Sentencia 14794 de noviembre 23 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 76001-23-24-000-2002-00738-01 (14794)

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Bogotá, D.C., noviembre veintitrés de dos mil cinco.

Actor: Jairo Varela Martínez

Ref.: Apelación de la sentencia del 5 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal.

EXTRACTOS: «Antecedentes

El actor presentó en forma extemporánea declaración de renta y complementarios por el año gravable de 1995, el 29 de abril de 1999, con un valor por sanciones de $ 5.911.000 y un total de saldo a favor de $ 8.762.000.

El 1º de diciembre de 1999, la división de fiscalización tributaria de la Administración de Impuestos Nacionales de Cali, profiere el requerimiento especial 050631999000045, en el que propone una adición de ingresos de $ 603.836.000 de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación en el proceso de enriquecimiento ilícito en contra del contribuyente y la liquidación de la sanción por inexactitud por $ 292.450.000, para un total saldo a pagar de $ 466.469.000.

El 18 de mayo del 2000, la división de liquidación de la misma administración profiere ampliación al requerimiento especial, con el fin de liquidar la contribución especial consagrada en el artículo 248-1 del estatuto tributario por la suma de $ 45.706.000, sanción por extemporaneidad de $ 187.510.000 e incremento de la sanción por $ 54.480.000, para un total de saldo a pagar de $ 741.161.000.

El 18 de agosto del 2000, el actor responde el requerimiento especial y su ampliación.

El 24 de agosto del 2000 se expide la liquidación oficial de revisión 050642000000045, en la cual se modifica la declaración de renta del año gravable de 1995 de acuerdo con los términos propuestos en el requerimiento especial y su ampliación.

El 30 de octubre del 2000 interpone recurso de reconsideración contra el acto oficial de revisión, el cual es decidido a través de la Resolución 050662001000030 en el sentido de confirmarlo.

(...).

Consideraciones de la Sala

En esta instancia procesal debe la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.

Los puntos de la sentencia de primera instancia objeto de apelación por parte de la DIAN, corresponden al reconocimiento de costos y deducciones limitados en un cincuenta por ciento (50%) sobre los ingresos conforme al artículo 87 del estatuto tributario, y a que levantó la sanción por inexactitud al considerar que se presentaba diferencia de criterios.

Sostiene la demandada en la impugnación, que el artículo 87 ibídem no establece costos presuntos sino una limitante a los costos y gastos en que incurran los profesionales independientes, lo que supone la efectiva realización de la erogación. Respecto a la sanción de inexactitud aduce que no se presenta diferencia de criterios en la interpretación de las normas aplicables, ya que el actor ha señalado que los ingresos corresponden a la sociedad Niche Ltda., aspecto que no probó en debida forma.

Por tanto, la discusión jurídica consiste en determinar la procedencia del reconocimiento de costos y deducciones limitados al 50% de los ingresos y si efectivamente se configura diferencia de criterio que exonere al actor de la sanción por inexactitud.

En primer lugar, se observa que el tribunal encontró ajustada a derecho la actuación administrativa que adicionó ingresos por la suma de $ 609.836.000, proveniente de la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal por enriquecimiento ilícito adelantado en contra del actor, como quiera que este no aportó pruebas idóneas que desvirtuaran la glosa. Al respecto la Sala advierte que tal punto no fue objeto de apelación por la parte demandante, por lo cual no efectuará ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

Hecha la anterior precisión, la Sala no comparte la decisión de primera instancia en cuanto reconoció costos y deducciones limitados al cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de los ingresos de acuerdo con lo normado en el artículo 87 del estatuto tributario.

En efecto, ha expresado la Sala para los casos previstos en el artículo 82 del estatuto tributario que en aplicación del principio económico referente a que la obtención de todo ingreso genera la realización de erogaciones, en particular cuando se trata de los costos presuntos y en razón del espíritu de justicia que gobierna el campo tributario porque la adición de un ingreso apareja en principio el reconocimiento de costos y deducciones, para evitar gravar con impuesto un ingreso bruto sin depurar.

Sin embargo, se observa que el artículo 87 del estatuto tributario no hace referencia a costos presuntos sino a la limitación de los costos a profesionales independientes y comisionistas y si bien en casos similares (1) la Sala ha aceptado el reconocimiento correlativo con motivo de adicionar ingresos a profesionales independientes, en tales decisiones el fundamento jurídico se contrae a lo establecido en el citado artículo pero el fáctico a haberlos declarado, lo cual no ocurrió en este caso.

En efecto, el primer inciso del artículo 87 del estatuto tributario establece que “Los costos y deducciones imputables a la actividad propia de los profesionales independientes y de los comisionistas, que sean personas naturales, no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos que por razón de su actividad propia perciban tales contribuyentes”.

Se reitera que esta disposición consagra una limitación de orden legal a los costos y deducciones imputables a la actividad de servicios inherentes a los profesionales independientes, personas naturales y no una presunción como sostiene la entidad demandada, en el sentido de que fiscalmente solo se les reconoce por concepto de costos y deducciones hasta el 50% de los ingresos obtenidos en desarrollo de tales actividades (2) .

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que en el sub examine no fue acertado que el a quo reconociera costos y deducciones imputables a la actividad del actor como profesional independiente, limitados al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos determinados oficialmente toda vez que ni los probó a su cargo, ni los declaró ni corrigió el denuncio rentístico para incluirlos, por lo cual no era del caso su reconocimiento.

En cuanto a la sanción por inexactitud, la Sala advierte que contrario a lo decidido por el a quo, el actor incurrió en una de las conductas descritas en el artículo 647 del estatuto tributario, ya que constituye inexactitud sancionable en la declaración tributaria la “omisión de ingresos” establecida por la administración.

De manera que en el asunto bajo examen se cumplen los presupuestos establecidos en la ley para la imposición de la sanción, sin que se configure la alegada diferencia de criterios relativa a la interpretación del derecho aplicable, ya que el actor no denunció la totalidad de los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio de su actividad profesional.

En este sentido la Sala ha dicho:

“Finalmente considera la Sala que dada la omisión de ingresos, la sanción por inexactitud aplicada a la sociedad demandante es procedente toda vez que se dan los presupuestos del artículo 647 del estatuto tributario, tales como la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los cuales se deriva un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable” (2) (sic).

En razón de lo anterior, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca objeto de apelación y en su lugar denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 5 de diciembre del 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, objeto de apelación.

2. En su lugar, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

3. RECONÓCESE, personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Ana Isabel Camargo Ángel conforme al poder otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Sentencias de 18 de septiembre de 1998, expediente 9057, y de 30 de octubre de 1998, expediente 8746, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo.

(2) Sentencia del 15 de agosto de 1997, expediente 8396, consejero ponente: Dr. Delio Gómez Leyva.

(2) (sic) Sentencia del 4 de abril del 2003, expediente 13077, M.P. Germán Ayala Mantilla.

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