SENTENCIA 1457 DE AGOSTO 15 DE 1991

 

Sentencia 1457 de agosto 15 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONTRAVENCIONES AL RÉGIMEN DE CAMBIOS

PRESCRIPCIÓN

EXTRACTOS: «Cuando la Ley 33 de 1975 establece que la acción en las contravenciones al régimen de cambios internacionales y de comercio exterior prescribe en cuatro años, y se interrumpe por el auto de apertura de la investigación para principiar a correr de nuevo por el mismo término desde el día de tal interrupción, significa que el Estado, mediante el órgano competente, tiene cuatro años para indagar los hechos y adoptar una decisión, con la cual, obviamente, pone fin a la investigación, o, para decirlo de otra manera, a la actuación administrativa, que puede iniciar de oficio o a petición de parte.

Dicho lo anterior con respecto al particular inculpado quiere decir que este término de cuatro años es el plazo dentro del cual puede ser investigado, absuelto o sancionado.

La mencionada norma está señalando una competencia temporal, factor que unido a la competencia funcional y expedición regular y motivada del acto con la observancia de las reglas a las que se debe sujetar —que incluye fundamentalmente la garantía del derecho de defensa—, constituye el conjunto de elementos condicionantes del recto procedimiento administrativo, o sea el derrotero que la Administración, en este caso la Superintendencia de Control de Cambios, sigue para la expedición de un acto administrativo —en el sub lite se concretó en la Resolución No 00005 del 9 de enero de 1987—, con el cual culmina definitivamente la actuación, es decir, la investigación, por infracciones al Decreto 444 de 1967 y resoluciones 24 y 27 de 1968 y 1980, respectivamente, de la Junta Monetaria.

Como la investigación se inició el 14 de enero de 1983, y tuvo una suspensión de nueve días (entre el 15 y el 23 de diciembre de 1986), la competencia de la Superintendencia de Control de Cambios para tomar una decisión de fondo sobre la investigación se extendía hasta el 23 de enero de 1987, lo cual quiere decir que la Resolución 00005 de enero 9 de 1987, prealudida, se expidió con competencia temporal por estar enmarcada dentro de los cuatro años previstos en la Ley 33 de 1975 para tal efecto, como corresponde a una correcta interpretación de esta norma legal, la cual puso fin a la investigación o actuación administrativa.

Esta resolución fue notificada el 26 del mismo mes y año, y a continuación, en término, el 2 de febrero, interpuesto contra ella recurso de reposición que fue desatado mediante Resolución No 00262 del 26 de marzo siguiente, notificada ésta el 2 de abril de 1987.

Todos estos trámites, con ocurrencia posterior al 23 de enero del citado año, fecha en la cual precluyó el término de caducidad contravencional, son actuaciones ajenas por completo al procedimiento administrativo adelantado para investigar las presuntas infracciones al estatuto cambiario, toda vez que se cumplen en la forma y términos establecidos en las correspondientes disposiciones del Código Contencioso Administrativo (arts. 44 a 55), por lo cual mal puede entenderse, como equivocadamente lo entendió el Tribunal, que esos fenómenos procesales tengan que ocurrir dentro de los cuatro años a que se refiere la Ley 33 de 1975, que así no lo contempla, como tampoco ninguna otra disposición especial que lo justifique legalmente.

En igual confusión incurre tanto el señor Agente del Ministerio Público como la parte demandante al considerar que las etapas de notificación y de oportunidad para interponer los recursos hacen parte del procedimiento administrativo mediante el cual llega la Administración a expedir el acto administrativo con el que pone fin a una actuación de esa naturaleza, desconociendo u olvidando que aquella es solamente el instrumento mediante el cual se da a conocer a los interesados y a los terceros que puedan resultar afectados, las decisiones que ponen término a una actuación administrativa como se desprende de la clara preceptiva del artículo 44 del Estatuto Contencioso Administrativo, y menos aún configura un acto administrativo como lo sugiere, que es, el señor fiscal; y éstos los medios que el derecho establece para que el administrado ponga en juego el control de legalidad en sede administrativa con miras a que la Administración aclare, modifique o revoque su auto, que es lo que se entiende como vía gubernativa, la cual, agotada, lo deja en firme, lo que es suficiente para que la Administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento, todo lo cual encuentra respaldo legal en los artículos 62, 63 y 64 ibídem.

Si alguna duda queda acerca de esta distinción, el encabezamiento del artículo 50 del C.C.A., que se transcribe a continuación, la despeja.

“Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:...”.

Con relación a este tema, que es la razón de ser de la apelación impetrada, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación en el concepto a que atrás se hizo referencia, y con el cual esta Sección se ha identificado plenamente, como puede verse en sentencias dictadas por ésta con fecha julio 18 y julio 25 de 1991, expedientes 1567 y 1476, ponentes Yesid Rojas S. y Libardo Rodríguez R., respectivamente, consignó:

“La vía gubernativa es la posibilidad jurídica que se ofrece a los interesados para reclamar, mediante el recurso o los recursos pertinentes, los actos particulares que pongan término a las actuaciones administrativas, para que se aclaren, adicionen, reformen o revoquen. Por consiguiente, supone, necesariamente, un acto principal o definitivo que pueda ser objeto de la misma. En el caso objeto de la Consulta, requiere la existencia del acto que defina la investigación adelantada por la Superintendencia de Control de Cambios, expedido dentro del término de caducidad de la acción. La notificación, como los recursos de la vía gubernativa, puede surtirse con posterioridad a su vencimiento, tanto porque la Ley 33 de 1975 sólo prescribe el plazo para adelantar y definir la investigación como porque, mediante aquéllos, se trata de hacer conocer y reclamar el acto que impone la sanción; de ahí que la notificación y los recursos de la vía gubernativa se regulan a este respecto, no por la Ley 33 de 1975, sino por el Decreto-Ley 2733 de 1959 (hoy CCA) que prescriben términos específicos para realizar aquella e interponer y decidir éstos...

De manera que si el acto que define la investigación se expide dentro del plazo prescrito por la Ley 33 de 1975, aunque no haya sido notificado ni menos se encuentre ejecutoriado, no habría caducidad de la acción”.

Erró, pues, el a quo al considerar que al decidirse el recurso de reposición interpuesto contra la resolución sancionatoria 00005, y notificarse sólo hasta el 2 de abril de 1987, después de precluido el término de caducidad de 4 años previsto en la Ley 33 de 1975, se produjo una decisión extemporánea.

No obstante, la Sala no quiere dejar de observar en esta oportunidad lo siguiente: por razones de seguridad jurídica para los administrados, conviene que la Administración, dentro del mismo término que tiene para ejercer su competencia, notifique al interesado el contenido de la decisión sancionatoria, o al menos, como aconteció en el presente caso, lo haga conocedor del hecho de haberla tomado mediante su citación para que concurra a recibir la notificación personal de la respectiva providencia. Además, es claro que, en todo caso, el afectado con la decisión tendrá la posibilidad de controvertir y probar en juicio que, no obstante llevar el acto acusado como fecha de su expedición una que implique el ejercicio de la competencia dentro del plazo señalado en la norma positiva de derecho, esa competencia no se ejerció realmente dentro de ese término, que la fecha de expedición del acto es otra y que, por consiguiente, hay nulidad de la decisión administrativa por incompetencia por razón de tiempo.

(...).

Finalmente, la Sala deberá pronunciarse sobre el alegado quebrantamiento del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, según el cual la facultad que tienen las autoridades administrativas, para imponer sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas.

La Sala considera que dicha norma, contenida dentro de una regulación de lo que pudiera denominarse “el procedimiento administrativo ordinario'', no es aplicable a los procedimientos “administrativos especiales”, como fue el que precedió a la expedición de los actos acusados. La misma norma indicada como quebrantada es clara en ese sentido, cuando expresa: “Salvo disposición especial en contrario, ...”, estando así en consonancia con el inciso segundo del artículo 1º del mismo Estatuto, que dice: “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas, en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles” (subrayado fuera de texto).

En consecuencia, se concluye que el término que tiene la Administración para sancionar es el consagrado en la norma especial, es decir, el Decreto 444 de 1967, sin que sea admisible plantear el problema sobre los términos “prescripción” y “caducidad”, como se pretende, precisamente por la observación que se hace sobre la prevalencia de la ley especial sobre la de carácter general».

(Sentencia de agosto 15 de 1991. Expediente 1457. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

_______________________________