de ese año, pues la renovación se efectuó de manera anticipada al vencimiento de la última renovación.

En efecto, para la anualidad de 6 de junio de 1996 a 6 de junio de 1997, la actora renovó el registro el 26 de febrero de 1997(fl. 48, cdno. ppal.), cuatro meses antes del vencimiento. Sin embargo, por el hecho de la renovación anticipada, la Dian redujo en cuatro meses dicho año, pues si vencía el 6 de junio de 1997, debe entenderse que la renovación anticipada no afecta el vencimiento en mención.

De otra parte, una cosa es que el exportador renueve anticipadamente el registro, y, otra, que lo haga extemporáneamente, o que no efectúe dicha renovación. Y, es que la administración no puede sancionar con la reducción del término de renovación a quien decide, de manera diligente, por demás, renovar anticipadamente el registro.

A su vez, no resulta coherente con la finalidad de la norma, que se desconozca el derecho que tiene la contribuyente a que se le respete el año de la renovación, so pretexto de que la misma se efectuó de forma anticipada, pues, se insiste, la diligencia no puede ser sancionada con el desconocimiento del derecho. Comoquiera que los artículos 43 del Decreto 2076 de 1992 y 3º de la Resolución 437 de 1993, no sancionan la renovación anticipada con la reducción de su vigencia, la fecha que se debe tener en cuenta para contabilizar el año, no es la de la solicitud anticipada de la renovación, sino la del vencimiento de la anualidad.

Así las cosas, como en el caso en estudio la actora renovó anticipadamente el período anual entre el 6 de junio de 1997 y 6 de junio de 1998, para el tercer bimestre del 1998, la actora tenía vigente la renovación hasta el 6 de junio de 1998. Sin embargo, dado que el registro por el período del 6 de junio de 1998 al 6 de junio de 1999, se renovó el 7 de julio de 1998, hubo 24 días del mes de junio de 1998 en los que la actora no tenía renovado el registro.

En consecuencia, procede la nulidad parcial de los actos acusados para ordenar la devolución parcial del saldo a favor solicitado, pues, durante los 60 días del bimestre mayo-junio de 1998, la actora tuvo vigente su renovación por 36 días, y dejó de tenerla por los 24 restantes.

Se encuentra probado (fls. 145A a 181, cdno. ppal.) que durante el período mayo-junio de 1998, la actora realizó exportaciones (jun. 19 y 26) sin haber renovado el registro nacional de exportadores. Lo anterior, porque, se repite, dicho registro estuvo renovado hasta el 6 de junio del año en mención.

Dado que en la declaración de IVA por el bimestre 3 de 1998 la actora solicitó la devolución del saldo a favor por $ 137.601.000, de los cuales $ 34.663.000 corresponden al saldo del período anterior y $ 102.938.000 al del bimestre en discusión (fl.56, cdno. ppal.), la Sala determinará el monto de lo que debe devolver la administración, tomando como base los $ 102.938.000.

Por tanto, con base en una regla de tres simple, si durante los 60 días que conforman el bimestre, la actora declaró un saldo a favor de $ 102.938.000, por 36 días (que comprenden los 30 días de mayo y los 6 de junio de 1998), tiene derecho a $ 61.200.000. Esta cifra, adicionada al saldo a favor del bimestre anterior ($ 34.663.000), da un total de $ 95.863.000, que a título de restablecimiento del derecho, deberá devolver la Dian, junto con los intereses previstos en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.

En suma, se revocará la sentencia apelada y se anularán parcialmente los actos acusados para ordenar la devolución parcial del saldo pedido por la demandante. A título de restablecimiento del derecho, se ordenará la devolución de $ 95.863.000 más los intereses de los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

1.1. ANÚLANSE parcialmente las resoluciones 430 de 22 de mayo de 2000 y 4 de 25 de mayo de 2001.

1.2. A título de restablecimiento del derecho, ordénase la devolución de $ 95.863.000, junto con los intereses en los términos previstos en los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel, como apoderada de la DIAN.

(1) En virtud del artículo 555-2 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 19 de la Ley 863 de 2003, el registro nacional de exportadores fue sustituido por el registro único tributario RUT.

(2) Sentencias de 12 de septiembre de 2002, expediente 12962, C.P. Ligia López Díaz; 30 de abril de 2003, expediente 13270, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 15 de mayo de 2003, expediente 13277 y 12 de mayo de 2003, expediente 13117, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, cf., entre otras.

(3) Ibídem.

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