Sentencia 14693 de febrero 14 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 17

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar

Bogotá, D.C., febrero catorce de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Hechos y actuación procesal

En la noche del sábado 14 de septiembre de 1996 se encontraban reunidos en el establecimiento El Malecón de Cúcuta Neftalí Díaz Niño, su esposa Lucy Xiomara Ortiz Parra, los padres de ésta Julio Antonio Ortiz y Alejandrina Parra y Aylin Yuleima Martínez Mondragón, amiga de la familia. Todos salvo el primero que abofeteó a su cónyuge y generó los reclamos del caso, se regresaron en un taxi a su casa ubicada en el barrio Circunvalación, calle 20 con la avenida 15. Neftalí Díaz Niño se dirigió al mismo lugar en una buseta de su propiedad y continuó con el conflicto. A raíz de la intervención de sus suegros extrajo un revólver que llevaba consigo, con el mismo le pegó en el pómulo derecho a Julio Antonio Ortiz y ante la reacción de éste pelearon.

Díaz Niño se fue y regresó más tarde. Alejandrina Parra sale de la casa para impedirle el paso y detrás de ella lo hace su hijo Julio Ortiz, quien desafía a pelear a su cuñado ante el maltrato verbal desplegado por éste en contra de su madre. Neftalí Díaz extrae nuevamente su revólver y lo dispara. Como consecuencia le produce la muerte a Alejandrina Parra y deja herido a Julio Ortiz.

Neftalí Díaz Niño fue vinculado al proceso en calidad de persona ausente y en esa condición se le resolvió situación jurídica con detención preventiva el 16 de diciembre de 1996, por los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas (fl. 77, cdno. 1). El 30 de diciembre siguiente es cerrada la investigación (fl. 100) y el 4 de febrero de 1997 la Fiscalía dictó acusación por los mismos hechos punibles (fl. 109) y la decisión adquirió ejecutoria el 25 de febrero siguiente.

El trámite del juicio le correspondió adelantarlo al Juzgado 2º Penal del Circuito de Cúcuta. En su desarrollo, el 14 de marzo de 1997, fue capturado el acusado. El funcionario de conocimiento ordena las pruebas solicitadas por el defensor y algunas de oficio (fl. 156), esta decisión la apela la Fiscalía, la segunda instancia revoca la orden de practicar algunos testimonios (fl. 192), se lleva a efecto la diligencia de audiencia pública en varias sesiones como es verificable a partir del folio 258 del cuaderno 1 original y el 9 de diciembre de 1997 se dicta la sentencia de primera instancia. Por los cargos de la acusación el procesado es condenado a 45 años de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 7 años y al pago de 1.020 gramos oro por concepto de los daños y perjuicios ocasionados por los atentados contra la vida. Esta decisión fue apelada por la defensa y el Tribunal Superior de Cúcuta, mediante el fallo recurrido en casación, la confirmó en su integridad, disponiendo la expedición de copias para la investigación penal pertinente contra Lucy Xiomara Ortiz Parra y Ciro Galvis Pabón por la posible comisión de falsedad testimonial.

(...).

Tercer cargo

El procesado fue condenado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, agravados por razón del parentesco. El censor admite en la presentación de la censura que durante todo el proceso, y naturalmente también en el fallo impugnado, dicha condición se tuvo por establecida a través de prueba testimonial. En realidad así fue, en efecto.

“Analizado el aspecto típico —dice la sentencia recurrida— encuentra la Sala ajustada a derecho la pena mínima de la cual partió el juzgado de conocimiento para graduar el concurso, habida consideración que fuera de la circunstancia agravatoria del homicidio y de la tentativa del mismo, no le concurre al procesado ninguna circunstancia genérica ni específica de agravación, lo que justifica que se partiera del mínimo del homicidio agravado, que lo fue por el parentesco existente entre el procesado y sus víctimas, ya también analizado, agravación que no mereció reparo de parte del señor defensor, como quiera que se entiende que está correctamente calificado el hecho, si se mira que el procesado reconoce estar casado con la hija de Alejandrina Parra de Ortiz, como lo reconoce su mujer y lo ratifica el padre, Julio Ortiz, al igual que el parentesco con Willington Ortiz Parra, agravación que puede probarse por este medio mencionado”.

Según el defensor, el elemento parentesco sólo es susceptible de demostración a través de prueba documental. Y como no pasó así, el juzgador incurrió en error de hecho por suposición de la prueba documental. Es decir, el abogado se confunde. La segunda instancia no supuso el medio de convicción, sino que dio por establecido el vínculo que le permitió dar por estructurada la circunstancia específica de agravación, a través de prueba testimonial y del propio dicho del procesado. El error que le atribuye el abogado a la sentencia, entonces, debió haberlo planteado como de derecho por falso juicio de convicción y esa es su primera equivocación. La segunda fue no precisar la norma legal en la cual se disponía que sólo es viable la demostración de tal hecho en el proceso penal a través de prueba documental. Ésta, en todo caso, no existe. Y como así es y como en el proceso penal rige el principio de libertad probatoria ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en señalar que el parentesco, a diferencia de como sucede frente a la ley civil, puede probarse con cualquier medio de prueba autorizado. En consecuencia, en ninguna impropiedad incurrió el juzgador al dar por existente la agravante punitiva en la forma que lo hizo y por lo tanto tampoco esta censura puede prosperar.

(...).

De otro lado, las supuestas contradicciones entre los testigos de cargo que menciona el censor, y que a su juicio, al otorgárseles a los mismos credibilidad, comportan la violación de los postulados de la sana crítica, no son tales. Sin decirlo el demandante está planteando que la falta de concordancia total entre un declarante y otro es motivo suficiente para no creer en ninguno, no obstante la coherencia en torno a los aspectos fundamentales sobre el hecho objeto de la declaración. Y se trata de un planteamiento completamente equivocado. Los hechos están formados de momentos y cuando éstos son observados por distintas personas cada una registra desde sus propias circunstancias. Y cada una igualmente, al relatar judicialmente, rememora esas vivencias desde las singularidades de como las percibió y las específicas de cuando las narra, lo cual irremediablemente lleva a que por regla general los observadores de un mismo suceso nunca lo cuenten lo mismo, no obstante coincidir en aspectos esenciales.

En el caso examinado lo que propone el abogado defensor como atentado contra la sana crítica es que se creyó en unos testigos que no dijeron exactamente lo mismo. Por eso el ejercicio que hace es compararlos, afirmar —por ejemplo— que una testigo dijo algo en su segunda declaración que no refirió en la primera, que un declarante dijo que el lesionado salió al tiempo con la occisa y otro que salió segundos después, pretendiendo que esa falta de absoluta coincidencia conduzca a restarles mérito persuasivo. Y carece de razón, como se dijo. Cierto que los relatos no son idénticos, aunque sí determinantes, como categóricamente se concluyó en la sentencia, de que el procesado disparó sin justificación alguna en contra de su suegra y de su cuñado, causándole la muerte a la primera y heridas al segundo.

(...).

La Sala, entonces, ante la manifiesta improsperidad de los ataques, no casará el fallo objeto del recurso de casación.

Por o expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida, expedida por el Tribunal Superior de Cúcuta el 23 de febrero de 1998».

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