Sentencia 14740 de noviembre 17 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 250002327000200200144 01

Número interno 14740

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Banco del Estado contra Bogotá, D.C.

Impuesto de industria y comercio

Fallo

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Antecedentes

El Banco del Estado presentó sus declaraciones de industria y comercio por los bimestres 6 de 1997; 1 al 6 de 1998 y 1 al 4 de 1999. Por auto de 3 de noviembre de 1999 el Distrito Capital decretó inspección tributaria por los mismos bimestres en mención.

Previos requerimientos especiales y respuestas a los mismos, la administración expidió las liquidaciones oficiales de revisión LR 003 y LR 013 de 17 de enero y de 13 de marzo de 2001, respectivamente, por medio de las cuales modificó las declaraciones de industria y comercio del bimestre seis de 1997 y de los bimestres 1 a 6 de 1998 y 1 a 4 de 1999, en su orden. Las liquidaciones oficiales fueron confirmadas en reconsideración mediante las resoluciones 497 y 498 de 21 de septiembre de 2001, respectivamente.

Las modificaciones tuvieron por objeto adicionar ingresos por rendimientos provenientes de las inversiones con recursos de la sección de ahorros e imponer sanción por inexactitud.

(...).

Consideraciones

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, debe la Sala precisar si se ajustan o no a derecho los actos administrativos por los cuales el Distrito Capital modificó al actor las declaraciones privadas de industria y comercio por los bimestres seis de 1997; uno a seis de 1998 y uno a cuatro de 1999. Para el efecto, determinará si procedían tanto la adición de ingresos por concepto de rendimientos provenientes de la sección de ahorros, como la sanción por inexactitud.

Sobre el asunto que se examina, la Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades, criterio que ahora reitera (1) .

El artículo 37 del Decreto Distrital 423 de 1996, dispone que la base gravable de los bancos son los ingresos operacionales del bimestre; y que dentro de tales ingresos se encuentran los intereses por operaciones con entidades públicas, operaciones en moneda nacional y en moneda extranjera (num. 1º, lit. c)), al igual que los rendimientos de inversiones de la sección de ahorros (ibídem lit. d)).

El artículo 126 del estatuto orgánico del sistema financiero prevé que los depósitos de ahorro, captados por la sección de ahorros de los bancos comerciales, podrán invertirse en operaciones de crédito ordinarias o de fomento y en valores de renta fija, emitidos por entidades de derecho público, establecimientos de crédito o sociedades anónimas nacionales.

Por su parte, los artículos 1º y 4 de la Resolución 77 de 1990 de la junta monetaria, establecieron para los bancos inversiones obligatorias en títulos de desarrollo agropecuario clases “A” y “B”, emitidos por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, por el equivalente al 1% y al 6%, respectivamente. Tales inversiones deben calcularse sobre el monto de los recursos provenientes de “depósitos de ahorro, comunes o a término, incluidos los certificados de depósito de ahorro a término” (2) .

No obstante, el artículo 7º de la Resolución 77, modificado por el artículo 1º de la Resolución 17 de 1991, autoriza a las instituciones financieras para realizar operaciones sustitutivas de las inversiones obligatorias, pues, dispone que para el cumplimiento del porcentaje de tales inversiones, las entidades obligadas podrán computar, “hasta el 70% del valor de la cartera agropecuaria correspondiente a préstamos aprobados y desembolsados desde el 1º de enero de 1991”.

Así pues, las instituciones financieras pueden invertir los recursos de la sección de ahorros en títulos, en cuyo caso los rendimientos estarían gravados con el impuesto industria y comercio, con base en el artículo 37 [num. 1º literal d)] del Decreto 423 de 1996. O, destinar los depósitos de la sección de ahorros a operaciones de cartera, evento en el cual los rendimientos estarían gravados con el impuesto con fundamento en el numeral 1º literal c) del mismo artículo (3) .

Además, la contabilidad del banco debe reflejar el origen de los recursos con los cuales se efectuaron las inversiones obligatorias o las operaciones de cartera y crédito a que se destinaron los mismos, así como los rendimientos provenientes de las inversiones, y los ingresos (intereses) que se originaron en las operaciones de mutuo (4) .

Lo anterior, porque conforme al artículo 117 del Decreto 807 de 1993, si se agota el procedimiento de investigación tributaria, sin que el declarante del impuesto de industria y comercio hubiere demostrado, a través de su contabilidad, llevada conforme a la ley, el monto de los ingresos brutos declarados, la Dirección Distrital de Impuestos podrá fijar la base gravable, mediante estimativo y, con fundamento en dicha base, deberá expedir la correspondiente liquidación oficial.

En el caso bajo análisis, el representante legal del banco sostuvo que no se efectúan inversiones voluntarias con los recursos de la sección de ahorros, pues estos son destinados para el otorgamiento de créditos de cartera y fomento. Y que la totalidad de los rendimientos por inversiones voluntarias corresponden a recursos distintos a los de dicha sección, pues, en particular, provienen de la sección de cuentas corrientes (fls. 52 y 53, cdno. ppal.).

Pues bien, el 3 de noviembre de 1999 la administración decretó inspección tributaria y en desarrollo de dicha diligencia verificó la contabilidad del banco y solicitó la expedición de la certificación del revisor fiscal sobre el monto de las captaciones de las cuentas de ahorro en Bogotá, debidamente discriminadas, al igual que los rendimientos de las inversiones obligatorias y voluntarias por los bimestres en discusión (fls. 553 y 554, cdno. 4 y 536, cdno. 3).

Aunque la contabilidad del actor permitió a la administración determinar el total de los rendimientos obtenidos durante los bimestres en cuestión, no reflejaba qué parte los mismos correspondía a recursos provenientes de captaciones de la sección de ahorros. Lo anterior, por cuanto no registra en sus libros auxiliares la utilización que da a los recursos captados en dicha sección (fl. 553, cdno. 4).

Adicionalmente, el banco no demostró, con su contabilidad, que las inversiones se realizaron con recursos diferentes a los provenientes de la sección de ahorros.

A su vez, aunque el revisor fiscal certificó los rendimientos de las inversiones obligatorias y voluntarias, no precisó de dónde provenían las mismas. Y si bien el actor sostuvo que las inversiones voluntarias no se efectuaron con recursos de la sección de ahorros, sino, principalmente de la de cuentas corrientes, tal afirmación carece de soporte contable, pues el certificado del revisor no da razón del origen de los recursos y de los rubros en donde se efectuó la contabilización de los mismos.

Ahora bien, para que la certificación del revisor fiscal o contador público tenga el carácter de prueba contable suficiente (E.T., art. 777), debe contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse.

En consecuencia, la “prueba suficiente” que otorga la norma tributaria a los certificados del contador o revisor fiscal, no puede versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues “en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones” (5) .

De otra parte, en las liquidaciones oficiales de revisión, la administración analizó las pruebas recaudadas dentro de la actuación administrativa y, con fundamento en las mismas, concluyó que el banco no logró demostrar en su contabilidad, tal como lo exige la ley, que las inversiones voluntarias se realizan con dineros diferentes de la sección de ahorros (fl. 596, cdno. 4). Además, determinó que no existía claridad en los asientos contables para clasificar en debida forma los rubros invertidos, pues los libros auxiliares no permiten conocer la procedencia de los mismos (fl. 595, cdno. 4), situaciones no aclaradas por el revisor fiscal.

Comoquiera que el certificado del revisor fiscal (fls. 538, cdno. 3), no ofrece la información necesaria para determinar qué valores de los indicados como rendimientos corresponden a la sección de ahorros, y la contabilidad del contribuyente no registró en forma clara el origen de los recursos con los cuales se efectuaron las inversiones, la administración no pudo verificar si el actor incluyó la totalidad de los ingresos que componen la base gravable.

En consecuencia, conforme al artículo 117 del Decreto Distrital 807 de 1997, la autoridad tributaria estaba facultada para fijar, mediante estimativo, la base gravable del impuesto de industria y comercio del demandante, pues, se repite, agotado el proceso de investigación tributaria el banco no demostró, a través de su contabilidad, llevada conforme a la ley, el monto de los ingresos brutos registrados en sus declaraciones (6) .

No sobra anotar que la base estimada fue fijada conforme al artículo 117 del Decreto 807 de 1993, pues se calculó con fundamento en la información contable del contribuyente y los ingresos determinados mediante las diferentes actas de visita, realizadas al mismo (fls. 593 y 594, cdno. 4). Lo anterior, porque la norma en mención permite fijar el estimativo tomando como base tanto los soportes contables del contribuyente como la investigación directa a este.

De otra parte, como el banco no incluyó en la base gravable los ingresos obtenidos por inversiones de dineros provenientes de la sección de ahorros, y tal omisión generó un menor impuesto a pagar (D. 807/93, art. 101), es procedente la sanción por inexactitud, sin que sea dable aceptar diferencias de criterios, dado que los datos declarados no fueron ciertos y verdaderos.

Comoquiera que los actos acusados se ajustaron a derecho, debe prosperar el recurso de apelación. En consecuencia, se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, se negarán las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 14 de abril de 2004, expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar dispone:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Sentencias de 25 de noviembre de 2004, expediente 14155, C.P. doctora María Inés Ortiz Barbosa y de 26 de octubre de 2006, expediente 14507, C.P. doctor Héctor J. Romero Díaz.

(2) Por Resolución 28 de 1992, la Junta Directiva del Banco de la República modificó los porcentajes de inversión obligatoria, así: el 2% para títulos clase A y el 5% para los de clase B.

(3) Sentencia de 8 de septiembre de 2005, expediente 14191, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(4) Sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 14155, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(5) Sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 14155, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(6) Ibídem.

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