Sentencia 14724 de octubre 31 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Córdoba Poveda

Aprobado acta Nº 133

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Hechos

El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera:

“A eso de las 13:00 horas del 11 de mayo de 1997, cuando el joven Fredy Marulanda Cruz se encontraba parado al pie del estanquillo habido en esta ciudad (Medellín), en la carrera 76F con la calle 110 del barrio Santander, sorpresivamente pasaron los individuos Carlos Mario Salamanca y Alexis Gregorio Gaviria, quienes sin mediar palabra intentaron quitarle la vida, como que habiéndole disparado varias veces las armas de fuego que portaban sin permiso de autoridad competente, le lesionaron de suma gravedad, dado que hoy permanece definitivamente postrado en silla de ruedas.

“Producida la captura del primero de tales personajes, aunque con permiso de autoridad competente, se le sorprendió una pistola Browing Nº 79U61889, calibre 7.65 y un proveedor y tres cartuchos del mismo calibre, ofreció a sus captores la suma de cuatrocientos mil pesos para que se le dejara ir”.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. La libelista acusa al sentenciador de haber violado, de manera directa, la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 61 de Decreto 100 de 1980, vigente para la época, toda vez que, a su juicio, el sentenciador, al momento de individualizar la sanción, indebidamente tomó circunstancias propias de la adecuación típica de la conducta punible imputada y las utilizó, al mismo tiempo, como criterio para aumentar la sanción, irregularidad que condujo a la vulneración del principio del non bis in idem, consagrado en el artículo 9º del citado decreto.

2. El cargo adolece de fallas técnicas que lo condenan al fracaso, así:

2.1. Si bien señaló el sentido de la violación del artículo 61 del Código Penal, no sucedió lo mismo con el 9º del mismo estatuto, ya que no adujo si su transgresión lo fue por exclusión evidente o aplicación indebida o interpretación errónea.

2.2. Además, equivocó el sentido de la violación de la ley sustancial, ya que teniendo en cuenta que se está frente a una sentencia condenatoria, lo que implicaba, necesariamente, la aplicación del citado artículo 61, resulta un contrasentido lógico demandar su aplicación indebida, en razón a que el juzgador tenía que apoyarse en este precepto para individualizar la pena. Por consiguiente, en este evento, sólo es posible predicar la interpretación errónea de la norma sustantiva, esto es, que habiendo sido correctamente seleccionada y aplicada al caso concreto, se le dio un alcance que no tiene.

2.3. Tampoco demuestra el vicio que denuncia, esto es, que el mismo elemento haya sido tenido en cuenta como integrante del injusto típico y para graduar la sanción, agravándola, dentro de los límites señalados en la ley, al tenor del artículo 61 del Código Penal, entonces vigente.

3. Aunque las anotadas deficiencias técnicas serían suficientes para desestimar la censura, tampoco le asiste razón a la impugnante, ya que no es cierto que al individualizar la sanción se haya desconocido el principio del “non bis in idem”.

En efecto, para estimar que el homicidio era agravado se tuvo el cuenta que los autores se aprovecharon de las condiciones de indefensión de la víctima, al tenor del numeral 7º del artículo 324 del Código Penal. Pero como se trataba de un homicidio en grado de tentativa conforme al artículo 22, ibídem, el marco punitivo se fijó entre 20 y 45 años de prisión.

Aplicando los criterios del artículo 61 y, concretamente, considerando la gravedad del hecho punible, no se partió de 20 sino de 30 años, ya que, como lo señalaron las instancias, “no puede perderse de vista que estamos frente a un hecho supremamente grave, ya que a consecuencia de ello el afectado estará postrado a una silla de ruedas por el resto de su vida”.

En consecuencia, ante la falta de técnica y de razón, el cargo no tiene vocación de éxito.

4. Ahora bien, en cuanto a la petición de casación oficiosa que hace el procurador delegado, toda vez que las causales de agravación, específica y genérica, deducidas por los juzgadores, en lo que respecta el delito de homicidio, no fueron imputadas al procesado de manera clara y concreta en la diligencia de formulación y aceptación de cargos, por lo que debe casarse la sentencia y dictarse la que deba reemplazarla, le asiste la razón, ya que se incurrió en irregularidad sustancial que no sólo socavó la estructura del proceso sino que afectó el derecho de defensa, por lo que la Sala está de acuerdo en que se case el fallo, pero para invalidar lo actuado y no para dictar el de sustitución, por los motivos que a continuación se expresan.

Al dictar sentencia condenatoria anticipada, al procesado se le dedujeron dos circunstancias de agravación, una específica (C.P/1980, art. 324, num. 7º) y otra genérica (art. 66, num. 7º, ibíd.), una de las cuales, la última, no le fue imputada en manera alguna; y en cuanto a la otra, no hubo precisión en que se le atribuía.

En efecto, se dijo en el acta de formulación de cargos: “de conformidad con lo que existe en el expediente se le imputan los cargos de tentativa de homicidio, en su condición de agravado en la persona de Fredy Marulanda Cruz, el de porte ilegal de arma de defensa personal y el de cohecho, circunstancia que se presentó al momento de ser aprehendido.

Como se observa, no se dijo cuál era la circunstancia específica que convertía el homicidio simple en agravado, ni se hizo la más mínima mención a que el procesado hubiera actuado junto con otro.

Por lo demás, como lo observa el procurador delegado, ni siquiera puede entenderse subsanada la irregularidad con la circunstancia de que en la resolución en que se definió la situación jurídica, notificada personalmente al procesado y a su defensor, se hubieran señalado esas agravantes en forma tal que se entendiera que le fueron achacadas.

Allí simplemente se dijo:

“... no puedo perderse de vista que el homicidio, en su condición de tentado, que aquí se analiza, aparece con varios agravantes que anteriormente so encontraban en el artículo 324 del Código Penal y actualmente son regulados por el artículo 30, también de la Ley 40 de 1993, sin olvidar el artículo 66 del citado Código Sustantivo Penal”.

5. Aunque en este abreviado trámite la ley no exige que el acta de formulación de cargos tenga los mismos requisitos de la resolución de acusación, sino apenas que sea equivalente, ello no significa que en la primera se pueda prescindir de uno esencial, como es el de que los cargos se imputen, tanto fáctica como jurídicamente, de manera clara y precisa, esto es, el comportamiento con todas las circunstancias genéricas y específicas que lo agravan o atenúan y la calificación jurídica provisional, no sólo para que el acusado sepa, sin ninguna duda, qué es lo que acepta y por lo cual será condenado, sino para que haya un marco fáctico y jurídico lo suficientemente explícito que le permita al fallador dictar una sentencia congruente con él y así conservar la unidad lógica y jurídica del proceso, pues es obvio que nadie puede ser condenado sino por los cargos por los cuales fue llamado a responder, sin que se puedan introducir hechos nuevos, ni suprimir las atenuantes que fueron reconocidas, ni adicionar agravantes ni, en general, hacer más gravosa su situación.

6. Sin embargo, aquí no se está en presencia de un simple caso de inconsonancia, enmendable casando la sentencia y dictando la de reemplazo, en la que no se tengan en cuenta las agravantes mencionadas, lo cual sólo sería posible con relación a la genérica, la que, como se dijo, no fue en manera alguna imputada, pero no en lo que atañe con la específica, ya que el desatino con respecto a ella radicó en que en el acta de formulación de cargos no se precisó cuál de las circunstancias del artículo 324 del Código Penal (modificado por el 30 de la L. 40/93), entonces vigente, era la que se atribuía y, por lo tanto, la que aceptaba el procesado y por la cual se debía dictar sentencia anticipada.

Como se ve, no se está ante una desarmonía, en sentido estricto, pues al procesado se le acusó de homicidio agravado y se le condenó por homicidio agravado, sino de una carencia esencial en el acta de cargos, al no expresar cuál era la circunstancia específica de agravación que se imputaba y que el procesado aceptaba, lo que llevó a las instancias a deducir la que consideraron se tipificaba.

Como con este yerro, pero exclusivamente con relación al delito de homicidio, no así en lo atinente al cohecho por dar u ofrecer y al porte de armas de fuego de defensa personal, se socavó no sólo la estructura del proceso, sino que se afectó el derecho de defensa, se declarará la invalidez de lo actuado desde el acta de formulación de cargos para que se extienda una, en la que con respecto al punible de homicidio, se imputen clara y precisamente las agravantes específicas y genéricas que se estimen configuradas.

Como consecuencia de lo anterior se romperá la unidad del proceso, el que conservará su validez en lo referente a los punibles de cohecho por dar u ofrecer y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, siendo, por lo tanto, necesario redosificar la pena que le corresponda al procesado por tales punibles.

Como quiera que a partir del 25 de julio de 2000 entró a regir un nuevo estatuto penal (L. 599/2000), para efecto de la aplicación de la ley más favorable se tendrá en cuenta que en lo atinente al reato de porte de armas, la pena es la misma en ambos y que en lo concerniente al cohecho por dar u ofrecer las penas principales de prisión y multa son iguales y la de interdicción (ahora llamada de inhabilitación) para el ejercicio de derechos y funciones públicas es más favorable en el código anterior y que la prohibición para contratar no fue prevista en la Ley 599, por lo que a ese respecto ésta es más favorable.

Así mismo, considerando que en la sentencia, no se dedujeron para estos punibles ni atenuantes ni agravantes, se partirá de la pena mínima prevista para el cohecho, esto es, 36 meses de prisión, los que se aumentarán en seis (6), por razón del concurso con el porte de armas de fuego de defensa personal. También (sólo por el punible de cohecho), se impondrán las penas principales de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 36 meses.

Pero como el acusado se acogió a la sentencia anticipada, las penas anteriores se disminuirán en una tercera parte, por lo que quedarán así: veintiocho (28) meses de prisión, multa de treinta y tres coma cuatro (33,4) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinticuatro (24) meses.

Como quiera que el procesado lleva en detención preventiva casi cinco (5) años, se declarará que por los punibles de cohecho y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, ya cumplió la pena de prisión impuesta. Pero como la resolución de detención continúa vigente para el delito de homicidio y, por razón de la nulidad que aquí se decreta, han transcurrido más de 120 días desde la privación de la libertad sin que se haya calificado el mérito del sumario, se dispondrá la libertad provisional del procesado, al tenor de lo estatuido por el artículo 365.4 del Código de Procedimiento Penal, previo el pago de caución prendaria por dos salarios mínimos legales mensuales y la suscripción de la pertinente diligencia de compromiso, la que se hará efectiva siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad, en razón de proceso diferente.

Para el cumplimiento de lo aquí resuelto se comisiona, incluida la emisión de la boleta de libertad, al Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, como quiera que el último informe señala que se encuentra privado de la libertad en la Cárcel Bellavista de la ciudad de Medellín.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Desestirmar la demanda.

2. Casar parcial y oficiosamente el fallo para invalidar lo actuado, a partir del acta de formulación de cargos para sentencia anticipada, pero exclusivamente con relación al delito de homicidio que le fue imputado al procesado Carlos Mario Salamanca, para que se extienda una nueva en la que se subsane el vicio en que se incurrió, al tenor de lo expuesto en la parte motiva.

3. Fijar como definitivas para los delitos de cohecho por dar u ofrecer y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, por los que fue condenado el procesado Carlos Mario Salamanca, las penas principales de veintiocho (28) meses de prisión, multa de treinta y tres coma cuatro (33,4) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio derechos y funciones públicas por veinticuatro (24) meses.

4. Declarar que por los delitos mencionados en el numeral anterior, el procesado ya cumplió la pena de prisión impuesta.

5. Como la resolución de detención continúa vigente para el punible de homicidio, se dispone la libertad provisional de Carlos Mario Salamanca, bajo caución de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se consignarán en la cuenta de depósitos judiciales pertinente.

Esta orden de libertad sólo se hará efectiva si el procesado no es requerido por otra autoridad por proceso diferente.

Para todos los trámites relacionados con la libertad, incluida la emisión de la orden respectiva, se comisiona al Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a quien se librarán los oficios de rigor.

En todo lo demás, la sentencia no se modifica.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

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