Sentencia 14539 de enero 27 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS POR LA DIAN

ES UN ACTO DE TRÁMITE QUE NO ES DEMANDABLE

EXTRACTOS: «Por medio de la Resolución 993 del 13 de febrero de 2003 el subdirector de fiscalización tributaria de la DIAN, ordenó el registro de que trata el artículo 779-1 del estatuto tributario, a los establecimientos de comercio e instalaciones del contribuyente, comisionando para ello a unos funcionarios de la mencionada subdirección, con el apoyo de la policía fiscal y aduanera, con fundamento en el conocimiento por parte de la división de investigaciones especiales acerca de posibles irregularidades de carácter tributario cometidas por el citado contribuyente.

(...).

1. En relación de la Resolución 993 del 13 de febrero de 2003, se observa que su fundamento normativo lo constituye el artículo 779-1 del estatuto tributario, que dispone:

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ordenar mediante resolución motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositario de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales” (...).

En desarrollo de estas facultades, la DIAN puede tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento.

Si bien en la demanda el apoderado judicial de la actora había considerado que el acto que ordena el registro era demandable, ya en el recurso de apelación y con el fin de controvertir la caducidad, considera que se trata de un acto de trámite y por lo tanto no demandable, argumento que comparte la Sala.

Los actos de trámite son aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponiendo los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, que es la que está sujeta a los recursos y acciones de impugnación.

Si bien existen eventos en los cuales un acto de trámite encierra en sí una decisión, y en este sentido adopta el carácter de definitivo, siendo por tanto demandable, este no es el caso del acto administrativo que aquí se demanda, pues ni pone fin a una actuación ni hace imposible continuarla.

Como lo precisó la Sala en la providencia de fecha 15 de mayo de 2003 (1) :

“... el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, constituye un medio de prueba señalado por la ley tributaria, como facultad de la autoridad administradora y recaudadora de los impuestos, para la correcta determinación de los tributos e imposición de sanciones y por lo tanto cualquier controversia que se suscite en torno a su decreto o práctica, puede ser alegada dentro de las etapas que se adelanten en la actuación gubernativa, con lo cual se garantiza no solo el derecho de defensa del contribuyente sino que se asegure el debido proceso en su adelantamiento. De otra parte las conclusiones tomadas por la administración con ocasión del registro, están sometidas a los principios de contradicción por parte del contribuyente, quien dentro de las diferentes etapas administrativas, puede presentar diferentes medios probatorios y de esa forma desvirtuar las pruebas que con ocasión al registro la administración recolectó en su contra”.

Sobre la naturaleza de este acto de registro, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-505 de 1999 al estudiar su exequibilidad precisó:

“... la Corte considera que la disposición normativa que niega los recursos contra el acto administrativo que ordena el registro, es una medida razonable y su objetivo es válido constitucionalmente, pues el registro es un mecanismo efectivo para obtener las pruebas solo si opera de tal manera que las pruebas que inculpan al contribuyente o agente retenedor no se alteren, oculten o destruyan. Por lo tanto, la eficacia del acto administrativo (C.P., art. 209) depende, en buena parte, de la oportunidad, la celeridad y lo imprevisible que alcance a ser la orden de allanamiento, por lo cual la norma acusada se justifica constitucionalmente.

Al mismo tiempo, es razonable que no existan recursos contra la decisión de ordenar el registro, como quiera que este acto administrativo es de carácter preparatorio cautelar, esto es un acto de trámite o instrumental que se constituye en un presupuesto importante para la decisión final que debe adoptar la administración. Así pues, esta declaración de voluntad administrativa está inserta en el procedimiento que adelanta la DIAN, por lo que solo se dirige a preparar que el acto definitivo y final se dicte dentro de los parámetros legal y constitucionalmente determinados, el cual por su propia naturaleza no es impugnable” (resalta la Sala).

Bajo el anterior criterio es que se considera que el acto de registro de oficinas o de establecimientos de un contribuyente expedido por la DIAN, es un ato preparatorio o de trámite que no pone fin a la actuación administrativa y, por lo tanto, no es susceptible de enjuiciamiento. La controversia que pueda suscitarse en torno a esta prueba, es dable plantearse en el proceso de determinación del impuesto o de imposición de la sanción, es decir, cuando ya se haya puesto fin a la actuación administrativa».

(Sentencia de 27 de enero de 2005. Expediente 14.539. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

(1) Expediente 13710, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapíé.

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