Sentencia 14673 de julio 16 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado acta 78

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil dos.

Vistos

Se pronuncia la Corte respecto de la prescripción de la acción penal en el proceso que se adelanta contra Jairo Antonio Parra Heredia.

Hechos

Fueron relatados por la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá de la siguiente manera:

“Da cuenta la investigación que Marco Antonio Parra Heredia en su condición de asesor jurídico de la secretaria de salud del Distrito, en una reunión sostenida el 28 de mayo de 1993 con Jairo Antonio Vargas Buitrago, como socio de la compañía de vigilancia “Dincolvop limitada”, le informó a éste que con ocasión de las irregularidades en el cumplimiento del contrato suscrito entre las dos personas jurídicas, la entidad distrital se disponía a imponerle sanciones a su representada, entre ellas la aplicación de la caducidad pero, que por el cargo que desempeñaba, estaba en condiciones de evitar estas acciones y agilizar la gestión, para la cancelación de cuentas atrasadas cuyo pago requerían todo, si accedían a entregarle treinta millones de pesos”.

Antecedentes

1. En estas condiciones, se adelantó proceso penal contra Jairo Antonio Parra Heredia.

El 17 de octubre de 1995, la fiscalía 203 delegada ante los jueces penales del Circuito de Bogotá dictó resolución de acusación contra el sindicado por el delito de concusión de que trataba el artículo 140 del Decreto 100 de 1980, que contemplaba una pena entre dos (2) y seis (6) años de prisión, determinación que quedó ejecutoriada el 30 de mayo de 1996, al ser confirmada integralmente por la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de esta misma ciudad.

2. El Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogotá, en decisión del 22 de febrero de 1997, condenó a Jairo Antonio Parra Heredia a la pena de 30 meses de prisión por el delito de concusión.

Apelado el fallo por el procesado, fue confirmado integralmente por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 1998.

Negado en la sentencia condenatoria el subrogado de la condena de ejecución condicional, se señaló que solamente se ordenaría la captura cuando quedara en firme el fallo.

Oportunamente, se interpuso por el defensor el recurso de casación y se presentó la respectiva demanda, por lo que las diligencias fueron remitidas a esta corporación.

3. Corrido el traslado de ley, la procuraduría delegada en lo penal emitió el concepto de rigor.

La Corte considera

Sería del caso emitir la correspondiente sentencia de casación, de no encontrarse que la acción penal se ha extinguido por el fenómeno de la prescripción. En efecto:

1. Con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento penal (L. 599/2000) se produjo un cambio sustancial en cuanto al método para calcular el lapso de prescripción de la acción penal en la etapa de juzgamiento, cuando se trata de delitos cometidos dentro del país, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos.

Una interpretación sistemática de los artículos 80, 82 y 84 del Código Penal derogado (D. 100/80) y 83 y 86 del vigente (L. 599/2000), llevan a las siguientes conclusiones:

1.1. En ambos, el aumento de la tercera parte se aplica de manera autónoma tanto en el sumario como en el juicio.

1.2. En los dos, interrumpido el término prescriptivo de la acción penal, con la ejecutoria de la resolución de acusación o su equivalente, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del máximo señalado en la ley (C. Penal derogado, art. 80 y C. Penal actual, art. 86).

1.3. En ambos estatutos el lapso prescriptivo no puede ser inferior a cinco (5) años (arts. 80 y 83, respectivamente).

1.4. En el Decreto 100 de 1980, para calcular el término de prescripción en la etapa de juzgamiento, primero se dividía por dos el máximo de la pena privativa de la libertad previsto en la ley y luego se aumentaba la tercera parte, lo que significaba que si, por ejemplo, ese máximo era de ocho años, se dividía por dos, lo que daba cuatro. Como el resultado era inferior a cinco (5) años, entonces se aumentaba a ese guarismo, y a éste se le incrementaba la tercera parte, lo que deba seis (6) años y ocho (8) meses

Este método de contabilización traía como consecuencia que cuando se trataba de delitos cometidos dentro del país por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos, el lapso de prescripción de la acción penal en el juicio, nunca podía ser inferior a seis (6) y ocho (8) meses.

En el nuevo Código Penal (L. 599/2000), al tenor de los incisos 1º y 5º del artículo 83, al máximo de la pena privativa de la libertad previsto en la ley, primero se le suma la tercera parte y luego sí se divide por dos.

En el ejemplo, partiendo de un máximo de ocho años (96 meses), se aumentará una tercera parte, lo que nos dará 128 meses que al dividirse por dos, dará un guarismo de 64 meses, esto es, cinco (5) años y cuatro (4) meses.

Como se observa, este segundo procedimiento de cálculo es más favorable al procesado, por lo que se deberá aplicar.

2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, si consideramos que la resolución de acusación proferida en contra de Jairo Antonio Parra Heredia quedó ejecutoriada el 30 de mayo de 1996 y que el máximo de pena fijado para el delito de concusión por el artículo 140 del Decreto 100 de 1980 era de seis (6) años, concluiremos que el lapso de prescripción de la acción penal es de cinco (5) años que ya transcurrieron, por lo que se impone la declaratoria de tal fenómeno procesal y, en consecuencia, se dispondrá la cesación del proceso que se adelanta contra el citado acusado, por el delito de concusión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. DECLARAR que la acción penal por el delito de concusión al que se contrae este expediente y en el que aparece como procesado Jairo Antonio Parra Heredia, se encuentra prescrita.

2. En consecuencia, se dispone la cesación de la actuación procesal.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

SALVAMENTO DE VOTO

No creo que el Código Penal adoptado por la Ley 599 de 2000 y vigente desde el pasado 24 de julio de 2001 contenga un cambio normativo que justifique la nueva posición de la mayoría de la Sala acerca de la forma de contabilización del término de prescripción durante la etapa del juicio para acusados que lo han sido por haber delinquido en ejercicio de la función pública.

Tanto en el Código Penal de 1980, como en el actual la redacción es la misma. Cambió la forma, pero no el fondo. Simple y llanamente lo que eran artículos independientes en el anterior (80, 81 y 82) se convirtieron en incisos de un solo artículo en el actual. El inciso 1º del artículo 83 del Código Penal era el mismo inciso del artículo 80 anterior. Sólo se le agregó una salvedad para incluir un término prescriptivo mayor para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.

El inciso 5º del artículo 83 del actual código era el mismo articulo 82 del anterior. No hay allí ninguna variación de fondo en esa redacción, ni siquiera en la ordenación. Si la norma es la misma, la interpretación ha debido mantenerse. No se trata de un cambio normativo, sino de uno jurisprudencial. Pero la mayoría de la Sala no entrega ninguna razón suficiente para variar su postura. Lo que ofrece es una excusa —el cambio normativo— inexistente.

Esta nueva posición hermenéutica termina prohijando, hacia atrás —como en este caso concreto— o hacia el futuro como en muchos otros, impunidad en delitos contra la administración pública. Eso, en una sociedad en la que en uno de los pocos temas en los que hay consenso es en la percepción de altos niveles de corrupción en el manejo de la cosa pública, no deja de ser, por lo menos, paradójico, y por mi parte extremadamente lamentable.

A ello se agrega que la intención declarada del legislador, reseñada en la exposición de motivos presentada al Congreso Nacional y en otros documentos como informes y ponencias que la acogieron fue explícita: en materia de prescripción ninguna propuesta modificatoria había y se “mantenían las reglas actuales”. Entonces en este proceso no debió declararse la extinción de la acción penal y esa la razón para haber salvado el voto.

Con todo respeto,

Carlos Eduardo Mejía Escobar. 

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