Sentencia 14710 de abril 27 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONDENA A DEVOLVER SUMAS DE DINERO AL EMPLEADOR

EL TRABAJADOR O EL PENSIONADO NO ESTÁN OBLIGADOS A PAGAR INDEXACIÓN

Magistrados ponentes:

Dr. Carlos Isaac Náder

Dr. Rafael Méndez Arango

Radicación 14710

Bogotá, Distrito Capital, veintisiete de abril de dos mil uno.

Para fundamentar la sentencia con la que se reemplazará la decisión anulada es menester hacer las siguientes consideraciones:

Mediante el recurso se infirmó el fallo del tribunal en cuanto confirmó la absolución que el juzgado impartió a Beatriz Pardo Santamaría, habiéndose, en su lugar, decretado la nulidad del acta de la conciliación celebrada entre ella y Bavaria el 30 de marzo de 1992 “en lo que tiene que ver con la pensión de vejez temporal y voluntaria”, por lo que debe resolverse ahora lo atinente a la pretensión de que se condene a la demandada a reintegrarle a la compañía demandante las sumas que recibió indebidamente desde el 1º de abril de 1992 hasta el 24 de noviembre de 1993 y “la indexación o devaluación monetaria aplicada a la suma total (...) desde el momento del primer pago hasta cuando sea cancelada efectivamente a la actora” (fl. 5).

Respecto de la devolución de las sumas recibidas por Beatriz Pardo Santamaría, resulta indiscutible la procedencia de tal pretensión, en la medida que no es sino la consecuencia de la declaración judicial de nulidad de la conciliación.

En ese orden de ideas, se tiene que en el interrogatorio de parte absuelto a nombre de Beatriz Pardo Santamaría, al responder la séptima pregunta se admitió que a ella le fue entregado el valor de las mesadas en los términos pactados en el acta de conciliación, y de acuerdo con el documento visible a folio 94, que el tribunal ordenó tener como prueba, la suma que recibió por tal concepto fue de $ 7.561.818.89, cantidad que se ordenará devolver.

En cambio, en cuanto a la corrección del valor de las sumas cuya devolución se dispone, no resulta igualmente clara la procedencia de dicha condena, pues respecto de este punto de derecho debe recordarse que el fundamento de la revaluación judicial de las condenas no es otro diferente a la equidad, por haberse considerado jurisprudencialmente que no se ajustaba a ella mantener el principio del nominalismo monetario, que permitía tener por solucionada una obligación cuando su pago se hacía mediante una moneda que como el peso colombiano pierde día a día su poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo de la moneda que finalmente tenía como consecuencia para el acreedor la de recibir una cantidad de pesos que si bien igual nominalmente a la que en su momento debió pagársele, en la realidad económica se traducía en una innegable disminución del valor que ingresaba a su patrimonio. Por esta razón pagar con tardanza le significaba una ganancia al deudor.

Que fue la equidad primordialmente la razón que movió a aceptar la “indexación laboral” a fin de ajustar la obligación de pagar una suma de dinero al real poder adquisitivo del peso colombiano, se comprueba con sólo efectuar una somera revisión de los diferentes fallos en que el tema se ha estudiado, empezando, como es apenas obvio, por el primero de ellos. En esta sentencia de 18 de agosto de 1982, la extinguida sección primera de la Sala de Casación Laboral se ocupó del tema, y al respecto dijo lo siguiente:

“La lucha del derecho para preservar la equidad frente al fenómeno económico de la creciente inflación, debe darse a nivel legislativo, principalmente, pero también resulta posible y urgente plantearlo en el campo judicial, con base en la evidente equidad y en los principios generales del derecho que deben ser aplicados a los nuevos hechos...” (G.J., Tomo CLXIX, pág 830).

Y más adelante en el fallo se aseveró esto otro:

“El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere principal importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante...” (ibídem).

En esta sentencia que, sin discusión, constituye la simiente de la jurisprudencia que posteriormente se adoptó en forma mayoritaria por la entonces Sala Plena de Casación Laboral, se dio por sentado que en la equidad se encontraba el fundamento de la revaluación judicial de las obligaciones dinerarias que se adquieren dentro de una relación laboral.

También se expresó allí que en otros países suramericanos en los cuales los jueces laborales habían aceptado la revaluación judicial de las obligaciones en dinero, se había considerado que la depreciación monetaria hacía parte de los perjuicios que debe cubrir el deudor que los causa.

En fallos posteriores, o en salvamentos de voto, se reprodujo esta primera sentencia sin agregar argumentos adicionales, o se desarrolló esta misma línea argumental, buscando en algunos de ellos vanamente encontrar apoyo a la “indexación laboral” en los viejos preceptos del Código Civil, pero leídos ahora de una manera totalmente ajena a su letra y espíritu, para de todos modos terminar afianzando la revaluación judicial en la equidad, bien fuera de manera explícita o implícitamente.

Y cuando por fin se aceptó por la mayoría de la Sala de Casación Laboral la corrección monetaria, se puso siempre de presente que la revaluación judicial de la obligación dineraria no procedía cuando operaba cualquiera otro mecanismo mediante el cual se lograra compensar esta pérdida del poder adquisitivo del peso y el consiguiente perjuicio del acreedor. No huelga recordar que por regla general el acreedor en los asuntos laborales es el trabajador, quien además también es, por obvias razones y salvo rarísimas excepciones, la parte débil de la relación de trabajo, y por este motivo la equidad imponía un correctivo al rigor de la ley.

Por ello, cuando el promotor del pleito no es el trabajador, o quien tuvo esa condición, sino que quien demandó y obtuvo la nulidad del acta de conciliación fue la sociedad anónima Bavaria, que fue la empleadora de Beatriz Pardo Santamaría y es la obligada a pagar la pensión de jubilación, las consideraciones fundadas en la equidad como correctivo del rigor de la ley no parecen igualmente plausibles, por cuanto, como es sabido, la relación jurídica que surge entre el patrono y el trabajador por la ejecución del contrato de trabajo —o en razón de la simple ejecución de un trabajo pero siempre que constituya por sí mismo una actividad lícita— no se da entre iguales, sino entre quienes por su posición económica se encuentran situados en la realidad en planos sociales diferentes. Es por esto que la cuestión del equilibrio contractual o la atinente a la equivalencia de las prestaciones recíprocas debe ser estudiada con una óptica distinta y siempre estar inspirada la solución del conflicto en la protección de la parte más débil de dicha relación jurídica. Ello por constituir verdad averiguada que dicha actividad humana libre que es ejecutada conscientemente por alguien al servicio de otro debe caracterizarse por la continuada dependencia o subordinación de quien presta el servicio frente a quien lo recibe y debe remunerarlo.

Es por ello que a fin de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, y que esa justicia se preserve incluso cuando éstos dejan de ser subordinados de aquellos por adquirir la condición de pensionados —como aquí ocurre con la demandada Beatriz Pardo Santamaría—, debe siempre tomarse en cuenta este aspecto distintivo de las relaciones laborales que es obligada consecuencia del reconocimiento expreso de la desigualdad entre unos y otros.

Esa desigualdad que caracterizó las relaciones entre quienes estuvieron vinculados por un contrato de trabajo no desaparece por la circunstancia de que quien fuera trabajador se jubile y deba por ello hacerse acreedor a una pensión, máxime en un caso en el que por las particulares circunstancias del mismo la pensión de jubilación no está a cargo de la seguridad social sino de Bavaria, como patrono que fue de la ahora demandada Beatriz Pardo Santamaría.

Se sigue de lo anterior que al no ser en este caso aplicable la construcción jurisprudencial que ha permitido reconocer la procedencia de la revaluación judicial de las obligaciones y no existir un expreso fundamento legal que sustente la pretensión de la persona jurídica demandante, resulta forzoso desestimarla.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, actuando como tribunal de instancia,

RESUELVE:

1. CONDENAR a la demandada Beatriz Pardo Santamaría a pagar a la demandante Bavaria, S.A. la suma de siete millones quinientos sesenta y un mil ochocientos dieciocho pesos y ochenta y nueve centavos ($ 7.561.818.89), valor que corresponde al de las mesadas pensionales que sin tener derecho a ello recibió.

2. ABSOLVER a la demandada respecto de la pretensión de la demandante de que igualmente fuera condenada a pagarle “la indexación o devaluación monetaria aplicada a la suma total (...) desde el momento del primer pago hasta cuando sea cancelada efectivamente a la actora”.

Las costas de ambas instancias serán de cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Rafael Méndez Arango—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara, aclaro voto—Carlos Isaac Náder, salvo voto—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez, salvo voto—Fernando Vásquez Botero, salvo voto.

Jesús Antonio Pastas Perugache, Secretario

ACLARACIÓN DE VOTO

Considero que para negar la indexación en contra de la demandada bastaba con destacar el diferente tratamiento que con arreglo a los principios y al contexto de la legislación laboral, surgía —al menos por la época de los hechos— en favor del trabajador como parte vulnerable económicamente de la relación laboral. Por eso, aun cuando comparto lo resuelto por la mayoría en esta sentencia de instancia, la motivación de la misma me obliga a aclarar mi voto porque discrepo del soporte que se dice ha sido el criterio orientador de la jurisprudencia sobre indexación.

En efecto, contrario a lo que se afirma como fundamento de la tesis plasmada en la sentencia que aclaro, si bien en algunos añosos fallos aislados se cimentó la corrección monetaria sólo en la equidad, posteriormente el sustento de la indexación en la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia de los últimos años ha sido el daño emergente que padece el trabajador por el retardo en la solución de su derecho económico exigible.

Para demostrarlo no es menester exponer ninguna argumentación diferente a lo fidedignamente consignado en los propios fallos de esta corporación que se transcriben a continuación, unos mayoritarios y otros unánimes:

1. Mediante pronunciamiento unánime del 8 de abril de 1991, la extinta Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral, consideró que era “obvio” que el fundamento del perjuicio sufrido como consecuencia del retardo en el pago de la indemnización por despido es el daño emergente y no la equidad:

Es obvio entonces que el daño o perjuicio que por la depreciación monetaria sufre el trabajador como consecuencia del retardo o mora patronal en el cumplimiento de la obligación de pagar la indemnización que cuantificada previa y precisamente por la propia ley debió pagársele a la terminación del contrato, corresponde a la modalidad de daño emergente prevista en la primera parte del artículo 1614 del Código Civil.

De lo anterior se concluye que el pago de la indemnización por despido injusto que se realiza efectivamente después del momento de su causación sólo será completo si comprende la corrección monetaria correspondiente al lapso del retardo o la mora en su incumplimiento” (se resalta).

2. En sentencia del 28 de julio de 1994 (rad. 6502), también adoptada por unanimidad por la misma Sección Segunda, se reiteró que el fundamento de la corrección monetaria es el daño emergente:

“Aprovecha la Sala para precisar que la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del empleador o por su culpa, genera el pago de los perjuicios que cubren tanto el daño emergente o el lucro cesante, exigibles a la finalización del mismo y que se encuentran tarifados por la propia ley, mientras que la causa de la corrección monetaria es la devaluación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda; con la primera se busca resarcir los perjuicios ocasionados al trabajador por la decisión injusta del empleador; con la segunda, aunque también tiene soporte legal en el daño emergente, busca ante todo actualizar el valor depreciado de una obligación que no se canceló a tiempo y en aquellos eventos donde la propia ley no establece su reajuste automático o no genera otra clase de indemnización causada por la mora en su solución (CST, art. 65; D. 797/49, art. 1º; L. 10ª/72, art. 8º)” (Sent. jul. 28/94, rad. 6502).

3. La entonces Sección Primera por consenso acogió este mismo criterio en sentencia del 31 de enero de 1995 (rad. 6999), en la que expresamente transcribió lo dicho en fallo de la Sección Segunda de fecha 8 de abril de 1991, atrás reproducido.

4. También la Sección Primera, por unanimidad, el 16 de abril de 1996 (rad. 8039), confirmó que el verdadero sustento de la corrección monetaria era el daño emergente, con estas palabras:

Conforme al desarrollo jurisprudencial, la mora en la cancelación de los derechos laborales apareja que el pago tardío de éstos, se haga de manera indexada como quiera que se trata del ajuste monetario del valor adquisitivo del peso colombiano, como factor integrante del daño emergente generado en el incumplimiento de las obligaciones laborales en la forma y tiempo debidos”.

5. Pero si quedare algún resquicio de duda acerca del fundamento jurídico de la revalorización de obligaciones dinerarias en el derecho laboral colombiano, conforme al auténtico entendimiento jurisprudencial de los últimos años, conviene memorar que en la conocidísima sentencia del 18 de agosto de 1999, consideró por mayoría de cuatro votos esta Sala de la Corte:

“a) Huelga resaltar, en principio, que no se indexan las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario. El juez no puede interferir en el libre juego de las voluntades de los contratantes, quienes, en presencia de un hecho notorio como la inflación, deciden celebrar una negociación y mantener incólumes el valor de sus prestaciones exigibles en un mediano o largo plazo. Teniendo los contratantes la posibilidad de prever un fenómeno absolutamente notorio para cualquier hombre de mediana capacidad que entra en la esfera negocial, deben actuar ellas con diligencia y cuidado (nemo auditur propiam turpitudinem alegans).

Ahora bien, esta primera tesis es válida mientras se cumpla la obligación en la oportunidad convenida. Porque no satisfecha en tiempo, si del incumplimiento se deriva una significativa depreciación de la misma, entonces puede solicitarse su indexación como un componente del daño emergente ocasionado al acreedor” (sent. ago. 18/99, rad. 11818).

En esta sentencia, que ha sido reproducida en más de 300 fallos de esta Sala de la Corte, se ratifica de modo apodíctico que la corrección monetaria es un componente del daño emergente. Por lo visto, no se puede asentar paladinamente que el fundamento de la indexación en criterio de esta Sala de la Corte, hayan sido simples razones de equidad, pues no corresponde ello a la abundante jurisprudencia en que se ha plasmado una concepción diferente, como se ha demostrado con la transcripción de los fallos pertinentes. Tan cierto es ello que ante la ausencia normativa fue precisamente la tesis de la simple equidad la que inspiró a quienes salvaron voto a las sentencias mayoritarias que coherentemente habían acogido el criterio del daño emergente.

Precisa eso sí destacar cómo en los últimos años el tema de la revalorización de obligaciones dinerarias ha tomado un nuevo rumbo no sólo en materia de pensiones, por lo prescrito claramente en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que consagraron explícitamente la indexación de la base salarial de liquidación de las pensiones legales causadas después de su vigencia, sino también por lo estatuido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, y aún más recientemente por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que debe ser el nuevo fundamento de la corrección monetaria de obligaciones exigibles. En consecuencia, ya no es correcto sostener la necesidad de acudir a los principios generales de derecho de aplicación supletoria, porque para las obligaciones exigibles nacidas con posterioridad a la vigencia de esta ley, es el propio legislador quien se encarga de regular el tema, ya no como antaño ocurría ante la ausencia normativa, sino porque hoy en día es esa preceptiva quien incorpora ahora sí expresamente tanto la equidad como los principios de reparación integral de daños irrogados a las personas y a las cosas, lo que hace suponer que no es un simple asunto de equidad, sino también del resarcimiento de un perjuicio que debe ser reparado en forma integral a las situaciones cobijadas por la nueva ley de manera directa y no subsidiariamente, en los procesos que se ventilen ante la administración de justicia en que se controvierta una obligación económica exigible.

Por tanto, con la Ley de 1998 se reitera la tendencia actual de que sea el legislador quien gobierne la figura de la corrección monetaria, ya para consagrarla en los eventos en que proceda ora para restringirla, como también ha empezado a suceder en algunos países del cono sur.

Naturalmente no es dable aplicar la Ley 446 de 1998 retroactivamente en el presente proceso porque su vigencia es muy posterior al nacimiento de la obligación aquí debatida (mar. 30/92), por lo que en el sub lite no se pueden desconocer los criterios atrás expuestos que orientaron la real postura jurisprudencial de la Corte en esta materia.

Respetuosamente,

José Roberto Herrera Vergara. 

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Comparto plenamente la sentencia de instancia en cuanto encontró legal y jurídicamente posible que la demandada Beatriz: Pardo Santamaría devuelva las sumas indebidamente recibidas como consecuencia de la declaración judicial de nulidad de la conciliación. En cambio, no estoy de acuerdo, en cuanto desestimó la pretensión relativa a la corrección del valor respecto de la cantidad que se ordena reintegrar.

Con el mayor de los respetos debo expresar que no me convencen las razones que la mayoría da para no indexar en un caso como éste. Creo, por el contrario, que es jurídicamente posible hacerlo, dado que la obligación restitutoria impuesta a la demandada, emana como expresamente se reconoce, de la declaración judicial de nulidad del acta de conciliación cuyos efectos por ser ex tunc, se surten desde el momento mismo en que se perfeccionó el acto nulo, debiendo por tanto regresar las cosas al estado en que se encontraban de no haberse producido aquél, tal como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, norma aplicable al presente asunto frente a la ausencia de disposiciones en el ámbito laboral que regulen lo atinente a las consecuencias de la nulidad de las actas de conciliación.

Bajo esa perspectiva que es la que debe tenerse en cuenta en un caso como éste, estimo salidas de contexto las consideraciones que se esgrimen para llegar a una conclusión contraria, entre otras cosas, porque en las restituciones que deben hacerse las partes como consecuencia del pronunciamiento judicial a que antes se hizo referencia, cada cual será “responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos”, de donde se colige que en casos como éste, muy especial por cierto, es legalmente procedente la actualización monetaria, como desde el principio lo dije.

Esas son las razones, que expuestas con la mayor brevedad, me obligan a separarme parcialmente de la decisión mayoritaria.

Carlos Isaac Náder. 

SALVAMENTO DE VOTO

Como no participo de la decisión de instancia de negar la indexación de la suma que se condenó a la demandada restituir, con el debido respeto salvo mi voto en ese punto.

Y es que sin desconocer que para indexar créditos provenientes de un contrato de trabajo, como se sostiene en el fallo del que me separo, se ha invocado la equidad, también es cierto que para ello se ha expresado que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no depende de que se esté en mora en el cumplimiento de una obligación sino de la existencia de un fenómeno económico, que al ser reconocido no implica imponerle a quien deba soportarlo una carga superior a la que llegare estar obligado, ya que mirado ello desde la óptica del poder adquisitivo de la moneda, el valor nominal que se adeuda es igual al que se determine con indexación.

Es por lo anterior que participo de lo que expuso el doctor Fernando Hinestroza Forero al salvar el voto en la providencia del 21 de marzo de 1995, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, radicación 3328, a saber:

“(...). La corrección monetaria no es un privilegio o una ventaja para el acreedor, es simplemente reconocimiento de la realidad económica y freno a una injusticia sin causa alguna; es una medida que no exige orden expresa o implícita del legislador, pues su aplicación dimana de los principios o reglas generales del derecho”.

Por lo tanto, como, en mi sentir, con la indexación en materia laboral se busca, no sancionar una mora, sino restablecer un equilibro económico, producido por un fenómeno de la misma índole, y que repercute sobre el poder adquisitivo de la moneda, que afecta a ambas partes del contrato de trabajo, es por lo que sostengo que ella opera, también, en casos, como el presente, en que es el extrabajador quien debe restituir una suma de dinero; máxime si se tiene en cuenta el motivo por el cual se le impuso tal obligación.

No se ajusta, entonces, al artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo negar la indexación cuando quien debe soportarla es el trabajador.

Fernando Vásquez Botero. 

SALVAMENTO DE VOTO

Comparto lo esencial de la decisión adoptada por la Sala y sólo me separo en cuanto se negó la indexación de las obligaciones determinadas a cargo de la demandada, aspecto que venía propuesto en la ponencia original y respecto del cual manifesté mi plena conformidad.

Sin desconocer el sentido tutelar del derecho del trabajo y la proyección eminentemente tuitiva de sus disposiciones en relación con los trabajadores, que debe ser atendida y respetada por los jueces, considero que la figura de la indexación, en la forma como ha sido aplicada en el campo de las relaciones entre empleadores y empleados, no admite distinciones como las que propone la decisión mayoritaria que conducen a que sólo se aplique frente a deudas a cargo de los empleadores.

El tema en realidad permite extenderse en muchas consideraciones, pero con el propósito de explicar mi disentimiento me circunscribo a las que señalo a continuación, procurando hacerlo en la forma más sintética posible para facilitar su comprensión:

1. En general la figura de la indexación proviene de la teoría valorista, centrada en permitirle al acreedor recuperar la misma capacidad adquisitiva que en su momento entregó a su deudor. Lo básico es la existencia de una relación acreedor —deudor, en la que el segundo debe reintegrar la misma capacidad adquisitiva que le fue entregada.

2. Para que proceda la aplicación de la figura de la indexación, tiene que mediar una situación de exigibilidad consecuente con la existencia de un derecho cuya satisfacción por parte de quien debe brindarla, se encuentra en mora. Esa mora o tardanza en el cumplimiento de la correspondiente obligación es la que, de no aplicarse un elemento de ajuste, como lo es la indexación, puede conducir a que se genere un detrimento para el acreedor, correlativo con el beneficio impropio que su propia incuria puede generar al obligado moroso, en la medida en que el transcurso del tiempo genere deterioro en el significado de la cantidad adeudada en términos de su capacidad adquisitiva de bienes y servicios.

3. Dentro de esa óptica, sin desconocer que existen diversas posiciones sobre el particular, la tendencia jurisprudencial mayoritaria ha sido la de ubicar la naturaleza jurídica de la indexación, en el campo de la indemnización de perjuicios y a título de daño emergente, lo cual significa que procede siempre que la mora en la atención de una obligación genere detrimento al acreedor como consecuencia del envilecimiento de la moneda y, consecuencialmente, de su capacidad adquisitiva.

4. Significa que lo fundamental, dentro del marco señalado, es la existencia de un derecho cuya satisfacción se encuentre en mora y que por esa circunstancia genere perjuicio al acreedor, para que la indexación entre a cubrirlo o resarcirlo. Aunque es cierto que la ley ha establecido en algunos casos medidas diferenciales para efectos de fijar el monto de una indemnización, según que el obligado sea empleador o trabajador, como sucede concretamente en la que se deriva de la terminación injusta del contrato de trabajo, esa diferenciación tiene que establecerse expresamente y en el caso de la figura bajo estudio, tal distinción no existe, sea porque no procede o porque no ha tenido expresión normativa que la regule. Por eso no cabe aplicarla so pretexto de ser el empleado el obligado.

5. La exigibilidad de un derecho surge desde el momento en que se reúnen los requisitos señalados en la ley para su nacimiento y no simplemente desde la expedición de la sentencia que lo declara. La sentencia por sí misma no es constitutiva del derecho sino declaratoria del mismo, aunque por excepción, pueden existir casos en los que la definición que involucra el fallo judicial sobre el contenido de una determinada disposición de orden contractual, puede tener connotaciones especiales en que el derecho sólo pueda considerarse exigible a partir de la decisión judicial. Por eso, en el presente litigio, la obligación declarada a cargo de la demandada entraña su exigibilidad desde el momento en que se recibieron por parte de ella los valores provenientes de mesadas que en ningún momento se causaron en su favor, sencillamente porque frente a los mismos el derecho a su reembolso nace directamente de la ley y no simplemente de un convenio oscuro en su contenido o en su redacción.

6. Se señala lo último, porque si bien para la empresa, que ahora actúa como demandante, podían existir elementos de confusión, ellos no operaban para la demandada quien fue la originante de tal confusión al entregar una información equivocada sobre su edad, que ella bien sabía que era errónea. Es decir, para la obligada a devolver las mesadas no causadas, no existía elemento alguno de duda sobre la inexistencia de su derecho a percibirlas y, consecuencialmente, sobre su obligación de devolverlas, por lo que no puede operar en este caso, la situación de excepción a la que antes se hizo referencia, relacionada con la exigibilidad de un derecho y el consecuente estado de mora del obligado a atenderlo.

7. Dentro de tal orden de ideas, estimo que la devolución de las mesadas ordenadas a cargo de la demandada, ha debido operar con inclusión de la indexación que tendiera a cubrir el perjuicio generado para la acreedora por la tardanza de la primera en devolver unos valores que resultaban exigibles desde el momento mismo en que la demandada los recibió indebidamente. Se trata sencillamente de una medida objetiva que por tener tal característica, no admite distinciones subjetivas sobre la condición de trabajadora de la deudora que, por lo demás, ni siquiera tiene tal calidad debido a que frente a la empresa demandante y para los efectos de lo debatido en este proceso, ha tenido la condición de pensionada.

8. Debido a las afirmaciones conceptuales que se incluyen en el fallo, debo precisar, aunque ello se desprende de lo consignado atrás, que siempre he considerado, y sigo haciéndolo, que la indexación tiene una naturaleza indemnizatoria en la forma propia de la compensación, lo cual no riñe con la noción de equidad que destaca la decisión mayoritaria, pero concibo la equidad como un fin o un propósito al cual se puede llegar, en este caso, por conducto de un medio o vehículo que lo representa una figura jurídica que en concreto ahora es el resarcimiento que brinda o permite la indexación.

Dejo en los términos anteriores explicadas, brevemente, las razones que me llevan a apartarme de la decisión mayoritaria sólo en lo tocante con la aplicación de la figura de la indexación a cargo de la demandada.

Germán G. Valdés Sánchez. 

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