Sentencia 14635 de agosto 14 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora

Santafé de Bogotá, D.C., agosto catorce de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Expediente 14635

Decretos del gobierno

Actor: Jesús Vallejo Mejía

Acto acusado: Inciso 4º del artículo 5º del Decreto 1530 del 26 de agosto de 1996, “por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994”.

EXTRACTOS: «En el escrito de demanda (fls. 2-10) se impetra la nulidad del texto acusado, que dice lo siguiente:

“Las empresas que estando vinculadas al sistema general de riesgos profesionales el primero (1º) de agosto de 1994 y a partir de la vigencia del presente decreto continúen vinculadas a la misma ARP, podrán trasladarse a una nueva entidad administradora de riesgos profesionales hasta el treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996). A partir de esta fecha y para efectos del traslado deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo 33 del Decreto 1295 de 1994”.

En los hechos se expone que el decreto demandado fue expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social para reglamentar parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, y fue publicado en el Diario Oficial 42.864 del 24 de agosto de 1996.

El acápite cuestionado viola el artículo 33 del Decreto-Ley 1295 de 1994, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Los empleados pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos profesionales, una vez, cada año, contado desde la afiliación inicial o el último traslado, el cual surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que el traslado se produjo, conservando la empresa que se traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres meses”.

Consideraciones:

El punto fundamental de la controversia planteada radica en determinar si el decreto acusado, reglamentario de la Ley 100 de 1993 y del Decreto-Ley 1295 de 1994, implica un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República.

El artículo 97 del Decreto-Ley 1295 del 22 de junio de 1991 implantó de manera gradual el sistema general de riesgos profesionales, de forma que para los empleadores y trabajadores del sector privado operó a partir del 1º de agosto de ese año, para los del sector público a nivel nacional a partir del 1º de enero de 1996; para los del sector público a nivel territorial a más tardar esta misma fecha.

En lo que hace con el Instituto de Seguros Sociales, que ya venía administrando esa clase de riesgos, dijo en su artículo 78 que los empleadores afiliados al mismo al momento de entrar en vigencia, podrán trasladarse a otra administradora de riesgos profesionales debidamente autorizada. Es decir, a juicio de la Sala, que en este evento la anualidad respectiva comenzaba a contarse también a partir del 1º de agosto de 1994.

La norma demandada, inciso 4º del artículo 5º del Decreto 1530 de 1996, reza:

“Las empresas que estando vinculadas al sistema general de riesgos profesionales el primero (1º) de agosto de 1994 y a partir de la vigencia del presente decreto continúen vinculadas a la misma ARP podrán trasladarse a una nueva entidad administradora de riesgos profesionales hasta el treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996). A partir de esta fecha y para efectos del traslado deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo 33 del Decreto 1295 de 1994”.

A su turno, esta norma (D. 1295/94, art. 33), señaló:

“Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos profesionales, una vez, cada año, contado desde la afiliación inicial o el último traslado, el cual surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que el traslado se produjo, conservando la empresa que se traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres meses”.

Es decir, que los empleadores pueden trasladarse libremente a otra ARP, “una vez cada año” y este período se cuenta bajo dos hipótesis, a saber: Desde la afiliación inicial o desde el último traslado.

Así las cosas, si se tiene en cuenta la fecha en la que(sic) cual debió producirse la afiliación de las empresas del sector a las ARP-1º de agosto de 1994, tomando los períodos anuales subsiguientes a que se refiere el artículo 33 contados desde la afiliación inicial porque los del traslado varían a iniciativa del empleador, se observa que ellos vencían el 31 de julio de 1995 y el 31 de julio de 1996, respectivamente.

Por consiguiente, cuando el inciso demandado dispuso que las empresas vinculadas al sistema de riesgos profesionales el 1º de agosto de 1994, o sea todas las del sector privado, que continuaran vinculadas a la misma ARP podían trasladarse a otra hasta el 30 de noviembre de 1996, alteró y violó el principio de anualidad previsto en el artículo 33 del decreto ley reglamentado, conforme al cual era viable el traslado “una vez cada año”.

De otro lado, es evidente que además de contrariar ese principio de anualidad, la disposición cuestionada permitiría que las empresas que se hubieren trasladado de ARP entre el 1º y el 27 de agosto de 1996 pudieran hacerlo de nuevo, con el quebranto ostensible del artículo 33 del Decreto-Ley 1295 de 1994.

En ese orden de ideas, deberá decretarse la nulidad del texto impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Falla:

Declárase la nulidad del inciso 4º del artículo 5º del Decreto 1530 del 26 de agosto de 1996, que dice:

“Las empresas que estando vinculadas al sistema de riesgos profesionales el primero (1º) de agosto de 1994, y a partir de la vigencia del presente decreto continúen vinculadas a la misma ARP, podrán trasladarse a una nueva entidad administradora de riesgos profesionales hasta el treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996). A partir de esta fecha y para efectos del traslado deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo 33 del Decreto-Ley 1295 de 1994”.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese en los anales del Consejo de Estado y una vez ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su reunión del día 14 de agosto de 1997».

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