Sentencia 14805 de octubre 2 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Carlos A. Orjuela Góngora

Santafé de Bogotá, D.C., octubre dos de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Expediente 14805

Autoridades municipales.

Actor: Darío H. Buitrago C.

(...).

En relación con el tema de la estructura del Estado la nueva Carta Constitucional incorporó una preceptiva mucho más comprensiva de la que ostentaba la anterior Constitución. En efecto, dispone la Carta del 91 en su artículo 113 que además de los órganos que integran las ramas del poder público existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las funciones del Estado. También puntualiza el deslinde de las funciones de tales órganos así como su colaboración armónica para la realización de los fines estatales.

(...) desde el ángulo constitucional hoy ya no se mira a éstos entes de control como simples compartimientos estancos, depositarios de un poder fiscalizador carente de toda ligazón con el servicio público y sus proyecciones...éstos órganos de control están llamados a coadyuvar en el desarrollo de vitales tareas de depuración y mejoramiento de los procedimientos y costumbres de la administración.

(...) a través del capítulo 2º del título X de la Constitución se regulan en forma general las funciones del Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo, defiriéndole a la ley la determinación de la estructura y funcionamiento de la Procuraduría, al igual que lo concerniente a la organización y funcionamiento de la defensoría. Así mismo, en el artículo 281 ibídem se expresa categóricamente que, “...el defensor del pueblo formará parte del Ministerio Público”.

Queda claro entonces que los personeros municipales (que incluye a los distritales) si bien ejercen funciones propias del Ministerio Público, no están adscritos orgánicamente al mismo, como sí ocurre en el caso del Defensor del Pueblo que desempeña sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Evidentemente, los personeros son servidores públicos del nivel local, y por tanto, enmarcados dentro de la estructura orgánica y funcional de las respectivas personerías. Ahora bien, desde el punto de vista funcional los personeros son verdaderos agentes del Ministerio Público, sujetos a las reglas previstas en la Constitución y la ley.

(...).

Es de observar que el constituyente de 1991 fue concluyente al determinar que Santafé de Bogotá tendría un régimen especial, esto es, diferente y con reglas propias; por lo mismo prevalente frente a las disposiciones consignadas para los demás distritos. Esta preeminencia normativa, autorizada por la Carta Magna, extiende sus dominios hasta el punto en que surjan vacíos, los cuales se suplirán con las reglas vigentes para los municipios; consecuentemente, para el Distrito Capital las disposiciones municipales son de estricta aplicación residual.

En virtud de las anteriores prescripciones constitucionales el Presidente de la República expidió el 21 de julio de 1993 el decreto 1421.

(...).

Quiere decir lo anterior que los personeros distritales delegados, en su condición de empleados de la personería del Distrito Capital de Santafé de Bogotá no tienen acceso a los derechos establecidos en el artículo 280 de la Constitución, que reza:

“Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”.

Así pues, a pesar de que ésta norma no distingue al referirse a los agentes del Ministerio Público, dado el régimen especial de que goza Santafé de Bogotá —el cual pregona la discriminación in fine de su artículo 99—, los mencionados personeros delegatarios mal podrían pretender la homologación de su linaje para acceder a la hipótesis del pretanscrito artículo 2870. En todo caso estos personeros deben tener presente su adscripción a la personería de Santafé de Bogotá, D.C., y por lo mismo, su ineludible sometimiento al régimen especial que gobierna al Distrito Capital, el cual en modo alguno se podría confundir con el de la Procuraduría General de la Nación.

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