Sentencia 14723 de marzo 16 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 2500023327000 2001 02279 (14723)

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Banco Popular S.A.

Sanción por no informar

Fallo

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La división para el control y penalización tributaria de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín profirió el requerimiento ordinario 5911148751217 del 1º de abril de 1998, mediante el cual le solicitó al Banco Popular S.A. una información relacionada con las cuentas corrientes o de ahorro del contribuyente Alberto Montoya Pérez. Otorgó el plazo de 15 días para responder (fl. 4 del cuaderno antecedentes).

El Banco Popular dio respuesta al requerimiento el 12 de mayo de 1998, vencido el plazo concedido por la DIAN. Por ello la Administración de Grandes Contribuyentes de Bogotá profirió el pliego de cargos 310631999000025 del 1º de diciembre de 1999, en el cual propuso imponer una sanción de $ 37.153.000, por no atender oportunamente el requerimiento de información, con fundamento en el artículo 651 del estatuto tributario.

El banco dio respuesta oportuna al pliego de cargos el 21 de diciembre de 1999, aceptando la sanción y acogiéndose a la reducción al 10% de lo planteado. Para este fin acreditó el pago de la suma de $ 3.715.300 con la copia del reporte de la transferencia electrónica a través del sistema Sebra (servicio electrónico del Banco de la República) (fls. 34 a 49 del cuaderno de antecedentes).

La administración profirió la Resolución 310642000000028 del 29 de junio de 2000 en donde impuso la sanción propuesta en el pliego de cargos de $ 37.153.000. Argumentó que el banco no aportó el documento idóneo para demostrar el pago de la sanción reducida.

Contra el anterior acto fue interpuesto el recurso de reconsideración, el cual fue decidido mediante la Resolución 647900005 del 7 junio de 2001, confirmando la sanción impuesta.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la sección decidir la apelación presentada contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos demandados y señaló que la parte demandante no está obligada a pagar suma alguna por concepto de la sanción que le fue impuesta.

En el presente caso, está demostrado y las partes no discuten, que el Banco Popular S.A. presentó una información solicitada por el fisco, por fuera del plazo establecido, por lo que procede la sanción prevista en el artículo 651 del estatuto tributario.

El problema a dilucidar es si la constancia sobre la transferencia hecha al tesoro nacional a través del sistema Sebra, demuestra el pago de la sanción reducida de que trata el inciso tercero del artículo 651 del estatuto tributario y cuyo texto es el siguiente:

“ART. 651.—Sanción por no informar. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) (año base 1992), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

(...).

INC. 3º—La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma prevista en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma” (resalta la Sala).

Como se observa, la norma exige además de la aceptación expresa de la sanción reducida, que se acredite el pago o acuerdo de pago de la misma. En relación con el concepto de “pago”, el Código Civil dispone que “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe” (1) . Extingue la obligación.

Tratándose de la obligación tributaria principal, así como de las accesorias —como es el caso de las sanciones originadas en el incumplimiento de un deber formal—, el pago debe hacerse al sujeto activo de la relación, esto es, al Estado, directamente o a través de sus delegados.

Tratándose de tributos nacionales, el Estado ha hecho uso de la facultad contenida en el artículo 800 del estatuto tributario y ha delegado en los bancos y demás entidades financieras, el recaudo de los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme al artículo 801 ibídem, señala las instituciones autorizadas para recaudar, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos.

El artículo 800 del estatuto tributario ya citado, también dispone que el pago de las obligaciones tributarias debe efectuarse en los lugares que señale el Gobierno Nacional. Es así, que mediante decretos reglamentarios, se ha dispuesto que el pago se realice en los bancos y demás entidades autorizadas para el efecto (2) .

Es claro que si el pago se efectúa ante una entidad que no está autorizada por el Ministerio de Hacienda para esos efectos, no se extingue la obligación, pues el fisco no percibe la prestación como sujeto activo de la relación tributaria.

En el caso concreto, el Banco Popular S.A. realizó una transferencia el 16 de diciembre de 1999 por $ 3.715.300 para la cuenta “Dirección del tesoro nacional - Recaudo impuestos nacionales”, a través del servicio electrónico del Banco de la República - Sebra y al contestar el pliego de cargos aportó la copia del respectivo reporte para demostrar el pago de la sanción reducida (fls. 58 y 59).

El Sebra es un servicio electrónico prestado por el Banco de la República a las instituciones del sector financiero, que les permite efectuar las transacciones y las comunicaciones con el emisor, de una manera ágil eficiente y segura. Entre los servicios que presta el sistema se encuentra el de transferencia electrónica de fondos.

Precisamente, con el fin de que los recaudos de impuestos nacionales y tributos aduaneros fueran consignados a órdenes del tesoro nacional con los beneficios de este sistema, el Banco de la República informó a las entidades financieras autorizadas para recaudar, a la dirección del tesoro nacional y a la DIAN, a través de la Carta Circular SG-OB 57 del 24 de febrero de 1999, que a partir del 1º de marzo de ese año, las consignaciones debían tramitarse como transferencias de fondos.

Como advierte la entidad demandada, estas instrucciones de la carta circular se refieren a los recaudos que las entidades financieras autorizadas recibieron de los contribuyentes de impuestos nacionales o de los usuarios aduaneros; pero no está previsto que los bancos omitan el diligenciamiento de los recibos oficiales de pago cuando cancelan sus propias obligaciones. Deber formal que en todo caso deben atender.

Ahora bien, con todo y que el procedimiento seguido por el Banco Popular no incluyó el diligenciamiento del recibo oficial de pago en bancos, lo cierto es que los dineros por concepto de la sanción por informar extemporáneamente ingresaron al fisco a través del sistema Sebra, como lo demuestra la certificación expedida por el jefe de la división de contabilidad de la dirección del tesoro nacional que obra a folio 45 del cuaderno principal y que fue aportada a la administración tributaria en vía gubernativa, en los siguientes términos:

“Que de acuerdo con nuestros registros contables el Banco Popular, realizó una transferencia vía Sebra en el Banco de la República Cta. 61011128-DTN Impuestos Nacionales y Complementarios, por valor de $ 3.715.300 el día 16 de diciembre de 1999. El ente generador del ingreso fue la DIAN recaudadora” (sic).

Lo anterior significa, que el pago de la sanción fue efectuado directamente al fisco, a través de su delegado, el Banco de la República, que contrario a lo afirmado por la DIAN, sí está autorizado para recaudar tributos, como ocurre por ejemplo, cuando se pagan impuestos nacionales a través de Tidis, de conformidad con el Decreto 2289 de 1996.

En este caso, se demostró el pago de la sanción reducida y tiene plena validez, como quiera que lo debido fue recibido efectivamente por el fisco, a pesar que no se utilizó el recibo oficial de pago en bancos.

Debe primar lo sustancial, la realidad del pago, frente a las formalidades, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Política, pues el recaudo de impuestos y sanciones, que es la finalidad de estos procedimientos, se cumplió efectivamente. La transferencia electrónica a favor del tesoro nacional ingresó en las arcas del Estado antes de serle notificada la resolución sancionatoria, sin que sean suficientes los argumentos de la administración para desconocer la validez del pago (3) .

Por lo anterior, procede la nulidad de los actos acusados en cuanto negaron la reducción de la sanción e impusieron una multa por $ 37.153.000, tal y como lo declaró el tribunal.

En todo caso, en cuanto al restablecimiento del derecho, observa la Sala que la declaración del tribunal, en el sentido que el Banco Popular no está obligado a pagar suma alguna por concepto de la sanción, se presta a confusión, pues permite interpretar que ni siquiera está obligado al pago de la sanción reducida, cuya aceptación fue el objetivo de la controversia judicial.

En consecuencia, la Sala confirmará el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia, donde se declaró la nulidad de los actos demandados y modificará el numeral 2º para en su lugar, declarar que se acepta la sanción reducida y cancelada por el Banco Popular S.A. por la suma de $ 3.715.000. El numeral 3º de la providencia impugnada, en relación con la no condena en costas, también será confirmado, toda vez que no fue objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMANSE los numerales 1º y 3º de la sentencia del 3 de marzo de 2004, proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. MODIFÍCASE el numeral 2º de la sentencia apelada para declarar en su lugar, que como restablecimiento del derecho se acepta la sanción reducida y cancelada por el Banco Popular S.A. por la suma de $ 3.715.000. Por tanto, la demandante no está obligada al pago de suma adicional por este concepto.

3. RECONÓCESE personería para actuar a la abogada Nidia Amparo Pabón Pérez, como apoderado de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder que obra a folio 166 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Artículo 1626 del Código Civil.

(2) Decreto 2652 de 1998, artículo 1º, inciso 2º.

(3) En ese sentido se ha pronunciado la Sala en un caso similar, mediante la sentencia del 12 de agosto de 2002, expediente 12589, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

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