Sentencia 25000-23-27-000-2002-01227-01 de octubre 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000-23-27-000-2002-01227-01

Número interno: 14730

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Banco Andino Colombia S.A. en Liquidación contra la Dian

Retención en la fuente

Fallo

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Antecedentes

El 19 de mayo de 1999, el Banco Andino Colombia S.A. en Liquidación presentó la declaración de retención en la fuente de abril de ese año, en la cual determinó un total de retenciones de $ 371.165.000.

Por requerimiento especial 310632000000431 de 19 de diciembre de 2000, la Dian propuso modificar la declaración mencionada, para adicionar retenciones originadas en operaciones con entidades del exterior por $ 288.236.000, junto con la sanción por inexactitud por $ 461.178.000.

En la respuesta al requerimiento, dada el 16 de febrero de 2001, el banco aceptó los hechos planteados por la administración. En consecuencia, allegó copia de la declaración de retención en la fuente, debidamente corregida el 15 de febrero de 2001. En relación con el pago del mayor impuesto y de la sanción reducida, manifestó que serían cancelados dentro del proceso liquidatorio.

Como la administración no encontró cumplido el requisito del pago del mayor valor de las retenciones y de la sanción reducida, expidió la liquidación de revisión 310642001000168 de 13 de junio de 2001, en la cual mantuvo la sanción por inexactitud propuesta en el requerimiento especial.

Mediante Resolución 310662002000011 de 22 de abril de 2002, la Dian confirmó en reconsideración la liquidación oficial practicada.

(...).

Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir si se ajustan o no a derecho los actos administrativos por los cuales la Dian modificó la declaración de retención en la fuente del mes de abril de 1999, para mantener la sanción por inexactitud plena y no la reducida, que fue declarada por el actor en cumplimiento del artículo 709 del estatuto tributario. En concreto, deberá precisar si se encontraba cumplido el requisito del pago de los mayores valores aceptados por el banco, al igual que de la sanción reducida.

Sobre el asunto que ahora se examina, la Sala se pronunció en sentencia de 25 de septiembre de 2006, expediente 15095, consejera ponente doctora María Inés Ortiz Barbosa, criterio que ahora reitera.

Pues bien, por Resolución 750 de 20 de mayo de 1999, la Superintendencia Bancaria dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios del Banco Andino Colombia S.A., para su liquidación (fls. 60 a 74, cdno. ppal.).

La toma de posesión para liquidar instituciones financieras, se rige por las disposiciones especiales del estatuto orgánico del sistema financiero (art. 291 y siguientes) y el Decreto Reglamentario 2418 de 1999 (1) . Y, conforme al artículo 116 del estatuto orgánico del sistema financiero, dicha medida conduce a la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión y al pago de las acreencias dentro del proceso liquidatorio, si los recursos lo permiten.

Según el artículo 5º del Decreto 2418 de 1999, corresponde al liquidador decidir sobre las reclamaciones formuladas por los acreedores, para aceptar o rechazar los créditos. Además, debe señalar la naturaleza de los mismos, su cuantía, la prelación para su pago y los privilegios o preferencias que la ley establece.

Por oficio de 14 de julio de 1999 la Dian solicitó al liquidador del banco que se le reconociera como acreedora de dicha institución financiera, por los conceptos y cuantías señalados en liquidación anexa, así como los que surgieran con posterioridad, producto de la modificación de las liquidaciones privadas presentadas por la contribuyente. Pidió, además, que “en el caso de que se llegue a determinar un mayor valor por concepto de impuesto sobre la renta, timbre, ventas y retenciones en la fuente, así como anticipos, intereses, indexaciones o sanciones (...) deberán reconocerse en la respectiva liquidación de créditos”. (fl. 78, cdno.ppal.).

Mediante Resolución 1 de 17 de septiembre de 1999 el liquidador del banco aceptó la reclamación formulada por la Dian y según anexo 5 reconoció a favor de dicha entidad, en la categoría 1, la suma de $ 835.782.000, por concepto de créditos contingentes.

De otra parte, el 19 de diciembre de 2000, la demandada formuló requerimiento especial en el que propuso modificar la declaración de retención en la fuente de abril de 1999, presentada por la parte actora el 19 de mayo del mismo año.

Con base en el artículo 709 del estatuto tributario y con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, el banco aceptó el mayor valor de las retenciones propuesto por la Dian y se acogió a la reducción, a la cuarta parte, de la sanción por inexactitud, para lo cual corrigió la declaración de retención en la fuente de abril de 1999. La declaración de corrección fue presentada, sin pago, el 15 de febrero de 2001 (fls 36 y 37, cdno. ppal.).

Para que proceda la sanción reducida, el artículo 709 del estatuto tributario exige, además de la corrección de la declaración privada, la prueba del pago o acuerdo de pago de impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.

Si bien en el caso en estudio, el actor presentó la declaración de corrección sin pago, el liquidador del banco certificó que las resoluciones 1 de 1999, 191 de 2000 y 197 de 2001, relacionadas con la reclamación de la Dian, no fueron objeto de recurso alguno por parte de esa entidad y que se encuentran en firme (fl. 94, cdno. ppal.), lo que significa que hubo un reconocimiento expreso del crédito fiscal, derivado del mayor valor de las retenciones aceptadas por la actora y de la sanción reducida, pues, de otra parte, la demandada no presenta al respecto objeción alguna.

En tales condiciones, debe entenderse cumplido el requisito del pago de las retenciones adicionadas y de la sanción reducida, puesto que el actor está legalmente imposibilitado para pagar las acreencias a su cargo debido a su estado de liquidación. Además, el crédito a favor de la Dian fue reconocido dentro del proceso de liquidación, y solo dentro del mismo puede ser pagado por el liquidador, quien debe dar estricto cumplimiento a las normas que lo regulan y a los principios de la par conditioomnium creditorum, o igualdad de los acreedores, universalidad del patrimonio y prelación de créditos (EOSF, art. 291 y ss.).

Así las cosas, no podía la Dian exigir el pago efectivo de los mayores valores aceptados por la actora y de la sanción reducida y, por ende, negar el beneficio de la reducción de la sanción por inexactitud, pues, se insiste, el crédito por tales valores se encuentra expresamente reconocido en el proceso de liquidación forzosa del banco.

De otra parte, el artículo 709 del estatuto tributario debe aplicarse en concordancia con las normas financieras que regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa, pues la interpretación armónica o método sistemático no excluye la remisión a otros ordenamientos jurídicos, dado que “implica que se interpreta la fuente aplicable a un caso concreto, en función del objeto jurídico que tutela la institución”, como lo precisó la Sala en la sentencia de 25 de septiembre de 2006, expediente 15095, que aquí se reitera.

En consecuencia, el hecho de que las entidades intervenidas no puedan, por ley, efectuar pagos por fuera del proceso liquidatorio, no impide que tengan derecho a obtener la reducción de la sanción por inexactitud (E.T., art. 709). Lo anterior no significa que se les esté exonerando del pago; por el contrario, se reconoce no sólo la imposibilidad legal de cancelar sus obligaciones, sino que la acreencia está debidamente reconocida por la institución en liquidación.

De otra parte, la remisión expresa que hace el artículo 236 de la Ley 222 de 1995 al 135 del mismo ordenamiento, no significa que se dé prevalencia a las normas tributarias sobre las que rigen los procesos liquidatorio y concordatario de las sociedades. Por el contrario, lo que hace la primera norma en mención es confirmar el derecho a la igualdad de los acreedores, entre ellos el fisco.

En efecto, artículo 236 de la Ley 222 de 1995 prevé que “salvo lo previsto en el artículo 135, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de las normas tributarias ...”. A su vez el artículo 135 dispone que “todos los créditos estatales, estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos y no se aplicarán respecto de los mismos las disposiciones especiales existentes”. En consecuencia, los créditos estatales no se encuentran sujetos a un régimen especial que los sustraiga de la liquidación.

Así las cosas, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a la abogada Amparo Merizalde Martínez como apoderada de la demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) El Decreto 2418 de 1999 fue derogado expresamente por el Decreto 2211 de 2004, que, según su artículo 63, es aplicable a los procesos en curso, “sin perjuicio de que los recursos interpuestos, los términos que hubiesen comenzado a correr y las notificaciones o citaciones que se estén surtiendo se rijan por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, empezó a correr el término o a surtirse la notificación.

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