Sentencia 14556 de febrero 10 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicado 14556 de 2005

Ref.: 66001233100020020087201

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Textiles Omnes S.A.

Impuesto renta.

Fallo

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia de noviembre 27 de 2003, mediante la cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda declaró la nulidad de la liquidación oficial de revisión 160642001000002 de fecha 13 de febrero de 2001 y la Resolución 90002 del 28 de febrero de 2002, confirmatoria de la anterior, actos expedidos por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, por medio de los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 1997, presentada por la Sociedad Textiles Omnes S.A.

(...).

Consideraciones de la Sala

Observa la Sala que el actor en el libelo demandatorio planteó la nulidad de la liquidación oficial por la extemporaneidad del requerimiento especial de conformidad con los artículos 705, 706 y 730 del estatuto tributario, único aspecto analizado en la sentencia de primera instancia y alegado en el recurso de apelación.

Se precisa en la sentencia apelada que la declaración de renta por el año gravable 1997 fue presentada el 16 de abril de 1998 y el requerimiento especial 160762000000011 fue expedido el 16 de mayo de 2000, fecha posterior al vencimiento del término de dos años, previsto en el artículo 705 del estatuto tributario y sin que operara la suspensión de términos prevista en el artículo 706 ibídem, por cuanto no existió la alegada inspección tributaria.

Toda vez que la declaración tributaria corresponde al año gravable 1997 y la misma fue presentada en 1998, respecto de la suspensión de términos para notificar el requerimiento especial cuando se practique inspección tributaria, deben aplicarse las disposiciones contenidas en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, que sustituyó el artículo 706 del estatuto tributario, por tratarse de una norma de procedimiento, cuya aplicación es inmediata conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

Ahora bien, del estudio del plenario se desprende que la administración alegó que de conformidad con el artículo 706 del estatuto tributario el término para practicar el requerimiento especial se suspendió por tres meses, contados a partir de la notificación del auto 0021 de fecha 7 de abril de 2000 que decretó la inspección, encontrándose en consecuencia en tiempo el acto oficial cuestionado.

Para resolver la Sala considera que según el artículo 705 del estatuto tributario, el requerimiento especial “deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva”, sin embargo, la ley prevé que el citado plazo puede ser suspendido “cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de tres meses contados a partir del auto que la decrete”, según lo dispone el artículo 706 ibídem. Lo cual implica que la suspensión del término no es por el lapso que “dure la inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete.

Antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la jurisprudencia de esta corporación reiteró que el lapso de suspensión del término para notificar el requerimiento era mientras durara la inspección tributaria, máximo por tres meses, lapso que empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practique. No bastaba la notificación del auto que ordena la inspección para que operara la suspensión (1) .

Con la modificación contenida en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, el texto del artículo 706 del estatuto tributario señala lo siguiente:

“ART. 706.—Suspensión del término. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá:

Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete.

Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección.

También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir”.

La Sala ha interpretado que con esta modificación legal, el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento especial ya no es el mismo que dure la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, como lo señala de manera expresa la norma, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión (2) .

A pesar de lo anterior, la Sala hizo una salvedad a la anterior posición con base en el texto de la norma transcrita, para aquellos casos en los que se dicta el auto que ordena la inspección, pero esta no se practica efectivamente. Así en la Sentencia 12635 del 18 de abril de 2002, reiterando al criterio ya expuesto señaló lo siguiente:

“Para resolver la Sala considera que según el artículo 705 del estatuto tributario, el requerimiento especial “deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar (...)” sin embargo, la ley prevé que el citado plazo puede ser suspendido “cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de tres meses contados a partir del auto que la decrete”, según lo dispone el artículo 706 ibídem. Lo cual implica que la suspensión del término no es por el lapso que “dure la inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete.

Ahora bien, para la Sala la suspensión del término para notificar el requerimiento especial, opera solamente cuando existe realmente una inspección tributaria, pues resulta perfectamente claro que mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo, no puede entenderse como es obvio, que hubiesen ejercido alguna, “inspección” ni menos que hubiese empezado la suspensión del mencionado término.

Igualmente la expresión “se practique inspección tributaria”, implica que efectivamente se realice esta, al punto de no admitir distinciones que la propia norma no hace, ni interpretaciones extensivas del concepto de inspección” (resalta la Sala).

Para la Sala, la suspensión del término para proferir el requerimiento especial empieza a correr desde la fecha en que se notifique el auto que ordena la inspección tributaria, pero opera solamente cuando la diligencia se practica, para lo cual basta que dentro del período se realice al menos una prueba relacionada con la inspección, pues resulta claro que mientras los funcionarios comisionados o inspectores no realicen alguna actividad propia de su encargo, no puede entenderse como es obvio, que hubiesen efectuado la “inspección” ni menos que hubiese empezado la suspensión del mencionado término.

En efecto, la sola notificación de la actuación que ordena la práctica de la inspección tributaria no implica su iniciación y menos permite deducir que a partir de la notificación del auto previo comisorio (de inspección), deba suspenderse el término para requerir, toda vez que se trata de un acto preparatorio y no es la inspección misma, de suerte que mientras los funcionarios no inicien las actividades propias del encargo, no puede darse por iniciada la diligencia, por lo tanto no son de recibo las argumentaciones aducidas por la administración tributaria sobre la suspensión del término por tres meses contados a partir de la fecha de notificación del auto de inspección tributaria.

Ahora bien, el artículo 779 del estatuto tributario dispone:

“La administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias.

La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla.

La inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.

Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma” (resalta la Sala).

Del contenido de la norma transcrita se desprende que para que exista válidamente una inspección tributaria, debe existir una constatación directa de los hechos materia de investigación, adelantada por los funcionarios comisionados para el efecto.

En el caso concreto y vistos los antecedentes administrativos, observa la Sala que el 4 de abril de 2000, la división de fiscalización tributaria y aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira expidió el auto de apertura 01011 mediante el cual comisionó a dos funcionarios para la práctica de una inspección a la sociedad demandante, correspondiente al impuesto sobre la renta por el año gravable 1997.

A folio 33 del cuaderno 2 de antecedentes figura un documento al que denominaron “Acta de inspección tributaria” 0021 del 16 de mayo de 2000, suscrita por la funcionaria comisionada, en la que se anota:

“... se observa que el contribuyente en mención en el año investigado 1996 no incluyó en su declaración de renta el costo fiscal de los activos fijos por el cual se declararon en 1995, los cuales en el año 1996 ascienden a la suma de $ 19.554.157.000 y no al valor por el cual fueron declarados $ 13.890.477.128 (suma de los renglones OK, PW y PX), valor correspondiente al costo histórico ajustado. Valor que debe incrementarse por consiguiente en $ 5.663.680.000.

(...).

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que en los activos fijos depreciables del año gravable 1996 se genera un incremento de $ 5.663.680.000, este mismo valor debe incrementarse en el año gravable 1997 y a su vez ajustarse por inflación, el PAAG por el año 1997 equivale al 17.38% lo cual nos da un ajuste por inflación de $ 984.348.000, generando un incremento del renglón PX activos fijos depreciables de $ 6.648.028.000 quedando estos en $ 22.897.157.000.

Igualmente por la suma de $ 6.648.028.000 se incrementa el patrimonio bruto y el patrimonio líquido y por lo tanto sufre modificación la renta presuntiva presentada en la declaración privada así...”.

Examinada la actuación concluye la Sala, que si bien la administración investigó lo relacionado con la declaración de la actora, las modificaciones propuestas se efectuaron teniendo en cuenta únicamente los rubros plasmados en las declaraciones presentadas por el contribuyente por los años gravables 1995 y 1996 y las modificaciones propuestas por la misma administración a la declaración presentada por el año gravable 1996, información que reposaba en la misma dependencia oficial y que se verificó a través del auto de traslado de pruebas 0138 del 6 de abril de 2000, antes de la iniciación de la alegada inspección.

En consonancia con lo expuesto por el a quo, la información y pruebas que sirvieron de fundamento para la modificación de la declaración de renta presentada por la demandante por el año gravable 1997, no fueron recaudadas a través de la alegada inspección tributaria sino en cumplimiento del auto de traslado de pruebas, el cual fue anterior a la iniciación de la inspección, teniendo en cuenta que aunque no existe claridad sobre su fecha de iniciación; el auto de inspección tributaria 000021 fue notificado al contribuyente el 7 de abril de 2000 y el auto de traslado de pruebas 0138 se profirió el 6 de abril de 2000 (fl. 59 cdno. de a.).

Para la Sala la inspección tributaria ordenada por la división de fiscalización tributaria y aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira mediante auto 01011 del 4 de abril de 2000 no se realizó, teniendo en cuenta que las modificaciones propuestas a la declaración de renta presentada por la demandante por el año gravable 1997 se basaron en documentos que reposaban en la misma administración y que fueron allegados al expediente mediante auto de traslado de pruebas anterior a la realización de la pretendida inspección tributaria.

En consecuencia estima la Sala que no existiendo la alegada suspensión de términos, contenida en el artículo 706 del estatuto tributario, presentada la declaración de renta por el año gravable de 1997, el 16 de abril de 1998, cuyo vencimiento del plazo para declarar operaba el mismo día y proferido el requerimiento especial 16076200000011 el 16 de mayo de 2000, este se encuentra por fuera de los dos años señalado en el artículo 705 del estatuto tributario (3) .

Comparte así la sección la decisión adoptada por el tribunal en el fallo apelado, de declarar la nulidad de los actos acusados por evidente extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Ana Isabel Camargo Ángel para actuar en nombre de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) En ese sentido entre otras las sentencias del Consejo de estado, Sección Cuarta del 4 de noviembre de 1994, expediente 5735, M.P. Jaime Abella Zárate; del 31 de marzo de 2000, expediente 9794, M.P. Daniel Manrique Guzmán, o del 2 de noviembre de 2001, expediente 12370, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 8 de marzo de 2002, expediente 12300, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, y del 3 de mayo de 2002, expediente 12625, M.P. Germán Ayala Mantilla, entre otras.

(3) Por lo demás no se solicitó el saldo a favor, por lo que el término de firmeza de la liquidación privada se cuenta conforme al inciso primero del artículo 714 del estatuto tributario.

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