Sentencia 14558 de agosto 21 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Díaz Bueno

Ref.: Expediente 14558

Actor: María Edilma Valencia de Estrada

Santafé de Bogotá, D.C., agosto veintiuno de mil novecientos noventa y siete.

Autoridades nacionales

(...).

La Corte Constitucional ha expresado que los principios de derechos penal son aplicables al derecho administrativo disciplinario. En Sentencia T-438 del 1º de julio de 1992, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, dijo la Corte al respecto:

“Todo lo anterior lleva a la conclusión inequívoca de que este derecho disciplinario..., debe aplicarse con la observancia debida a los principios del derecho penal común. Debe aplicarse directamente el artículo 375 del Código Penal, que establece:

“Las disposiciones contenidas en el libro primero de este código se aplicarán también a las materias penales de que tratan otras leyes o normas, siempre que éstas no dispongan otra cosa.

En consecuencia, se debe entender que “materias penales” no es equivalente a “materias criminales”, sino a materias en las que se apliquen penas, y se debe entender el término “penas” en un sentido amplio, como cualquier represión estatal formalizada. Si no se aceptare la aplicación directa de este precepto en el derecho disciplinario, cabría en todo caso la aplicación analógica del mismo, por la similitud en la naturaleza de las normas.

En todo caso la misma Constitución permite hacer esta interpretación, pues en el artículo 29 generaliza las normas del debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas.

Si al derecho disciplinario se le aplican los principios generales del derecho penal, es claro que en el caso concreto que hoy ocupa a esta Sala, la Procuraduría violó uno de esos principios generales: el principio de la favorabilidad”.

En Sentencia T-037 del 6 de febrero de 1995, la Corte Constitucional, dijo:

“Si la falta de la cual se sindicaba a ... hubiera desaparecido en el estatuto posterior —hoy vigente— tendría que haberse aplicado el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, que la Corte no duda en afirmar que es de obligatorio acatamiento para todo proceso disciplinario, aun los que adelantan los establecimientos educativos”.

De acuerdo con lo antes expuesto se concluye que el principio de favorabilidad concebido dentro del derecho sancionatorio como acaba de exponerse, conlleva indulto y rehabilitación, cuando la conducta que antes fue reprochable deja de serlo conforme a una nueva reglamentación.

En el presente caso, el parentesco entre el concejal y la secretaria de educación, sobrina de aquél, dejó de constituirse en causal de inhabilidad, a partir de la fecha de expedición de la nueva Constitución Política de 1991, conforme al artículo 292, y por consiguiente, la falta disciplinaria en que pudo incurrir la demandante al no presentar renuncia de su cargo cuando entró a regir la Ley 53 de 1990, desapareció con la expedición de la nueva Carta Política de 1991, motivo por el cual, en desarrollo del principio de favorabilidad, la Procuraduría no podía sancionar disciplinariamente, una falta que dejó de serlo, si se tiene en cuenta que la formulación del pliego de cargos se produjo con fecha 27 de abril de 1992, según consta al folio 143 del cuaderno número 2, y los actos sancionatorios se produjeron con fechas 30 de junio de 1992 y 1º de febrero de 1993.

(...).

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