Sentencia 250002327000 2001 02324 01 (14704) de febrero 6 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000 2001 02324 01 (14704)

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Fluor Colombia Limited.

Impuesto Renta.

Fallo

Bogotá, D.C., seis de febrero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La sociedad Fluor Colombia Limited presentó la declaración de renta del año gravable de 1998 el 20 de Abril de 1999, con la intención de acogerse al beneficio de auditoría.

El 20 de octubre de 1999, la administración especial de grandes contribuyentes, expidió el requerimiento especial 3631999000058, proponiendo modificar la declaración presentada por la sociedad actora por el año gravable 1998 para desconocer el saldo a favor que había sido imputado en dicha liquidación proveniente del año fiscal 1997. Adicionalmente para imponer la sanción por inexactitud.

Previa respuesta del contribuyente, la administración especial de los grandes contribuyentes profirió la liquidación de revisión 310642000000093 de julio 5 de 2000, mediante la cual se modificó la declaración del impuesto de renta correspondiente al año gravable de 1998 en los términos planteados en el requerimiento.

El 28 de junio de 2001 la actora presentó recurso de reconsideración contra la liquidación oficial mencionada, la cual fue confirmada por la Resolución 310662001000076 de junio 28 de 2001, notificada personalmente el 10 de junio de 2001.

(...).

Consideraciones de la Sección

La Sala debe decidir sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto de renta del año gravable 1998 de la sociedad Fluor Colombia Limited.

Se debe resolver con base en los términos de la apelación y atendiendo los elementos que obran en el expediente, si el requerimiento especial previo a la liquidación oficial de revisión, fue notificado dentro del término legal.

El estatuto tributario establece un régimen específico restrictivo para dar a conocer las decisiones oficiales, el cual admite la notificación personal o por correo (E.T., art. 565).

Conforme al artículo 566 del estatuto tributario, vigente para la fecha en que se notificó el requerimiento especial: “La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo(1) .

Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, los efectos de dicha sentencia son hacia el futuro y para la fecha en que se profirieron los actos acusados era plenamente aplicable el artículo 566 del estatuto tributario, el cual establecía que la notificación por correo se practicaba mediante el envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entendía surtida en la fecha de introducción al correo.

Se consagraba así, una presunción legal que considera surtida la diligencia de notificación en la fecha de introducción del sobre al correo, presunción que por su naturaleza “juris tantum” podía ser desvirtuada, si se demostraba que la notificación realmente se produjo en una fecha diferente.

Como la Sala ha señalado en ocasiones anteriores, si bien la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” contenida en el artículo 566 del estatuto tributario fue declarada inexequible mediante Sentencia C-096 de 2001, si bien dicha providencia tiene efectos hacia el futuro, aun en vigencia de esta disposición el contribuyente tenía la posibilidad de desvirtuar la presunción (2) .

En el presente caso, la sociedad presentó su declaración de renta del año gravable 1998 el 20 de abril de 1999 (fI. 53), en la cual se indica que se acoge al beneficio de auditoría contemplado en el artículo 22 de la Ley 488 de 1998. Dicha norma señalaba lo siguiente en los apartes pertinentes:

“Beneficio de auditoría por el año gravable de 1998. La liquidación privada del año gravable de 1998 de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) frente al impuesto neto de renta del año gravable 1997, quedará en firme dentro de los seis (6) meses siguientes a su presentación oportuna, siempre y cuando cancelen el valor a cargo por dicha vigencia dentro de los plazos que se señalen para el efecto (...)”.

De acuerdo con esta norma, la administración debía expedir y notificar el requerimiento especial tendiente a modificar la declaración privada dentro de los seis meses siguientes a su presentación.

La administración introdujo al correo el requerimiento especial el día 20 de octubre de 1999, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la declaración de renta de 1998 del 20 de abril de 1999, por lo que de acuerdo con el artículo 566 del estatuto tributario, vigente para ese momento, la notificación era oportuna.

Sin embargo, como se indicó, el contribuyente tiene la posibilidad de desvirtuar que la notificación se haya realizado efectivamente en esta fecha, pero en esos eventos le corresponde demostrar dicha circunstancia con alguna prueba que otorgue certeza del momento en el cual fue realizada efectivamente la notificación por tener conocimiento del acto administrativo.

La sociedad contribuyente señaló que el requerimiento especial fue introducido al correo a las “7:22 p. m.” del 20 de octubre de 1999 y alega que corresponde a una hora por fuera del horario de la administración, por lo que no puede tenerse en cuenta esta fecha como la de notificación.

Sobre el particular, el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal preceptúa: “Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común y por día el espacio de veinticuatro horas...”, y el 60 ibídem que, “cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo”. Conforme a lo anterior, el límite del término se extiende hasta la medianoche el día de su vencimiento.

Ahora bien, los términos procesales no corresponden con la “jornada laboral”. Si un particular debe cumplir un trámite, como presentar una declaración tributaria ante una oficina bancaria y esta cuenta con horario adicional, se tiene como fecha la del día en que efectivamente fue radicada, no la del día siguiente. Así mismo, si la administración envió un acto administrativo dentro de las jornadas adicionales de las oficinas de correos debe entenderse que se realizó en la misma fecha.

La entidad demostró que envió por correo el requerimiento especial dentro del término establecido, de acuerdo con lo que preveía para ese momento el artículo 566 del estatuto tributario, independientemente de la hora en que se realizó la acción, pues el plazo vencía a la media noche del 20 de octubre de 1999. Por otra parte, la sociedad no desvirtuó esta fecha, pues recibió el acto y dio respuesta al requerimiento sin demostrar la fecha en que efectivamente conoció la actuación.

Para la Sala, el requerimiento especial fue notificado en forma oportuna, pues la sociedad no desvirtuó la fecha contemplada en el artículo 566 del estatuto tributario, que entonces se encontraba vigente. Por lo expuesto, prospera el recurso de apelación.

Toda vez que el tribunal no se pronunció sobre los demás cargos de la demanda la Sala procede a estudiarlos a continuación.

La administración rechazó en los actos demandados el saldo a favor que había sido imputado, porque desconoció la declaración de renta del año 1997 radicada el 28 de abril de 1999 con el Nº 1401299056448-7, así como el saldo a favor a allí se refleja por $ 1.070.502.000.

Al respecto, la Sala observa que la sentencia de esta sección del 3 de diciembre de 2003, expediente 2000-1490-01 (13575), M.P. María Inés Ortiz Barbosa, declaró la nulidad del acto administrativo que desconoció el beneficio de auditoría por el impuesto de renta del año 1997 y como restablecimiento del derecho decidió:

“2. Como consecuencia de lo anterior declárase en firme la declaración de corrección del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año 1997, presentada por la sociedad Fluor Colombia Limited el 28 de abril de 1999, Nº 1401299056448-7”.

Por lo anterior, los argumentos fácticos de la entidad para modificar la declaración de renta del año 1998 pierden sustento, pues no es posible desconocer la validez de la declaración de renta del año anterior ni el saldo a favor que fue imputado en el período que se discute, dada la manifestación judicial que le reconoce firmeza a la liquidación privada del año 1997. Por lo mismo, no es procedente la sanción por inexactitud.

En consecuencia, los actos acusados que modificaron la declaración de renta del año 1998 para rechazar el saldo a favor que había sido imputado, deben ser anulados, por lo que la sentencia impugnada será confirmada pero por las razones aquí expuestas.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 17 de marzo de 2004, proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en la parte motiva.

RECONÓCESE como apoderada de la parte demandada a la abogada Biviana Nayibe Jiménez Galeano, en los términos del poder que obra a folio 240.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y publíquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) La expresión resaltada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-096 del 31 de enero de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. La sentencia precisó: “Ahora bien, para la Corte no se puede considerar que se cumplió con el principio de publicidad, que el artículo 209 superior exige, por la simple introducción al correo de la copia del acto administrativo que el administrado debe conocer, sino que, para darle cabal cumplimiento a la disposición constitucional, debe entenderse que se ha dado publicidad a un acto administrativo de contenido particular, cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene. Lo anterior por cuanto los hechos no son ciertos porque la ley así lo diga, sino porque coinciden con la realidad y, las misivas que se envían por correo no llegan a su destino en forma simultánea a su remisión, aunque para ello se utilicen formas de correo extraordinarias”.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 13 de marzo de 2003, expediente 13020, y del 7 de octubre de 2004, expediente 14089, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, entre otras.

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