Sentencia 14650 de febrero 20 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 14.650 de 2008

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Ref.: Apelación sentencia.

Demandante: Rubén Darío Betancourth Caicedo

Demandado: Emcali

Bogotá, D.C., febrero veinte de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala confirmará la sentencia impugnada, para lo cual analizará los siguientes temas: i) la manera como se debe contar el término de caducidad de la acción contractual, en vigencia del Decreto 222 de 1983, y ii) los aspectos puntuales del caso concreto, entre los cuales se encuentran: i’) la naturaleza del documento denominado por las partes “acta de recibo final”, y la determinación de la fecha real de recibo de las obras, y ii’) la manera como se debe contar el término de caducidad, en el caso concreto.

1. El cómputo del término de caducidad de la acción contractual, en vigencia del Decreto 222 de 1983.

Está acreditado en el proceso que el contrato por el cual se demanda se suscribió el 5 de junio de 1991 —fl. 2 a 13 cdno. ppal.—, y que su plazo era de 180 días calendario, contados desde la suscripción del acta de inicio, la cual debía elaborarse el día de la entrega del anticipo previsto en el mismo contrato.

De este solo aspecto se deduce que la normatividad legal aplicable a este negocio es el Decreto 222 de 1983 y el Código Fiscal del Municipio de Santiago de Cali —D. 1.091, obrante a fls. 204 a 257, cdno. ppal.—, normas vigentes al momento de su celebración.

En vigencia del Decreto 222 de 1983 existía una dificultad en relación con el tema de la liquidación de los contratos, debido a que esta norma no contempló un término para realizarla. Esta situación forzó a la jurisprudencia de esta corporación a definir el tema, armonizándolo con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por medio de los siguientes pronunciamientos, entre muchos otros. En sentencia de agosto de 2001 manifestó que:

“La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sent. de ene. 29/88, Exp. 3615) (1) (...).

También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que este se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes...” (2) .

En ese mismo sentido, en la sentencia de 30 de agosto de 2001 —Exp. 16.256— señaló que:

“La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato. Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, Expediente 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En estos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración...” (3) .

En la sentencia de 10 de noviembre de 2005 —Exp. 13.748— se reiteró la manera como se debe contar el término de caducidad de la acción en un contrato de tracto de sucesivo, en los siguientes términos:

“2.1. Precisiones sobre el cómputo del término de caducidad de la acción, en vigencia del Decreto 222 de 1983. Está probado en el proceso que el contrato por el cual se demanda fue celebrado en el año de 1991, y que su ejecución se inició el 3 de mayo del mismo año —según acta suscrita por las partes del contrato, que obra a fl. 282 del cdno. 1—.

Por este solo aspecto es posible deducir que la norma legal aplicable al contrato es el Decreto 222 de 1983 —con el correspondiente Código Fiscal que lo adoptó—, ley vigente al momento de sus celebración.

También se encuentra probado que, con el ‘acta de recibo material de obra’, suscrita el 13 de septiembre de 1991 —fl. 90, cdno. 1—, se hizo constar que había concluido la ejecución del contrato, desde el punto de vista de las obligaciones pactadas. Expresamente dice este documento que las partes se reunieron:

‘... con el fin de realizar la entrega por parte del constructor y el recibo material de obra por parte de la Secretaria de Obras Públicas del Distrito Capital, de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato 010/91.

... el constructor responsable hace entrega real y efectiva al representante de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Capital y este recibe los trabajos enunciados anteriormente’.

Siendo así las cosas, a partir de este momento se debe empezar a contar el plazo de liquidación del contrato, y a partir de este el de caducidad de la acción, teniendo presente que para el momento de la celebración del contrato —e incluso de la ejecución del mismo— este plazo era de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que debió liquidarse el contrato, dando aplicación al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para ese año.

La dificultad que existía, en vigencia del Decreto 222 de 1983, debido a que no contemplaba un plazo para realizar la liquidación del contrato de obra, hizo que la jurisprudencia de esta corporación definiera el tema de la siguiente manera —sent. de ago. 30/2001, Rad. 50001-23-31-000-1999-6256-01 (16256)—:

‘La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato. Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, Expediente 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En estos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración... (4) .

Encuentra la Sala que, en el contrato 010 de 1991, se acordó, en la cláusula 17, que ‘una vez cumplidas las obligaciones surgidas del presente contrato... se procederá a su liquidación por parte del Fosop mediante actas en las que constarán las respectivas diligencias, las sumas de dinero recibidas por el contratista y las cantidades de obra ejecutadas por él...’.

Y más adelante se agrega, en el parágrafo de esta misma cláusula, que ‘Si no hubiere acuerdo para liquidar el contrato, se tendrá en firme la liquidación que mediante resolución motivada elabore la entidad contratante...’.

Esta cláusula refleja de manera clara i) que este contrato es de aquellos que requerían liquidación, y, de otro lado, ii) que no se estableció plazo alguno para realizarla, de manera que frente a esta situación aplican perfectamente los términos establecidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera —para los contratos regidos por el D. 222/83—, la cual ha dicho al respecto que:

‘La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sent. de ene. 29/88, Exp. 3615) (5) (...)’.

Aplicada la anterior posición jurisprudencial al caso concreto, encuentra la Sala que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, pero con la precisión que pasa a hacerse.

Para el tribunal el cómputo de los términos que hizo para llegar a la conclusión de que había caducado la acción fue el siguiente: A partir de la fecha del recibo de las obras se deben contar 2 meses para intentar la liquidación bilateral del contrato, 2 meses para realizar la liquidación unilateral del contrato y si no se hizo la liquidación en esos plazos, entonces se deben contar desde allí los 2 años para presentar la demanda. En otras palabras, para el tribunal el plazo para intentar la liquidación del contrato es de 4 meses.

Para la Sala se debe corregir este aspecto de la sentencia, para indicar, en su lugar, que el plazo que estableció la jurisprudencia, para liquidar un contrato regido por el Decreto-Ley 222 de 1983, es de 4 meses para intentar la liquidación bilateral, si lo anterior no se hace la administración cuenta con un plazo de 2 meses para que realice la liquidación unilateral —para un total de 6 meses—, y si esto tampoco se realiza a partir de allí se cuentan los 2 años de caducidad de la acción.

Aplicado este análisis al caso concreto, se encuentra que la caducidad de la acción efectivamente operó desde el 13 de marzo de 1994, teniendo en cuenta que la liquidación del contrato debió realizarse a más tardar el 13 de marzo de 1992, pues en esta fecha vencieron los seis meses que la jurisprudencia estableció para suscribir este documento —contados desde el 13 de septiembre de 1991, fecha de recepción de las obras contratadas—.

La demanda, por su parte, fue presentada ante esta jurisdicción el 30 de agosto de 1995, lo que confirma la decisión adoptada.

Ahora bien, el hecho de que hubiera entrado a regir la Ley 80 de 1993, en el mes de enero de 1994, de ninguna manera revive los términos de caducidad de la acción contractual, de modo que se sigue contando el plazo que existía antes de dicha ley” (6) .

La Sala no puede menos que reiterar lo que insistentemente ha dicho durante estos años, en materia de liquidación de contratos regidos por el Decreto 222 de 1983, esto es, que el plazo para liquidarlos, cuando no se definió en el contrato, es de 4 meses para hacerlo bilateralmente y de 2 meses para hacerlo unilateralmente. Si ninguna de las dos posibilidades se realiza, entonces desde el vencimiento de los 6 meses se empieza a contar el término de caducidad de la acción.

2. El caso concreto.

La inconformidad del actor con el a quo radica en que este declaró la caducidad de la acción, con fundamento en que el contrato se liquidó mediante el acta de enero 11 de 1992, suscrita por las partes, de manera que al haberse presentado la demanda en diciembre de 1994 la acción estaba caducada. Por su lado, el apelante considera que dicha acta no tuvo el propósito ni el alcance de liquidar el contrato, sino tan solo de recibir las obras.

Atendiendo a la importancia que tiene esta discusión para desatar el caso concreto, la Sala analizará cuál es la naturaleza jurídica del acta de enero 11 de 1992, a fin de desentrañar el alcance del recurso de apelación.

2.1. Naturaleza del documento denominado por las partes “Acta de recibo final”, y determinación de la fecha real de recibo de las obras.

La Sala encuentra probado en el proceso, con el “Acta de recibo final”, suscrita por las partes el 11 de enero de 1992 —fls. 20 a 22, cdno. ppal.—, que en esa fecha el contratista hizo entrega, a la entidad pública contratante, de la obra que, por lo demás, se recibió a entera satisfacción. Dice textualmente este documento que:

“En el día de hoy 11 de enero de 1992, se reunieron el Ing. Iván Arroyo Irurita, en representación del establecimiento público Empresas Municipales de Cali, Emcali, y el Ing. Rubén Darío Betancourt Caicedo, en representación de el mismo como contratista, para proceder al recibo de la siguiente obra que abajo se describe, la cual fue entregada a entera satisfacción: ...” (negrillas fuera de texto).

Este documento, denominado por las partes “Acta de recibo final”, tiene su origen en las cláusulas vigésima primera y vigésima segunda del contrato, en las cuales se acordó que:

“Vigésima primera: Entregas y recibos parciales de obra ejecutada: Se entiende claramente que las actas de liquidación parcial de obra son para efectos de los pagos periódicos y en ningún momento significarán la entrega y recibo parcial o definitivo de la obra materia de este contrato”.

“Vigésima segunda: Actas de recibo de obra parcial o total: Las actas de recibo parcial de la obra serán levantadas con la intervención del jefe del departamento operacional de auditoría de Emcali: Para la tramitación de las cuentas de pago es requisito indispensable acompañarlas del original de acta de liquidación parcial o total de la obra”.

Como se observa, las partes del contrato habían acordado suscribir periódicamente actas de obra, para los exclusivos efectos de su pago. No obstante, el nombre dado en estas cláusulas a las mismas es ambiguo, o se presta para confusión, pues el contrato denomina, por ejemplo, “Acta de entrega y recibo parcial de obra” a las simples actas de avance de obra, y, como si fuera poco la cláusula 21 denomina luego “Acta de liquidación parcial de obra” al acta de entrega y recibo parcial. Y más adelante, la cláusula 22 habla del “acta de recibo parcial o total de obra”, pero no esclarece cuál es la diferencia con las anteriores, de manera que resulta difícil diferenciar las unas de las otras.

Quizá por esto Emcali, a lo largo del proceso, ha dicho que el “Acta de recibo final”, de enero 11 de 1992, corresponde también a la de “liquidación del contrato”. En ese sentido, afirmó en la contestación de la demanda —fl. 323, cdno. ppal.—, que:

“Con base en la cláusula vigésima octava del contrato suscrito y en los artículos 48, 51, 67 y 68 del Decreto 222 de 1983, el contratista al firmar el acta de recibo y liquidación final con fecha de 11 de enero de 1992, legalizada el 31 de agosto de 1992, presentó las pólizas firmadas por él como tomador del seguro de fecha de julio 3 de 1992, que amparaba los riesgos de estabilidad y calidad del suministro. Fue así como con estos dos actos que expresan su consentimiento (firma y pólizas) aceptó la liquidación final de la obra y Emcali pagó la totalidad del contrato mas el reajuste, para ahora asegurar que no se realizó liquidación del contrato, siendo además que el acta de recibo y liquidación final (prueba #15) fue aceptada en su totalidad con la firma del contratista, sin existir notas marginales que demuestren el desacuerdo de la liquidación económica y no pago de obras extras o adicionales”.

En ese orden de ideas, afirmó en los alegatos de conclusión de primera instancia que —fl. 419, cdno. ppal.—:

“Con relación a la aseveración infundada del demandante que el contrato aludido no se liquidó porque no se elaboró un acta de liquidación solamente de obra; se debe destacar que está suficientemente demostrado en el proceso el incumplimiento del contratista, actitud que Emcali siempre corrigió pero que no tuvo la requerida respuesta de parte del ingeniero Betancourth Caicedo. Es así que el momento de liquidar el contrato el interventor debe convocarlo por tres (3) veces para llevarla a cabo, efectuando un acta de recibo y homologada de liquidación final de obra, para cumplir con el requisito de recibo y liquidación final, a la vez”.

En este mismo juego de palabras ha incurrido el actor a lo largo del proceso —lo cual incide sobre la discutida naturaleza jurídica de los actos suscritos por las partes—, pues sostuvo, a partir de la interposición del recurso de apelación, que el acta de 11 de enero de 1992 no era la liquidación del contrato, la cual solo se efectuó el 10 de noviembre de 1993, según consta en el texto que el representante legal de Emcali introdujo al acta de enero 11 de 1992.

Debido a esta confusión, provocada por las partes del proceso, y en la cual incurrió el a quo, la Sala debe analizar cuál es la auténtica naturaleza del documento denominado “Acta de recibo final”, de enero 11 de 1992, y qué efecto produjo el hecho de que en noviembre 10 de 1993 Emcali hubiera puesto sobre ella el texto según el cual “equivalía a la liquidación del contrato”.

Para la Sala el actor tiene razón al decir que dicha acta no contiene la liquidación del contrato, sino, simplemente, el recibo de la obra. Dos razones sustentan esta afirmación.

De un lado, el hecho de que ella misma se denominó, sencillamente, como “Acta de recibo final”, es decir, que las partes al suscribirla entendieron entregar, la una, y recibir, la otra, la obra. Mal podría deducirse de allí que además quedó liquidado el contrato, cuando no tuvieron esa intención al firmarla. En igual sentido, en el texto del acta también se expresó las partes se reunían:

“... para proceder a recibo de la siguiente obra que abajo se describe, la cual fue entregada a entera satisfacción”.

Como se observa, resulta clara la manifestación de la voluntad de las partes al suscribir este documento.

De otro lado, para efectos de desvirtuar la naturaleza liquidatoria del acta aludida, la Sala transcribe la cláusula contractual de liquidación estipulada en el contrato GO-464-90-OC-AC, la cual dispone que:

“Trigésima quinta: Liquidación: Terminado este contrato por cualquier motivo deberá liquidarse de acuerdo con las normas establecidas al respecto por el Decreto 222 de febrero 2 de 1983 título II”.

Por su parte, del Decreto 222 de 1983, en su título XI, sobre la “liquidación de los contratos”, se desprende que el negocio objeto del litigio, por tratarse de un contrato de obra, era de aquellos que requerían liquidación, una vez las obligaciones se hubieren cumplido —art. 287— (7) . Y de los dos artículos siguientes —arts. 288 y 289— se derivan las discordancias entre el contenido del “acta de recibo final” y el que, en términos legales, debería contener un verdadera “Acta de liquidación”, así:

Según el artículo 288 (8) , quien debe liquidar un contrato es el jefe de la entidad contratante o su encargado, y el contratista o el interventor —cuando aquel se negare—. Es así como, en el acta de enero 11 de 1992 intervinieron el contratista, el interventor del contrato y el jefe del departamento de interventoría. Ninguno de los dos últimos tenía la potestad de liquidar el contrato a nombre de Emcali.

De otro lado, según el artículo 289 del Decreto 222 de 1983 (9) , el acta de liquidación, cuando es de mutuo acuerdo, debe contener: i) “las sumas de dinero que haya recibido el contratista” y ii) “la ejecución de la prestación a su cargo”. En ese orden, en el acta analizada no se incluyó esta información, de manera que de ella no pueden derivarse, como debería —según el inc. 2º del artículo aludido—, ni las obligaciones a cargo de las partes, ni si había sanciones por aplicar, ni indemnizaciones a favor del contratista, entre otros datos que por ley eran esenciales en este tipo de actos contractuales.

Finalmente, también es obvio que el “Acta de recibo final” de enero 11 de 1992, no equivale a una liquidación unilateral efectuada por la entidad pública, porque es claro que en ella intervino el contratista, de modo que no se trata de una decisión unilateral, se repite, sino bilateral, además de que allí tampoco se autorizó la interposición de recursos de reposición, como habría de ser si se tratara de un acto administrativo.

En estos términos, no tiene razón Emcali, ni el tribunal de primera instancia, al decir que el acta aludida, además de recepcionar la obra también liquidó el contrato, pues ni la intencionalidad cuando se firmó fue esa, ni literalmente dispone eso, ni su contenido se ajusta a las exigencias legales para que tuviera tal naturaleza.

Refutado el anterior argumento, y revisados los medios de prueba obrantes en el proceso, resulta claro que el a quo se equivocó al contar desde allí el término de caducidad de la acción contractual.

Sin embargo, se debe analizar ahora si pese a todo caducó la acción, pero sobre la base de fechas y actos contractuales distintos a los que tuvo en cuenta el tribunal para llegar a dicha conclusión. En efecto, se debe indagar si este contrato, a pesar de ser de aquellos que requerían liquidación, en términos del Decreto 222 de 1983, fue posteriormente liquidado, bien sea bilateralmente o unilateralmente.

Del contenido del “acta de recibo final” a que se viene aludiendo, y de los demás documentos obrantes en el expediente, se concluye que el contrato GO-464-90-OC-AC de junio 5 de 1991, terminó el día 11 de enero de 1992. Esto resulta determinante para contar el término de caducidad de la acción, de manera que se pasará a analizar.

Dicha conclusión, que pareciera obvia, no lo es tanto, porque el actor, al declararse la caducidad de la acción, se empeñó en mostrar que tampoco en esa fecha se entregó y recibió la obra, pues durante los meses siguientes siguió trabajando en ella. Desde luego que este empeño hace parte de su preocupación por correr un poco el hito o instante a partir del cual se debe empezar a contar la caducidad de la acción contractual.

No obstante el esfuerzo hecho por el actor —para lo cual se sirvió, incluso, de la prueba testimonial practicada en segunda instancia— la idea de que la entrega y recibo de la obra tuvo lugar el 11 de enero la ratifica el propio demandante, quien afirma de manera contundente esto en los mismos hechos que fundamentaron sus pretensiones en la demanda.

En tal sentido, puntualiza en que manifestó al interventor del contrato, el 30 de enero de 1992, según consta en el libro de bitácora, que es consciente de que el contrato se vendó desde el 11 de enero de 1992. Así, en el literal D) del hecho octavo de la demanda afirma que:

“D. En el libro de la bitácora, con fecha de 30 de enero de 1992, el ingeniero contratista, le dice al interventor: “teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vencido desde el día 11 del presente mes de enero, le agradecería hacer los trámites correspondientes para que se apruebe mi solicitud de prórroga del contrato en 45 días calendario tal como lo solicité en mi oficio de 4 de diciembre de 1991, y respecto a la cual la interventoría ya emitió concepto favorable (en la bitácora de ene. 27/92), el interventor le dice al ingeniero contratista que “las Empresas Municipales de Cali y la interventoría han conceptuado favorablemente el recurso contractual usado por el señor contratista, refiriéndose a la solicitud de prórroga del contrato” (negrilla fuera de texto).

Adicionalmente, esto también se puede deducir del hecho de que en el contrato se requería del contratista, la constitución de algunas pólizas que tendrían por vigencia el plazo contractual y tres (3) años más, o tres años después de terminado este (10) . Se observa, en tal sentido, que las pólizas de estabilidad de la obra y calidad del suministro, constituidas y suscritas por el contratista para dar cumplimiento a dicha obligación, son de utilidad para corroborar la fecha de finalización del contrato, toda vez que tienen un periodo de vigencia desde el 11 de enero de 1992 hasta el 11 de enero de 1995 —fls. 198 y 199, cdno. ppal.—.

Así mismo, en el comunicado de 3 de agosto de 1992 —fls. 184 a 185, cdno. ppal.—, el interventor hizo saber al director jurídico de Emcali, que al fin el contratista había firmado el acta de recibo del contrato que terminó desde el 11 de enero de 1992. Dice al respecto que:

“El señor contratista Rubén Darío Betancourth Caicedo ha firmado el acta de recibo y homologada de liquidación final de la obra, el día 23 de junio de 1992 en el sitio y hora fijados en tres (3) avisos consecutivos enviados por aeromensajería a Popayán.

El 28 de julio de 1992 esta interventoría recibió las dos (2) pólizas requeridas en la cláusula vigésima octava del contrato GO-464-90-OC-AC y solicitadas según Oficio 142-DI-856-92 del 23 de junio de 1992 remitido a Popayán.

Aun obtenido este logro de un contrato terminado el 11 de enero de 1992, por responsabilidad del contratista; tienen además pendiente acreencias de proveedores, suministro de alimentación a trabajadores y requerimientos prestacionales; de las cuales hemos sido informados para proceder de acuerdo a la cláusula vigésima séptima del contrato, título XI del Decreto 222 del 2 de febrero de 1983 y demás disposiciones pertinentes, por un valor de dos millones seiscientos noventa y nueve mil ochenta y ocho pesos mcte. ($ 2.699.088.00) sin las liquidaciones laborales” (negrillas fuera de texto).

Ahora bien, tener como fecha cierta de terminación del contrato el 11 de enero de 1992 —por las manifestaciones libres que con anterioridad a la sentencia de primera instancia hizo cada parte del mismo—, tal como da cuenta el acta aludida, no es óbice para dejar de reprochar el comportamiento asumido por la entidad pública y el contratista respecto a la firma del acta de recibo final, pues si bien, en dicho documento diáfanamente se manifiesta que la obra se entrega y recibe “El día de hoy 11 de enero de 1992”, de la comunicación cruzada por las partes, obrante en el expediente, se deduce con claridad que el contratista solo firmó el acta el 23 de junio de 1992 y el interventor y el representante legal de la entidad en fechas posteriores (11) .

No obstante esto, es claro que la entrega sí se hizo en enero, solo que el acta realmente se terminó de firmar, por todos los participantes, en fecha posterior, lo cual no constituye, per se, una irregularidad, pues perfectamente las partes de un contrato pueden hacer un acta de entrega en fecha posterior, pero dejando constancia en ella que la fecha de entrega fue anterior. En otras palabras, un acta de entrega de obra, suscrita en una fecha determinada puede hacer constar, como en el caso concreto, que lo que allí se acuerda o consta ocurrió en días anteriores.

En otro sentido, no es jurídico ni técnicamente necesario —aunque sí lo más sano—, que el acta de entrega se haga el mismo día en que esto ocurre; basta que efectivamente aquella se haga, aunque el acta que deje constancia de ello se firme después, siempre que en la misma se diga que la entrega ocurrió días atrás.

Entre otras cosas, la Sala reprocha la actitud del actor, quien en la demanda y en los alegatos señaló que la entrega de la obra se produjo el 11 de enero de 1992, y de hecho rubricó el acta donde afirma que la fecha de entrega había sido esa; pero al perder el proceso en primera instancia cambió sustancialmente el argumento, para empezar a contradecir sus propias afirmaciones y expresar que la entrega se hizo muchos meses después.

La Sala ha dicho a este respecto que tal comportamiento, que contradice el obrar propio, atenta contra el principio de la buena fe y de la confianza legítima, pues de un momento a otro una persona que ha suscrito un documento, que contiene ciertos datos, cambia su versión de los hechos para tratar de favorecerse así misma con sus propias contradicciones.

Esta actitud es reprochable en la vida cotidiana, y más aún en los estrados judiciales, donde se espera que las partes actúen con lealtad y digan la verdad al juez, para que pueda administrar justicia. De esta manera, es censurable que las partes, que tienen el derecho a redactar unilateralmente la demanda o la contestación de la misma, traten de cambiar los hechos a lo largo del proceso, con el fin de sacar adelante unas pretensiones que fueron edificadas sobre unos argumentos escritos con la libertad que el derecho de acción ofrece.

La Sala, en anteriores oportunidades, ha reprochado conductas como la del caso concreto, donde los particulares, en sus actuaciones, han dejado a un lado los postulados de la buena fe — C.N., art. 83— y la prohibición de ir contra los actos propios. Dándole aplicación jurisprudencial a estas reglas, ha manifestado que:

“Llama la atención este cambio de actitud del demandante respecto a la forma en que debía aplicarse el criterio sobre el orden de presentación de las propuestas, cuando reclamó en el proceso de selección pública ante la administración respetar el orden exigido para los documentos, lo que tuvo como consecuencia la recalificación de las propuestas, y ahora en su demanda dice que no existía un orden estricto y que la regla le era confusa, censurando, a la administración por la aplicación de una regla de la cual se valió para cambiar lícitamente en su momento el orden de elegibilidad y el curso del proceso de selección pública (...).

Y es que vale la pena subrayar que nadie puede venir válidamente contra sus propios actos, regla cimentada en el aforismo “adversus factum suum quis venire non potest”, que se concreta sencillamente en que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior, o sea, “venire contra factum proprium non valet”. Es decir va contra los propios actos quien ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con su conducta precedente, lo que significa que la pretensión que se funda en tal proceder contradictorio, es inadmisible y no puede en juicio prosperar” (12) .

Así las cosas, resulta inadmisible lo que ahora pretende el actor, como es tratar de mostrar —pero solo en esta instancia—, que la obra no se recibió el 11 de enero, cuando es inhesitable que suscribió un “Acta de recibo final” que indica claramente esto.

Además, en los distintos actos procesales de la primera instancia el demandante tampoco negó —pues desde luego no tenía idea de la decisión que tomaría el a quo—, que esa fecha era la de la entrega de las obras.

Definido lo anterior, se debe analizar si efectivamente se liquidó el contrato, como ahora lo dice el apelante, en una fecha posterior al 11 de enero, o si definitivamente se dejó de liquidar, como ocurre con muchos contratos de la administración pública. Esto es importante para saber de qué manera se debe contar el término de caducidad de la acción.

Una vez más las partes se dividen al respecto, pues el actor expresó en la demanda, así como en los alegatos de primera instancia, que el contrato no se ha liquidado. Emcali, por su lado, sostuvo en la contestación —y en los demás actos procesales— que fue liquidado en el acta de enero 11 de 1992. No obstante, ya quedó analizado que dicha acta no tiene el alcance que propone la entidad pública.

El actor, para sostener la posición asumida en la demanda, señaló que la falta de realización de la liquidación del contrato, por parte de la entidad pública, es una de las fuentes de los perjuicios que reclama. En este sentido, en el acápite II, sobre las pretensiones, enuncia como primera la siguiente —fl. 69, cdno. ppal.—:

Primera. Se declare que el establecimiento público de orden municipal denominado Empresas Municipales de Cali, Emcali, es administrativamente responsable de los perjuicios causados al demandante Rubén Darío Betancourth Caicedo, por la no liquidación del contrato GO-464-90-OC-AC de junio 5 de 1991, que tenía por objeto la construcción de las redes de acueducto en los barrios Escobar Navia y Lourdes, localizados entre las calles primera (1) a primera C (1C) y entre las carreras setenta y una (71) a setenta y cuatro (74) de la ciudad de Cali, y por el no pago de las sumas que se le adeudan al contratista, incluidos el valor de las obras adicionales y extras que el contratista ejecutó en desarrollo con motivo del contrato y para la entidad contratante” (negritas fuera de texto)”.

Posteriormente, como hechos número 19 y 20, señala que:

“19. Aunque la entidad contratante le envió a mi poderdante el proyecto de algunos contratos adicionales... estos contratos adicionales jamás fueron firmados, y por tanto como la entidad se ha negado a hacer la liquidación definitiva del contrato principal, no se le ha reconocido el valor de esas obras adicionales y extras...”.

“20. Las obras fueron entregadas en su totalidad a la entidad contratante por parte del contratista, y a pesar de que la cláusula 35 del contrato establece que terminado el contrato por cualquier motivo, este deberá liquidarse de acuerdo con las normas establecidas al respecto por el Decreto 222 de 1983, vigente para la fecha de terminación del contrato y de los numerosos requerimientos que el contratista ha hecho a la entidad contratante, no ha sido posible que este haya procedido a la liquidación del contrato, de conformidad con la precitada norma” (negrillas fuera de texto).

Para la Sala este hecho es indicativo de que el contratista tenía conciencia de que el contrato no se había liquidado, de hecho sobre esa base estructuró la más importante de sus pretensiones. En otras palabras, esta declaración espontánea del actor sirve para determinar que él sabía que el negocio no se liquidó, y por eso tuvo que demandar a Emcali (13) .

Además de lo anterior, recuérdese que el actor al sustentar el recurso de apelación, en ese sentido, manifestó que “Al revisarse con detenimiento el documento invocado por la honorable Sala de Primera Instancia, es cierto que ella contiene un acta inicialmente suscrita y/o, con fecha 11 de enero de 1992 para recibir la obra que se incluye. Pero, ella no tiene el carácter de liquidación final de que trata el título XI del Decreto 222 de 1983 (feb. 2) para la época del contrato. La anterior (sic) toma mayor consistencia al constatarse al pie del mismo documento la constancia impresa textualmente: (...)”.

Sin embargo, también manifestó en el recurso de apelación, cambiando su criterio, que la liquidación se hizo el 10 de noviembre de 1993, pues en esa fecha el representante legal imprimió en el acta de recibo, al pie de su firma, un texto en letra pequeña que dice, precisamente, que de ese modo quedaba liquidado el contrato.

Para la Sala, una vez más, resulta incorrecto el modo de obrar del actor, pues teniendo conciencia de que el negocio no se liquidó, tal como lo sostuvo a lo largo de la primera instancia de este proceso, no de la segunda, pues no le convenía para su propósito, asevera que el contrato quedó liquidado en esa fecha, y por tal razón pide que se cuente la caducidad de la acción a partir de allí.

Para la Sala este agregado, unilateral, que puso la entidad sobre el acta de recibo de obra, casi dos años después de suscribirla, no equivale a una liquidación del contrato, tal como lo entendió perfectamente el actor, según lo expresó en la demanda con la espontaneidad y naturalidad que caracterizó su intervención en el trámite de la primera instancia, porque definitivamente en vigencia del Decreto 222 de 1983 el acta de liquidación de un contrato requería los siguientes elementos, los cuales no cumple el documento que ahora al demandante conviene decir que era la liquidación:

“ART. 289.—Del contenido de la liquidación. Las diligencias de liquidación, que siempre constarán en actas, determinarán las sumas de dinero que haya recibido el contratista y la ejecución de la prestación a su cargo.

Con base en dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar, o las indemnizaciones a favor del contratista, si a ello hubiere lugar, todo de conformidad con lo acordado en el respectivo contrato.

Si no hubiere acuerdo para liquidar un contrato, se tendrá por firme la liquidación presentada por la entidad contratante, la cual se expedirá mediante resolución motivada que estará sujeta a los recursos ordinarios por la vía gubernativa.

El acta final de liquidación, que deberá ser aprobada por el jefe de la entidad contratante, si él no hubiere intervenido, presta mérito ejecutivo ante la jurisdicción coactiva contra el contratista y su garante en cuanto de ella resultaren obligaciones económicas a su cargo”.

De esta manera, es iluso pensar que el 10 de noviembre se liquidó el contrato, pues un acta de liquidación, para esa época, debía ajustarse a todos los requisitos que esta norma contemplaba, lo cual jamás cumpliría el acta de enero 11 de 1992, y esto lo sabía muy bien el actor.

Además de lo anterior, tampoco podría tomarse esta acta como una liquidación unilateral —tal como ahora lo pretende el actor—, pues corresponde a un documento suscrito por las partes, de manera que es claramente bilateral.

Ahora bien, igualmente no podría admitirse que el acta de enero 11 de 1992 se convirtió en una liquidación bilateral, pues el mismo actor dijo —en la demanda— que no suscribió una liquidación del negocio sino que hizo la entrega y recibo de la obra, de manera que mal puede sorprenderse a alguien poniéndole a liquidar un contrato que no tuvo conciencia de estar liquidando.

Para la Sala este debate se debe resolver con ayuda de las reglas hermenéuticas de los negocios jurídicos, una de las cuales señala que —entiéndase, en general, todos los documentos contractuales suscritos por las partes— se deben interpretar atendiendo a lo que las mismas realmente quisieron decir cuando actuaron y los firmaron.

En este orden, ayuda bastante advertir que a folio 170 del cuaderno principal. Le expresó el interventor al contratista, el 8 de junio de 1992 —comunicación que obra en copia auténtica—, que él no había cumplido con el objeto del contrato, y que la obra no había sido liquidada. En el mismo sentido le escribió nuevamente la interventoría al contratista, el 17 de junio de 1992 —fl. 190, cdno. ppal.— y el 18 de junio —fl. 191, cdno. ppal.—.

En medio de la confusión que cada parte quiere sembrar en el juez, lo cual es reprochable, evidencia esta Sala, de la interpretación de la actuación administrativa surtida entre Emcali y el contratista, y luego en esta actuación judicial, que el actor tuvo conciencia de que el contrato nunca se liquidó.

Es así mismo como, si el actor sostuvo en su demanda que el contrato no se había liquidado, es injustificable que ahora diga que sí se liquidó en 1993, cuando espontáneamente sostuvo lo contrario. Para la Sala este solo hecho sirve a efectos de comprender el verdadero alcance que tuvo la suscripción del documento para el actor, y la conciencia con la cual demandó, de modo que no puede ahora aducir que sí se liquidó el contrato y que lo fue en noviembre de 1993.

En conclusión, para la Sala es claro que el acta de 11 de enero simplemente fue de recibo de la obra, no de liquidación del contrato, y que la nota puesta al margen de ella, en noviembre de 1993, por parte de Emcali, no constituye una liquidación bilateral ni unilateral. Esto mismo fue lo que entendió al actor cuando presentó la demanda.

2.2. Contabilización del término de caducidad en el caso concreto.

Con fundamento en lo anterior, y con apoyo en la cláusula 35 del contrato, que se refiere a su liquidación, se desprende, de manera clara, que i) este contrato es de aquellos que requerían liquidación, en los términos del Decreto 222 de 1983, y ii) que no se estableció plazo para realizarla.

Frente a esta situación, corresponde aplicar la jurisprudencia comentada en las consideraciones de esta providencia, en lo que respecta a los términos para contabilizar la caducidad de la acción contractual de los negocios regidos por el Decreto 222.

En tal sentido, y según quedó probado, la terminación del contrato tuvo lugar el día 11 de enero de 1992, y a partir de este momento empezó a contar el plazo de liquidación y el de caducidad de la acción, teniendo presente que para el momento de la celebración del negocio —e incluso de la ejecución del mismo— este plazo era de dos (2) años, contados desde la fecha en que debió liquidarse, dando aplicación al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para ese año.

Aplicada la anterior posición jurisprudencial al caso concreto, encuentra la Sala que se debe confirmar la sentencia apelada, pero con la precisión que pasa a hacerse.

El tribunal, para llegar a la conclusión de que caducó la acción, manifestó que esta se configura pasados dos años contados desde la ocurrencia de los hechos; y que saltaba a la vista la caducidad, en el caso concreto, si se tiene en cuenta que el 11 de enero de 1992 se suscribió el acta de finalización y liquidación del contrato, y que el 23 de julio de 1992 se hizo entrega de las pólizas requeridas por el mismo. Como se observa, para el a quo el término de caducidad se contaba, bien desde el 11 de enero de 1992, o desde el 23 de julio de ese mismo año.

En palabras del tribunal: “Quiere ello decir, que al ejercitarse la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, acción establecida parar lograr de la jurisdicción, la declaratoria de incumplimiento del contrato, o de nulidad, o su existencia, o se ordene su revisión, debió hacerlo, dentro del término de los dos años contados desde cuando ocurrieron los hechos. Así, si el acta de entrega de la obra da cuenta de la finalización del contrato y de su liquidación, el día 11 de enero de 1992 y recibidas las pólizas requeridas en el contrato, el día 23 de julio de 1992; y la demanda fue incoada el 16 de diciembre de 1994, salta a la vista la caducidad, fenómeno que extingue el derecho de acción” —fls. 474 a 475, cdno. ppal.—.

Para la Sala es errada la segunda fecha utilizada por el tribunal para contar el plazo de caducidad, en razón a que tener por caducada la acción dos años después de que el contratista entrega las pólizas necesarias para la liquidación resulta infundado, y carente de justificación jurisprudencial sobre la manera de computar el término de caducidad de las acciones contractuales.

El tribunal omitió tener en cuenta, para efectos de contar el término de caducidad, el plazo adicional que existe para liquidar el contrato, establecido por la jurisprudencia. Según esta, aquel está regido por el Decreto-Ley 222 de 1983, y es de 4 meses para intentar la liquidación bilateral, si lo anterior no se hace, la administración cuenta con 2 meses más para realizar la liquidación unilateral —para un total de 6 meses—, y si esto tampoco se concreta, a partir de allí se empiezan a contar los 2 años de caducidad de la acción contractual.

Por lo anterior, resulta claro que el tribunal no hizo una lectura correcta del término de caducidad, de modo que se debe corregir la sentencia, para reiterar, en su lugar, el plazo que estableció la jurisprudencia.

Aplicado este análisis al caso concreto, se encuentra que la caducidad de la acción efectivamente operó desde el 12 de julio de 1994, teniendo en cuenta que la liquidación del contrato debió realizarse, bilateralmente, a más tardar el 11 de mayo de 1992, y unilateralmente a más tardar el 11 de julio de 1992 —contados desde ene. 11/92—, fecha de recepción de las obras contratadas, pues en esta fecha vencieron los seis meses que la jurisprudencia estableció para suscribir cualquiera de estos documentos.

La demanda, por su parte, se presentó ante esta jurisdicción el 16 de diciembre de 1994 —es decir, cerca de dos años y medio después de vencido el término máximo con que contaba la administración para la liquidar unilateralmente el contrato—, lo cual confirma la decisión adoptada, pero por las razones expuestas en esta ocasión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del 29 de agosto de 1997, por medio de la cual resolvió declarar probada la caducidad propuesta por la parte demandada.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase».

(1) La Ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse “en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga”.

(2) Sentencia de 16 de agosto de 2001. Radicación 25000-23-26-000-1996-4384-01 (14.384).

(3) En el mismo sentido, ver sentencia de 31 de octubre de 2001. Radicación 25000-23-26-000-1991-7666-01 (12.278).

(4) En el mismo sentido ver sentencia de 31 de octubre de 2001. Radicación 25000-23-26-000-1991-7666-01 (12278).

(5) La Ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse “en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga”.

(6) Esta posición fue reiterada recientemente por esta Sala, en sentencia de 19 de septiembre de 2007 —Rad. 14.110—.

(7) Dice el artículo 287: “De los casos en que procede la liquidación: Deberá precederse a la liquidación de los contratos en los siguientes casos:

“1. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad.

2. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante.

3. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declare nulo.

4. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme al artículo 19 del presente estatuto.

Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, los contratos de suministros y de obras públicas deberán liquidarse una vez que se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos” (negrillas fuera de texto).

(8) “ART. 288.—De las personas que deben efectuar la liquidación. Cuando a ello hubiere lugar, deberán liquidar los contratos el jefe de la entidad contratante, o quien él encargue por resolución; el contratista y en el evento en que este se negare, el interventor, o quien haga sus veces. El acta de liquidación se pondrá a disposición de la Contraloría General de la República, para efectos del control posterior”.

(9) “ART. 289.—Del contenido de la liquidación. Las diligencias de liquidación, que siempre constará en: actas, determinarán las sumas de dinero que haya recibido el contratista y la ejecución de la prestación a su cargo.

Con base en dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar, o las indemnizaciones a favor del contratista, si a ello hubiere lugar, todo de conformidad con lo acordado en el respectivo contrato.

Si no hubiere acuerdo para liquidar un contrato, se tendrá por firme la liquidación presentada por la entidad contratante, la cual se expedirá mediante resolución motivada que estará sujeta a los recursos ordinarios por la vía gubernativa.

El acta final de liquidación, que deberá ser aprobada por el jefe de la entidad contratante, si él no hubiere intervenido, presta mérito ejecutivo ante la jurisdicción coactiva contra el contratista y su garante en cuanto de ella resultaron obligaciones económicas a su cargo”.

(10) Sobre la vigencia de las garantías, se pactó en el contrato —fls. 90 a 101, cdno. principal.—:

“Vigésima séptima: Garantías para la legalización de este contrato: El contratista otorgará a favor de Emcali las siguientes garantías bancarias o de compañías de seguros cuya casa principal o sucursal este domiciliada en Cali y aceptadas por Emcali previamente a la aprobación que de las mismas haga el auditor de Emcali: a) una fianza por un valor igual al valor del anticipo para asegurar el buen manejo y/o amortización del mismo que se le hace de conformidad con la cláusula décima novena y que tendrá una vigencia igual a la del contrato más dos meses. Cuando se autorice prórroga del plazo contractual y el anticipo no esté amortizado en su totalidad se debe constituir una nueva póliza por un valor igual a la cantidad del anticipo que falte por amortizar y por un periodo de tiempo igual a la prórroga concedida; b) Una fianza para garantizar el pago de prestaciones sociales; sueldos, salarios y demás gastos inherentes con la previsión social del personal que el contratista ocupe en la ejecución de las obras materia de este contrato y que tendrá una vigencia igual al plazo contractual más tres (3) años y por un valor equivalente al 20% del contrato; c) Una fianza por un valor equivalente al 20% del valor fiscal del contrato para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que de acuerdo con este contrato le corresponden y que tendrá una vigencia igual a la del contrato más ciento veinte (120) días; d) Una fianza por un valor equivalente al 10% del valor fiscal del contrato para garantizar el pago de daños a terceros y la responsabilidad civil extracontractual y que tendrá una vigencia igual a la del contrato más tres (3) años. PAR. 1º—Si en cualquier momento a Emcali no le satisface el fiador o fiadores que respalda las garantías anteriores, o si por cualquier otra razón Emcali considera que las garantías no le son satisfactorias y por consiguiente no constituyen la debida protección, el contratista sustituirá tales garantías dentro de los cinco (5) días inmediatamente siguientes a la solicitud de Emcali para hacerlo, por una garantía en la forma y cantidad requerida otorgada por otro fiador que sea satisfactorio para Emcali. PAR. 2º—Las primas de dichas garantías serán pagadas por el contratista y no se harán pagos a este hasta tanto la nueva o nuevas garantías hayan sido aceptadas por Emcali”.

“Vigésima octava: Garantía de estabilidad de obra y calidad de suministro: El contratista otorgará a favor de Emcali las siguientes garantías bancarias o de compañías de seguros cuya casa principal o sucursal este domiciliada en Cali, aceptada por Emcali: a) Una garantía de calidad de los elementos suministrados por el contratista equivalente al 50% del valor del suministro y una vigencia igual a la del contrato más tres años a partir de la fecha de entrega completa de las obras y como condición previa para el pago de última liquidación parcial de la obra; b) Una garantía de estabilidad de la obra por un valor equivalente al 10% del valor que se obtienen restando al valor definitivo del contrato el valor de los materiales, para garantizar la reparación y reconstrucción total o parcial de las obras que sea necesario realizar por mala ejecución de las mismas y el pago de los perjuicios de todo orden que se deriven de estas obra mal ejecutadas y con una vigencia de tres (3) años a partir de las [sic] fecha de la entrega completa de las obras y como condición previa para el pago de la última liquidación parcial de obra. PAR.—La auditoría de Emcali se reserva el derecho de ampliar o disminuir la vigencia de esta póliza”.

(11) Ver comunicados de 17 de junio de 1992 —fl. 190, cdno. ppal.— y de 3 de agosto de 1992 —fls. 184 a 185, cdno. ppal.—.

(12) Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2006, Expediente 16.041.

(13) Como si fuera poco, en los alegatos de la primera instancia dijo que “De conformidad con el Decreto 222 de 1984, una vez terminadas las obras deben ser entregadas a la entidad contratante. —Esto es lo que se llama acta de entrega o recibo final de obra—. Pero una vez entregada [sic] las obras, el contrato debe ser liquidado, mediante acta de liquidación final del contrato, para lo cual el Decreto 222 de 1984, ordenaba que la liquidación se hiciera por el jefe de la entidad contratante, o por un delegado designado mediante resolución, como se desprende del artículo 289 del citado decreto. —Entonces no debe confundirse el acta de liquidación—, todavía no se ha producido el acta de liquidación del contrato GO-464-90-OC-AC, sino el de la entrega de obras. —A fl. 24 del cdno. 1—, obra la citada acta, y en ella se lee el encabezamiento que dice “... se reunieron para proceder al recibo de la siguiente obra que abajo se describe...”.

Esta es el acta que la apoderada de la entidad demandada llama acta de entrega de la obra y liquidación final del contrato.

Pero aun suponiendo que esta acta de entrega de las obras valiera como acta de liquidación final, que no lo es, ella no fue legalizada (esto es suscrita por todos los intervinientes) porque fue suscrita por el jefe de la entidad, de conformidad con la fecha que aparece en dicha acta, que a la letra dice: “En el día de hoy, noviembre 1º de 1993 firmo en señal de aprobación la presente acta de liquidación final, para dar cumplimiento a lo prescrito por el artículo 289 del Decreto 222 de 1983”. Y firma Álvaro José Cobo Soto, gerente general Emcali—.

Sin importar qué tipo de acta sea, ella fue firmada por el gerente el 1º de noviembre de 1993, pero la naturaleza de ella es de “Acta de entrega de obra” porque eso fue lo que firmó el contratista, sin que al pie de su firma tenga fecha cierta de cuando la firmó, y el gerente, sin la autorización expresa de poderdante, no podía cambiar la naturaleza del “acta de recibo de la obra que en ella se describe”, por acta de liquidación final del contrato.

La demanda fue presentada a reparto el día 16 de diciembre de 1994, como consta a folio 79.

Ahora, sin entrar en disquisiciones, el acta a que hace mención la apoderada de la entidad contratante, fue firmada por el jefe de la entidad contratante, el día 1º de noviembre de 1993, y por lo tanto, para la fecha de la presentación de la demanda no habían transcurrido dos años de que habla el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y por tanto la acción y el derecho no había prescrito ni caducado” (Ver fl. 463, cdno. ppal.)”.

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