Sentencia 1479 de agosto 14 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 1479

Consejero Ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Acción: Nulidad

Actor: Jaime Chávez Echeverri

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de agosto de mil novecientos noventa y dos.

El ciudadano Jaime Chávez Echeverri, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 84 del CCA, ha ocurrido ante esta corporación para que se decrete la nulidad del Decreto 1594 de 26 de junio de 1984, expedido por el Gobierno Nacional, en las siguientes partes: artículo 65, parágrafo del artículo 72, parágrafo del artículo 73, el artículo 100 con su parágrafo, los artículos 101, 106, 107, 114, 115 con su parágrafo 118 con su parágrafo, 121 con su parágrafo, 122, 123, 124 y 127.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

El artículo 10 de la Ley 9ª de 1979 prescribe que todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente.

Del tenor literal de dicho precepto legal se infiere que el organismo competente para señalar requisitos y condiciones en materia de vertimiento de residuos líquidos es el Ministerio de Salud.

Antes de analizar cada una de las normas acusadas frente al artículo 10 de la Ley 9ª de 1979 es bueno tener presente que el Decreto Reglamentario 1594 de 1984, del cual forman parte, trae las siguientes definiciones: la sigla EMAR utilizada en el decreto corresponde a: entidad encargada del manejo y administración del recurso, y entiende por tal: aquella que tenga asignadas esas funciones por la ley o por delegación, como el Inderena, el Himat en los distritos de riesgo, las corporaciones autónomas regionales de desarrollo y la Dirección Marítima y Portuaria, Dimar (arts. 2º y 3º).

Por vertimiento líquido entiende cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado.

Los artículos demandados contienen la siguiente regulación:

El artículo 65. “Prevé que la EMAR fijará en cada caso las normas que deben cumplir los vertimientos a un cuerpo de agua o a un alcantarillado y que cuando se trata de normas específicas de vertimiento para protección de los recursos naturales deberán ser fijadas por la EMAR.

El parágrafo del artículo 72. El artículo señala las normas que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de agua. El parágrafo, por su parte, faculta a la EMAR para que decida cuál o cuáles de las normas de control de vertimiento señaladas en el artículo pueden excluirse.

El parágrafo del artículo 73. El artículo señala las normas que debe cumplir todo vertimiento a un alcantarillado. El parágrafo, por su parte, faculta a la EMAR para que decida cuál o cuáles de las normas de control de vertimientos señalados en el artículo pueden excluirse.

El artículo 100 con su parágrafo. faculta a las EMAR para exigir a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos y en el parágrafo se señala un plazo de seis (6) meses para la presentación de la caracterización.

El artículo 101. “Faculta a las EMAR para otorgar permiso definitivo de vertimiento.

El artículo 106. Faculta a las EMAR para otorgar tres clases de permisos de vertimiento: de instalación, provisional y definitivo.

El artículo 107. Faculta a las EMAR para otorgar permiso provisional de vertimiento.

El artículo 114. Establece que en las providencias mediante las cuales las EMAR otorguen permisos provisionales o definitivos de vertimiento debe advertirse que no puede hacerse uso de ellas sin la obtención previa de la autorización sanitaria de funcionamiento parte agua.

El artículo 115 con su parágrafo. Establece que a partir de la ejecutoria de las providencias que otorguen permisos definitivos o provisionales de vertimiento los usuarios deberán hacer llegar a la correspondiente EMAR la autorización sanitaria de funcionamiento parte residuos sólidos o al constancia del trámite de la misma.

El parágrafo prevé que la EMAR tan pronto reciba la autorización antes mencionada la remitirá, conjuntamente con la providencia que otorgue el permiso definitivo o provisional de vertimiento, a la entidad encargada del otorgamiento de la autorización sanitaria de funcionamiento parte agua.

El artículo 118 con su parágrafo. Establece que las solicitudes de renovación o prórroga del permiso deben ser presentadas ante las EMAR.

El parágrafo prevé que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia que renueve o prorrogue un permiso de vertimiento las EMAR remitirán al Ministerio de Salud a su entidad delegada la documentación pertinente a fin de que se tramite la renovación o prórroga de la autorización sanitaria - parte agua.

El artículo 121 con su parágrafo. Establece que los usuarios existentes que desarrollan ampliaciones o modificaciones que impliquen cambios de los vertimientos deberán obtener permiso provisional de vertimiento por parte de las EMAR, los usuarios nuevos deberán obtener permiso de instalación por parte de la misma entidad.

El parágrafo prevé que el permiso de instalación que otorgue la EMAR comprende el vertimiento.

El artículo 122. Establece los requisitos de información que deben presentar los usuarios para obtener el permiso de instalación o el permiso provisional de vertimiento por parte de las EMAR.

El artículo 123. Prevé que una vez reunidos los requisitos de información del artículo anterior la EMAR, previa inspección técnica, podrá expedir a los usuarios nuevos el permiso de instalación y a los usuarios existentes el permiso provisional de vertimiento.

El artículo 124. Establece que en las providencias de las EMAR que otorguen permisos de instalación o permisos provisionales de vertimiento deberá advertirse a los usuarios que no podrán hacer uso de ellos sin haber obtenido antes autorización sanitaria de instalación - parte agua, expedida por el Ministerio de Salud o por la entidad que éste delegue.

El artículo 127. Establece que la vigencia del permiso de instalación señalada por la EMAR en la providencia que lo otorgue será igual al tiempo estimado para tales efectos.

Del tenor literal de los preceptos acusados fluye con claridad que a través de ellos se establecen facultades en materia de vertimiento de residuos líquidos a favor de la EMAR: entidad encargada del manejo y administración del recurso, que, según el artículo 3º del Decreto 1594 de 1984, tienen asignadas esas funciones al Inderena, al Himat, las corporaciones autónomas regionales de desarrollo y la Dirección Marítima y Portuaria, Dimar, así: el artículo 65 las faculta para fijar normas que deben cumplir los vertimientos; los respectivos parágrafos de los artículos 72 y 73 para que decidan cuáles normas de control de vertimiento a un cuerpo de agua y a un alcantarillado deben excluirse; el artículo 100 con su parágrafo para exigir la caracterización de residuos líquidos; los artículos 101, 106, 107, 118 con su parágrafo, 121 con su parágrafo, 122 y 123 para otorgar diferentes clases de permisos de vertimientos; los artículos 114, 115 con su parágrafo y 124, establecen reglas a cumplir después de expedidos por la EMAR los permisos de vertimiento; y el 127 para señalar la vigencia del permiso en instalación.

El señalamiento de las facultades enunciadas en favor de los EMAR, es decir, de una entidad diferente del Ministerio de Salud, contradice el texto del artículo 10 de la Ley 9ª de 1979, pues este ha radicado la competencia para señalar los requisitos y condiciones a que deben someterse los vertimientos de residuos líquidos en cabeza exclusiva del referido ministerio. La violación del citado precepto legal implica a su vez la del artículo 120 ordinal 3 de la Constitución de 1886, vigente en la fecha de expedición de los artículos demandados, por haberse excedido el señor Presidente de la República en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Las violaciones antes mencionadas justifican que se decrete la nulidad de las normas reglamentarias demandadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Se decreta la nulidad del Decreto 1594 de 26 de junio de 1984, expedido por el Gobierno Nacional, en las siguientes partes: artículo 65, parágrafo del artículo 72, parágrafo del artículo 73, el artículo 100 con su parágrafo, los artículos 101, 106, 107, 114, 115 con su parágrafo, 118 con su parágrafo, 121 con su parágrafo 122, 123, 124 y 127.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

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