Sentencia 14722 de junio 6 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación 14722

Aprobado Acta 60

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll.

Bogotá, D. C., seis de junio de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de 27 de febrero de 1998, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a Myriam Elisa Resero Puerto a la pena principal privativa de la libertad de 12 meses de prisión, como autora responsable del delito de falsedad en documento privado.

Hechos y actuación procesal.

El 15 de septiembre de 1994, Napoleón Álvarez Bermejo, en condición de gerente de la firma “Inverraiz Ltda.”, con domicilio en la ciudad de Bogotá, presentó denuncia penal contra Myriam Elisa Rosero Puerto, secretaria de gerencia de la compañía, argumentando que entre el 5 de abril y el 4 de agosto de ese año, se apropió de sumas de dinero por valor de $2.800.000, producto del pago de cánones de arrendamiento y otros servicios, y que para ocultar su ilícito proceder creaba recibos de consignación falsos, haciendo creer que los dineros habían sido debidamente consignados en la cuenta de la empresa en la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda (Conavi).

Por estos hechos, la fiscalía inició investigación y vinculó al proceso mediante declaración de persona ausente a la implicada (fls. 16, 48, 49 y 50/1). El 10 de abril de 1996 resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva y excarcelación caucionada (fl. 54/1). El 20 de mayo de 1997, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación por el delito de falsedad en documento privado, y ordenó expedir copia de la actuación para que por separado se investigara el ilícito contra al patrimonio económico, por considerar que se estaba frente a un concurso de contravenciones especiales, de competencia de los juzgados penales municipales. Esta decisión causó ejecutoria el 20 de junio siguiente (fls. 88 - 92 y 92 vuelto/1).

Celebrada la audiencia pública, el juzgado de conocimiento, mediante sentencia de 27 de noviembre de 1997, condenó a Myriam Elisa Rosero Puerto a la pena principal privativa de la libertad de 12 meses de prisión, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicos por el mismo término, como autora responsable del delito imputado en la resolución de acusación (fls. 119 - 138/1). Apelado este fallo por la defensa, el Tribunal Superior, mediante el suyo de 27 de febrero de 1998, que ahora el mismo sujeto procesal recurre en casación, lo confirmó integralmente.

(...).

Se considera

Cargo primero

Nulidad por violación del debido proceso y el derecho de defensa. Ilegalidad del emplazamiento. Deficiencias en el procedimiento de citación y búsqueda de la implicada.

Este ataque está llamado a prosperar. La Corte ha sido reiterativa en sostener que la vinculación del imputado al proceso mediante declaración de persona ausente, no es un procedimiento alternativo al de vinculación personal (mediante indagatoria), sino residual o supletorio, al que sólo puede llegarse cuando no ha sido posible hacer comparecer el imputado para que asuma la defensa material, acorde con lo establecido en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (332 y 344 del actual).

También ha dicho que en desarrollo de la actividad orientada a lograr que el sindicado concurra a rendir indagatoria, el Estado está en el deber de agotar todas las opciones razonablemente posibles para hacerlo, atendiendo la información de que dispone, de manera que la decisión de adelantar el proceso en ausencia suya, sea resultado de una cualquiera de dos situaciones: (1) Que no fue posible su localización, no obstante haberse agotado los medios disponibles para lograrlo; y (2) que habiendo sido informado, ha asumido una actitud de rebeldía frente a los llamados de la justicia, marginándose voluntariamente de la posibilidad de comparecer a rendir indagatoria (Cfr. Cas. de dic. 18/2000, M.P. Dr. Mejía Escobar, entre otras).

En ambas hipótesis, la ley ordena cumplir ciertos pasos previos antes de proceder a la vinculación en ausencia: (1) citación a indagatoria; (2) orden de captura; y (3) emplazamiento, siendo cada uno de ellos presupuesto indispensable del siguiente, aunque del primero puede prescindirse cuando el delito por el que se procede permite librar directamente la captura, o no ha sido posible establecer la dirección concreta del implicado (arts. 356, 375 y 376 del código bajo cuya vigencia se cumplió el trámite del proceso, y 336 del actual).

Lo importante, sin embargo, para que el acto de vinculación en ausencia sea legítimo, y pueda entenderse garantizado el derecho de defensa, no es simplemente que se cumplan los pasos indicados, sino que el funcionario instructor haya realizado las gestiones necesarias para establecer el lugar o dirección donde puede ser localizado el imputado, y que los datos obtenidos sean incluidos correctamente en las citaciones telegráficas, y en las comunicaciones enviadas a los organismos de seguridad encargados de su localización o captura. De nada sirve que en el expediente aparezca registrado el lugar de residencia del implicado, si estos datos son ignorados por el órgano judicial, o equivocadamente transmitidos a las entidades encargadas de su búsqueda.

En el presente caso, como lo sostiene la delegada en su concepto, se incurrió en doble falencia: (1) no se ordenaron las pruebas necesarias en procura de lograr la ubicación de la implicada para que concurriera a rendir indagatoria, existiendo en el proceso información que permitía hacerlo, y (2) no se incluyó correctamente en las citaciones telegráficas remitidas a ella, ni en las órdenes de captura enviadas a los órganos de seguridad, la dirección que de su residencia aparecía registrada en el proceso. Veamos:

En la denuncia, Napoleón Álvarez Bermejo suministró como dirección de la sindicada, carrera 113A Nº 128 - 80 bloque 7 apto. 401 de la ciudad de Bogotá, y adjuntó el original del contrato individual de trabajo suscrito por ella, donde aparece registrada la siguiente dirección: carrera 113A Nº 128 - 80 bloque 75, apto. 401 (fls. 2 y 8/1). No obstante no coincidir el número del bloque, la fiscalía no se esmeró en clarificar el punto, y libró citación a la implicada para indagatoria a la primera de las referidas direcciones (fls. 19/1), sin obtener respuesta.

Varios meses después (mayo 8/95. fls. 24/1), el denunciante hizo llegar a la fiscalía un memorial, donde aclara que la dirección de la sindicada es carrera 113A Nº 128 - 80 bloque 75 apto. 401, Ciudadela Nueva Tibabuyes, Sector C, y suministra los nombres y direcciones de tres personas que podían dar información de ella: Alberto Rosero Puerto (hermano), Javier Gutiérrez Peña (novio) y Silvia Flórez de Cardona (administradora del conjunto residencial Ciudadela Nueva Tibabuyes). De estos potenciales declarantes sólo fue citado Javier Gutiérrez Peña, a quien se interrogó sobre sus relaciones con Myriam Elisa, pero no sobre el lugar donde podía ser localizada, ni se constató si la dirección registrada en el expediente coincidía con la que conocía de ella.

El 19 de mayo siguiente, la fiscalía envió nueva citación a la sindicada. Esta vez a la segunda dirección suministrada por el denunciante, pero con algunas inexactitudes (en lugar de “Ciudadela Nueva Tibabuyes” se colocó “Ciudadela Tibabuyes”, y en vez de sector C, se consignó “bloque C”), sin haber obtenido respuesta (fls. 27/1). En vista de ello, decidió librar orden de captura en su contra al Departamento Administrativo de Seguridad (fls. 47/1), suministrando como posibles lugares de residencia, los siguientes: (1) carrera 113A Nº 128 - 80 bloque 7, apto. 401, es decir, la que había sido objeto de rectificación por parte del denunciante, y (2) Calle 11 sur Nº 14 - 65. Esta última, tomada de la tarjeta decadactilar, cuya elaboración data de junio de 1988 (fls. 23/1). Obviamente, los resultados fueron de nuevo negativos (fls. 81/1).

Como ya se dejó anunciado, y puede claramente verse, las deficiencias en el proceso de localización de la sindicada para que se enterara de la iniciación del proceso penal en su contra, y concurriera a rendir indagatoria, fueron de doble índole. De una parte, se desaprovecharon las fuentes probatorias a través de las cuales podía haberse establecido el lugar de residencia de Myriam Elisa Rosero Puerto en la Ciudadela Nueva Tibabuyes, pues se contaba con los nombres y direcciones de personas que, como Alberto Rosero Puerto (hermano), Javier Gutiérrez Peña (ex novio), o Silvia Flórez de Cardona (administradora del conjunto residencia), podían suministrar información de ella. Sin embargo, en este sentido nada se hizo.

De otra, se actuó descuidadamente en la elaboración de las citaciones telegráficas enviadas a la imputada, y la orden de captura remitida a las autoridades, al ser incluidas en ellas direcciones equivocadas, malogrando anticipadamente, de esta manera, la posibilidad de que pudiera ser localizada, e informada de los requerimiento de la justicia. Y del escueto informe rendido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sobre los resultados de la captura, ni logra establecerse si a pesar de los errores que se cometieron en la transferencia de los datos, la residencia pudo ser localizada (fls. 81/1).

Adicionalmente a lo dicho, se tiene que la fiscalía, después de haber vinculado a la sindicada en ausencia, se despreocupó totalmente de ella, no obstante su condición de sujeto procesal, al punto que omitió enviarle citaciones para que se notificara de las decisiones tomadas en el curso de la instrucción, incluida la medida de aseguramiento, y aunque en la fase del juicio el juzgado procuró corregir el vicio, la enmienda sólo se cumplió en apariencia, porque todas las comunicaciones le fueron enviadas a la dirección del denunciante (fls. 101, 104, 109, 140/1). Es decir, que ni antes ni después de haber sido declarada persona ausente, se le brindó realmente la oportunidad de enterarse que el Estado adelantaba un proceso penal en su contra, muy a pesar de existir medios para hacerlo.

La conclusión a que se llega, relativa a que la no comparecencia de la implicada al proceso estuvo determinada por las informalidades ya advertidas en el trámite de citación y búsqueda, y no por una actitud de rebeldía suya frente a los llamados de la justicia, lo revela también el hecho de que al ser resuelta su situación jurídica le fue concedida la libertad provisional con caución prendaria, y que en tales condiciones no existía razón válida alguna para permanecer ausente, o interés en marginarse de asistir al proceso y enfrentar los cargos.

Razón, por tanto, les asiste al casacionista y la delegada, cuando sostienen que los funcionarios judiciales omitieron realizar las gestiones necesarias para su localización, y decidieron adelantar unilateralmente del proceso en su contra, privándola de la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa material, que la Constitución Nacional y la ley procesal le garantizan. Por tanto, se casará la sentencia impugnada, y se declarará la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de 12 de febrero de 1996, mediante la cual se ordenó emplazar a la sindicada (fls. 48/1). Por sustracción de materia, la Corte se abstendrá de dar respuesta al segundo cargo presentado contra la sentencia.

Prescripción de la acción penal

La decisión que tomará la Corte determina la extinción de la acción penal por prescripción. En efecto: El término prescriptivo para el delito de falsedad material en documento privado, en la fase de instrucción, es seis (6) años, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 221 del Código Penal de 1980 (83 y 289 del actual), tiempo que contado a partir de la fecha de comisión del delito (abril - agosto de 1994), habría logrado consolidación en el año 2000. En consecuencia, se declarará prescrita la acción, y se ordenará la preclusión de la investigación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto del procurador tercero delegado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada.

2. Decretar la nulidad de lo actuado a partir inclusive de la resolución mediante la cual se dispuso emplazar a Myriam Elisa Rosero Puerto.

3. Declarar la prescripción de la acción penal, y ordenar la preclusión de la investigación en su contra.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

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