SENTENCIA 1467 DE SEPTIEMBRE 21 DE 1993

 

Sentencia 1467 de septiembre 21 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE SOCIOS

INSTRUCCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Consejero Ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Ref.: Exp. 1467

Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

El ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverry, obrando en su propio nombre, presentó demanda ante esta Corporación, en ejercicio de la acción de nulidad, para que mediante sentencia se hagan las siguientes declaraciones:

I. Petitum

Que la Circular Externa Nº PD-003 de 26 de enero de 1990, expedida por la Superintendencia de Sociedades, es nula en las siguientes partes:

“1. Convocatoria

(...) El conteo de los días de antelación de la convocatoria se inicia el día siguiente a la fecha en que ella se efectúe y va hasta la media noche del día anterior a la reunión, de modo que para establecer la antelación no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el día de la sesión...

3. Poderes

(...) Si el poder se otorga para una reunión específica, no es necesaria la autenticación de firmas, ni aun cuando haya sido conferido en el exterior, siempre y cuando el otorgante sea una persona natural, porque si es una persona jurídica deberá darse cumplimiento a la cadena de autenticaciones a que aluden los artículos 480 del Código de Comercio y 259 del Código de Procedimiento Civil...

4. Derecho de voz y voto

Pueden asistir a la reunión y ejercitar sus derechos de voz y voto los accionistas inscritos en el libro de registro de accionistas...

6. Reuniones de segunda convocatoria

(...) no antes de diez días hábiles ni después de treinta días también hábiles contados desde la fecha fijada para la fallida reunión, convocatoria que debe hacerse por el medio y con la misma antelación prevista para la primera citación.

En esta reunión, al igual que en las reuniones por derecho propio, podrá sesionarse válidamente con cualquier número plural de asociados, previsión legal ésta que es aplicable a todos los tipos societarios, en virtud de la norma general contenida en el artículo 186 del Código de Comercio; ... (las partes subrayadas son las que se dicen nulas).

9. Suspensión y reanudación de las reuniones

De conformidad con el artículo 430 del Código de Comercio, las reuniones de la asamblea o junta de socios pueden ser suspendidas para reanudarse luego, cuantas veces sea necesario, dentro de un lapso que no exceda de tres días hábiles.

10. Asambleas extraordinarias

(...) Igual determinación puede tomarse tratándose de sociedades limitadas, siempre y cuando dicha mayoría no sea inferior a la mitad más una de las cuotas en que se divida el capital social, salvo que otra cosa se hubiere previsto en los estatutos (artículo 425 ejusdem)”.

II. La causa petendi

II. 1. Las normas violadas y concepto de la violación

Como fundamento de sus pretensiones, el demandante aduce la violación de los artículos 186, 424, 302, 359, 366, 426 y 829 numeral 2º del Código de Comercio.

Los cargos pueden resumirse así: (folios 5 a 11)

1. En relación con la convocatoria, a juicio de la superintendencia, dentro del plazo previsto para la antelación “no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la sesión”. Es decir, se excluyen tanto el día de la convocatoria como el día de la reunión.

Los artículos 186, 424 y 426 del Código de Comercio manifiestan que la convocatoria se efectuará en la forma prevista en los estatutos y en la ley, lo que significa que en los estatutos se puede disponer que dentro del término de la convocatoria se cuenten tanto el día de la convocatoria como el de la reunión, y, a falta de pacto estatutario, tampoco se puede contar el término en la forma prevista en la circular, pues el artículo 829 numeral 2º del Código de Comercio, excluye únicamente el día de la celebración del negocio jurídico, esto es, el de la convocatoria y, por esto no es lícito excluir del conteo el día en que se celebre la reunión, pues ésta no es equivalente al acto jurídico denominado “convocatoria”.

2. Respecto del punto poderes, se vulneró el artículo 184 del Código de Comercio, por cuanto está errada la Superintendencia de Sociedades al suponer que el artículo 184, en concordancia con los artículos 259 del Código de Procedimiento Civil y 480 del Código de Comercio, exige para las personas jurídicas un requisito adicional y diferente al poder otorgado por las personas naturales, ya que el artículo 184 expresa que el poder deberá ser otorgado por escrito, sin hacer diferencia entre personas naturales o jurídicas que los otorguen y por ello ese es el único requisito o formalidad exigible y no mediante documento autenticado, acreditando la cadena de autenticaciones.

3. En lo tocante al punto derecho de voz y voto, se quebrantaron los artículos 379, 411 y 412 del Código de Comercio, al establecer la circular acusada, como principio general, que solamente los accionistas inscritos en el libro de registro, cuentan con derecho de voz y voto, ya que esto es desconocer situaciones especiales y las normas que lo consagran. Así, por ejemplo, en las sociedades por acciones el derecho de voz y voto no se radica en el accionista sino en la acción. Según los artículos 411 y 412 ibídem el derecho de voto y la posibilidad de deliberar en las reuniones puede cederse temporalmente en favor del usufructuario o del acreedor, en su caso, aunque el accionista siga siendo otro, y, a lo anterior se suma el hecho de que en la actualidad se pueden emitir acciones con dividendo preferencial, sin derecho de voto (L. 27/ 90)

4. En lo atinente al punto reuniones de segunda convocatoria, se vulneraron los artículos 186, 302, 359 y 366 del Código de Comercio, al suponer la Superintendencia de Sociedades que el artículo 429 ibídem, que consagra lo referente a las reuniones de segunda convocatoria, es aplicable a todo tipo de sociedades.

No se aplica el artículo 429 a las sociedades colectivas porque el artículo 302 tiene un régimen especial para ellas; el artículo 366 es especial para las sociedades en comanditas y el 359 lo es para las sociedades limitadas.

5. Al disponer la demandada que la segunda convocatoria deberá efectuarse “con la misma antelación prevista para la primera citación” viola los artículos 186, 422 y 429 del Código de Comercio dado que el artículo 429 dispone que la reunión de segunda convocatoria deberá efectuarse no antes de 10 días ni después de 30, contados desde la fecha fijada para la reunión fallida, es decir, consagra un término inmodificable para que tenga ocurrencia la reunión.

Conforme a lo reglado en los artículos 186 y 430 los estatutos pueden establecer la fecha de convocatoria, y por lo tanto, no es acertado establecer los mismos requisitos previstos para las reuniones corrientes, ya que el artículo 429 del Código de Comercio no impone un término especial de convocatoria.

6. En cuanto al punto suspensión y reanudación de las reuniones, se infringió el artículo 430 del Código de Comercio, al desconocer la Superintendencia de Sociedades la posibilidad que da la ley de que las deliberaciones se prolonguen por más de 3 días.

7. En lo que atañe al punto asambleas extraordinarias se desconoció por parte del acto impugnado el artículo 425 del Código del Comercio, pues sea que se aplique esta norma por analogía o que se aplique por la remisión prevista en el artículo 372 ibídem, la conclusión será diferente a la adoptada por la Superintendencia de Sociedades, ya que si de aplicación analógica se trata, el intérprete no puede aplicar parcialmente el precepto, pues se supone, opera precisamente por la existencia de un vacío legal. Y si se trata de aplicación remisoria, la norma se aplica porque en el capítulo correspondiente a las sociedades limitadas nada se dice respecto a la posibilidad o no de ampliar el orden del día. Entonces, a la aplicación de las normas de las sociedades anónimas se llega es por exclusión o descarte, y por esto, para aplicar el artículo 425 se deberán revisar primero los estatutos. Si nada se regula allí se examinan las normas de las sociedades limitadas y como allí no se contempla el asunto del orden del día ya no por analogía ni opcionalmente sino por obligación, se aplica el mencionado precepto en su integridad y en la forma clara expresada, de lo cual resulta que si el artículo 425 habla del 75% de las acciones representadas, en las limitadas se aplicará tomando como base el 75% de las cuotas representadas, sin importar si dicha mayoría es superior o igual a la mitad más una de las cuotas en que se divide el capital. La Superintendencia de Sociedades confunde la posibilidad de ampliar el orden del día con el quórum ordinario decisorio consagrado en el artículo 359 del Código de Comercio y por esta razón, aunque para hacer uso de la facultad de ampliar el orden del día se toma en cuenta el 75% de las cuotas representadas en la reunión, las decisiones que recaigan sobre los nuevos puntos sí deberán tomarse teniendo en cuenta la mayoría absoluta de las cuotas en que se divide el capital social y no simplemente el 75% de las cuotas representadas.

III. Trámite de la acción

Se le imprimió el del procedimiento ordinario, en desarrollo del mismo se surtieron las siguientes etapas: admisión de la demanda, en la cual se accedió al decreto de suspensión provisional de los puntos referentes a suspensión y reanudación de reuniones y asambleas extraordinarias; fijación en lista, probatoria y alegaciones.

La entidad demandada —Superintendencia de Sociedades—, por medio de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (fls. 74 a 79), aduciendo que para efectos del conteo de los días para la convocatoria, no debe incluirse el día de la reunión porque de lo contrario se permitiría que no se diera la antelación mínima exigida y se atentaría contra el principio contemplado en las distintas disposiciones legales que consagran plazos o términos como el artículo 829 del Código de Comercio, todo ello en beneficio de la tutela del interés jurídico del asociado.

Que en cuanto a los requisitos exigidos en los poderes para las sociedades extranjeras, son condiciones que deben verificarse para cualquier actuación en el país y para las reuniones de asambleas o juntas se deben seguir los mismos lineamientos, así el artículo 184 del Código de Comercio no los hubiere previsto expresamente.

En lo atinente al derecho de voz y voto, el hecho de que en este punto no se hayan mencionado los casos de excepción no ameritan la nulidad solicitada.

En lo relativo a las reuniones de segunda convocatoria, el artículo 186 del Código de Comercio, por estar ubicado en la parte general del libro II del Código de Comercio, resulta aplicable a todas las sociedades mercantiles, y, además en cuanto a la citación para las reuniones de segunda convocatoria, deberá seguirse la suerte exigida para la citación fallida, ya que al no prever el artículo 429 ninguna regulación debe acudirse al artículo 424 ibídem, según el cual “Toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos...” no haciendo distinción de la clase de reunión de que se trate.

En lo que respecta a la suspensión y reanudación de las reuniones, el haberse omitido señalar en forma expresa que estando representada la totalidad de las acciones se pueden prolongar la deliberaciones por más de tres días, no está desconociendo la última posibilidad, además que la circular sólo se refiere al evento del artículo 430 de que cuando no está representada la totalidad de las acciones suscritas sólo se permite la suspensión y reanudación de las deliberaciones dentro de un lapso de tres días.

Y. finalmente, en lo que atañe a asambleas extraordinarias, habrá cuando más una disparidad de criterio pero nunca la violación invocada.

Compareció al proceso la Cámara de Comercio de Bogotá, en calidad de coadyuvante de la demanda de nulidad presentada en cuanto al punto poderes y de impugnante de la misma en lo referente al inciso segundo del punto 6 reuniones de segunda convocatoria. En relación con el punto poderes argumenta que del texto del artículo 184 inciso 1º del Código de Comercio, se observa que la norma no distingue si quien otorga el poder es una persona natural o jurídica y donde el legislador no distingue no le es permitido al intérprete distinguir.

Además, de una parte, no es aplicable el artículo 480 del Código de Comercio ya que la cadena de autenticaciones es para documentos necesarios para establecer la sucursal en el país o cuando se reformen los estatutos de la casa principal o para el acto de apertura de dicha sucursal, y, de otra parte el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil no tiene aplicación en materia comercial al haber norma expresa como lo es el artículo 184 inciso 4º del Código de Comercio.

En cuanto al inciso 2º del punto sexto referente a reuniones de segunda convocatoria, para impugnar la demanda se fundamenta en que no sólo la sociedad puede sesionar sino decidir válidamente, pues lo legal es que para las decisiones que deben adoptarse por las juntas de socios o asambleas de accionistas, tanto en las reuniones ordinarias, como en las extraordinarias, en los diferentes entes societarios, tales decisiones se aprueben con la mayoría establecida en la ley mercantil para cada forma societaria.

Una situación diferente es la del quórum para sesionar y decidir en las reuniones llamadas especiales como las de: por derecho propio y de segunda convocatoria en las que se puede sesionar y decidir válidamente con un número plural de personas y en relación con este aspecto se puede afirmar que esto se aplica para las sociedades colectivas, limitadas y en comandita, salvo que en los estatutos se consagre otra cosa, y por ello es aplicable el artículo 429 del Código de Comercio, por mandato del artículo 186 ibídem (fls. 45 a 54).

Las partes alegaron de conclusión ratificando los puntos planteados en la demanda y contestación de la misma.

Concepto fiscal

La Procuradora Primera Delegada ante esta Corporación, estima que debe procederse a la anulación el acápite 9º por cuanto el artículo 430 del Código de Comercio permite la prolongación de las deliberaciones por más de tres días y la circular no contempla este evento; y del 10, ya que debió aplicarse el artículo 425 ibídem sin introducir la mayoría del 51% a las cuotas en que se divide el capital social. Es partidaria que se denieguen las demás súplicas de la demanda.

IV. Consideraciones de la Sala

IV. 1. En cuanto al cargo que se le formula al acto acusado por haber establecido, para efectos de la convocatoria a las reuniones de las sociedades sujetas al control de la Superintendencia de Sociedades, que en el conteo de los días de antelación a dicha convocatoria se excluirán el día de la convocatoria y el de la sesión y que con ello se viola el artículo 829 numeral 2º del Código de Comercio, la Sala atendiendo el contenido de la norma citada, observa que si bien es cierto que en dicha disposición se prevé que “Cuando el plazo sea de días se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa”, no lo es menos que en ella se regula la materia de los contratos y obligaciones mercantiles, en donde el objeto de los mismos se traduce en una prestación consistente en dar, hacer o no hacer, resultado de las distintas modalidades de títulos valores previstos en la codificación comercial así como de la diversidad de contratos que ella misma contempla. Pero el hecho de que las sociedades comerciales desarrollen actividades de comercio, no implica que todos sus actos constituyan obligaciones y contratos mercantiles, como el caso de la convocatoria a una reunión de junta de socios o asamblea de accionistas, que per se no puede considerarse un negocio jurídico, y, por ello, el conteo del plazo de días estatuido en la norma que se cita como violada, sólo tiene operancia para la celebración de negocios jurídicos, en orden a determinar la fecha de exigibilidad de las obligaciones emanadas de ellos, mas no para el evento sub examine.

Por esta razón, y además, por lo expresado en la providencia que resolvió sobre la suspensión provisional en el sentido de que el aumento del día de la reunión, lejos de constituir una limitación, da mayor oportunidad en la participación de las deliberaciones y decisiones que se hayan de adoptar, el cargo no está llamado a prosperar.

IV. 2. En lo relacionado con el cargo frente al inciso 2º del aparte poderes, que según el actor y la parte coadyuvante es violatorio del artículo 184 del Código de Comercio, por cuanto exige un requisito adicional (cadena de autenticaciones), cuando el poder se otorgue por una persona jurídica que se encuentra en el exterior, la Sala estima que es acertada tal censura. En efecto, la disposición contenida en el artículo 480 del Código de de Comercio, forma parte del capítulo que regula a las sociedades extranjeras para lo concerniente a su constitución; requisitos que deben tenerse en cuenta para desarrollar actividades en Colombia, y concretamente, el artículo 480 gobierna lo relativo a los documentos que se otorguen en el extranjero por parte de dichas sociedades, para los cuales se exige la cadena de autenticaciones y la constancia de existencia de la sociedad y ejercicio del objeto conforme a las leyes del respectivo país. Pero, el artículo 184 ibídem (norma especial para las asambleas y junta de socios o administradores), en cuanto al poder que todo asociado puede otorgar para hacerse representar en las reuniones de junta o asamblea, tan solo exige que debe ser conferido por escrito, indicando el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, sin requerir autenticación de firmas ni hacer distinción alguna entre los asociados, esto es, si se trata de personas naturales o jurídicas.

De otra parte, existiendo norma expresa en el Código de Comercio (art. 184), reguladora de los poderes para reuniones de asambleas o junta de socios o administradores, no es viable la remisión a las normas del ordenamiento procedimental civil. Por lo anterior, prospera el cargo endilgado frente al inciso 2º del aparte poderes, contenido en la circular acusada, a partir de la expresión “siempre y cuando el otorgante sea una persona natural” hasta el final del inciso.

IV. 3. Para el estudio del cargo relativo a derecho de voz y voto, por violación de los artículos 379, 411 y 412 del Código de Comercio, al establecer el acto impugnado que “pueden asistir a la reunión y ejercitar su derecho de voz y voto los accionistas inscritos en el libro de registro de accionistas”, desconociendo situaciones especiales previstas en las normas citadas anteriormente es preciso atender, en primer término, el contenido de las normas invocadas como violadas.

Prescribe el artículo 379:

“Cada acción conferirá a su propietario, los siguientes derechos:

1. El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella...”.

a) En cuanto al artículo 379 del Código de Comercio no se aprecia violación alguna, dado que esta norma consagra los derechos del propietario de una acción, entre ellos, el de participar en las deliberaciones de la asamblea general y el de votar en ella, aspecto éste reconocido expresamente en el acto demandado. La exigencia de la inscripción en el registro de accionistas no vulnera los derechos del propietario de una acción que constituye un deber del mismo. Así, en el título III del Código de Comercio, se impone la obligación de inscribir en el registro mercantil los libros de registro de accionistas (art. 28 num. 7º), y

b) En lo que respecta a la violación de los artículos 411 y 412 del Código de Comercio, tampoco asiste razón al actor, ya que para hablar de acreedor prendario o de usufructuario, se presupone la celebración de un negocio jurídico, a título oneroso, de las partes de interés, cuotas o acciones que dio origen a la existencia de la prenda o dei usufructo, actos estos mercantiles según lo dispuesto en el artículo 20 numeral 5º ibídem, y que como tales para que produzcan efectos respecto de terceros han de registrarse.

IV. 4. Al analizar el cargo “reuniones de segunda convocatoria”, por violación de los artículos 186, 302, 359 y 366 del C. de Co., se advierte que el actor, al expresar el concepto de la violación en relación con este punto, manifiesta que el artículo 429 del Código de Comercio no es aplicable a las sociedades colectivas ni a las sociedades en comanditas y limitadas ya que éstas tienen un régimen especial y que al disponer la demandada que la segunda convocatoria deberá efectuarse “con la misma antelación prevista para la primera citación”, viola los artículos 422, 429, 186 del C. de Co.

Señala el aparte reuniones de segunda convocatoria (fl. 1 vuelto):

“Cuando convocado el órgano rector en debida forma, éste no pudiere efectuar la reunión por falta de quórum, quien la convocó deberá citar a una nueva reunión la cual se realizará no antes de diez días hábiles ni después de treinta días también hábiles contados desde la fecha fijada para la fallida reunión convocatoria que debe hacerse por el medio y con la misma antelación prevista para la primera citación.

En esta reunión, al igual que en las reuniones por derecho propio, podrá sesionarse válidamente con cualquier número plural de asociados, previsión legal ésta que es aplicable a todos los tipos societarios, en virtud de la norma general contenida en el artículo 186 del Código de Comercio, tampoco pueden efectuarse en unas ni en otras, reformas estatutarias ni autorizarse la emisión de acciones privilegiadas, salvo que haya quórum y las decisiones se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos o en la ley para esos efecto” (las partes subrayadas son las que se dicen nulas).

En lo relativo a la “convocatoria que debe hacerse por el medio y con la misma antelación prevista para la primera citación”, no observa la Sala quebranto alguno de las normas invocadas por el actor. En efecto, el artículo 422 del Código de Comercio, impone la obligación a las sociedades de reunirse ordinariamente por lo menos una vez al año, en las fechas indicadas en los estatutos, y, en silencio de éstos, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio y, que en caso de que no haya convocatoria, deberán reunirse por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 a.m. en el domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad el artículo 186 prevé la obligación de los socios de reunirse con sujeción a lo previsto en las leyes y en los estatutos; y el artículo 429 establece para la segunda convocatoria el número plural de personas que pueden sesionar v decidir válidamente, indicando que la nueva reunión no debe efectuarse antes de diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha de la primera reunión.

Del contenido de estas normas se infiere claramente que su finalidad no es otra distinta que la de que los diferentes entes societarios cumplan con la obligación de reunirse ordinariamente, a fin de que los socios se enteren del manejo que se le ha dado a la sociedad y que el ausentismo no impide adoptar las medidas necesarias tendientes al mejor desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social. Por ello, la exigencia contenida en la circular acusada en el punto en estudio, permite hacer expedita la intención del legislador en cuanto al aspecto analizado se refiere.

IV. 5. En lo tocante al cargo que se hace al punto 6º que consagra que en las reuniones de segunda convocatoria, al igual que en las reuniones por derecho propio, podrá sesionarse válidamente con cualquier número plural de asociados, “previsión legal ésta que es aplicable a todos los tipos societarios en virtud de la norma general contenida en el artículo 186 del Código de Comercio”, de ser violatorio de los artículos 186, 302, 366 y 359 del C. de Co., estima la Sala que el artículo 186 del Código de Comercio, es categórico al afirmar que “con excepción de los casos en que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial”, las reuniones se celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429 ibídem.

La mayoría numérica, a falta de estipulación expresa en el contrato social, a la que se refiere el artículo 302 del Código de Comercio para las sociedades colectivas, y la mayoría absoluta, a la que hace referencia el artículo 359 ibídem para las sociedades de responsabilidad limitada, no constituyen una mayoría especial. Por ello, la previsión contenida en el punto en estudio se ajusta al mandato expreso del artículo 186, y en este sentido no asiste razón al actor en cuanto a la violación de los artículos 302 y 359 se refiere.

Teniendo en cuenta que el artículo 366 del Código de Comercio no guarda relación con el tema la Sala se abstiene de pronunciarse frente al cargo que contra el se formula.

IV. 6. En lo atinente al cargo relativo a la “suspensión y reanudación de las reuniones”, se observa que este punto fue objeto de análisis en la providencia de 29 de julio de 1991 (fls. 65 a 71), confirmatoria del proveído de 27 de septiembre de 1990, en que se decretó la suspensión provisional de dicha disposición, y, teniendo en cuenta que no se han desvirtuado los fundamentos que motivaron la aplicación de la medida precautoria, la Sala se remite a lo expresado en tal oportunidad:

“(...) mientras la norma legal mercantil contempla dos términos de duración de las deliberaciones de la asamblea: “uno no mayor de tres días” cuando lo decida cualquier número plural de asistentes que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representadas en la reunión, y el otro, que “puede prolongarse más de tres días” si están representadas en la reunión la totalidad de las acciones suscritas; el aparte 9º, por su parte, consagra solamente uno: la asamblea o junta de socios pueden suspender y reanudar las reuniones cuantas veces sea necesario dentro de un lapso “que no exceda de tres días hábiles”.

Como se acaba de ver el choque entre la norma legal y el aparte 9º es claro y lo estableció la Sala sin esfuerzo mental alguno. No constituye una simple omisión, como lo afirma el recurrente en su escrito de impugnación.

Ahora, la circunstancia de que otra norma del Código de Comercio, el inciso 2º del artículo 182, contemple la segunda modalidad prevista en el artículo 430, en manera alguna descarta la transgresión de éste...”.

Por lo anterior, habrá de accederse a la nulidad invocada.

IV. 7. Igual acontece en relación con el cargo asambleas extraordinarias, contenido en el aparte 10 de la Circular Externa PD-003 de 26 de enero de 1990, que previene:

“En estas reuniones sólo puede tratarse los temas incluidos en el orden del día a menos que, una vez agotado éste, el 70% de las acciones o cuotas representadas en la reunión así lo determine. Igual determinación puede tomarse tratándose de sociedades limitadas, siempre y cuando dicha mayoría no sea inferior a la mitad más uno de las cuotas en que se divida el capital social, salvo que otra cosa se hubiere previsto en los estatutos (art. 425 ejusdem) (la parte subrayada es la que se dice nula).

Al estudiar la Sala este cargo, frente al artículo 425 del C. de Co., que se estimó como violado, pudo establecer que la discordancia de la norma impugnada con el artículo 425 del C. de Co., es ostensible ya que éste, que es aplicable a las sociedades limitadas, por mandato del artículo 372, establece que una vez agotado el orden del día en las asambleas extraordinarias podrán tratarse otros temas si así lo deciden el 70% de las acciones representadas, en tanto que el aparte 10 de la circular contempla idéntica regulación en relación con las asambleas extraordinarias de las sociedades anónimas, pero en lo concerniente a las sociedades limitadas reduce el quórum decisorio, pues subordina que se traten otros temas, una vez se ha agotado el orden del día, a que la decisión se adopte por una mayoría que “no sea inferior a la mitad más uno de las cuotas en que se divida el capital social, salvo que otra cosa se hubiera previsto en los estatutos”.

De tal suerte que en lo que a la violación del artículo 425 se refiere, el aparte 10 desconoció la preceptiva del artículo 425. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la parte final que expresa “salvo que otra cosa se hubiere previsto en los estatutos”, por ser éstos ley para los asociados y poder establecer, para efectos de tratar otros temas, una vez agotado el orden del día un quórum decisorio diferente, no puede ser objeto de controversia frente a la disposición del artículo 425 del C. de Co., y, por esta razón procede la declaratoria de nulidad sólo en forma parcial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad de la Circular Externa PD-003 de 26 de enero de 1990, expedida por la Superintendencia de Sociedades, en las siguientes partes:

“Poderes

(...) siempre y cuando el otorgante sea una persona natural, porque si es una persona jurídica deberá darse cumplimiento a la cadena de autenticaciones a que aluden los artículos 480 del Código de Comercio y 259 del Código de Procedimiento Civil...

9. Suspensión y reanudación de las reuniones

De conformidad con el artículo 430 del Código de Comercio, las reuniones de la asamblea o junta de socios pueden ser suspendidas para reanudarse luego, cuantas veces sea necesario, dentro de un lapso que no exceda de tres días hábiles.

10. Asambleas extraordinarias

(...) siempre y cuando dicha mayoría no sea inferior a la mitad más una de las cuotas en que se divida el capital social...”.

2. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión del día diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992).

Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Presidente—Miguel González Rodríguez—Libardo Rodríguez Rodríguez—Yesid Rojas Serrano.

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