Sentencia 14591 de julio 15 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 14591 de 2004

Radicación 25000232700020029017101

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Frontier de Colombia S.A.

Autoridades nacionales. Auto.

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil cuatro.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de enero 26 de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en virtud del cual se decretó la perención del proceso.

Antecedentes

La Sociedad Frontier de Colombia S.A., actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la liquidación oficial de revisión 900138 de noviembre 28 de 2000 y la Resolución 622-900064 de octubre 12 de 2001, proferidas por la división de liquidación y por la división jurídica tributaria de la administración de grandes contribuyentes de Bogotá.

A través de auto de marzo 15 de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, admitió la demanda instaurada, ordenando a la parte actora depositar la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000) para cubrir los gastos ordinarios del proceso, los (sic) fueron debidamente cancelados (fl. 91).

Mediante auto de octubre 23 de 2002, el tribunal decretó la acumulación del proceso 02-0299 al de la referencia y con auto de noviembre 13 de 2002 se ordenó a la parte demandante prestar caución por el 10% de la suma discutida.

La parte actora informó al tribunal, el 6 de febrero de 2003, la imposibilidad de prestar la caución por lo cual solicitó seguir el proceso sin exigir la póliza. Sin embargo el a quo por medio de auto de febrero 27 de 2003 no accedió a la solicitud, toda vez que el auto que ordenó la caución se encontraba en firme.

El 2 de mayo de 2003 el actor insistió en la imposibilidad de constituir la póliza y solicitó su reducción al 1%, petición que no fue acogida por el tribunal que ordenó dejar el expediente en secretaría hasta que se cumpliera el auto de noviembre 13 de 2002.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, a través de auto de enero 26 de 2004 decretó la perención del proceso porque la parte actora no dio cumplimiento a la providencia de noviembre 13 de 2002 dejando el proceso inactivo por más de 6 meses.

El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto que declaró la perención, manifestando que no se puede decretar la perención del proceso sin analizar la situación de fondo planteada en la demanda, cuando a la parte actora le es imposible conseguir la póliza en las condiciones que imponen las compañías aseguradoras y que son por problemas de liquidez de la sociedad.

Señaló que la solvencia patrimonial es suficiente garantía y que el tribunal no ordenó la caución en el auto admisorio de la demanda por lo que debe obedecerse es esta decisión y no otra.

La DIAN, como parte demandada dentro del proceso de la referencia se opuso a la prosperidad del recurso interpuesto señalado que la decisión del tribunal se ajusta a lo prescrito en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual solicitó confirmar el auto recurrido.

Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a la Sala determinar, si debe ser revocado el auto de enero 26 de 2004, por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” declaró la perención del proceso.

La Sala reitera la posición adoptada en auto de junio 16 de 2003, actor Carlos Arturo Quiza Camacho, expediente 13312, donde se rectificó la anterior posición por las siguientes razones:

De conformidad con el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo.

“ART. 148.—Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso” (resalta la Sala).

La perención es una forma de terminación anormal de proceso que ocurre cuando ha permanecido inactivo en la secretaría por seis meses durante la primera o única instancia, por causa distinta al decreto de suspensión, y por falta de impulso cuando este corresponde a la parte demandante.

Tratándose de procesos en los cuales se discute la determinación de impuestos nacionales o territoriales la perención tiene una relevancia especial, toda vez que el artículo 634-1 del estatuto tributario permite la suspensión de los intereses moratorios a cargo del contribuyente, después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva.

Así mismo el numeral 5º del artículo 831 del estatuto tributario señala como excepción al mandamiento de pago dictado en el proceso de cobro de impuestos, la interposición de demandas de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Significa que en los juicios tributarios, de no aplicarse la perención, el demandante negligente que incumple la orden judicial bien sea, de cancelar las expensas procesales o de constituir caución, cuando esta sea procedente, tendría incentivos adicionales para omitir su deber de impulsar el proceso ante la posibilidad de proponer como excepción, la presentación de una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, y la suspensión de los intereses moratorios, lo cual resulta inadmisible.

En el sub examine, el tribunal decretó la perención del proceso por la ausencia de la caución establecida en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, el cual dispone, según su texto vigente, que:

“ART. 140.—Si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público, bastará que se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto”.

Así pues, una vez señalada por el juez el valor de la caución, nace para el actor la obligación de cumplir con esta carga procesal, que de no acatarse, impide garantizar el pago de los impuestos o multas en cuanto fuere desfavorable lo resuelto y conlleva la imposibilidad de seguir adelante con el proceso.

Lo anterior, tiene su razón de ser en que la caución pretende garantizar que no se acuda a la justicia de manera injustificada y se evite el abuso del derecho de acción para evadir el cumplimiento de la obligación tributaria (1) , por tanto, la omisión de este deber impide que el actor sea oído dentro del proceso hasta tanto demuestre la seriedad de su causa. Si el proceso permanece en secretaría por más de seis meses a la espera de este impulso procesal a cargo del demandante, de conformidad con el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, se debe decretar la perención del proceso.

En el presente caso el tribunal ordenó constituir caución por el 10% de la suma discutida a través de auto de noviembre 13 de 2002, de conformidad con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, sin que la parte actora cumpliera la providencia, ni interpusiera recurso alguno contra la misma, por lo cual quedó debidamente ejecutoriado el 26 de noviembre de 2002.

Aunque durante el lapso de tiempo transcurrido entre el auto antes señalado y el que decretó la perención, el proceso pasó al despacho del magistrado, fue para resolver solicitudes extemporáneas del demandante, para modificar el monto de la caución, sin percatarse de la firmeza de la providencia que lo estableció. En consecuencia, al permanecer más de seis meses inactivo el proceso se reunieron las condiciones para decretar la perención del proceso.

De otro lado, en relación con el argumento del apelante según el cual no podía pedir una caución después de admitida la demanda, por lo mismo no sería procedente decretar la perención del proceso, la Sala se pronunció en el auto de abril 27 de 2001, expediente 11906, actor Adolia Rivas Valencia, magistrada ponente Ligia López Díaz, señalando que la caución debe ser fijada con posterioridad a la admisión de la demanda pues de lo contrario se impediría el acceso a la administración de justicia y se violaría el derecho a la igualdad, por lo tanto, el actuar del tribunal fue ajustado a derecho y el no cumplimiento de esta carga procesal, como se dijo anteriormente, dejó sin actividad el proceso y en consecuencia operó la perención del mismo.

Por lo expuesto, se confirmará el auto de enero 26 de 2004 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de enero 26 de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-138 de junio 30 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

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