Sentencia 14682 de diciembre 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIÓN DE CESANTÍA

EXTRACTOS: «1. La actora ha venido prestando sus servicios a la Rama Judicial, sin solución de continuidad, desde el 16 de septiembre de 1977 y se encuentra laborando en el cargo de Secretaria de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La demandante el 18 de febrero de 1993 solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial, por el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1977 al 30 de diciembre de 1992, destinada a la compra de unos muebles a la doctora Myriam Cecilia Viracachá Sandoval, y la Dirección Nacional de Administración Judicial, por el acto demandado, reconoció la suma de $ 15.555.490.76 en lugar de $ 19.525.477 que considera tener derecho, descontando la suma de $ 11.130.575.62 por pagos hechos por el mismo concepto anteriormente y ordenó pagar a la vendedora de los muebles $ 4.424.925.14.

El punto litigioso en el caso sub lite consiste en determinar si la cesantía parcial que fue ordenada pagar por el acto enjuiciado se debe liquidar con base en la remuneración mensual fijada por el Decreto 57 de 1993 en la cantidad de $ 1.125.000 como se afirma en el libelo, o tomando en cuenta la suma de $ 865.384.61 mensuales, como se sostiene al contestarse la demanda, incrementado este valor con las doceavas partes de las primas de servicio, de vacaciones y de Navidad para un total de $ 1.017.252.58, es decir, descontando de $ 1.125.000 el 30% de dicha suma, por no ser salario.

El Gobierno Nacional dictó el Decreto 57 de 1993 haciendo uso de las atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y dicho decreto contiene normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

Por su artículo primero se estableció que es obligatorio su cumplimiento para quienes se vinculen con posterioridad a su vigencia.

Y con relación a aquellos servidores públicos que ya estaban vinculados con anterioridad a su vigencia, a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar, por una sola vez, y antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional consagrado en tal decreto o no acogerse a él y en este último caso continuarían rigiéndose por las normas legales vigentes a la fecha de vigencia de tal estatuto (art. 2º).

Por medio de su artículo tercero se fijó la remuneración mensual de los empleos, a partir del primero de enero de 1993 en el Consejo Superior de la Judicatura, incluida la Dirección Nacional de Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Mediante el artículo 7º de estatuyó que el 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos allí mencionados entre ellos el secretario de Sala o Sección del Consejo de Estado devengarían prima especial, sin carácter salarial.

La remuneración mensual del secretario de Sala o Sección se fijó en $ 1.125.000.

En virtud del artículo 12, ibídem, se consagró que los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que ya se encontraban laborando al entrar en vigencia el decreto y que optaran por el régimen salarial y prestacional allí establecido o aquellos que se vincularan por primera vez, se les suprimió el derecho a las primas de antigüedad, ascensional, de capacitación y cualquiera otra sobrerremuneración.

Y por el último inciso del artículo 12 del citado decreto se estableció que a los servidores públicos que optaren por el régimen del decreto en mención sus cesantías causadas, se liquidarán con base en la nueva remuneración, pero en adelante, su liquidación y pago se hará de acuerdo con el Decreto 3118 de 1968 y la Ley 33 de 1985.

Considera la Sala que para efectos de liquidar la cesantía parcial de la actora, la remuneración que debe tomarse en cuenta es la de $ 1.125.000 mensuales, de que trata el artículo 3º del decreto en mención, con los incrementos salariales, sin descontar el valor de la prima especial del 30% de que trata el artículo 7º porque ese es el beneficio que otorgó el decreto para aquellos que estaban vinculados a la Rama y a la Justicia Penal Militar para que pudieran pedir sus cesantías con esa remuneración a cambio de la supresión de la retroactividad de las cesantías, de las primas de antigüedad, ascensional, capacitación de que estos gozaban. En otros términos el decreto acabó con tales primas citadas y la retroactividad de las cesantías para aquellos servidores del Estado y como compensación dispuso que podían pedir por una sola vez sus cesantías a que tenían derecho y que esta reliquidación se haría con la nueva remuneración fijada en el artículo tercero de tal estatuto. Aquellas cesantías que se solicitaran con posterioridad se liquidarán de acuerdo con el Decreto 3118 de 1968 y la Ley 33 de 1985, es decir anualizadas. Ese es el sentido del inciso final del artículo 12 del decreto tantas veces citado. La remuneración contemplada en el artículo 7º ibídem, estima la Sala, impera para aquellos que se vincularon a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar ya en vigencia del decreto referido, de lo contrario no tendría aliciente la opción consagrada en el artículo 12.

Por tanto, prospera la nulidad de los artículos 1º y 2º de la Resolución 1630 de 19 de julio de 1993 de la Dirección Nacional de la Administración Judicial.

2. También se pide en la demanda que al ordenarse la reliquidación de la cesantía de la demandante se haga tomando en cuenta los índices de precios al consumidor sobre el saldo no reconocido y pagado.

Sobre este punto el Consejo de Estado, en varias oportunidades se ha pronunciado. Así, en sentencia de 8 de noviembre de 1995, sobre el particular, expresó:

“El reajuste de valor o indexación de las condenas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de lo que acontece por ejemplo dentro de la jurisdicción laboral ordinaria que carece de una norma legal que faculte expresamente al juez para decretarlo, sí tiene una norma jurídica que le da sustento legal a una decisión de esta naturaleza, cual es el artículo 178 del código de la materia, que autoriza al juez administrativo para decretar tal ajuste, tomando como base el “índice de precios al consumidor, o al por mayor”. De manera, que esta norma despeja cualquier duda que pudiera surgir al juez administrativo en relación con la fuente legal que le sirva de sustento a una decisión de esta naturaleza.

El ajuste de valor autorizado para el caso por la ley, obedece al reconocimiento del hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que tratándose de servidores del Estado, fustiga y disminuye en forma continua su poder adquisitivo.

Por lo anterior, decretar el ajuste del valor no es sólo una decisión ajustada a la ley, sino un acto de elemental equidad, cuya aplicación por parte del juez tiene soporte al mas alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico, como lo consagra expresamente la Carta en su artículo 230.

No acceder a decretar dicho ajuste en casos como el presente, en el que el valor de una prestación social como lo es la pensión de invalidez, que por el efecto de la devaluación en términos reales la viene a recibir disminuida quien ha logrado demostrar dentro del proceso no solo la equivocación de la administración al haberse negado su derecho, sino la ilegalidad de su decisión, no solo sería un agravio a la integridad patrimonial de quien ha resultado triunfante en el ejercicio de la acción judicial, sino un enriquecimiento sin causa de quien con su negativa en reconocer oportunamente sus obligaciones, resulta siendo a la postre una erogación menor a la que debía efectuar si hubiese cancelado en tiempo su obligación. De esta forma se estaría premiando la decisión ilegal de la administración.

Al obligar a la parte condenada a pagar el valor real de lo adeudado, en verdad no se le está imponiendo una sanción por su conducta renuente, ni se le está ocasionando un empobrecimiento, como tampoco un enriquecimiento a la parte gananciosa de la contención; se está obligando sí a la parte que debe, a pagar lo que en su oportunidad se abstuvo de reconocer, asumiendo como consecuencia lógica de su conducta omisiva, los efectos de la devaluación ha producido en el poder adquisitivo del dinero adeudado y que en forma injustificada paga tardíamente”.

3. Además, en el libelo se impetra se condene a los intereses correspondientes. En la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará su liquidación y pago».

(Sentencia de diciembre 18 de 1997. Expediente 14682. Sala de Conjueces. Conjuez Ponente: Dr. Jaime Mossos Guarnizo).

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