Sentencia 14589 de marzo 18 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PERJUICIOS MORALES

SOLICITUD POR UN SUPUESTO DESPRESTIGIO PROFESIONAL

EXTRACTOS: «Está demostrado que el demandante, en su condición de apelante presentó ante la caja de retiro de las Fuerzas Militares, solicitud de asignación por retiro a favor del señor Dorian Meza Piedrahita y, además, pidió que previo a la resolución de la misma se requiriera al Ejército Nacional la hoja de servicios del ex militar. La caja le respondió que su solicitud no podía ser decidida porque no reposaba en la entidad tal hoja. No obstante, pocos meses después, una vez la entidad competente remitió la historia laboral del interesado, la caja de retiro reconoció, de oficio, la asignación por retiro, sin reconocerle personería al abogado, razón por la cual tampoco le notificó el acto administrativo correspondiente.

Con fundamento en tales hechos, el abogado presentó queja ante el director de la misma entidad, contra los funcionarios responsables. La queja fue tramitada y decidida en corto tiempo, en forma favorable a los intereses de los funcionarios, pues se consideró que éstos no habían incurrido en ninguna falta.

En la demanda se señaló que tales hechos le causaron al demandante, los perjuicios morales y materiales, que consistieron en:

“El daño moral sufrido por el suscrito en el caso del señor Meza Piedrahita consiste en las nefastas repercusiones que las mencionadas omisiones y negligencias de la administración tienen sobre mi desempeño profesional. El desconocimiento del poder que se me otorga me condena a una especie de “muerte profesional”, porque de una manera velada, injusta e ilegal, en la práctica se me impide laborar y ver los resultados de mis gestiones profesionales, forzándome a dejar de adelantar reclamos de prestaciones sociales militares, actividad que constituye mi trabajo y a la que me vengo dedicando desde hace ya catorce (14) años. El daño ocasionado es más grave, teniendo en cuenta que el caso del señor Meza Piedrahita no es único, es uno más dentro de la ola que se ha desatado tanto en la caja aquí demandada, como en el Ministerio de Defensa Nacional (...).

Los perjuicios materiales que se me causaron al pagarle directamente al señor Meza Piedrahita los valores retroactivos de la asignación de retiro ... que me impidió recibir en mi calidad de apoderado legal, la suma correspondiente a los honorarios pactados”.

IV. A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que éstos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria” (1) .

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso (2) .

Así, aunque en una primera etapa, la Sala fue renuente a reconocer indemnización de perjuicios de carácter moral, derivados de la actividad contractual, por cuanto consideró que “estos sólo se configuran cuando se presenta la violación de alguno de los derechos de la personalidad del sujeto” (3) , en etapas posteriores ha considerado que hay lugar a reconocer la indemnización del daño moral derivado de la imposición de una sanción contractual, cuando se tenga la convicción y la certeza de que la víctima lo padeció; certeza y convicción que debe suministrar quien los reclama, con elementos de prueba que no dejen duda de que debe accederse a una condena por ese concepto (4) .

Debe destacarse que la distinción entre el daño moral y el material, ha presentado dificultades de orden doctrinario. El argentino Orgaz ofrece un criterio esclarecedor al respecto. Afirma que “la distinción entre las dos categorías de daño no depende, en conclusión, de la índole de derechos afectados sino tan sólo de la repercusión que tenga el acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima” (5) y Jorge Peirano Facio agrega:

“Naturalmente, en cuanto a tal repercusión debe precisarse, aunque no lo digan los partidarios de esta tesis, que ella debe ser apreciada en el momento de producirse el daño (en tanto que éste integra el concepto de responsabilidad extracontractual), y no en el período de la reparación, ya que en este aspecto, incluso el daño moral, si se admite su reparación, incide sobre el patrimonio de la víctima en tanto que se entiende que una suma de dinero puede colmar la lesión infringida por él (sic)” (6) .

Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede deducir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.

El perjuicio material, en la modalidad de daño emergente es el menoscabo o lesión que afecta los bienes de la víctima o de los perjudicados con los hechos imputados a la administración y “que puede generarse tanto por la destrucción, deterioro, privación del uso y goce, etc., de bienes existentes en el patrimonio al momento del evento dañoso, como por los gastos que, en razón de ese evento, la víctima ha debido realizar” (7) . En la modalidad de lucro cesante es la ganancia o provecho que el actor dejó de percibir como consecuencia del evento dañoso.

V. En el caso concreto, considera la Sala, que al margen de que las conductas señaladas por el demandante y acreditadas en el proceso sean o no constitutivas de falla del servicio, no hay lugar a condenar a la caja de retiro de las Fuerzas Militares por los perjuicios morales y materiales reclamados por el actor, porque ni éstos ni la relación causal entre tales hechos y el daño aducido fueron demostrados.

En efecto, no se demostró que la omisión de la entidad demandada de abrir un expediente prestacional con la solicitud del apoderado, no reconocerle personería para actuar en el acto administrativo que ordenó el pago de la asignación por retiro al ex militar Meza Piedrahita y no haber sancionado disciplinariamente a los funcionarios que tramitaron la prestación, le hubiera generado al actor el desprestigio profesional, que según la demanda fue la razón del daño moral que padeció.

No se demostró que tales hechos le hubieran causado un grave sufrimiento, susceptible de reparación, de la naturaleza de aquel que se padece por la pérdida de un ser querido o el agravio que se infiere al cuerpo o a los sentimientos o a los derechos fundamentales de las personas con una lesión o una injuria.

El demandante no acreditó haber padecido realmente trastorno emocional significativo con tales hechos. Si bien el sufrimiento moral se padece interiormente, son sus manifestaciones externas las que permiten su afirmación. Por lo tanto, no basta con asignar calificativos a los hechos; es necesario demostrar su existencia, a través de cualquier medio de prueba.

Tampoco se acreditó que por las omisiones señaladas, el abogado demandante hubiera sufrido su “muerte profesional”, por quedar impedido para realizar nuevas reclamaciones ante la caja de retiro de las Fuerzas Militares, lo cual, valga aclararlo, no constituiría daño moral sino material. No se trajo al proceso ninguna prueba que acreditara que las omisiones aludidas fueron conocidas públicamente y menos que en razón de tal hecho, otros militares se abstuvieran de conferirle poder para que en su nombre realizara solicitudes ante la entidad demandada.

Ni siquiera demostró haber convenido unos honorarios con el señor Meza Piedrahita por la gestión que realizó y mucho menos la cuantía de los mismos. Tampoco, que de haberse convenido tales honorarios, el poderdante se hubiera negado a pagárselos y menos que esa negativa hubiera obedecido al hecho de que la entidad no abrió el expediente prestacional con su solicitud, ni le reconoció personería para actuar en el acto que le reconoció la asignación por retiro.

En consecuencia, no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado en el caso concreto porque el demandante no acreditó el elemento daño, condición ineludible para que se ordene su reparación».

(Sentencia de 18 de marzo de 2004. Expediente 14.589. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

(1) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(2) Sentencia del 24 de septiembre de 1987. Exp. 4039.

(3) Sentencia del 25 de julio de 1985. Exp. 2963.

(4) Sentencias del 13 de octubre de 1994. Exp. 9.206 y 28 de noviembre de 2002. Exp. 14.040.

(5) Citado por Jorge Peirano Facio. Responsabilidad Extracontractual. Bogotá, Edit. Temis, 1981. Ed. 3ª, pág. 380.

(6) Ob. cit., pág. 380.

(7) Eduardo A. Zanoni. El daño en la responsabilidad civil. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1993. Ed. 2ª, pág. 60.

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