Sentencia 25000-23-27-000-2002-01280-01 (14706) de abril 6 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2002-01280-01 (14706)

Ref.: Apelación de la sentencia del 17 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección A, en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria.

Consejero Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Bogotá, D.C., abril seis de dos mil seis.

Actor: Acer Computers Colombia S.A.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 17 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente los actos acusados, al levantar la sanción por inexactitud impuesta.

La controversia gira en torno a determinar la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1997, al considerar que la base para realizar el ajuste por inflación al patrimonio líquido registrado en dicha vigencia fiscal, corresponde al declarado en el denuncio tributario de 1996, lo cual genera un ingreso por exposición a la inflación y no una pérdida deducible como lo declaró la actora.

Al respecto, la Sala observa que el ordenamiento tributario contempla en el artículo 261, los bienes y derechos que integran el patrimonio bruto al expresar que “está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable” (resaltado fuera de texto).

Dicho patrimonio bruto es susceptible de ser depurado con los pasivos o deudas a cargo del contribuyente en el último día de la vigencia fiscal, para lo cual el artículo 282 establece el concepto de patrimonio líquido así:

“ART. 282.—Concepto. El patrimonio líquido *(gravable)* se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período gravable el monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes en esa fecha(1) (resaltado fuera de texto).

En las normas transcritas se evidencia que los bienes y derechos poseídos por el contribuyente en el último día de un determinado año gravable constituyen su patrimonio bruto, que al descontarle a esa misma fecha las deudas o pasivos se convierte en patrimonio líquido.

Y es precisamente el concepto fiscal de patrimonio líquido el que debe reflejarse dentro del contenido de la declaración de renta y complementarios, toda vez que hace parte de los factores necesarios para determinar las respectivas bases gravables (E.T., art. 596).

Ahora bien, el artículo 345 del estatuto tributario determina que “El patrimonio líquido al comienzo de cada período, debe ajustarse con base en el PAAG, salvo cuando dicho patrimonio sea negativo, en cuyo caso no se efectúa este ajuste. Como contrapartida se llevará un débito a la cuenta de corrección monetaria por igual cuantía...”.

De acuerdo con el precepto legal mencionado, el patrimonio líquido al comienzo de cada período debe ajustarse por porcentaje de ajuste del año gravable (PAAG), que por ser el patrimonio inicial de la vigencia fiscal el que coincide con el registrado en la declaración de renta del año gravable inmediatamente anterior, ya que su definición emerge de lo consagrado expresamente en el artículo 282 ibídem (2) .

Para el caso en estudio, la Sala observa que en la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1996 presentada el 12 de marzo de 1998, la actora consignó como total patrimonio líquido positivo la suma de $ 2.094.416.000 (fl.10 c.a.).

Dicha declaración fue objeto de modificación por petición de la accionante mediante la liquidación oficial de corrección 0251 de diciembre 28 de 1998 en la que de igual manera determinó como patrimonio líquido $ 2.094.416.000 (fl. 385 c.a.).

El 20 de abril de 1999, corrige nuevamente la liquidación privada de 1996, para aumentar el monto del patrimonio líquido a $ 11.622.437.000, declaración que no surte efectos jurídicos, puesto que se presentó por fuera de la oportunidad legal prevista en el artículo 588 del estatuto tributario, hecho que por demás reconoce la misma demandante.

De tal manera que el patrimonio líquido de $ 2.094.416.000 contenido en la liquidación oficial de corrección 0251 de diciembre 28 de 1998 por el año gravable de 1996, es el factor válido para efecto de realizar el respectivo ajuste por inflación conforme lo ordena el artículo 345 del estatuto tributario.

De ahí que sea incorrecto el argumento de la demandante sobre la independencia del valor del patrimonio líquido consignado en la declaración de renta de 1996 que no tuvo en cuenta los pasivos de largo plazo que constituyen patrimonio propio de la empresa y el que registra en su contabilidad con tal disminución, toda vez que dicha contabilidad debe permitir verificar o determinar los elementos necesarios para establecer los impuestos (E.T., art. 654), y en caso de que existan ajustes contables que incidan en el terreno fiscal, como se presenta en el asunto debatido, contaba con la facultad de modificar la liquidación privada dentro de los términos legales previstos en los artículos 588 y 589 del estatuto tributario.

Por tanto, no es viable considerar que el patrimonio líquido inicial del ejercicio gravable que trata el artículo 345 ibídem es un concepto ajeno al declarado en la vigencia fiscal inmediatamente anterior, toda vez que su determinación necesariamente se refleja como obligación sustancial en dicho denuncio rentístico (art. 282 ibíd.), todo lo cual es el resultado de la conciliación de los registros contables del contribuyente, por lo que constituye la base o factor para que se aplique el ajuste inflacionario.

Por ende, para la Sala carece de fundamento que la accionante califique la declaración tributaria como un mero formalismo, cuando en realidad constituye el instrumento o medio que materializa los deberes fiscales impuestos por el legislador en uso de la atribución constitucional prevista en el artículo 338 de la Carta Política.

Ahora, si bien es cierto los asientos contables prevalecen sobre lo declarado en renta a la luz del artículo 775 del ordenamiento tributario, también es cierto que los valores consignados en la liquidación de corrección 0251 de diciembre 28 de 1996 correspondiente al período gravable de 1996, gozan de presunción de veracidad y ostentan firmeza (arts. 746 y 714 ibíd.), lo que impide contraprobar con los registros de orden contable frente a una situación consolidada que no permite ningún tipo de modificación, ya que no se hizo uso de la oportunidad legal para corregir el error.

Así las cosas, el valor del patrimonio líquido consignado en la liquidación de corrección del año gravable de 1996 en comento, es de $ 2.094.416.000, que al aplicarle el PAAG del 17.38%, determina un patrimonio líquido ajustado por inflación para el año gravable de 1997 equivalente a $ 364.010.000, el cual genera un movimiento débito en la cuenta de corrección monetaria.

En efecto, de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 2075 de 1992, “Las partidas registradas como crédito en la cuenta de corrección monetaria fiscal menos los respectivos débitos registrados en la misma, constituyen la utilidad o pérdida por exposición a la inflación para efectos del impuesto sobre la renta. La utilidad será un ingreso gravable y la pérdida un gasto deducible en el respectivo año gravable”.

Al modificarse el renglón de “patrimonio líquido” por efecto del ajuste, se produce en la cuenta de corrección monetaria fiscal una utilidad por exposición a la inflación con efectos en el impuesto sobre la renta, que constituye un ingreso gravable en cuantía de $ 465.628.000, y hace inexistente la pérdida por la misma causa que la actora liquidó en el renglón 72 “otras deducciones” de $ 1.483.915.000, como se plasmó en los actos administrativos acusados.

Respecto al rechazo de la deducción por intereses y gastos financieros de $ 3.189.005, por la falta de certificación del Banco Industrial Colombiano, como no fue objeto de objeción por la parte demandante ante la jurisdicción, se mantiene.

En cuanto a la sanción por inexactitud, la Sala advierte que a la luz del artículo 647 del estatuto tributario no se evidencia una conducta dirigida a omitir ingresos, impuestos generados por operaciones gravadas, bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, o la inclusión de factores inexistentes que aminoran la tributación y en general la utilización de datos equivocados, incompletos o desfigurados de los cuales se derivara un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

De tal manera, que para la Sala se presenta una diferencia conceptual entre la actora y la administración frente al parámetro legal para efecto de realizar el ajuste por inflación sobre el patrimonio líquido, situación que no está tipificada como causal de imposición de la sanción por inexactitud como lo decidió el tribunal.

En consecuencia, no prosperan los cargos del recurso de apelación interpuesto por las partes, razón por la cual se confirmará lo decidido en la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de marzo 17 de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Ana Isabel Camargo Ángel, conforme al poder otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) La palabra entre paréntesis se entiende derogada tácitamente al haber desaparecido el impuesto complementario de patrimonio, a partir del año gravable 1992.

(2) Ver en este sentido sentencia del 4 de noviembre de 1994, expediente 5612, consejero ponente doctor Guillermo Chahín Lizcano.

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