Sentencia 14618 de diciembre 18 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

SE REITERA QUE NO PUEDEN SER LLAMADAS EN GARANTÍA AL PROCESO PENAL

EXTRACTOS: «En lo fundamental lo que planteó el libelista en el primer cargo es que el llamamiento en garantía no es procedente en el proceso penal, debiendo por lo tanto producirse la desvinculación procesal de la compañía aseguradora. Y le asiste razón, debiendo advertirse que se trata de una propuesta jurídica completa, frente a la cual la Corte no tiene reparos que formular desde la perspectiva de la técnica casacional.

Ya la Sala ha tenido oportunidad de referirse al punto planteado, ha concluido que en verdad no cabe el llamamiento en garantía dentro del proceso penal y a dicho criterio se remite.

Se dijo efectivamente en la providencia del 16 de diciembre de 1998, con ponencia del magistrado Carlos Augusto Gálvez Argote, lo siguiente:

“La posibilidad de vincular dentro del proceso penal al tercero civilmente responsable que el legislador introdujo en el Decreto 2700 de 1991 —nuevamente pues como bien se recuerda ya había sido consagrado en los artículos 58 a 66 del Decreto 0050 de 1987, siendo declarados inexequibles por la Corte Suprema en decisión de diciembre 3 de ese mismo año—, proviene de ser este tercero civil responsable por el daño, independientemente de que el mismo haya sido inferido por el agente del delito; es decir, que aun cuando el tercero no es el autor del daño e inclusive es ajeno a su producción causal, debe por la vía de la denominada responsabilidad indirecta, responder solidariamente por él, estando compelido a cubrir el valor de la suma indemnizatoria a que eventualmente se le condene en favor de la persona natural o jurídica perjudicada.

Por tanto, y siendo que dentro del proceso penal solamente puede perseguirse el pago de aquellos daños derivados del hecho punible, esto es los que tengan un nexo con los efectos lesivos del delito, cualquier pretensión orientada a hacer valer obligaciones que provengan de una fuente distinta no podrá ejercitarse en el trámite penal, por resultar evidentemente contraria a su naturaleza especial, única y limitada.

Por ello, así como no sólo desde un punto de vista estrictamente teórico se justifica que se dé un tratamiento diferenciado a la responsabilidad contractual de la extracontractual, procesalmente cobra mayor fuerza dicha necesidad partiendo nada más de un criterio de especialidad, pero fundamentalmente por tener origen cada una en fuentes de responsabilidad distintas.

De ahí que la prestación reparadora que en un momento determinado le pueda ser exigible al asegurador —cuyo ingreso como sujeto procesal en el proceso penal parece no tener reparo de lege ferenda por la doctrina nacional—, no dimana de responsabilidad directa ni indirecta, única posibilidad de aceptar la reclamación indemnizatoria como ejercicio de la acción civil activa o pasiva dentro del proceso penal, pues las obligaciones que surgen del seguro provienen del negocio jurídico en virtud del cual la aseguradora ha asumido la reparación prestando el equivalente pecuniario en las condiciones, límites y modalidades señaladas en las distintas cláusulas del contrato.

El contrato de seguro, por consiguiente, cumple en un sentido jurídico y económico con una función reparadora consistente en que la compañía asume los riesgos cuando se presenta el evento por el valor convenido en la póliza correspondiente, previo el pago de una prima, obligación que es ajena a la que compete al responsable y eventualmente al tercero civil dentro del proceso penal como efecto del hecho delictivo; mientras que la responsabilidad del procesado es directa y la del tercero civil colateral o indirecta frente a las consecuencias patrimoniales del delito por la producción del daño, el asegurador no es de ningún modo responsable de ese daño. Lo único que media entre éste y el tercero civil, o el propio procesado, es una obligación de naturaleza contractual o legal, en relación con la cual no sería por tanto el juez penal competente para pronunciarse.

Cobra mayor fuerza esta posición, si se tiene en cuenta que el de seguros constituye por esencia un contrato comercial de garantía complejo que crea una obligación condicional, pero no de responsabilidad, lo que de suyo excluye cualquier competencia en cabeza del juez penal para dilucidar aspectos inherentes a las diferencias que se puedan presentar relacionadas con la vigencia de la póliza, el aviso del siniestro, la reclamación, las objeciones, las exclusiones, etc., máxime cuando como es sabido dependiendo de la posición que asuma la aseguradora y las características propias de la póliza, por la vía civil la acción pertinente podría ejercerse a través de un proceso ejecutivo u ordinario según el caso.

Sin embargo, por lo mismo que no es factible en el proceso penal llamar en garantía a la aseguradora, esto no impide el ejercicio independiente de las acciones correspondientes con miras a hacer valer el seguro, más aún cuando en virtud de la Ley 45 de 1990 en los seguros de responsabilidad, esto es los que de acuerdo con el artículo 84 "imponen a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado”, los propios damnificados tienen “acción directa contra el asegurador”, conforme al artículo 87 ibídem”.

Mediante providencia del 20 de octubre de 1999, con ponencia del mismo magistrado, fue reiterada la tesis jurisprudencial y nuevamente fue ratificada por la Sala en la Decisión del 6 de septiembre de 2000, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla.

No cabe duda, entonces, sobre la prosperidad del cargo. Se incurrió en realidad en una irregularidad sustancial vulneradora del debido proceso, al ser llamada en garantía al proceso y condenada la compañía Colseguros S.A. Sus obligaciones, al tener como origen una relación contractual, escapan al juez penal y en esta medida en el presente caso se afectó la estructura del proceso.

Los argumentos del apoderado de la parte civil, dichos en su calidad de no recurrente para oponerse al cargo de examen, son —de acuerdo con lo dicho— inadmisibles. El hecho de que la acción indemnizatoria pueda ejercerse dentro del proceso penal, no significa que el llamamiento en garantía en el marco del mismo, por el hecho de la acción civil, traduzca que no se produjo el llamado “dentro del proceso penal...” sino “dentro de la acción civil”, como curiosamente lo expone el sujeto procesal. Sencillamente ese llamado en garantía tuvo ocurrencia en el trámite penal y, como se anotó, dado que las obligaciones de la aseguradora tienen como fuente el contrato de seguro y no el delito, la vinculación de la persona jurídica era improcedente.

De otra parte, no es verdad que el llamado en garantía adquiera la calidad de tercero incidental, como lo postula el no recurrente. Una cosa es la obligación del asegurador que se deriva de la relación contractual y otra muy distinta que tenga un derecho patrimonial afectado dentro de la actuación procesal, que es la característica que identifica la noción de tercero incidental.

(...).

En conclusión, se casará parcialmente el fallo impugnado en lo referente a la condena civil de la aseguradora llamada en garantía Colseguros S.A., decretándose la nulidad de lo actuado a partir de la decisión que dispuso su vinculación, inclusive.

Cuestión final.

A pesar de que se dispondrá casar parcialmente el fallo recurrido, esta decisión queda ejecutoriada con el solo hecho de su expedición.

Según el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal la providencia que resuelve la casación queda ejecutoriada el día en que es suscrita por la Sala “salvo cuando se sustituya” la sentencia impugnada. En el presente caso la orden de anulación parcial del fallo tiene como efectos la desvinculación de la persona jurídica llamada en garantía y naturalmente el de dejar sin vigor la condena al pago de daños y perjuicios dispuesta en su contra, sin que ello traduzca, como consecuencia, el proferimiento de una sentencia sustitutiva o de reemplazo, que es la hipótesis que según la disposición invocada condiciona su ejecutoria al transcurso de los tres días siguientes a la última notificación. Este pronunciamiento, entonces, queda ejecutoriado el mismo día de su expedición. Así lo ha resuelto la Sala en decisiones de junio 22 y octubre 4 de 2000 (Casaciones 12.160 y 12.938).

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada en lo atinente a la condena al pago solidario de perjuicios dictada en contra de Colseguros S.A.

2. Se decreta la nulidad de lo actuado en el proceso en relación con dicha firma a partir de la providencia que ordenó su vinculación. Todos los actos referidos a ella son ineficaces.

3. En los demás aspectos no se casa la sentencia.

4. Este fallo queda ejecutoriado el mismo día de su expedición.

Notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de casación, diciembre 18 de 2000. Radicación 14.618. Consejero Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

___________________________________