Sentencia 14669 de julio 16 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación 14.669

Aprobado Acta 78

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil dos

Vistos

Se pronuncia la Corte respecto de la prescripción de la acción penal en el proceso que se adelanta contra Urbano Hernández Rincón.

Hechos

Fueron relatados por la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Neiva, de la siguiente manera:

“La Contraloría General del departamento del Huila practicó investigación de carácter fiscal a la alcaldía municipal de La Argentina, Huila, encontrando algunas irregularidades que comprometían la conducta del ex alcalde Urbano Hernández Rincón, como presunto autor de hechos punibles atentatorios contra la administración pública, por lo que envió a la justicia ordinaria copia de lo pertinente a efecto de que investigara posibles violaciones a nuestro ordenamiento penal.

Es así como en aquel informe de la contraloría se hace referencia a la adquisición de instrumentos musicales para bandas de paz por parte de la administración municipal de Urbano, en el almacén El Redoblante de la ciudad de Medellín, habiéndose girado por el pagador tres cheques por valor de $ 963.904.00, $ 1.746.896.00 y $ 512.256.00 para cancelar las respectivas cuentas de cobro presentadas a este respecto, observándose que el último de los títulos valores a pesar de haber sido girado al almacén vendedor de aquellos implementos, fue autorizado en el endoso pagarse al ex alcalde sindicado, lo que en efecto así hizo (30 de mayo de 1992), como consta al respaldo del mismo”.

Antecedentes

1. En estas condiciones, se adelantó proceso penal contra Urbano Hernández Rincón.

El 2 de mayo de 1996, la Fiscalía 23 Delegada ante los jueces penales del Circuito de La Plata (Huila) dictó resolución de acusación por el delito de peculado por apropiación, contemplado en el artículo 133 del Código Penal (D. 100/80), que señalaba una pena de 4 a 15 años de prisión.

Recurrida esta determinación por el defensor, la fiscalía delegada ante el Tribunal de Neiva, en decisión del 17 de julio de 1996, la modificó, por cuanto consideró que la punibilidad aplicable era la señalada en el artículo 19 de la Ley 190 de 1995 que subrogó el artículo 133 del Código Penal, cuya pena, cuando lo apropiado no superaba los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes era entre 4 años y 6 meses y 7 años y 6 meses de prisión, determinación que quedó ejecutoriada el 26 de julio de 1996.

2. El Juzgado 1º Penal del Circuito de La Plata, en decisión del 13 de noviembre de 1997, condenó a Urbano Hernández Rincón a la pena de 23 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación y multa en cuantía de $ 128.064.00.

Al procesado se le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional.

Apelado el fallo por el procesado y su defensor, fue confirmado integralmente por el Tribunal Superior de Neiva, el 3 de febrero de 1998.

Interpuesto por el defensor el recurso de casación y presentada la pertinente demanda, se remitieron las diligencias a esta corporación.

La Corte considera

1. Con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento penal (L. 599/2000) se produjo un cambio sustancial en cuanto al método para calcular el lapso de prescripción de la acción penal en la etapa de juzgamiento, cuando se trata de delitos cometidos dentro del país, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos.

Una interpretación sistemática de los artículos 80, 82 y 84 del Código Penal derogado (D. 100/80) y 83 y 86 del vigente (L. 599/2000), llevan a las siguientes conclusiones:

1.1. En ambos, el aumento de la tercera parte se aplica de manera autónoma tanto en el sumario como en el juicio.

1.2. En los dos, interrumpido el término prescriptivo de la acción penal, con la ejecutoria de la resolución de acusación o su equivalente, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del máximo señalado en la ley (arts. 80 del C.P. derogado y 86 del actual).

1.3. En ambos estatutos el lapso prescriptivo no puede ser inferior a cinco (5) años (arts. 80 y 83, respectivamente).

1.4. En el Decreto 100 de 1980, para calcular el término de prescripción en la etapa de juzgamiento, primero se dividía por dos el máximo de la pena privativa de la libertad previsto en la ley y luego se aumentaba la tercera parte, lo que significaba que si, por ejemplo, ese máximo era de ocho años, se dividía por dos, lo que daba cuatro. Como el resultado era inferior a cinco (5) años, entonces se aumentaba a ese guarismo, y a éste se le incrementaba la tercera parte, lo que daba seis (6) años y ocho (8) meses.

Este método de contabilización traía como consecuencia que cuando se trataba de delitos cometidos dentro del país por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos, el lapso de prescripción de la acción penal en el juicio, nunca podía ser inferior a seis (6) y ocho (8) meses.

En el nuevo Código Penal (L. 599/2000), al tenor de los incisos 1º y 5º del artículo 83, al máximo de la pena privativa de la libertad previsto en la ley, primero se le suma la tercera parte y luego si se divide por dos.

En el ejemplo, partiendo de un máximo de ocho años (96 meses), se aumentará una tercera parte, lo que nos dará 128 meses que al dividirse por dos, dará un guarismo de 64 meses, esto es, cinco (5) años y cuatro (4) meses.

Como se observa, este segundo procedimiento de cálculo es más favorable al procesado, por lo que se deberá aplicar.

2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, es necesario establecer, para efecto de la determinar cuál es la ley más favorable, el monto punitivo fijado en cada una de las tres legislaciones que han regido desde cuando se cometió la infracción, así:

a) El inciso 2º del artículo 133 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 2º de la Ley 43 de 1982, establecía una pena de prisión de 4 a 15 años, cuando el valor de lo apropiado superaba los quinientos mil pesos;

b) El artículo 19 de la Ley 190 de 1995, que modificó el anterior precepto, la sancionaba, cuando lo apropiado no superaba los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con prisión entre 4 años y 6 meses y 7 años y 6 meses, y

c) Y el artículo 397 del la Ley 599 de 2000 (C.P.), cuando lo apropiado no supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, contempla una pena de 4 a 10 años de prisión.

Es claro entonces que resulta más favorable para efecto de la prescripción, aplicar la Ley 190 de 1995, pues al tenor de la misma el lapso de prescripción, en la etapa de juzgamiento, será de cinco (5) años que ya transcurrieron, pues la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 26 de julio de 1996, por lo que se impone la declaratoria de tal fenómeno procesal y, en consecuencia, se dispondrá la cesación del proceso seguido contra el citado acusado, por el delito de concusión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la acción penal por el delito de peculado por apropiación, al que se contrae este expediente y en el que aparece como procesado Urbano Hernández Rincón, se encuentra prescrita.

2. En consecuencia, se dispone la cesación del proceso.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

SALVAMENTO DE VOTO

No creo que el Código Penal adoptado por la Ley 599 de 2000 y vigente desde el pasado 24 de julio de 2001 contenga un cambio normativo que justifique la nueva posición de la mayoría de la Sala acerca de la forma de contabilización del término de prescripción durante la etapa del juicio para acusados que lo han sido por haber delinquido en ejercicio de la función pública.

Tanto en el Código Penal de 1980, como en el actual la redacción es la misma. Cambió la forma, pero no el fondo. Simple y llanamente lo que eran artículos independientes en el anterior (80, 81 y 82) se convirtieron en incisos de un solo artículo en el actual. El inciso 1º del artículo 83 del Código Penal era el mismo inciso del artículo 80 anterior. Solo se le agregó una salvedad para incluir un término prescriptivo mayor para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.

El inciso 5º del artículo 83 del actual código era el mismo artículo 82 del anterior. No hay allí ninguna variación de fondo en esa redacción, ni siquiera en la ordenación. Si la norma es la misma, la interpretación ha debido mantenerse. No se trata de un cambio normativo, sino de uno jurisprudencial. Pero la mayoría de la Sala no entrega ninguna razón suficiente para variar su postura. Lo que ofrece es una excusa —el cambio normativo— inexistente.

Esta nueva posición hermenéutica termina prohijando, hacia atrás —como en este caso concreto— o hacia el futuro como en muchos otros, impunidad en delitos contra la administración pública. Eso, en una sociedad en la que en uno de los pocos temas en los que hay consenso es en la percepción de altos niveles de corrupción en el manejo de la cosa pública, no deja de ser, por lo menos, paradójico, y por mi parte extremadamente lamentable.

A ello se agrega que la intención declarada del legislador, reseñada en la exposición de motivos presentada al Congreso Nacional y en otros documentos como informes y ponencias que la acogieron fue explícita: en materia de prescripción ninguna propuesta modificatoria había y se “mantenían las reglas actuales”. Entonces en este proceso no debió declararse la extinción de la acción penal y esa la razón para haber salvado el voto.

Con todo respeto.

Carlos Eduardo Mejía Escobar

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