Sentencia 14801 de diciembre 5 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Daños derivados de un hecho de carácter permanente.

EXTRACTOS: «La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la caducidad de la acción. Lo pretendido por la actora consiste en lograr, mediante la acción de reparación directa, que se declare patrimonialmente responsables a las demandadas, por la utilización de un predio de su propiedad como botadero de basuras de la ciudad de Cúcuta. En la demanda se afirma, al determinar el perjuicio, que la ocupación del inmueble se había presentado seis años antes. La demandada formuló la excepción de caducidad, sin embargo, en la sentencia apelada, el tribunal consideró que se trataba de una situación de carácter permanente, por lo que, al momento de presentarse la demanda, solo habían caducado los daños causados en un término superior a los dos años anteriores a la presentación de la demanda.

Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en sentencia del siete de septiembre de 2000, se pronunció en los siguientes términos:

“La determinación del momento a partir del cual se produce la caducidad de la acción no presenta problemas cuando la realización del hecho, operación, ocupación u omisión coincide con la producción del daño. No obstante, cuando el perjuicio se produce o se manifiesta en un momento posterior o se trata de daños permanentes, de tracto sucesivo o que se agravan con el tiempo, surgen dificultades para su determinación (...).

Una primera regla puede inferirse de las providencias citadas (1) : no es posible aislar las afirmaciones que en ellas se hace relacionadas con el fenómeno de la caducidad de la acción, para deducir criterios de aplicación general, pues deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares del caso. Es decir, dichas afirmaciones deben ser entendidas dentro del contexto de la decisión.

Una segunda regla que ha sido adoptada por la Sala en varias providencias (2) es la de preferir en la interpretación de los casos complejos la aplicación del principio pro damato, lo cual implica un alivio de los rigores de la caducidad con respecto a las víctimas titulares del derecho al resarcimiento.

Por último debe tenerse en cuenta que si bien la demanda se presenta en razón de los daños que han sido causados hasta esa fecha, la reparación puede comprender los que se sucedan con posterioridad al fallo y que sean previsibles. Sin que sobre agregar que su reconocimiento no puede estar limitado por consideraciones de orden formal que puedan señalarse a la demanda, en razón del principio de la reparación integral (L. 446/98, art. 16).

En síntesis, en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de equidad y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio.

Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios solo surge a partir del momento en que estos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen” (3) .

Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos (4)(5) .

En el presente caso, el hecho de la administración coincide con la consolidación del daño, dado que se reclama por la utilización del predio como depósito de basuras. Por lo tanto, el término de caducidad debe contabilizarse desde el momento en que comenzó a usarse el terreno para desarrollar esa actividad. [...].

De acuerdo con las pruebas citadas, resulta claro que el depósito de basuras en el predio Quebrada Seca se inició en el año de 1987, y que la sociedad demandante conocía de la situación, por lo menos, desde septiembre de 1988, cuando un representante suyo realizó visita al terreno afectado, con funcionarios de la demandada. A partir de entonces debe contarse el término de caducidad de la acción. La demandante no presentó ninguna prueba que desvirtuara tales hechos.

En la sentencia apelada se afirma que no había transcurrido el término de caducidad, porque se trata de un daño continuado en el tiempo; la Sala no comparte dicha apreciación; si bien no se puede determinar en forma exacta la fecha, y el mes del año de 1987 en el que se inició la utilización del predio como depósito de basuras, es posible establecer una fecha cierta para la consolidación del daño, a partir de la visita realizada al predio en septiembre de 1988, donde se dijo que el terreno estaba ocupado, en su mayoría, por basuras. Considerar que la actividad continua de utilización del predio como botadero de basuras, que tiene como efecto la agravación del daño, como prolongación del hecho de la administración, haría que la caducidad, en estos casos, no tuviera operancia. De allí que, dando aplicación a la directriz jurisprudencial contenida en el fallo citado, debe concluirse que, para efectos de computar el término de la caducidad de la acción, se tomará, la fecha de la visita al predio por los representantes de la sociedad demandante y la empresa demandada en la fecha citada.

El artículo 136 del Decreto 1 de 1984 disponía, en su inciso 4º, que la acción de reparación directa caducaba “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir de la producción del acto o hecho”. Este término no fue modificado con la reforma introducida por el Decreto 2304 de 1989, y en la más reciente, efectuada por la Ley 446 de 1998, se dispuso que dicha acción caduca “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente el acaecimiento del hecho...” (num. 8º del mismo artículo).

Habiendo sido presentada la demanda el primero de febrero de 1993 es evidente que la acción había caducado. Aplicando la norma citada al hecho del depósito de basuras en el predio Quebrada Seca, de propiedad de la sociedad Vargas Ramírez y Cía. S. en C., debió verificarse dentro de los dos años anteriores, es decir el primero de febrero de 1991, para que la acción fuese procedente, habiéndose presentado dicho depósito desde 1987, es indudable que el término de dos años estaba más que superado».

(Sentencia de 5 de diciembre de 2005. Expediente 14801. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

(1) Se refiere a las sentencias del 27 de septiembre de 1993, expediente 10.762 y de enero 28 de 1994, expediente 8610, así como al auto del 15 de febrero de 1996, expediente 11.239.

(2) En este sentido, ver por ejemplo, sentencias del 9 de diciembre de 1996, expediente 12.090 y del 10 de abril de 1997, expediente 10.954.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13.126.

(4) Expediente 3393. Actor: Bernardo Herrera Camargo.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radicación 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano.

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