Sentencia 14684 de octubre 12 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

INCUMPLIMIENTO DE CONVENCIONES COLECTIVAS

LIMITACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA IMPONER SANCIONES

EXTRACTOS: «La razón agüida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para imponer a la empresa demandante, la sanción de multa a que se contraen las resoluciones enjuiciadas, fue la de violación de los parágrafos 1º, 3º y 5º de la cláusula trigésima segunda de la convención colectiva de trabajo, suscrita con el sindicato de sus trabajadores, vigente para los años 1994-1995 (fls. 3º a 11), estipulaciones cuyo tenor literal es el siguiente:

“Cláusula trigésima segunda:

PAR. 1º—Endupar S.A sólo contratará personal ocasional, accidental o transitorio para ejecutar labores distintas a sus actividades normales de reemplazar temporalmente a el personal en vacaciones, permisos e incapacidades por un período no superior o cuatro (4) meses a excepción de contratos de servicios profesionales” (...).

PAR. 3º—Reemplazo transitorio. Cuando un trabajador reemplaza a otro transitoriamente, y se presente el caso que el salario asignado a la persona sea superior, se reconocerá desde el primer día la diferencia entre su salario básico y la persona reemplazada (...).

PAR. 5º—Endupar S.A. se compromete a pagar salario igual a todos sus trabajadores por trabajo igual, desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia, también iguales. Excepto las diferencias que se establezcan en esta convención. Estas condiciones de eficiencia serán determinadas por la administración, según el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.

Endupar S.A. cobrará a todos sus trabajadores una tarifa diferencial por los servicios que esta presta por la suma de ochocientos pesos ($ 800) moneda corriente, mensuales, sin tener en cuenta las categorías. Este beneficio se hará extensivo para todos los jubilados” (fl. 127 y 128).

Resalta la Sala.

(...).

La Sala considera que no le era dable al Ministerio de Trabajo sancionar pecuniariamente a la empresa actora por una supuesta infracción de las estipulaciones convencionales transcritas, por cuanto si bien el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 41 del Decreto 2351 de 1965, lo autoriza para adoptar las medidas preventivas en orden a impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, pero tal autorización no se extiende a la declaración de derechos individuales ni a la definición de controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces.

Para la constatación de la infracción de estipulaciones convencionales como las contenidas en el parágrafo 1º, 2º y 5º de la cláusula trigésima segunda de la convención colectiva, denunciada como transgredida por el sindicato de trabajadores de la empresa de servicios públicos de Valledupar S.A., se requiere interpretar y determinar los alcances de las mismas, tarea que implica una labor valorativa, desde el punto de vista jurídico, de lo expresado en ellas, y no solamente la verificación de los hechos que al parecer la infringen.

El análisis de esas estipulaciones convencionales implicaba un juicio de valoración respecto del alcance de las excepciones consagradas en el citado artículo y la confrontación de las situaciones fácticas de la empresa respecto de la contratación del personal temporal y del pago de salarios desiguales a trabajos iguales.

El supuesto que trae el precepto convencional citado y que le permitía a la empresa, de manera excepcional, contratar personal ocasional, accidental o transitorio era que se tratara de labores distintas a las actividades normales o de reemplazos temporales del personal de planta por un período no superior a 4 meses, a menos que fueran servicios profesionales; y que cuando se reemplazara a otro empleado transitoriamente se pagara la diferencia salarial si la asignación mensual era más elevada.

La denuncia del sindicato precisaba, respecto de los parágrafos 1º y 2º, transcritos, que la empresa:

“... continúa violando ese punto, por ejemplo hay un trabajador en el cargo de auxiliar de servicios de redes y alcantarillado que está trabajando hace más de cuatro años sin ningún tipo de contrato, el corte de servicio de agua y lectura y repartida de recibos que son actividades normales de la empresa y contrataron personal particular...” (fl. 54); “...contrata personal por prestación de servicios para labores propias de la empresa caso concreto de la vinculación de los lectores y su parágrafo 2º referente a las vacantes caso concreto el de Estanislao Ochoa y Asunción Tarazona existiendo trabajadores más antiguos que ellos podrían llenar las vacantes...” (fl. 57).

Y respecto del incumplimiento del parágrafo 5º de la cláusula transcrita el sindicato expresó

“... que habla sobre salario igual y trabajo igual, ejemplo los compañeros de redes y acueducto y alcantarillado y comercial como ejemplo Luis Gómez, Higinio Rojas, Roberto Castro, en el caso de acueductos el Rillado (sic) están Alberto Pérez Montes, José Miguel Camacho, José Ochoa, donde la organización solicita que se le (sic) nivele con los otros compañeros que hacen el mismo trabajo igual que ellos...” (fl. 57).

Estas situaciones denunciadas dan lugar a una controversia que implica la interpretación de la convención y una confrontación detenida de los hechos para determinar si se daban los supuestos de la violación, es decir, que la contratación no obedeciera al giro de los negocios de la empresa, que no se trataba de la realización de una obra o labor determinada, o la ejecución de un trabajo ocasional, accidental o transitorio, o que no podía la empresa contratar personal para ejecutar funciones distintas del giro ordinario de sus negocios, o si existían empleados de la empresa que tuviesen mayor antigüedad que los nombrados y cuál cláusula convencional obligaba a la empresa a preferirlos en el nombramiento.

Igual reflexión cabe hacer respecto del cargo de violación del principio “a trabajo igual salario igual”, pues ello exigía analizar cuál era la labor desempeñada por cada uno de los trabajadores mencionados por el sindicato denunciante y qué labores de similares contornos desempeñaban otros trabajadores, para determinar si sus salarios eran diferenciales. Pero aún más era necesario determinar si se trataba de labores desempeñadas en “puestos, jornadas y condiciones de eficiencia también iguales”; o de casos que encuadraban dentro de las diferencias que excepcionalmente se hubieran pactado en convención colectiva caso en el cual “las condiciones de eficiencia serán determinadas por la administración, según el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Juicios como los anteriores les están atribuidos a los jueces del trabajo, según términos del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, toda vez que la convención por virtud del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo rige, durante su vigencia, los contratos de trabajo.

Para establecer el incumplimiento de las cláusulas convencionales por las cuales se aplicó la sanción, era necesario efectuar una valoración probatoria, realizar un análisis frente a lo normado en la convención y a las circunstancias de hecho que llevaron a la empresa a impartir las ordenes de trabajo correspondientes y a establecer determinados salarios para ciertas labores, todo lo cual indica una controversia jurídica que no le corresponde dirimir a los funcionarios del ministerio.

Criterio similar al aquí expuesto fue sostenido por esta Sala en sentencia del 22 de agosto de 1996, expediente 10728, con ponencia de la consejera doctora Dolly Pedraza de Arenas.

Las decisiones acusadas no son de carácter objetivo para imponer la sanción respectiva por las funciones de policía que le asisten a las autoridades del Trabajo, ya que éstas no pueden servir de fundamento para que so pretexto de su ejercicio, se resuelvan controversias que la ley ha encomendado a los jueces. En el presente caso, el Ministerio fue más allá de los límites de su competencia como autoridad de policía, pues definió controversias cuya determinación corresponde a los jueces del trabajo.

Los sindicatos y los trabajadores obligados por una convención colectiva, tienen acción para exigir su cumplimiento, y de ella conoce, la justicia laboral y no los funcionarios del ministerio».

(Sentencia de octubre 12 de 2000. Expediente 14.684. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

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