Sentencia 14713 de agosto 16 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 08001-23-31-000-1999-02120-02

Número Interno: 14713

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Luz Marina Russy Ramos contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Fallo

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de 8 de octubre de 2003, desestimatoria de las súplicas de la demanda, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso de nulidad contra los artículos 54, 318 y 319 del Acuerdo 4 de 1999, por el cual el Concejo Distrital de Barranquilla expidió el estatuto tributario de dicha ciudad.

(...).

Consideraciones

En los términos de la apelación, la Sala decide la legalidad de los artículos 54, 318 y 319 del Acuerdo 4 de 1999 por el cual el Concejo Distrital de Barranquilla expidió el estatuto tributario de dicho Distrito.

Las disposiciones acusadas del Acuerdo 4 de 1999, señalan:

“ART. 54.—Base presunta mínima para ciertas actividades.

En el caso de las actividades desarrolladas por los moteles, residencias y hostales, así como por parqueaderos, bares y establecimientos que se dediquen a la explotación de juegos o máquinas electrónicas, los ingresos netos mínimos a declarar en el impuesto de industria y comercio, se determinarán con base en el promedio diario de las divisiones de actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 de este estatuto”.

“ART. 318.—Presunciones para ciertas actividades sujetas al impuesto de industria y comercio.

En el caso de las actividades desarrolladas por los moteles, residencias y hostales, así como por parqueaderos, bares y establecimientos que se dediquen a la explotación de juegos o máquinas electrónicas, los ingresos netos mínimos a declarar en el impuesto de industria y comercio, se determinarán con base en el promedio diario de las divisiones de actividad, de acuerdo con las siguientes tablas:

Para moteles, residencias y hostales:

ClasePromedio diario por cama
A$ 17.700
B$ 9.500
C$ 1.800

[...].

Para los establecimientos que se dediquen a la explotación de juegos y de máquinas electrónicas

ClasePromedio diario por máquina
A$ 49.500
B$ 44.700
C$ 43.500

“ART. 319.—Determinación de los ingresos mínimos gravables del período.

1. El valor del ingreso promedio diario por división de actividad deberá ser multiplicado por el número de divisiones del establecimiento, para obtener el monto mínimo de los ingresos diarios del respectivo establecimiento.

2. El valor así obtenido se multiplicará por sesenta (60) y se le descontará el número de días correspondientes a sábados y domingos, cuando ordinariamente se encuentre cerrado el establecimiento en dichos días. De esta manera se determinará la base mínima de la declaración bimestral sobre la cual deberá tributar, si los ingresos registrados por el procedimiento ordinario resultaren inferiores. La Administración Tributaria Distrital ajustará anualmente con la variación porcentual del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, aplicando lo establecido en la Ley 242 de 1995, el valor establecido como promedio diario por división de actividad para aplicarlo en el año siguiente (valores base año 1997).

La facultad impositiva de los municipios y distritos es derivada, no originaria, dado que la potestad tributaria o poder de imposición corresponde solamente al Congreso de la República, conforme a los artículos 150 [12] y 338 de la Constitución Política.

Y, si bien de acuerdo con el artículo 287 [3] de la Constitución Política, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y tienen el derecho a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la misma norma prevé que esa autonomía se ejerce dentro de los límites de la Constitución y la ley. En concordancia con dicho precepto, los artículos 300 [4] y 313 [4] ibídem, prescriben que corresponde a las asambleas y a los concejos municipales, respectivamente, decretar los tributos de conformidad con la ley.

El impuesto de industria y comercio se encuentra regulado en la Ley 14 de 1983, cuyas previsiones fueron reiteradas en los artículos 195 a 213 del Decreto 1333 de 1986 o Código de Régimen Municipal. Tales disposiciones son aplicables a todos los municipios y distritos del país, salvo el Distrito Capital que se rige, en primer lugar, por las previsiones especiales del Decreto 1421 de 1993, y, a falta de regulación especial, por las normas generales de la Ley 14 de 1983 y del Decreto 1333 de 1986.

Pues bien, según los artículos 33 de la Ley 14 de 1983 y 196 del Decreto 1333 de 1986, la base gravable del impuesto de industria y comercio es el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Y, aunque el Decreto consagra bases gravables especiales para los distribuidores de productos derivados del petróleo (artículo 196 [par. 2º] y para el sector financiero (arts. 207 y ss), no señala bases presuntas para ninguna actividad, ni autoriza a los municipios y distritos para fijarlas en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Cosa distinta sucede en el Distrito Capital, donde el concejo se encuentra facultado para fijar presunciones de ingresos respecto de determinadas actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio (D. 1421/93, art. 154 [5]).

Sin embargo, las presunciones de ingresos que se aplican en el Distrito Capital, para actividades como moteles, parqueaderos y establecimientos que se dediquen a la explotación de juegos y máquinas electrónicas (D. Distrital 423/96, “por el cual se expide el cuerpo jurídico que compila las normas sustanciales vigentes de los tributos distritales”), no pueden tener aplicación en los municipios y distritos.

Ello es así, por cuanto aunque el artículo 179 de la Ley 223 de 1995 facultó a los concejos municipales para adoptar las normas sobre administración, procedimientos y sanciones aplicables a los tributos del Distrito Capital, las presunciones mínimas de ingresos se refieren a un elemento sustancial del impuesto de industria y comercio, cual es la base gravable, y no a los aspectos que dicha ley permite a los municipios y distritos adoptar en su normatividad tributaria.

Por tanto, la disposición que los municipios y distritos, salvo el Distrito Capital, deben tener en cuenta para fijar la base gravable del impuesto de industria y comercio, es el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, que señala que el referido impuesto “se liquidará sobre el promedio de ingresos brutos del año inmediatamente anterior”; norma reproducida por el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986.

En el caso concreto, el Distrito de Barranquilla fijó una base presuntiva mínima para las actividades desarrolladas por los moteles, residencias, hostales, así como por parqueaderos, bares y establecimientos que se dediquen a la explotación de juegos o máquinas electrónicas (Ac. 4/99, art. 54), consistente en el promedio diario de “las divisiones de actividad”, de acuerdo con las tablas fijadas en el artículo 318 ibídem.

Según el artículo 318 del Acuerdo 4, en los moteles, residencias y hostales, el promedio diario se fija por cama; en los parqueaderos, por metro cuadrado; en los bares, por silla o puesto, y, en los establecimientos que se dediquen a la explotación de juegos y máquinas electrónicas, dicho promedio se determina por máquina. El artículo 319 ibídem, por su parte, indica cómo se determinan los ingresos mínimos gravables del período.

Dado que los artículos 54, 318 y 319 del Acuerdo 4 de 1999 regulan en el Distrito de Barranquilla una base gravable presuntiva mínima para ciertas actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, y que la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986 no consagran bases presuntas mínimas para la determinación del impuesto de industria y comercio, procede la nulidad de las disposiciones en mención, por desconocer las normas superiores en las que debía fundarse.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se anularán los artículos 54, 318 y 319 del Acuerdo 4 de 1999.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

ANÚLANSE los artículos 54, 318 y 319 del Acuerdo 4 de 1999.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

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