Sentencia 14749 de marzo 16 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente14749

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Actor: Ramón Rodrigo Arboleda Arcos

Autoridades nacionales

Santafé de Bogotá, D.C., 16 de marzo de 20000.

Se decide la acción de nulidad promovida por el ciudadano Ramón Rodrigo Arboleda Arcos, contra el Acuerdo 106 del 21 de mayo de 1996, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo texto, en lo pertinente, dispuso:

“ART. 1º—Los actuales funcionarios y empleados de carrera forman parte por derecho propio del registro de elegibles para proveer cargos de carrera de similar categoría y especialidad a aquel en que se encuentren nombrados.

“PAR. TRANS.—Los servidores que se encuentren actualmente vinculados en período de prueba podrán ser incluidos en el registro de elegibles y en caso de nombramiento éste se surtirá bajo la misma condición, quedando sujetos a la calificación de su desempeño de que trata el artículo 193 de la Ley 270 de 1996.

“ART. 2º—En consecuencia, el funcionario o empleado que se encuentre en la situación antes descrita podrá ser incluido por la sala administrativa correspondiente en la lista de candidatos que se formule para la provisión de una vacante determinada. A tal efecto deberá presentar solicitud por escrito indicando las sedes territoriales a las que se aspira, ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cuando se trate de funcionarios o de empleados de corporación nacional y ante la sala administrativa del correspondiente consejo seccional cuando se trate de empleados de tribunal o de juzgado.

“ART. 3º—La inscripción en el registro se hará según la categoría y especialidad del cargo, tomando en cuenta los antecedentes y anotaciones de la hoja de vida del servidor.

“ART. 4º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición”.

Como normas violadas se invocaron los artículos 13 y 125 de la Constitución Política; 134, 156, 162, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996 y el concepto de la violación se expuso a folios 7 a 9 de los autos.

En la contestación de la demanda la parte demandada expuso que los funcionarios y empleados de carrera, en su oportunidad cumplieron con los requisitos de ley para ingresar en ella y el artículo primero del acuerdo acusado les reconoce el derecho de formar parte del registro de elegibles sin tener que volver a concursar; se refirió a la situación de los que estuvieran en período de prueba y fueran nombrados, caso en el cual deben ser evaluados en su desempeño durante todo el tiempo en que hayan ejercido el cargo en tal calidad; que el artículo 3º del acuerdo tiene que ver con el 165 de la Ley 270 de 1996, todo lo cual determina la legalidad del acto acusado.

El Ministerio Público en su concepto, consideró que el acuerdo acusado no hizo concesiones ni otorgó privilegios a favor de funcionario alguno para su ingreso a la carrera, sino que está ratificando un derecho, que aun sin esa ratificación lo seguiría siendo, cual es el de figurar los empleados y funcionarios de la carrera judicial en el registro de elegibles para la provisión de cargos dentro de la misma, en consonancia con el artículo 58 de la Constitución Política; transcribió jurisprudencia sobre el espíritu de la carrera administrativa, según la cual, es el de garantizar a los servidores públicos inscritos el derecho a no ser desmejorados de los cargos que ocupan, ni removidos del empleo sino en determinadas condiciones y ascendidos cuando se presente una oportunidad.

Consideraciones

Para la Sala es evidente, como lo planteó el Ministerio Público con apoyo en jurisprudencia sobre la carrera administrativa, que la judicial también garantiza, a quienes accedieron al cargo con fundamento en el mérito (L. 270/96, art. 156), su permanencia y la promoción en el servicio.

En efecto, tal disposición establece:

Fundamentos de la carrera judicial. La carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio”.

Pero, a términos de la misma norma, de los derechos a la permanencia y promoción, no puede fundarse otro, no contemplado en la ley, como es el que les reconoce el acuerdo acusado, de formar parte del registro de elegibles para proveer cargos similares, porque ello va en contravía de la igualdad en las posibilidades de acceso que tal precepto garantiza, frente a los demás candidatos que todavía no han ingresado en la carrera judicial.

A juicio de la Sala no es posible extender los efectos del concurso que habilitó para ser nombrado en un cargo de carrera de la rama judicial, más allá del respectivo nombramiento, pues, con éste, se consuman y agotan las consecuencias jurídicas de haber salido avante en aquél, porque a partir de la vinculación los derechos que se generan son los de permanencia y promoción, en los términos de la ley, o sea, a no ser removido sino por las causas y los procedimientos previamente establecidos, y a la posibilidad de participar en los concursos, para ocupar los cargos de mayor nivel.

Por consiguiente, la Sala no acoge la tesis expuesta en el acuerdo acusado y en la vista fiscal, según la cual estar inscrito en la carrera judicial, constituye derecho adquirido a integrar los registros de elegibles para poder ser nombrado en cargos de similar categoría y especialidad, por las razones ya expuestas.

Entonces, la Sala ha verificado las denuncias formuladas por el demandante en cuanto a la violación de los artículos 13 y 125 de la Constitución Política y 156, 162, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996, suficientes para declarar la nulidad del acuerdo acusado, pues no sólo se infringió el derecho a la igualdad, según se vio, sino que se soslayó el cumplimiento de las normas constitucionales y legales sobre el concurso público que debe llevarse a cabo para el nombramiento de los cargos de la carrera judicial.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE que es nulo el Acuerdo 106 del 21 de mayo de 1996 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

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