Sentencia 14571 de noviembre 27 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

EXONERACIÓN POR LEGÍTIMA DEFENSA Y CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

EXTRACTOS: «Hasta este momento de análisis la relación entre la muerte de William de Jesús Betancur con la actuación de la administración demandada, es simplemente física, no jurídica, pues se demostró que la herida que le produjo la muerte provino de disparo que fue percutido por un miembro del ejército.

b) Está probado, desde otro punto de vista, que William de Jesús Betancur fue herido, con arma de dotación oficial y por agente del Estado en horas de servicio, por reacción de un agente de la fuerza pública en protección de su derecho a la vida, legítima defensa objetiva, como más adelante se precisará de acuerdo con las pruebas antes vistas. Las circunstancias de los hechos involucran para su análisis jurídico dos figuras del derecho: la legítima defensa y la culpa exclusiva de la víctima. En teoría, ambas figuras, se cimientan en hechos independientes y constitutivos de exonerantes de responsabilidad. La legítima defensa corresponde más que todo al derecho penal y como elemento de la antijuridicidad (contra el interés jurídico tutelado) que permite justificar a quien cometió el hecho, que se investiga como delictivo, a partir de la comparación entre las conductas de agresión y de respuesta, que provienen por lo menos de dos sujetos distintos y que deberán ser analizadas bajo criterios de proporcionalidad, temporalidad y suficiencia en la provocación del ataque. Y la culpa exclusiva de la víctima responde más a unos conceptos de derecho civil y de derecho administrativo, ya no para justificar al victimario frente a la antijuridicidad del hecho sino para romper el nexo de causalidad entre el hecho y el daño; no se trata entonces del cotejo de dos conductas provenientes de dos sujetos diferentes sino de la observancia de una sola, la de la víctima, cuyo análisis se hace dentro de la causación del daño antijurídico y del nexo causal bajo criterios de eficiencia y exclusividad en la producción de aquel (5) .

(5) En sentencia de 8 de marzo de 1996, el Consejo de Estado dijo: “La legítima defensa, que es una figura del derecho penal, determina que el agente sea eximido de responsabilidad penal atendiendo a los móviles que originaron su conducta. La culpa exclusiva de la víctima es un eximente de responsabilidad de la administración fundamentada en que el perjuicio tuvo como causa la sola conducta de aquella”. Exp. 8262. Actor José Odelín López Restrepo.

En la practica contencioso administrativa y en materia de responsabilidad estatal una figura se incorpora a la otra, pues para el estudio del hecho constitutivo de legítima defensa se incorpora el análisis de la conducta subjetiva de la víctima.

c) ¿Qué entender por legítima defensa?

En la ley y en materia penal, el Decreto-Ley 100 de 1980 (C. Penal), vigente para el momento de los hechos, la reguló en los siguientes términos:

“ART. 29.—Causales. El hecho se justifica cuando se comete:

Por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.

Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, cualquiera sea el daño que le ocasione”.

Esta disposición se armoniza con el artículo 4º ibídem que enseña que para que una conducta típica sea punible “se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el interés jurídico tutelado por la ley”.

Ese concepto de la ley penal es utilizada por las demás normatividades en cuanto a los parámetros básicos para estudiar, aplicar y conceptualizar sobre la figura de la legítima defensa, aunque la jurisprudencia nacional civil y contencioso administrativa, como se verá más adelante, tienen su propia interpretación, a veces divergente y otras coadyuvante con la penal, cuando se trata de estudiar casos a la luz de dicha causal de justificación.

La doctrina civil Argentina aplica la preponderancia de las leyes penales sobre los demás ordenamientos en cuanto a la legítima defensa comprobada:

“La caracterización de la legítima defensa en materia civil no puede prescindir de las disposiciones de la ley penal al respecto, según las cuales para que se configure la legítima defensa se exige el concurso de tres requisitos, que también son requeridos por la doctrina.

A) Agresión ilegítima. Esta es la base del supuesto de la legítima defensa: la agresión puede recaer sobre un bien de cualquier naturaleza; en este sentido la interpelación de la jurisprudencia, tanto extranjera cuando(sic) nacional, ha tomado siempre una perspectiva sumamente amplia del problema ... Con respecto a la agresión ilegítima conviene señalar que hay acuerdo en la doctrina acerca de que ella debe ser actual: una legítima defensa contra un ataque que pertenece al pasado, o que tiende a prevenir un ataque futuro más o menos remoto no se concibe. Menos explícitamente se señala un segundo elemento de la agresión ilegítima, que posee, sin embargo, considerable relevancia: es el que se refiere a la ilicitud de la agresión debe estar constituida por un hecho positivo, y no por un hecho negativo: impedir un daño de omisión, implica la alteración de un estado de hecho existente, tutelado por la ley de la inercia —dice Venezian— y equivale a la remoción de un hecho ilícito positivo pasado, remoción que, como es notorio, no están autorizados a cumplir los particulares por medios violentos.

B) Necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir el daño. En este elemento se comprenden dos requisitos diversos; por un lado, la necesidad, en absoluto, de una defensa legítima que como se comprende es condición sine qua non de la licitud de la defensa; y por otro, la necesidad de una tal defensa. Este último aspecto es prácticamente el más importante y se suele enunciar, diciendo que la defensa debe ser proporcionada a la ofensa. Esta regla de racionalidad de la defensa respecto del medio empleado por el atacante ha sido siempre universalmente admitida.

C) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Este último requisito es fundamental en la legítima defensa, y es, precisamente, el que la justifica, puesto que de no mediar el concurso de tal circunstancia el ataque sería legítimo, y la defensa a su vez, devendría automáticamente ilegítima; y esto, sin tener en cuenta que en tales hipótesis existiría, cuando menos, culpa de la víctima.

Concurriendo estos tres requisitos, el daño que se pueda causar en uso de la defensa propia o ajena en los términos del ... Código Penal, no posee carácter ilícito, puesto que la conducta del agente que lo provoca constituye una causa de justificación: en tales casos no puede, pues, tener lugar el nacimiento de la obligación de reparar prevista en el ... del Código Civil...” (6) .

(6) Peirano Facio, Jorge. Responsabilidad extracontractual. Tercera edición. Ed. Temis. Bogotá. 1981. Págs. 268 a 270.

Por su parte la doctrina colombiana para efectos de la responsabilidad civil y su justificación en el hecho punible ha diferenciado entre la legítima defensa objetiva la cual permite al demandado exonerarse de responsabilidad sin más análisis y la legítima defensa subjetiva que según aquella solo tiene efectos exonerantes dependiendo de la conclusión sobre el análisis de culpa:

“Cuando el sindicado causa un daño penal y civil debido a un estado de legítima defensa objetiva y real, el orden jurídico justifica la conducta, ya que aquel obró loablemente, pues el orden legal estaba sufriendo un ataque injusto e inminente; el cual fue evitado mediante el proceder de quien lo defendió. En cierta forma es una especie de fuerza mayor, concretamente, del hecho culposo de un tercero, lo cual da más realce a la desacriminación que a la conducta del sindicado da la ley; cuando ello ocurre la acción civil basada en la culpa del sindicado absuelto no podrá proseguirse ni iniciarse contra la persona absuelta, no contra la persona que por ella deba responder...

Puede suceder que el sindicado en un proceso penal sea absuelto porque cometió el hecho en estado de legítima defensa subjetiva... Creemos que cuando el sindicado está errado en cuanto a las circunstancias de legítima defensa y a consecuencia de ello genera un daño penal por el cual es absuelto, habrá de determinar hasta qué punto se violan los principios que rigen a la culpa civil.

Si el juez civil considera que un hombre normal, colocado en las mismas circunstancias en que se hallaba el sindicado al momento de ocurrir el hecho también habría errado, la legítima defensa subjetiva también surtirá sus efectos en materia civil, y, en consecuencia, esa causal de inculpabilidad deberá aplicarse en el proceso civil y la sentencia deberá ser absolutoria. Por el contrario, si el juez civil considera que un hombre prudente y normal, colocado en las mismas circunstancias en que se hallaba el sindicado penal, no habría causado el daño, la sentencia penal que absuelve por legítima defensa subjetiva no constituye una cosa juzgada para efectos de una acción civil indemnizatoria...” (7) .

(7) Tamayo Jaramillo, Javier. De la responsabilidad civil. Tomo lIl Editorial Temis. Bogotá 1999. Págs. 287 a 289.

Ahora bien, la legítima defensa ha tenido particular aplicación en la justicia civil en cuanto atañe a la responsabilidad civil extracontractual relacionándola en forma directa con la cosa juzgada penal absolutoria, aplicación que de tiempo atrás ha quedado plasmada en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema al, en efecto:

En sentencia de 12 de octubre de 1999 (8) explicó el alcance del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal (cosa juzgada penal absolutoria) para concluir que existen eventos que tienen el alcance de “silenciar al juez civil”; se refiere la Corte a la decisión absolutoria penal por inexistencia del hecho o porque el sindicado no lo cometió o porque este obró “en riguroso cumplimiento de un deber o en legítima defensa”, inclusive frente a esta última que la decisión penal releva al juez civil de cualquier comentario.

(8) Sala de Casación Civil. Expediente Nº 5.253. Actor: Industria Licorera de Caldas.

En sentencia de 26 de febrero de 1998 (9) destacó la incidencia de algunas decisiones penales frente a ciertas causas de responsabilidad civil, incidencia que por lo demás ha generado de tiempo atrás controversia sobre la diferenciación entre el hecho ilícito penal y el hecho ilícito civil; a pesar de esa discusión dicha Corte plantea, como principio innegable, la unidad de jurisdicción y por ende el acatamiento de ciertas decisiones penales absolutorias para evitar decisiones incoherentes siempre que el objeto procesal en ambas acciones (civil y penal) sea coincidente; también advierte que esa decisión penal es limitante para el juez civil en forma exclusiva frente a aquellas decisiones de efectos civiles que pendan de comprobaciones de índole punitiva, es decir que “son de tal naturaleza que se las deba considerar como base necesaria e insustituible de la responsabilidad criminal declarada” porque frente a las demás conclusiones del juez penal la decisión no será de aquellas derivadas de la autoridad absoluta que atan al juez civil por lo cual a este le es viable contradecirlas y apartarse de ellas en su decisión. Y añadió:

(9) Sala de Casación Civil. Expediente Nº 4702. Actor: Orlando Avendaño y otros.

“Tratándose de las providencias de carácter absolutorio, tanto el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal actualmente en vigor, como el artículo 55 del estatuto vigente en octubre de 1991, ... disponen, en sentido general, que la acción civil se torna improcedente cuando se hubiese declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió, o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa, cuestiones estas que, dado ese singular cariz que les otorga el legislador, constituyen un confín que ha sido encomendado de manera preeminente a los órganos penales de la jurisdicción, de modo que sus inferencias quedan resguardadas de controversia en otros estrados judiciales ... Es palpable, entonces, que para el funcionario penal quedó demostrado que el “hecho no le es atribuible al encartado”, lo que equivale a decir que él no lo cometió, deducción que, como ha quedado dicho, produce efectos absolutos o erga omnes motivo por el cual los demás organismos de la jurisdicción no pueden desatenderla, por supuesto que en los términos escuetos en los que fue plasmada, no puede entenderse como una disquisición sobre la mayor o menor culpabilidad del sindicado en el percance, o la ausencia de esta, sino que, yendo mucho más allá, lo exonera de toda participación en el fatal desenlace o, lo que es lo mismo, pone al descubierto la inexistencia de cualquier vínculo o nexo de causalidad entre su conducta y el evento dañoso...”.

Luego, en sentencia proferida el día 13 de diciembre de 2000 (10) , en reiteración de la decisión anterior, planteó que el respeto y acogimiento a algunas decisiones penales por parte del juez civil, entre ellas la declaratoria de existencia de causal de justificación de legítima defensa, no puede entenderse como el recorte o desnaturalización de la función atribuida por los jueces civiles por la Constitución y la ley sino como el respeto y acogimiento al principio de unidad de jurisdicción, pues es al juez civil a quien en últimas corresponde, dentro del juicio resarcitorio, determinar si la providencia en firme que absuelve al sindicado del proceso penal tiene por causa uno de los motivos atrás indicados para lo cual se impone a él indagar si del proveído mismo surge de manera inequívoca y por demás clara, que fue la razón de la decisión que contiene, la presencia de uno de tales eventos porque de no ser así, no podrá tal autoridad, entonces, impedir el gestionamiento de la acción intentada, ni provocar la parálisis, o la terminación, del proceso que se esté adelantando”.

(10) Sala de Casación Civil. Expediente Nº 5468. Actor Nidia Plazas Muñoz.

También retomando la decisión anterior, en providencia de 3 de septiembre de 2002 (11) , advirtió que la sola existencia material de la providencia penal no era suficiente para declarar la cosa juzgada y esta consideración la apoyo en que “no es cuestión de trasplantar aquella decisión mecánicamente al litigio civil, sino que constituye menester ineludible del juez de esta especialidad, previa la aplicación del precepto 55, mirar que tal pronunciamiento, ese imputar el resultado dañoso a una fuerza extraña, no resulte meramente formal; no vaya a ser que en el punto calen pronunciamientos penales sin ningún análisis serio o, peor aún, carentes de todo análisis...”.

(11) Sala de Casación Civil. Expediente Nº 6358. Actor Roberto Jiménez Aguirre y otros.

La legítima defensa también ha sido objeto de tratamiento y decisión por la jurisdicción contencioso administrativa aunque en forma distinta a la justicia civil y un poco al margen de la decisión del juez penal, toda vez que se aplica la causal de justificación referida cuando analizado el supuesto fáctico y los medios de prueba concluye la existencia del hecho constitutivo de la misma, independientemente que se cuente o no con la decisión penal que analiza la conducta personal del agente del Estado bien porque aún no se ha proferido o bien porque simplemente no se inició proceso penal. Obviamente en caso de existir ese pronunciamiento será de gran apoyo para el juez contencioso administrativa para el análisis del caso porque hará parte de la comunidad probatoria (12) mas no para predeterminarlo ni para imposibilitar el estudio de responsabilidad frente al Estado.

(12) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 13 de julio de 2000. Expediente 12.208. Actor: María del Carmen Echavarría de Jaramillo y otros.

De tiempo atrás la falta de decisión del juez penal respecto a la causal de justificación de legítima defensa no ha sido determinante ni necesaria para que el juez de lo contencioso administrativo profiera la decisión dentro del proceso de reparación directa. Esta última afirmación se sustenta en que la responsabilidad estatal analiza la conducta de la administración “no la que asumió personalmente su agente, por lo cual carece de toda incidencia en esta acción el reconocimiento de la existencia de ese fenómeno y el sobreseimiento al sindicado que hizo la justicia penal militar” (13) , por consiguiente, el manejo que el contencioso administrativo hace en esta materia dentro del juzgamiento de los procesos de responsabilidad civil ni se apoya en la noción civilista de culpa porque la responsabilidad es anónima y objetiva (14) , ni en la decisión penal que la declare porque juzga desde una normatividad diferente “circunstancia que deja de lado, en principio no solo el manejo de la prejudicialidad penal sino de la misma cosa juzgada penal” (15) .

(13) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 9 de abril de 1992. Expediente 6879. Actor: Luz Dary Hernández.

(14) Sección Tercera. Sentencia de 21 de noviembre de 1990. Expediente 6078. Actor: Plutarco Elías Tarquino Pérez.

(15) Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 1993. Expediente 8231. Actor: Ana Dolores Giraldo y otros.

De tal suerte que si el juez de la responsabilidad del Estado, jurisdicción de lo contencioso administrativo, determina que existió motivo para que el victimario (agente del Estado) reaccionara, concomitante y proporcionadamente, a una agresión de la víctima, por regla general, no existirá responsabilidad del Estado por rompimiento del nexo causal siempre que configure culpa exclusiva de la víctima, pero sí podrá haberla cuando no obstante habiéndose comprobado la defensa, aunque legítima, resultó excesiva y por tanto “el centro de imputación jurídica debe llevar su cuota de responsabilidad y por lo mismo indemnizar los perjuicios causados en la proporción que corresponda” (16) o cuando se trate de una legítima defensa subjetiva o putativa a la cual no se les ha atribuido efectos exonerantes o cuando analizada esa legítima defensa desde el punto de vista de la víctima no encuadra en la característica de exclusividad y eficiencia de la culpa de esta. He aquí algunos de los eventos en los cuales el juez contencioso administrativo se aparte del juez penal.

(16) Sección Tercera. Sentencia de 4 de marzo de 1993. Expediente: 7237. Actor: Pascuala Caicedo y otros. Ver también sentencia de 16 de febrero de 2001. Expediente 12.622. Actor: Martha Lucía Pérez.

Corolario de los marcos normativo, jurisprudencia y doctrinario la legítima defensa en su efecto debe ser analizada desde el sujeto activo de la agresión (víctima) frente a la cual responde el victimario a fin de encuadrarla dentro de la culpa de la víctima. Por consiguiente se procederá a estudiar primero desde el punjo de vista teórico y luego desde el caso concreto el siguiente aspecto:

d) ¿Culpa exclusiva de la víctima?

La culpa de la víctima como causal de exoneración de la responsabilidad extracontractual de la administración, ha sido entendida como la proveniente de la violación de las obligaciones, deberes y reglas de convivencia, entre otras, a las cuales se encuentra sujeto el administrado. Esta corporación ha precisado en múltiples oportunidades que para que la culpa tenga un efecto exonerativo debe reunir los siguientes requisitos: que exista un vínculo de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño; que el hecho de la víctima no sea imputable a la administración (17) ; que si la culpa del directo afectado resulta ser causa única, exclusiva o determinante del daño aparecerá la exonerante de la responsabilidad pero si la conducta imprudente de la víctima concurre eficientemente con la de la administración, habrá lugar a que en la apreciación del daño este esté sujeto a reducción (C.C., art. 2357).

(17) Sentencia de 28 de febrero de 2002; actor Lucila Henao Cardona y otros; exp. Nº 13.011.

Los hechos que participan en la producción de un daño pueden ser fácticos o materiales o jurídicos; los fácticos o materiales son los que físicamente se perciben en el desenvolvimiento de los hechos; son causas inmediatas del hecho y físicamente concretan el daño; en cambio los jurídicos son la fuente normativa de los deberes y obligaciones en los cuales se sustentan el derecho de reclamación, la declaratoria de responsabilidad y la indemnización de perjuicios.

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, en más de los casos sobretodo en aquellos en los cuales se pretende el rompimiento del nexo causal con el hecho exclusivo del tercero y la culpa exclusiva de la víctima, el análisis que debe hacerse para efectos de determinar la obligación de la administración de reparar un daño, no puede quedarse en el simple terreno de los hechos físicos toda vez que existen causas de otra índole, las jurídicas, que están relacionadas con el incumplir ente de la carga obligacional normativa (constitucional, legal, administrativa u otra) que pueden resultar como causas eficientes en la producción del daño, rebasando así la percepción meramente física o material de la causa generadora del daño.

En el caso que ocupa la atención de la Sala esas causas jurídicas de legítima defensa y de culpa exclusiva de la víctima, en efecto se superponen a la causa material (muerte por disparo de arma de dotación) como pasa a estudiarse:

e) Análisis de esas dos figuras para el caso concreto.

Particularmente, la comunidad probatoria referente a los puntos de legítima defensa y culpa exclusiva de la víctima es la siguiente:

La fiscalía en la diligencia de levantamiento de cadáver, realizada el día 1º de abril de 1995, da cuenta que según la información de la policía en los hechos en que resultó muerto William tomó parte el Ejército Nacional que incautó el arma que poseía el occiso Betancur González en el momento en que fuera muerto, incautación que también se acredita mediante oficio de 3 de abril de 1995 mediante el cual el Ejército Nacional puso a disposición de la fiscalía un revolver Colt, calibre 38 largo retenido al señor William de Jesús Betancur González por parte del Cabo Segundo Comandante de la Patrulla Fernando Patiño Piraquive; propiedad del arma que el testigo Germán González Díaz (quien dijo ser tío de William) reconoce cuando en su declaración rendida ante la fiscalía el día 4 siguiente y en la cual da cuenta que William la tenía hace dos o tres meses (fls. 5 a 6; 32; 23 a 24 y 41 a 42 cdno. 3 proceso penal).

La Policía de Apía al informar sobre los hechos a la fiscalía mediante oficio del día 2 de abril de 1995 narró que al interior de un vehículo automotor resultaron heridos con arma de fuego de revolver percutido por William Betancur otros dos particulares (Areiza y Marín); que el “sicario” emprendió la fuga; que en esos momentos una patrulla del ejército que se encontraba cerca al lugar, emprendió la persecución contra William quien “dirigiendo la cara y el arma que portaba hacia la patrulla no tuvieron más que hacer sino dispararle a su cuerpo como defensa personal y para la retención del individuo por el delito cometido segundos antes”. Y que el arma incautada tenía un cartucho y tres vainillas aunque no se utilizó ninguna protección para la conservación de las huellas digitales del individuo (ver fls. 23 y 24 cdno. 3 proceso penal). Informe que coincide con el del ejército también del 1º de abril de 1995 en el cual da cuenta a la fiscalía que el perseguido disparó contra la patrulla “respondiendo esta en defensa propia con fuego para poderlo retener, en ese momento el suboficial le incautó un revólver” (fls. 13 y 14 cdno. 3 proceso penal).

El testimonio rendido ante la fiscalía el día 3 de abril de 1995 por el comandante Patiño Piraquive, a quien la demanda denomina victimario, dentro de la averiguación por el homicidio de Benjamín Areiza da cuenta que el individuo llevaba un revólver en la mano; que “volvió apuntándome trató de apuntarme nuevamente y yo le disparé, dándole el tiro en la espalda, inmediatamente cayó y me dirigí al sitio y le quité el revólver que llevaba empuñado en la mano”. Afirmó que expresamente “el me disparó, motivo por el cual le disparé” (fls. 35 a 36 cdno. 3 proceso penal).

Ahora: La Sala partiendo del marco conceptual sobre legítima defensa y culpa excIusiva de la víctima y prosiguiendo con las pruebas, precitadas, encuentra que el comportamiento desplegado por la víctima directa, William de Jesús Betancur que a su vez motivó la reacción del agente estatal Fernando Patiño Piraquive, fue causa primera y única en la producción de su propio daño pues no solo se trató de un simple desacato de obligaciones, sobre porte de armas, sino de amenaza grave a la vida de las personas que en ese momento encarnaban la autoridad pública, por la cual desencadenó la reacción; de no haberse desplegado la conducta agresora de la víctima directa, de acción contra la vida de los agentes que realizaban el operativo, desaparecerían tanto del plano físico como del jurídico los hechos aducidos por el demandado como constitutivos de culpa de la víctima que dieron lugar a la reacción de legítima defensa objetiva de los servidores del Estado y aparecería, muy posiblemente la responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, contrario a lo manifestado por la parte demandante las pruebas sí dan certeza de que la víctima directa no se encontraba en estado de indefensión, y fue ella la que desarrolló entre sus comportamientos, uno que fue de amenaza grave a la vida de los agentes, exponiéndose imprudentemente y en forma exclusiva a sufrir el daño; el disparo inmediato de reacción del agente a protección de su vida, condujo de hecho a la muerte de la víctima pero jurídicamente su conducta es la causa de la imputación a su propio daño.

La agresión ilegítima proveniente de William y dirigida contra el comandante generó el hecho actual y concomitante de este como defensa, es decir que desde el punto de vista de la temporalidad fue actual y concomitante; la ilegítima agresión constituyó a su vez acción de provocación suficiente para quien se defendió de una causa de agresión, consistente en repeler un ataque contra su vida; la defensa se efectuó con utilización de medio para repeler el daño —fusil Galil— que respondió proporcionalmente al medio de agresión utilizado por el ofensor —revólver Colt—, ambas armas de fuego con potencialidad de causar daño mortal (criterio de proporcionalidad) y se respondió con una conducta fundada en el criterio de racionalidad: los disparos de defensa percutidos se dirigieron a sitios no vitales de la humanidad del ofensor.

Se trató entonces, desde la óptica del Estado de una legítima defensa objetiva, cierta y real del agente que jurídicamente ampara la ley justificando el hecho y desde la óptica de la víctima de su culpa exclusiva pues se reitera asumió el riesgo de su propia conducta y que jurídicamente es consecuencia de la exoneración de responsabilidad, imputando el daño padecido por la víctima a esta misma, y concluyendo que el daño padecido por los demandantes no es indemnizable por el Estado al no ser antijurídico.

En asuntos similares al caso, la Sala indicó lo siguiente en sentencia proferida el día 18 de mayo de 1996 (18) :

(18) Expediente 10.365. Actor: Gerardo Antonio Silva y otros.

“En el caso que ocupa la atención de la Sala, los elementos de convicción recaudados en el proceso, que la Sala valora como indicios, lejos de mostrar que las autoridades adelantaron el operativo policivo plagado de irregularidades indican que el despliegue y reacción de la fuerza pública proporcional al ataque que perpetraron contra sus vidas, entre otras personas la propia víctima.

La decisión inhibitoria proferida por la Fiscalía General de la Nación unidad previa y permanente de Armenia, en favor de los miembros de la agencia de seguridad que intervinieron en el operativo en el que perdieron la vida el conscripto, merece toda consideración por la Sala, no solo por constituir un indicio grave de la responsabilidad exclusiva de la víctima en el resultado dañoso, que le imputan a la administración sino porque el estudio de la realidad fáctica y probatoria está ceñido a las circunstancias en que se desenvolvieron los hechos.

Así las cosas, al evidenciarse de la referida providencia que la conducta culposa de la víctima, consistente en agredir con arma de fuego a los agentes de seguridad, desencadenó la reacción de estos para salvaguardar sus vidas, mal podría deducírsele responsabilidad a la administración pues los efectivos actuaron en forma proporcional y profesional, para hacer frente al ataque de que fueron objeto.

La sola conducta ilícita de la víctima no exonera de responsabilidad a la administración quien para lograr este beneficio debe probar que su reacción se ejecutó dentro de los cánones y proporciones establecidos por el reglamento que la gobierna y en cuanto lo indican los hechos que rodean el acto nocivo.

La fuerza pública debe estar siempre regida por criterio de congruencia, oportunidad y proporcionalidad de manera que sus poderes no sean utilizados de forma exorbitante, y más bien dentro de los límites que correspondan con sus fines. El criterio de proporcionalidad es más exigente en cuanto excepcionales y portadores de riesgos sean los medios otorgados a la administración, así ocurre en el caso de los funcionarios de policía, los cuales por su preparación profesional y por la dotación de armas oficiales capaces de producir graves e irreparables daños a la vida humana, se les exige que sus procedimientos estén precedidos de una apreciación equilibrada de las circunstancias en las cuales actúan y que empleen sus armas solo cuando se encuentren bajo una situación de peligro inminente o riesgo real para ellos o para terceras personas y en cuanto dicho evento sea superable solo con el uso del armamento de dotación.

No podría alegarse proporcionalidad cuando por ejemplo la víctima simplemente huye, en cambio hay lugar a su consideración cuando agrede a la autoridad con arma de fuego y esta repele con igual intensidad y así lo indiquen las circunstancias particulares del caso como cuando la víctima luego de cometer una infracción penal, adicionalmente se enfrenta con violencia a la autoridad”.

Y en sentencia de 21 de noviembre de 1996 (19) :

(19) Expediente 9531. Actor: Salomón Rodríguez y otros.

“No constituyen falla del servicio porque la policía, como guardiana de la seguridad ciudadana, no puede permanecer inerme, pasiva y excesivamente cautelosa cuando está en una situación de evidente peligro, como la que narran los autos, o sea la captura o retención de alguien que había herido injustamente con su arma de fuego a un policía y que disparaba sin cesar en la carrera hacia su refugio. El porte y uso de armas de fuego sin autorización legal no es solo un delito, sino una actividad peligrosa que exige la mayor prudencia.

El ciudadano que se embriaga y porta y usa su arma de fuego, la acciona contra la policía que la requiere y además huye a tiros, incumplió los deberes constitucionales. El Estado que reprimió esa conducta, en las circunstancias del sub judice, no tiene por qué responder por los daños ocasionados. Se causaron de forma legítima. El uso de la fuerza oficial en esas circunstancias no es fuente de responsabilidad administrativa porque no configura un caso de falla del servicio ni el daño producido es antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución”.

Todo lo anterior conduce a la Sala a imprimir más fuerza de convicción al estudio jurídico de los hechos y sus pruebas para afirmar que, en este caso, se representó procesalmente la culpa exclusiva de la víctima. En consecuencia, el hecho dañoso desde el punto de vista material o físico provino del Estado, pero el daño que se concretó en la muerte fue causado, jurídicamente, por la conducta culposa de la propia víctima, quien fue el propiciador exclusivo. Por lo tanto no se puede concluir, como lo pide la demanda, que la muerte físicamente causada a una persona por el Estado siempre sea imputable a la violación por parte de este al derecho a la vida, protegido en los pactos internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Nacional (arts. 2º, 11) y en los diferentes ordenamientos internos; es necesario que la causa de la muerte no esté jurídicamente justificada para que el daño que se sufre, por la pérdida de un ser querido, sea antijurídico para ser indemnizable.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo apelado pues el a quo analizó concienzudamente el material probatorio y aplicó en rigor jurídico las reglas de derecho, frente a las pretensiones y excepciones procesales, para desestimar las súplicas de la demanda por hallar plenamente establecido el hecho, de culpa exclusiva de la víctima, alegado por la Nación colombiana».

(Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Expediente 14.571. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez).

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