Sentencia 14676 de noviembre 30 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado: Acta Nº 187

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil uno.

Vistos

La Sala se pronuncia de fondo sobre el recurso de casación interpuesto por el defensor de Alicia del Socorro Chadid Benito Revollo, en contra de la sentencia del 27 de febrero de 1998 por medio de la cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena, al resolver la apelación interpuesta, confirmó la proferida el 2 de abril de 1997 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad que, de manera anticipada, la condenó a la pena principal de 3 años, un mes y 10 días de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por igual lapso, como autora de los delitos de falsedad en documento privado y estafa.

Hechos

La señora Alicia del Socorro Chadid Benito Revollo desempeñó el cargo de jefe del departamento de indemnizaciones de la aseguradora Colseguros, S.A., agencia de Cartagena, desde el año de 1992 hasta mediados de 1994. Una revisión detectó que sobre la póliza del asegurado Alfredo Navarro se cancelaron $ 1.500.000 con un cheque que aparece girado al falso nombre de Hernando Espitaleta y consignado en la cuenta corriente de la aludida señora; lo propio sucedió con el cliente Cristóbal Toro, a cuyo cargo se emitió un título por dos millones de pesos que igualmente paró en la cuenta de aquella. Finalmente, el 9 de septiembre de 1992 la compañía emitió un cheque por $ 28.500.000 a nombre de Rafael Espinosa, el cual hizo efectivo Mauricio Lafaurie, esposo de la señora Alicia del Socorro.

Actualización procesal

Los anteriores hechos fueron denunciados el 12 de septiembre de 1994 por Jorge Andrade Vélez, gerente de la agencia de Colseguros, queja que por reparto correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena, despacho que tras una indagación previa, abrió investigación el 27 de octubre de 1994; dentro de la cual, el 20 de diciembre siguiente, escuchó en indagatoria a Alicia Chadid Benito Revollo. El 27 de abril de 1995 se remitió el expediente a la fiscalía y correspondió a la segunda delegada ante los juzgados del circuito, que el 11 de agosto de 1995 decretó medida de aseguramiento de caución prendaria contra la señora Alicia del Socorro por los delitos de falsedad en documento privado y estafa.

Tras petición de la sindicada y su defensor, el 5 de diciembre de 1995 se celebró diligencia para sentencia anticipada, en la cual la señora Chadid Benito Revollo aceptó los cargos formulados que se hicieron consistir en los mismos contenidos en la medida de aseguramiento.

El Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena profirió, el 2 de abril de 1997, sentencia en los términos del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, condenando a la señora Chadid Benito Revollo a la pena de 3 años, un mes y 10 días de prisión, como autora de los delitos de falsedad en documento privado y estafa, negándole el subrogado de la condena de ejecución condicional. Recurrido el fallo por el defensor, el 27 de febrero de 1998 fue confirmado por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior.

El defensor de la señora Chadid Benito Revollo interpuso recurso de casación, presentó oportunamente la demanda, fue admitida y se recibió concepto de la procuradora primera delegada en lo penal.

La demanda

El defensor, como primer cargo, acude a la causal tercera del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los hechos y de la emisión de la sentencia impugnada, por cuanto el fallo “nació a la vida jurídica en un juicio viciado de nulidad”, en la medida que si bien la acusada solicitó la sentencia anticipada, en el acto de formulación de cargos el fiscal se negó a explicarle las consecuencias de la aceptación y a leerle la medida de aseguramiento, al extremo que a la pregunta de si aceptaba los cargos, la señora Chadid Benito Revollo, al no entender el alcance de la negociación, contestó que “sí acepto porque tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, de donde surge que realmente los rechazó, lo que comporta lesiones al derecho de defensa y al debido proceso pues la sentencia se profirió sin aceptación de cargos.

Un segundo, y subsidiario, reproche se soporta en el numeral 1º, cuerpo primero, del artículo 220 del antiguo estatuto por violación directa de la ley penal sustantiva, pues se incurrió en un error de hecho por cuanto no se aplicaron los artículos 64, numerales 7º y 8º, y 68 del Código Penal y se aplicaron de manera indebida los numerales 1º y 7º del artículo 66 que surgieron en forma caprichosa en la sentencia sin haber sido deducidos cuando fueron negociados los cargos formulados, consecuencia de lo cual fue la negación de la condena condicional porque no existe ni una circunstancia de agravación. La defensa no se explica de dónde se deduce que se actuó por motivos innobles o fútiles y tampoco de dónde se pueda pretender participación de cómplices cuando en contra de éstos no hay sentencia de condena.

Para finalizar plantea su personal forma de dosificación punitiva, pues considera que el juzgador fijó para la estafa la quinta parte de la sanción máxima prevista y debió hacer lo propio en razón del concurso con la falsedad, con lo cual, aunada la rebaja por acogerse a sentencia anticipada, habría lugar a conceder la condena de ejecución condicional. Esto, acota, sin tener en cuenta que “también se violó en forma directa el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, porque la sindicada confesó y su confesión fue la base para que en su contra se dictara la medida de aseguramiento correspondiente”.

El Ministerio Público

La señora procuradora primera delegada se pronuncia en contra de los anhelos del demandante, porque:

1. Si bien no se leyó la medida de aseguramiento, no hay constancia de que ello se hubiera solicitado y el instituto de la sentencia anticipada no exige formalidad alguna para formular los cargos, sin que la señora Alicia Chadid desconociera las imputaciones delictivas; por el contrario, al solicitar ese trámite anormal expresó que aceptaba los cargos deducidos al resolver su situación jurídica. No puede admitirse que desconocía las consecuencias de la aceptación pues contaba con el aval de su defensor, que es el mismo casacionista, y la expresión “sí acepto porque tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, es evidente que contiene un error de mecanografía porque la lógica y consecuente con lo pedido, realizado y con la remisión del proceso al juzgador, debió ser que “...No tengo pruebas...”, pues de contar con medios para acreditar su inocencia no se hubiese aceptado responsabilidad, además de que en el escrito de petición se anuncia que no se cuenta con los medios para demostrar la ausencia de responsabilidad.

2. Es infundado pretender que debieron ser aplicados los numerales 7º y 8º del artículo 64 del Código Penal, porque el argumento para el primero (haber devuelto parte del dinero) sí fue considerado pero ubicado en el numeral 6º, y en cuanto a la causal 8ª no es cierto que hubo presentación voluntaria, pues ésta obedeció a una imperativa orden judicial.

3. Se falta a la técnica cuando se invoca, con apoyo en la causal primera (violación directa de la ley sustancial), la deducción de agravantes no consignadas en los cargos, pues ello se debe hacer con apoyo en el artículo 220-2; además de que se alega la deducción del numeral 1º del artículo 66 cuando lo cierto es que el aplicado es el 11, y en lo relacionado con el 7º desde un comienzo surgió evidente que la señora Chadid actuó coadyuvada por su esposo, a cuya cuenta fue a parar el cheque por $ 28.500.000, hecho confesado por doña Alicia.

4. La inconformidad con la dosificación de la sanción debió plantearse como cargo autónomo, pero además sólo se ofrece un personal modo de hacer cuentas, cuando lo cierto es que el juzgador no desbordó los lineamientos del artículo 26 del Código Penal.

De manera oficiosa, el Ministerio Público solicita se case la sentencia, se redosifique la pena y se estudie la posibilidad de conceder el subrogado de la condena condicional, porque la sentencia dedujo la causal 11ª de agravación del artículo 66, que no puede tenerse como objetiva y por su condición de subjetiva, al necesitar valoración previa, debe consignarse de manera expresa en la acusación, como ha sostenido la Sala, lo cual no se hizo en este evento.

Consideraciones de la Corte

I. La demanda

a) De la nulidad

1. En escrito que obra a folio 367, la señora Alicia Chadid Benito Revollo, coadyuvada por su defensor, que es el mismo que hoy presenta la demanda de casación, solicita se finalice el proceso por la vía de la sentencia anticipada de que trata el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal. Por parte del funcionario instructor, el 5 de diciembre de 1996 se formularon los cargos que fueron aceptados por la indagada, quien contaba con la asistencia técnica de ese profesional del derecho.

2. Proferido el fallo de primera instancia, el defensor, hoy demandante, interpuso recurso de apelación “porque estoy inconforme con la dosificación punitiva y con la negativa del subrogado penal denominado condena de ejecución condicional”; al sustentar la impugnación, expresó que era obligatorio deducir las causales genéricas de atenuación de los numerales 1º, 4º, 7º y 8º del artículo 64 del Código Penal; sostuvo que no obraba agravante alguna; agregó que al imponerse la quinta parte del máximo previsto para la estafa, debió hacerse lo propio con la falsedad; y exigió se reconociera la rebaja por confesión en los términos del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, todo lo cual permitía conceder la condena de ejecución condicional.

3. Observa la Sala que por parte alguna, al recurrir la sentencia que por vía anticipada se profirió, el señor defensor hizo alusión, siquiera tácita, a lo que hoy reclama por vía de casación, esto es, que el fallo se profirió en juicio viciado de nulidad por la negativa del fiscal a leer la medida de aseguramiento, a explicar las consecuencias de la aceptación y, lo más relevante, que la señora Chadid Benito Revollo, por falta de esa ilustración, rechazó los cargos.

Si las quejas del defensor contra el fallo de primer nivel, según se extrae de la interposición y sustentación del recurso, se relacionaron única y exclusivamente con el proceso de dosificación punitiva, surge evidente, como tiene dicho la Sala, que no puede pretender, por la vía extraordinaria de la casación, el reconocimiento de aspectos sobre los cuales mostró su conformidad. En efecto, si ante la sentencia de primera instancia no se recurrió con las pretensiones que hoy se anuncian, ello equivale a que se mostró de acuerdo con lo decidido al respecto, lo que comporta, a la vez, que carezca de interés jurídico para acudir ante la Corte.

Nótese que lo que se demanda en casación es la sentencia de segunda instancia por haber incurrido en errores, los que mal pueden serle achacados sobre aspectos que, por no haberse propuesto, no fueron decididos por el tribunal. Por mejor decir, no puede existir un error en lo que no se decidió, ausencia de pronunciamiento abonable al actor, en la medida que por el principio de limitación del artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 34 de la Ley 81 de 1993, el funcionario de segunda instancia sólo puede revisar los aspectos objeto de inconformidad.

Específicamente en el caso sub judice, mas aún dentro de los restringidos límites que el artículo 37B del Estatuto Procesal Penal posibilita la apelación por tratarse de un fallo anticipado, al guardarse absoluto silencio respecto de la diminuente por razón de la ira consagrada en el artículo 60 del Código Penal y, por lógica consecuencia, no ocuparse de esta figura del tribunal, no puede admitirse que exista interés jurídico en el demandante para proponerla en casación, razón por la cual esta censura debe desestimarse” (1) .

(1) Sentencia de 22 de septiembre de 1999, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote.

El fallo recurrido se intentó y logró a través del instituto de la sentencia anticipada de que trata el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, lo cual limita a sindicado y defensor a recurrir exclusivamente “respecto de la dosificación punitiva, el subrogado de la condena de ejecución condicional y la extinción del dominio sobre bienes”, según ordena el numeral 4º artículo 37B procesal, a lo cual en efecto se concretó el defensor, por lo que mal podía intentar un tópico diverso en sede de casación.

Lo que evidencia la Corte, es que la inconformidad planteada a última hora a título de nulidad sólo pretende desconocer la aceptación de cargos, propuesta que sin duda corresponde a un anhelo vedado de retractación de la parte defensiva, fenómeno inadmisible en asuntos como el que ocupa la atención de la Sala.

4. Para la Corte, además, el proceder del defensor demandante se muestra bien extraño cuando pretende vicios en el consentimiento de su acudida al aceptar los cargos formulados, para acceder a la rebaja punitiva por la terminación anormal del proceso. En efecto, en el acta de formulación de cargos del 5 de diciembre de 1996, el funcionario dejó constancia “que los cargos que le formula son los mismos contenida en la medida aseguramiento (sic)...”, expresión que en modo alguno denota que no se haya dado lectura a esa pieza procesal.

5. Pero aunque así hubiere sido, extraña que hoy el demandante, que fungía como defensor en ese entonces, ninguna observación al respecto hubiese expuesto ni en ese acto, ni en ninguna otra ocasión diversa de la demanda de casación, y en modo alguno puede aceptarse que la señora Chadid Benito Revollo no tuviera conocimiento de los alcances del instituto por ella impetrado, porque, como bien lo anota la procuraduría, ello desdice de la capacidad del actor, pues que en todo momento estuvo asistiéndola profesionalmente, pero además en diversos actos quedó expresa constancia de lo contrario, esto es, que sí hubo conocimiento claro y preciso de los derechos y cargas que implicaba el instituto de la sentencia anticipada, conciencia que llevó a acusada y defensor a solicitarlo y lograrlo.

En efecto, la señora Alicia Chadid, coadyuvada por el hoy demandante, solicitó la terminación anticipada porque “no cuento con los medios probatorios que sirvan para probar mi inocencia, lo que ha quedado como un axioma en la resolución interlocutoria que usted acaba de dictar para resolver la situación jurídica ...Acepto, pues, los cargos contenidos en la resolución que resolvió mi situación jurídica”, manifestación expresa que denota conocimiento preciso de la medida de aseguramiento.

El señor defensor, hoy actor, al sustentar la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, expresó que “estoy absolutamente convencido de la inocencia de la procesada, pero que, por la realidad procesal que ella no pudo desvirtuar por la forma en que ocurrieron los hechos, para evitar un mal más grave, acordé con ella la necesidad de acogerse a la sentencia anticipada”, apreciación en la que coincidió la señora Alicia Chadid “por no contar con pruebas para demostrar lo contrario”.

Con tan contundentes manifestaciones de quien demanda en casación, no puede aceptarse que hoy quiera crear confusiones en lo que ayer encontró plenamente claro, además de que de lo transcrito, que son sus expresiones y las de la señora Chadid Benito Revollo, surge incuestionable que la última, de manera clara y expresa, aceptó los cargos formulados, pues ella y su defensor así lo hicieron saber, antes y después de la diligencia en que fueron formulados.

6. Lo anterior demuestra, a la vez, que es poco menos que ético pretender que la desafortunada frase de “sí acepto porque tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, que refleja el acta de folio 464, coincida con lo realmente expresado por la señora Alicia del Socorro, porque tamaña contradicción no habilitaba el proferimiento de la sentencia, de donde surge incuestionable que lo que realmente se dijo fue “Sí acepto porque NO tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, no sólo porque una elemental lógica así lo indica, sino por cuanto de lo poco legible que se presenta la copia que obra en el proceso parece inferirse que sí se escribió el “NO”, pero lo que es más relevante y que despeja cualquier duda, son las expresas manifestaciones de la sindicada y su defensor, hoy demandante, antes y después de la formulación de cargos, donde repitieron esa expresión en su contenido exacto.

El cargo no prospera.

b) De las causales de agravación y atenuación.

Como cargo subsidiario acude el actor al numeral 1º, cuero primero, del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, por violación directa de la ley sustantiva “al no darle aplicación al artículo 68 del Código Penal y de los numerales 7º y 8º del artículo 64 del mismo texto, y por aplicar indebidamente los numerales 1º y 7º del artículo 66...”, para concluir que se trata “del clásico error de hecho”.

1. La falta de técnica que permite a la Sala anunciar la improsperidad de la pretensión, es evidente, como que si se anuncia la violación directa de la ley sustantiva, lo que comporta admitir la valoración probatoria, no puede argumentarse que ello ocurre a través del “clásico error de hecho”, pues a éste se acude cuando se alega la violación indirecta de la norma, prevista en el cuerpo segundo de la causal primera de casación para cuestionar el análisis probatorio. Además, cuando se acusa a la sentencia de incurrir en un error de hecho, es carga del demandante demostrar si ello se hizo por falso juicio de existencia (dejó de valorarse una prueba o se supuso una inexistente), o de identidad (se distorsionó el alcance real de un medio probatorio), o por falso raciocionio (valoración alejada de la sana crítica), lo que ni siquiera se insinúa en la demanda.

2. Por otra parte, de acuerdo con la procuradora delegada, la Sala observa que no coincide con la verdad aseverar que la sentencia no tuvo en cuenta la causal 7ª de atenuación del artículo 64 del Código Penal, que hace referencia a “resarcir voluntariamente el daño”, como que el juez dedujo la 6ª, que alude a “Procurar voluntariamente, después de cometido el hecho, anular o disminuir sus consecuencias”, y la fundamentó en el hecho de “haber resarcido parcialmente el el daño”; de tal manera que el hecho que se exige como suficiente para reconocer la atenuante, sí se consideró como tal pero en diversa causal, lo cual es perfectamente válido, como que el resultado punitivo es el mismo; lo que no es permitido, como hace el actor, es querer que una sola circunstancia comporte doble beneficio.

3. En verdad que en los fallos no se dedujo la causal 8ª de atenuación genérica, pero ello no constituye yerro alguno, por cuanto si la menor sanción se regula para cuando el sindicado se presenta “voluntariamente a la autoridad después de cometido el hecho” o evita “la injusta sindicación de terceros”, tal no sucedió en este evento, porque, en relación con lo primero, la comparecencia al proceso ocurrió el 20 de diciembre de 1994, esto es, varios años después de sucedidos los hechos y casi cuatro meses luego de que eran conocidos por la justicia; y mal puede tenerse como una “presentación voluntaria” aquella que es producto de una citación judicial, donde se amenaza como sanciones en caso de incumplimiento.

Una lectura desprevenida de la indagatoria de la señora Chadid Benito Revollo evidencia que en modo alguno intentó evitar la injusta sindicación de terceros, como que comenzó por decir que “exactamente no sabía” los hechos investigados, para pasar a señalar que su esposo, de quien se refirió como drogadicto, fue quien la coaccionó para cometer los delitos, eximente de culpabilidad que fue descartada en las sentencias, de donde surge que no impidió sindicaciones injustas, sino que, por el contrario, ella las realizó.

4. El censor lee de manera tergiversada la sentencia, para acusarla de haber deducido la causal de agravación del numeral 1º del artículo 66 del Código Penal, pues se evidencia, como anota la procuraduría, que hubo un error de mecanografía, pues la cita era al número 11 y no al 1, como que éste alude a los “motivos innobles o fútiles”, que por parte alguna se relacionan en el fallo, que sí explica, por el contrario, "el grado de ilustración con estudios de postgrado que posee" la señora Chadid, lo que pone de presente la exacta alusión al número 11, esto es, a "la posición distinguida que el delincuente ocupe en la sociedad por su riqueza, ilustración, poder, cargo, oficio o ministerio".

5. La deducción de la agravante del artículo 66-7 del Código Penal, encuentra sustento claro en la propia posición de la señora Alicia del Socorro que, como acaba de verse, aludió de manera clara a que los cheques los cobró con la colaboración de su cónyuge, además de que en la cuenta del último fue consignado el cheque que aquélla emitió cancelando un inexistente siniestro. Esta situación se explica con claridad en la sentencia de primera instancia y se reitera en la del tribunal, pero además fue relacionada en la medida de aseguramiento, de donde se desprende que su deducción para aumentar la sanción deviene en todo, menos en caprichosa.

6. A lo desacertado de los planteamientos del actor, se agrega que confunde los institutos de la sentencia anticipada y la audiencia especial previstos, respectivamente, en los artículos 37 y 37A procesales, como que siempre alude a que "la negociación" no fue clara para su acudida, cuando es claro que si se opta por la primera, como hicieron acusada y defensor, no hay acuerdo o "negocio" alguno, porque el acusado, para hacerse al descuento punitivo debe aceptar, sin condición alguna, los cargos formulados, en tanto que en la audiencia sí es viable acceder a un "negocio" o convenio entre el fiscal y el sujeto pasivo de la acción penal.

7. A la tangencial referencia sobre el no reconocimiento de la rebaja por confesión, que no se desarrolla, cabe precisar que la versión de la señora Chadid Benito Revollo no sólo no fue el soporte de la condena, sino que ella se descartó, como que de haber triunfado su posición, habría sido absuelta, dado que señaló a su cónyuge como quien la coaccionó a cometer el delito, alegato que desde la medida de aseguramiento se rechazó.

Este cargo también se responderá de manera adversa.

II. De la petición oficiosa del Ministerio Público

El Ministerio Público construyó otra causal de casación, alejada de su misión y de la demanda.

Aspira la señora procuradora delegada a que la Sala case de manera oficiosa la sentencia, tras considerar que la sentencia infringió el principio de congruencia al deducir la causal genérica de agravación del numeral 11 del artículo 66 del Código Penal, no contemplaba en el pliego de cargos, cuando ha debido serlo, dado que se trata de una considerada como subjetiva que para su deducción requiere ser valorada; en apoyo de su tesis acude a la sentencia de la corporación del 22 de julio de 1998, con ponencia del magistrado Carlos Eduardo Mejía Escobar, fallo del que se deriva la conclusión, no en el exclusivo sentido que pretende el Ministerio Público, sino de que en el evento en estudio procede la agravante propuesta; en efecto, en ese entonces la Sala Precisó:

"No obstante que la resolución de acusación omite el tema de las causales de agravación, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que en tratándose de las circunstancias genéricas de agravación punitiva y dentro de éstas, de las de naturaleza objetiva, es decir de aquella cuya presencia deviene únicamente del contenido fáctico de la conducta, aunque su mención y análisis en la decisión calificatoria es el ideal de calidad que se espera de la administración de justicia, su omisión no impide que se deduzcan en la sentencia, siempre y cuando en la narración de los hechos o dentro del texto de la resolución de acusación se haya mencionado expresamente el hecho o circunstancia que las componen.

En este preciso caso, la decisión calificatoria discurre en su totalidad sobre la calidad de gobernador... del procesado como elemento fundamental del acaecimiento de la conducta objeto de reproche, por lo que no resulta atentatorio del debido proceso incrementar la pena por la condición de primera autoridad administrativa del departamento, en ejercicio de la cual ordenó...

La causal de agravación del numeral 11 del artículo 66 se refiere a la posición distinguida del agente en la sociedad, por una cualesquiera de las siguientes razones: riqueza, ilustración, poder, cargo, oficio o ministerio.

Los supuestos de hecho a los que se refiere el legislador como determinantes para concluir el ejercicio de una posición distinguida del delincuente en la sociedad, son eventos que por lo general no pueden ser deducidos sino como consecuencia de un previo juicio valorativo, circunstancia que exige su ineludible inclusión en la resolución de acusación para que puedan incrementar la ulterior condena, si a ella hubiere lugar. Son casos en los que la conclusión a priori no puede ser la de que el acusado ejerce una posición distinguida dentro de ese conglomerado social, y por tanto su deducción no es posible sino después de un juicio valorativo, sujeto a contradicción, los que descarta que en ese preciso caso la causal pueda señalarse como objetiva y por tanto debe deducirse de manera expresa e íntegra (fáctica y normativamente).

Ahora bien, en otras situaciones, la cuestión resulta objetiva. Por eso, otro es el caso del gobernador de un departamento de quien puede afirmarse sin previos juicios valorativos que evidentemente ocupa una posición distinguida en el seno de la sociedad que administra (C.P., art. 66-11), dado su cargo de primera autoridad del departamento, dignidad que lo obliga a conducirse con la rectitud, la honestidad y la entereza que tan alto cometido supone".

El contexto es preciso de la decisión no es el que interpreta la procuraduría. Alude de manera exacta a que por lo general, la causal 11 de agravación genérica requiere de juicios previos de valoración, regla que admite excepciones como la allí planteada, porque el ejercicio de una dignidad no exige razonamiento especial alguno para colegir la posición distinguida.

La discusión respecto de las causales objetivas y subjetivas ha sido superada por la corporación, en el entendido de necesidad, tratándose de la congruencia acusación sentencia, de que ellas sean objeto de estimación en el pliego de cargos, caso en el cual, y sólo en él, es válida su deducción al imponer la sanción, so pena de que prospere el recurso extraordinario por desarmonía, lo cual en modo alguno significa la exigencia de plasmar una específica fórmula ni la concreta mención de las normas que las regulan, sino que el pliego debe contenerlas con su correspondiente valoración, "no siendo necesario que se las identifique por su nominación jurídica, o que sean citadas las disposiciones que las describen y señalan sus implicaciones punitivas (aunque lo ideal es que todo esto suceda), sino que el supuesto fáctico aparezca claramente definido en ella, y que no exista la menor duda acerca de su imputación (cfr. casaciones del 18 de diciembre de 2000 y del 21 de febrero de 2001, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote).

En síntesis, se tiene que la Corte, en la actualidad, es del criterio que todas las circunstancias que impliquen incremento punitivo, específicas o genéricas, en cualquiera de sus modalidades, deben hacer parte de la imputación fáctica o jurídica de la acusación para que puedan ser deducidas en la sentencia, siendo suficiente, para que esta exigencia se cumpla, que el supuesto de hecho que las estructura aparezca claramente definido en ella, de suerte que su imputación surja inequívoca de su contenido.

Como ha sido ya precisado en pronunciamientos anteriores, no se trata de exigir que la circunstancia aparezca jurídicamente identificada a través de la norma que la consagra, o mediante fórmulas sacramentales predeterminadas, pero tampoco de suponer que se las dedujo, donde no lo fueron, con el argumento de que su imputación resulta implícita o sobreentendida, en razón de la naturaleza de los hechos, o el simple recuento que de los mismos pudo haber sido efectuado en la acusación. Lo exigible es que el supuesto de hecho de la circunstancia que fue objeto de deducción en la sentencia (específica o genérica), aparezca precisado inequívocamente en la acusación, de suerte que entre los dos actos procesales (sentencia y pliego de cargos) exista plena identidad en el aspecto fáctico" (2) .

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 4 de abril de 2001, M.P. Fernando Arboleda Ripoll, radicado 10.868.

En el evento en estudio, respecto de la causal del artículo 66-11 el Código Penal, se presenta tal situación, ya con la última jurisprudencia, ora con la que cita la procuraduría; en efecto, en la audiencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, hubo remisión expresa a la medida de aseguramiento, por lo que ésta se constituye en el soporte de la acusación y en ella se lee, luego de descartar la eximente de culpabilidad, que no se le puede creer la excusa por cuanto "Una persona con las cualidades de la señora Chadid, persona con 33 años, casada, con hijos, con un título universitario, con un postgrado, con un cargo de jefe de una sección en una empresa, residente en uno de los mejores sectores de la ciudad ... es para tenerla como una persona capaz y normal (sic)". Por manera que estos hechos probados y puestos de presente en el pliego de cargos, sustentan con suficiencia la causal de agravación deducida.

Como no prosperan las pretensiones del señor defensor y de la procuraduría delegada, no se casará la sentencia demandada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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