Sentencia 14600 de marzo 29 de 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 14600

Acta 17

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Escobar Henríquez

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil uno.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la empresa Seguridad y Vigilancia Petrolera “Sevipetrol” Ltda. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 10 de diciembre de 1999, en el juicio seguido por Yillibeth Aguirre Reyes contra la recurrente y Occidental de Colombia INC.

Antecedentes

Yillibeth Aguirre Reyes reclamó, en su condición de cónyuge sobreviviente del trabajador Rubén Darío Romero Trujillo, y en representación de su hija menor, Xiomara Xined, la indemnización total de perjuicios derivados de “... la muerte trágica y accidental (...) ocurrida el 28 de octubre de 1990, por causa de un ahogamiento o sumersión, seguramente al caer en la laguna donde funciona una Draga que vigilaba...”, también solicitó la actualización de tal condena y “... además que se efectúen todos los incrementos monetarios en los ingresos del fallecido”.

Para sustentar tales peticiones, señaló que Sevipetrol Ltda., contratista de la Occidental para la vigilancia y seguridad en Caño Limón, contrató al señor Romero Trujillo desde el 16 de septiembre de 1990, quien para el 28 de octubre siguiente se encontraba en turno de 6: a.m. a 6: p.m. en el puesto de vigilancia ubicado en una Draga sobre una laguna y que siendo las 5: p.m., como era costumbre, “... rindió por radio su informe de cada hora, reportando que no había ninguna novedad en el puesto de trabajo, pero posteriormente transcurren dos (2) horas sin que nada se haya sabido...”, pues explica el apoderado de la parte actora, que quien debía relevar en su trabajo al causante se retardó por haberse averiado el bus que transportaba a los vigilantes desde Arauca.

Afirmó, de otra parte, que el 30 de octubre de 1990, los miembros de la Defensa Civil rescataron el cadáver del trabajador que se hallaba bajo el casco de la draga y señaló que “... surge la necesidad de considerar que el accidente se presentó, por carecer el lugar de trabajo de las seguridades y medidas de prevención y protección obligatorias para el cumplimiento de ese trabajo...”; añadió que para esa “hipótesis” se tiene en cuenta la inspección, “que es a la vez una investigación seria” realizada por un funcionario de la Sección de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, puesto que allí se estableció la falta de barandas de seguridad en la cubierta de la draga, la poca visibilidad por la oscuridad del agua de la laguna, el riesgo de resbalar en la cubierta de la Draga que es lisa, la falta de publicidad del reglamento de higiene, aún cuando está legalmente aprobado, y la ausencia de prueba de las reuniones del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial y del Programa de Salud Ocupacional.

Agregó el apoderado de la accionante que el funcionario del Ministerio conminó a las demandadas para que suministraran y exigieran el uso de chaleco salvavidas y publicaran el reglamento de higiene e indicó que se suscribió acta de conciliación por el pago que hizo Sevipetrol de los derechos laborales que correspondían al trabajador, incluido el seguro por muerte, pero no indemnizó los perjuicios derivados de la teoría del riesgo o culpa leve.

La Occidental de Colombia Inc. admitió que Sevipetrol, como contratista, le prestó servicio de vigilancia en Caño Limón, Arauca, pero se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que no existe solidaridad por ser diferentes las actividades ejecutadas por cada una de ellas; además argumentó que el funcionamiento, control y mantenimiento de la draga correspondía a su contratista Dragados Hidráulicos Ltda. De ahí que consideró que debía integrarse el contradictorio con esa empresa y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa, carencia de título y cosa juzgada.

Por su parte, Sevipetrol invocó la ausencia de responsabilidad en la muerte del trabajador y respecto de los hechos de la demanda dijo atenerse a lo probado; propuso las mismas excepciones que la Occidental, además de las de pago y prescripción.

El juzgado del conocimiento, el Primero Laboral del Circuito de Bogotá, negó el llamamiento en garantía formulado por las dos empresas demandadas, a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. De otra parte, en principio admitió la integración del contradictorio propuesta por la Occidental, y fue así que respondió la demanda el apoderado de Dragados Hidráulicos, pero luego, el a quo decidió que “... como consecuencia de la improsperidad de la excepción de litis consorcio necesario el proceso continuará con las demandadas inicialmente vinculadas y quedando de consiguiente excluido del mismo Dragados Hidráulicos Ltda.”.

En audiencia de juzgamiento celebrada el 23 de julio de 1998, el juzgado condenó solidariamente a las dos demandadas a cancelar la suma de $174.772.503,13 “... debiéndose actualizar dicha condena por el fenómeno de la indexación, al momento del respectivo pago de esta condena conforme al certificado de evaluación (sic) que expida el DAN (sic) o Banco de la República, por concepto de indemnización plena de perjuicios...”. Les impuso costas de las instancias en favor del demandante, además de otras a cargo de Occidental de Colombia INC. en favor de “Dragados Hidráulicos Ltda.”, empresa esta a la cual absolvió de toda pretensión.

Decisión acusada

El Tribunal redujo “... en un treinta por ciento (30%)” la condena impuesta por concepto de indemnización por perjuicios...” a Sevipetrol Ltda.; absolvió a la demandada Occidental de Colombia Inc. de todas las reclamaciones del actor, impuso las costas de las dos instancias a la única empresa condenada, y a la demandante las causadas en favor de aquella compañía. En lo demás confirmó la decisión del a quo.

Para decidir los recursos interpuestos por las dos empresas demandadas, el ad quem transcribió en parte la investigación realizada por el Ministerio de Trabajo acerca del accidente en el que perdió la vida el trabajador Romero Trujillo y se refirió a los informes de folios 268 a 282 y a algunos testimonios para luego señalar que:

“... lo que se recoge en conjunto de esas pruebas es que no obstante siendo el punto donde laboraba el trabajador de alto riesgo, la sola medida de seguridad que proporcionaba la empleadora demandada era el chaleco salvavidas y el casco, pero, en primer lugar no existe evidencia que al trabajador se le suministrara calzado antideslizante y que la draga se encontraba desprovista de barandas, siendo posible, como lo afirman las declaraciones, que cualquier persona pudiera caer a las aguas, apareciendo como respaldo objetivo de tales dichos, la investigación adelantada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social...”.

De otra parte consideró el sentenciador que de la misma investigación administrativa se deduce que el “... cuerpo del trabajador estaba sin la protección del chaleco salvavidas, de donde puede evidenciarse jurídicamente la compensación de culpas determinada por el artículo 2357 del Código Civil...”, de ahí que luego de invocar una sentencia de la Corte acerca de la reparación proporcional del daño, redujo la condena impuesta por el a quo. Por último halló viable la indexación de la indemnización de perjuicios, para lo cual mencionó otra sentencia de esta Sala de la Corte.

Contra la decisión de segunda instancia interpusieron recurso de casación los apoderados de la demandante y de Sevipetrol Ltda., los que fueron concedidos por el Tribunal y admitidos por esta Sala, pero en vista de que aquella parte no presentó la correspondiente demanda, se declaró desierta su impugnación y continuó el trámite de la otra.

Recurso de casación

Persigue mediante un cargo dirigido por la causal primera de casación laboral, la anulación del fallo impugnado y en instancia, la infirmación del proferido por el a quo, para que en su lugar se absuelva a Sevipetrol Ltda. de todos los pedimentos de la actora. El cargo acusa por la vía indirecta la aplicación indebida de los arts. 1º, 57, 58, 59, 199 y 216 del C. S. del T, 1614, 1616, 1757, 2341 y 2357 del C. C., como consecuencia de los errores de hecho que atribuye al fallador y que textualmente dicen:

“1º) Dar por demostrado, sin estarlo, que hubo culpa suficientemente comprobada de Sevipetrol en el accidente en que perdió la vida el causante.

2º) No dar por demostrado, que dentro del proceso, no están acreditadas las reales y verdaderas causas del accidente en que perdió la vida el señor Rubén Darío Romero Trujillo.

3º) Dar por demostrado, sin estarlo, que la ‘sola medida de seguridad que proporcionaba la empleadora demandada era el chaleco salvavidas y el casco’; y que la draga donde laboraba el occiso era de alto riesgo.

4º) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada Sevipetrol era diligente en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la salud y la seguridad de sus trabajadores.

5º) Dar por demostrado, sin estarlo, que Sevipetrol no exigía a los trabajadores el empleo del chaleco salvavidas

5º) Dar por demostrado, sin estarlo, que Sevipetrol no supervisaba la utilización, por parte de sus trabajadores del chaleco salvavidas.

7º) Dar por demostrado, sin estarlo, que Sevipetrol podía colocarle barandas a la draga de propiedad de Occidental de Colombia operada por Dragados Hidráulicos Ltda., en la cual prestaba servicio de vigilancia a través de sus trabajadores.

8º) No dar por demostrado, estándolo, que el causante incurrió en culpa grave al omitir el uso del chaleco salvavidas durante la prestación del servicio”.

Anota que tales errores obedecieron a la errónea apreciación del documento contentivo de la investigación realizada por el Ministerio de Trabajo sobre el accidente (fol. 26 a 33), informes de folios 268 a 282, demanda y su contestación (fols. 3 a 5, 77 a 84, 99 a 103 y 226 a 234), Reglamento de Higiene y Seguridad de Sevipetrol visto a fols. 36 a 56 y los testimonios de Julio César Flórez, Arnoldo Vanegas, Germán Gómez, Germán Velásquez y Néstor Alberto Rocha (fols. 289 a 295, 303 a 318, 371 a 373 y 378 a 380) y también acusa la falta de apreciación de los contratos de fols. 108 a 149 y 151 a 187, interrogatorio absuelto por el representante de Occidental de Colombia (fols. 253 a 286), requerimiento del Ministerio de Trabajo de fols. 34 y 35 y constancia de las Fuerzas Militares obrante a fol. 58.

En el desarrollo del cargo señala que la culpa que puede llevar a la indemnización total de perjuicios requiere de plena prueba y advierte que en este caso nadie sabe con certeza cómo ocurrió el accidente en el que falleció el trabajador Rubén Darío Romero Trujillo, que todo giró alrededor de suposiciones y de ahí el error del juzgador al dar por sentado que las posibles causas del accidente fueron las reales, porque las aducidas en el documento de fol. 26 eran solo condiciones de riesgos que posiblemente pudieron ocasionar el infortunio, pero no se acreditó que lo causaran. Indica además, que de la demanda y de la constancia vista a fol. 58, se colige que el trabajador era subteniente de reserva del ejército, preparado para cualquier imprevisto y por ello resulta muy extraño que se ahogara un muchacho de 22 años que se hallaba en esas condiciones.

Advierte que en el mismo documento de fol. 26 figura como causa, también probable del accidente, la falta de uso del chaleco salvavidas y que en consecuencia, bajo la misma suposición, debió concluirse la grave negligencia del trabajador en un sitio, en el que el agua constituye el mayor riesgo, lo cual descartaría la culpa en los términos del art. 199 del C. S. del T.

Explica luego que ninguna de las pruebas analizadas por el ad quem demuestra el “alto riesgo” que dedujo el juzgador, sino que por el contrario, existe evidencia de la diligencia y cuidado con las que actuó la empresa empleadora. Conforme con lo anterior indica que el piso de la cabina de la Draga en la que laboraba el causante el día del accidente estaba seco, de acuerdo con el documento de fol. 270 y que la descripción contenida en el acta de fols. 26 a 33 acerca de que estaba liso, no puede considerarse, si se tiene en cuenta que tal investigación se efectuó 22 días después del infortunio; anota que de este mismo documento se deduce que el trabajador usaba botas media caña con suela de caucho y que nadie puede asegurar que no fuera antideslizante y que en todo caso, no correspondía a la demandada la prueba de tal circunstancia, en tanto era la parte actora la que debía demostrar suficientemente la culpa en la ocurrencia del accidente. Por lo demás expone que aún de admitirse que el piso era liso, no hay prueba de que el trabajador se resbalara, ni que el calzado que llevaba no fuera antideslizante.

De otra parte estima equivocada la conclusión del fallador referente a que las únicas medidas de seguridad adoptadas por Sevipetrol fueron el suministro de un casco y del chaleco salvavidas, pues afirma que de acuerdo a los informes de fols. 268 a 275 se tiene certeza de las revistas que se hicieron en la tarde del día del accidente, hacia la 1:30, a las 2:45, 3 y 6:30, evidenciándose el uso del chaleco por parte del trabajador fallecido, tal como se acostumbraba por disposición de la empresa y que ello es demostrativo de su acuciosidad; además que según el documento de fol. 32, el cual no examinó el juzgador, el Ministerio de Trabajo dejó constancia del cumplimiento del comité de medicina, higiene y seguridad industrial, la publicidad del reglamento de higiene, la verificación de los programas de salud ocupacional, las reuniones semanales de seguridad industrial y las charlas sobre salud ocupacional.

Al respecto agrega que el contrato celebrado entre las dos sociedades demandadas contiene la cláusula 17 referente a la seguridad exigida, so pena de terminación del convenio, la que analizada en relación con el informe de fol. 268 y con el interrogatorio absuelto por el representante de la Occidental debió conducir a la conclusión de que se verificaron las medidas de seguridad, con la debida asistencia y supervisión de la empresa; señala que las recomendaciones que contiene el aludido documento de fol. 26, no debían cumplirse por la recurrente, ni que ella incurriera en su incumplimiento, y que se demostró la exigencia del uso del chaleco salvavidas, la supervisión de su uso, además que a Sevipetrol no le correspondía cambiar el acabado de la cubierta de la draga, ni colocarle baranda, porque Occidental era su propietaria y contrató el mantenimiento con Dragados Hidráulicos Ltda. (fol. 151 y 152); que en la respuesta a la demanda de esta última empresa, se explicó la imposibilidad de colocar tal baranda; con todo, señala, que el demandante prestaba el servicio en cubierta según el informe de fol. 26 y por ello las medidas de seguridad debieron analizarse de modo diferente.

Por último se refiere a la prueba testimonial y ofrece las razones por la cuales considera no debió el ad quem restar credibilidad a algunas de esas declaraciones.

Oposición de Occidental de Colombia

Resalta que conforme con el alcance de la impugnación, la recurrente está de acuerdo con la absolución impartida en segunda instancia a favor de la demandada Occidental, y tal hecho unido a la conformidad mostrada por la parte actora, conducen a concluir que se está frente a la culpa imputada únicamente a Sevipetrol, tal como lo concluyó el sentenciador. Además indica que según la jurisprudencia, la culpa patronal se deriva de la falta de diligencia y cuidado con los que debió actuar la empleadora, que se opone a la diligencia ordinaria o mediana y no a la máxima.

Réplica de la parte actora

Estima que el alcance de la impugnación es incompleto porque solo persigue el quebranto del numeral primero de la decisión acusada. Alude al principio de libre formación del convencimiento y anota que la decisión del Tribunal se apoyó en las conclusiones de las investigaciones del Ministerio de Trabajo y en las declaraciones de terceros, sin que fueran incluidas en el cargo; luego afirma que tales pruebas no son acusables en casación porque aquel es un informe de tercero que equivale al testimonio. Adicionalmente expone que tampoco puede derivarse un yerro de la respuesta de la demanda de Dragados y advierte que no se demostró una evidente equivocación del juzgador y menciona una sentencia de la Corte acerca del tema de las actividades peligrosas y la obligación de suministrar elementos adecuados de protección al trabajador.

Se considera

Sea lo primero anotar que contrario a lo que sostiene el opositor demandante, el acta vista a folios 26 y ss. del expediente, que él mismo anota corresponde a la investigación adelantada por un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no es una declaración de tercero, sino un documento público que contiene las diligencias realizadas por quien ejerce como autoridad administrativa de vigilancia y control de las condiciones de trabajo y de las medidas de seguridad contenidas en las normas sociales, en la forma prevista por los arts. 17, 485 y 486 del C. S. del T. Es así que a esa función se le ha denominado el poder de policía administrativo laboral de que está investido el citado Ministerio y en cumplimiento de tal atribución fue que se realizó la investigación a que se circunscribe el documento, en el campamento de exploración petrolífera Caño Limón, en Arauca.

Sentado lo anterior observa la Sala que, para concluir el Tribunal que el lugar de la prestación de servicios era “de alto riesgo”, se refirió básicamente a la investigación administrativa obrante a fols. 26 al 33 y a las declaraciones de los testigos Julio Cesar Flórez Guerrero y Arnoldo Vanegas Caicedo, el primero laboró para la empresa, y el otro, como miembro de la defensa civil, fue la persona que rescató el cadáver del trabajador; además indicó el juzgador que según la versión textual del primero “... allí no existía ninguna medida de seguridad, muy fácilmente se podía caer uno, el piso era liso, incluso yo una vez me caí y no pude salir fácilmente...” y conforme a lo afirmado por el segundo, “...de medidas de seguridad no había nada y que en ese sitio tan peligroso debían tener al menos un aviso sobre los riesgos, que le tocaba pasar por unas tablas sin barandas; que el piso era liso cuando llueve y no tenía barandas de seguridad; que lo único que miró fue que le dieron a los celadores de la draga unos chalecos en mal estado...”.

Ahora bien del análisis de las pruebas citadas por la censura se deriva:

1) El documento que contiene la investigación ya referenciada está dirigido al Jefe de la División de Salud Ocupacional del Ministerio y en él figuran los antecedentes del accidente en el que falleció el trabajador Romero Trujillo, una reseña de los hechos alrededor del infortunio y la inspección tanto de documentos, como del lugar, con constancias del funcionario del Ministerio de Trabajo acerca de las diferentes informaciones que recibió de personas indeterminadas. Adicionalmente se detallan datos sobre reglamentos de higiene, comités de medicina, higiene y seguridad; funcionamiento y existencia de las correspondientes actas, reuniones de seguridad industrial y salud ocupacional. Se anotan unas conclusiones y unas recomendaciones y se relacionan los documentos que indica el Inspector, anexa al acta de investigación.

Al respecto debe anotarse que en el mencionado documento consta que la draga carece de barandas de seguridad en su cubierta, que es lisa, en lámina de acero y ofrece el riesgo de resbalarse para el personal que por allí debe desplazarse. De tales circunstancias bien puede inferirse, como lo señaló el fallador la existencia de condiciones de inseguridad que ofrecía la draga en la que laboraba el causante Romero Trujillo y ello conduce a que se descarte la existencia de un yerro manifiesto, además porque la decisión acusada se sustentó principalmente en la prueba testifical reseñada, la cual dijo hallaba respaldo objetivo en aquella documental.

Tampoco se desvirtúa la inferencia del Tribunal por el hecho de que, una vez practicada la mencionada diligencia por el funcionario del Ministerio de Trabajo, se conminara a Sevipetrol Ltda. a cumplir unas obligaciones, puesto que precisamente esa medida se produjo, según lo que allí se anota, por la inspección que se efectuó con ocasión del accidente del señor Romero Trujillo, por lo que esta comunicación se entiende en armonía con aquella diligencia, y no obstante no figura un requerimiento específico en torno a la las barandas y el piso de la draga, se indicó que la empresa “... no podrá ubicar vigilantes en puestos que no reúnan condiciones locativas y ambientales que garanticen la seguridad y la conservación de la salud...” (fols. 34 y 35).

2) Por su parte, el acta levantada por el Ministerio de Trabajo (fol. 32), y el contrato celebrado por las dos empresas demandadas (fol. 108), en concordancia con los informes obrantes a folios 268 y siguientes dan cuenta de la existencia de reglamentos de seguridad, higiene, salud ocupacional, así como de los programas, comités y reuniones acerca de esos temas y del uso de los chalecos salvavidas, pero de modo alguno desvirtúan aquella conclusión del juzgador de la evidencia del alto riesgo que existía en el área de trabajo en la que se desempeñaba el trabajador fallecido, porque aquellas son medidas que no se refieren a los aspectos específicos, de la superficie lisa, la falta de calzado antideslizante y la ausencia de barandas que impidieran una caída, puntos estos a los que aludió en concreto el juzgador y que derivó fundamentalmente, se repite, de las declaraciones de los terceros arriba mencionados.

Adicionalmente, que el piso estuviera seco el día 28 de octubre según el informe de fol. 270 no es indicativo indefectible de un ambiente de trabajo que no fuera de alto riesgo, como lo estableció el ad quem.

3) En el mismo documento de fol. 26 consta que el vigilante Romero Trujillo usaba el día de su deceso “botas media caña negras”, pero ello no resulta suficiente para desquiciar la conclusión del ad quem en tanto en tal documento no figura que tuvieran suela antideslizante y de ahí que el fallador pudiera considerar la falta de suministro de ese tipo de calzado.

4) De la misma documental vista a fols. 26 y ss. se colige la falta de utilización del chaleco salvavidas por parte del trabajador accidentado, no obstante para el Tribunal tal circunstancia únicamente sirvió para determinar la “compensación de culpas” que lo llevó a reducir la condena por indemnización de perjuicios, de forma que para el juzgador no pasó inadvertida aquella situación fáctica.

5) La constancia expedida por el segundo comandante del Batallón de Policía Militar Bacatá obrante a fol. 58, en nada incide frente al tema de la culpa de la empleadora en el accidente de trabajo que halló demostrada el fallador, puesto que únicamente se refiere al servicio obligatorio que prestó el trabajador fallecido durante 1989, cuando gozaba de óptimas condiciones sicofísicas.

Acerca del argumento esbozado en torno al séptimo error de hecho, se observa que, independientemente del vínculo que tuviera la Occidental con una empresa que no fue demandada en este juicio, al empleador, esto es, Sevipetrol, correspondía mantener el ambiente de trabajo con las respectivas medidas de seguridad y de ahí que tampoco se desvirtúe la conclusión del juzgador de la existencia de riesgos en la draga en la cual se desarrollaba la labor.

En cuanto al escrito de folios 226 y siguientes que contiene la respuesta a la demanda por “Dragados Hidráulicos Ltda.”, sociedad que en esa etapa del proceso fue convocada al juicio, pero que luego se le desvinculó por el juez del conocimiento que consideró que no había lugar a integrar un contradictorio, solo podría dársele el carácter de documento declarativo emanado de tercero, el cual junto con la prueba testimonial citada en el cargo no puede examinarse, dado que no se demostraron los errores con los medios hábiles en casación.

En suma, del conjunto de pruebas calificadas en que apoya el censor sus argumentos, no se pueden extraer elementos que conduzcan a desvirtuar la conclusión del ad quem relativa a un ambiente riesgoso en el lugar del siniestro sin que se hubieran adoptado por el empleador todas las medidas necesarias para prevenirlo y evitarlo, de modo que si se aceptara examinar en casación la prueba indiciaria, cosa que no es posible en virtud de los señalado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, se hallaría que la inferencia del sentenciador en torno a la culpa patronal es admisible, y aunque también sería posible arribar a conclusiones diversas, en sede de casación han de respetarse las contenidas en la sentencia recurrida que encuentran respaldo razonable en el proceso

Las costas se impondrán a la parte recurrente, dada la falta de prosperidad de la acusación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de diciembre de 1999, en el juicio promovido por Yillibeth Aguirre Reyes contra Seguridad y Vigilancia Petrolera —Sevipetrol— y Occidental de Colombia INC.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte impugnante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Nader—Rafael Méndez Arango—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.

Gilma Parada Pulido, Secretaria.