Sentencia 14830 de diciembre 11 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Méndez Arango

Radicación: 14830, Acta: 52.

Bogotá, D.C., diciembre once de dos mil

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Corte

De un examen de las piezas procesales y las pruebas que indica el recurrente en los tres primeros cargos, resulta objetivamente lo siguiente:

1. A pesar de censurar al tribunal por haber apreciado “equivocada y erradamente” el acta de conciliación de folios 72 a 75, reproche que reitera en la cuarta acusación, en sus alegatos no explica el recurrente qué es lo que acredita ese medio de convicción ni en qué consistió el desacierto en su valoración, pues se limita a afirmar que el tribunal le dio plena validez, “apreciando erradamente esta prueba, al dejar de tener en cuenta que en la contestación de la demanda se acepta que la demandada propuso al actor el retiro mediando un ofrecimiento de una bonificación” (fl.14).

2. A la contestación de la demanda se refirió expresamente el tribunal, pues basándose en ella concluyó que “por conducto de apoderado judicial la encartada (sic) contesta la demanda en los términos del escrito visible a los folios 63 a 71, oponiéndose a las pretensiones de la demanda y solicitando la absolución de su defendida” (fl. 232), tal cual se lee en la sentencia, por lo que resulta infundado que el recurrente aduzca su falta de apreciación.

3. En cuanto a la prueba que en los tres cargos se identifica como “las documentales obrantes a 72 a 79 del expediente, correspondientes a los documentos firmados por el demandante para la aceptación del plan de retiro” (fls. 13, 15 y 17), y de la que en todos ellos se dice que fue dejada de apreciar, es indiscutible que el tribunal tuvo en cuenta la conciliación que obra de folios 72 a 75 —y quizá por ello el propio recurrente se ve obligado a afirmar que fue incorrectamente valorada—, por lo que resulta equivocado enrostrarle la comisión de errores de hecho generados por su inestimación.

Y respecto de declaración juramentada de folios 78 y 79, bastará decir que no explica en ninguna de las acusaciones que prueba dicho documento ni lo que ha debido tener por establecido el tribunal de haberla apreciado.

En el documento de folios 76 y 77, cuyos espacios en blanco aparecen escritos por Luis Enrique Gallego, se lee lo siguiente: “...obrando en mi propio nombre y en ejercicio libre de mi voluntad, por medio del presente me permito manifestar que acepto, el “plan de retiro voluntario”, ofrecido por la empresa, siendo mi deseo que la relación contractual termine por mutuo acuerdo el día 31 del mes de marzo de 1995”. Y aun cuando en verdad el tribunal aparentemente no tuvo en consideración este documento pues en la sentencia no se refirió expresamente a él, es lo cierto que debió tomarlo en cuenta pues concluyó que el hoy recurrente aceptó el plan de retiro voluntario y que su contrato de trabajo terminó por mutuo acuerdo, que es exactamente lo que con toda nitidez resulta del tenor literal del mismo.

Adicionalmente, debe anotarse que no se advierte en dicho documento nada que razonablemente permita inferir que Luis Enrique Gallego fue obligado a firmarlo, por lo que no obra el menor elemento de juicio que permita calificar como desacertada la conclusión del tribunal según la cual “el contrato de trabajo terminó por mutuo acuerdo y por la aceptación o acogimiento de un plan de retiro” (fl. 238) y que “la encartada (sic) tomó la iniciativa para proponer un plan de retiro, y ello fue en forma general, para todos los trabajadores y del material objeto de estudio no se infiere ni siquiera a nivel de indicio que se haya coaccionado el libre albedrío de los trabajadores y en especial del aquí demandante, o que se hubiese viciado su consentimiento” (fl. 245).

Con todo, quiere reiterar la Corte que no existe norma legal que prohíba a los empleadores promover planes de retiro compensados, u ofrecer a sus trabajadores sumas de dinero a título de bonificación, razón por la que tales ofrecimientos no constituyen por sí solos una coacción que vicie el consentimiento, ya que tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o rechazarlas, e incluso formularle al patrono ofertas distintas, que de igual manera pueden ser acogidas o desestimadas por éste, por lo que no es dable calificar ni unas ni otras de presiones indebidas por parte de quien las expresa; debiéndose por ello entender que dichas propuestas son un medio idóneo, legal y muchas veces conveniente de terminar los contratos de trabajo y zanjar las diferencias que puedan presentarse en el desarrollo de las relaciones laborales.

4. Aun cuando es cierto, como lo dice el recurrente, que en la demanda inicial se afirmó que “... la Empresa Nacional de Telecomunicaciones no cotizó a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, ni a ninguna otra entidad para los riesgos de invalidez, vejez y muerte por lo tanto el (a) —sic— señor (a) —sic— Luis Enrique Gallego estuvo y está desamparado (a) —sic— por concepto de esas coberturas...” (fl. 6), y que de tal aserto es dable inferir que su vinculación a una entidad de seguridad social fue materia de controversia en el proceso, por lo que resulta equivocada la aseveración del juez de alzada según la cual “ni dentro de la demanda ni en su contestación se trato (sic) ni pretendió como materia de controversia lo relativo a la afiliación al sistema general de pensiones” (fl. 239), tal equivocación carece de la virtualidad suficiente para desquiciar el fallo en ese aspecto, ya que la conclusión a la que llegó de ser improcedente la pensión de jubilación proporcional reclamada la sustentó en que no se probó que hubiera existido un despido sin justa causa, por cuanto lo que se estableció en el proceso fue la terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo, sustento del fallo que el cargo no destruye, como tampoco la consideración jurídica de no consagrar el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 pensión alguna para el trabajador que se retire voluntariamente después de quince años de servicio.

Y en lo que hace a la afirmación del recurrente de que los hechos que aseveró en la demanda no estaban dirigidos a establecer una relación entre su alegada desvinculación unilateral y el derecho a la pensión de jubilación que pretendió, es claro que tal aserto no corresponde a lo que con nitidez surge de dicha pieza procesal, pues de la simple lectura de tal escrito resulta, como lo concluyó acertadamente el tribunal, que Luis Enrique Gallego demandó “la pensión sanción regulada para el caso en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993” (fl. 239).

En efecto, de dicha pieza procesal se impone concluir que Luis Enrique Gallego se refirió explícitamente a esa pensión de jubilación y no a otra —como expresamente lo reconoce él mismo al sustentar el recurso de apelación—, toda vez que como primera pretensión subsidiaria solicitó “que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, proceda al reconocimiento y pago de la pensión proporcional al tiempo servido (...) por haber laborado del 27 de marzo de 1979 hasta el 31 de marzo de 1995, con un salario promedio de $ 353.567, tal como lo dispone el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, artículo 74 numeral 2º del Decreto 1848 de 1969, artículo 133 de la Ley 100 de 1993, artículos 260 y 267 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 37 de la Ley 50 de 1990“ (fl. 3—subraya la Sala para destacar—).

Respecto del cuarto cargo, debe decirse que al igual que con los tres anteriores no ataca los verdaderos soportes de la sentencia en relación con la reliquidación del auxilio de cesantía, pues el tribunal concluyó que no demostró Luis Enrique Gallego que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones no estuviera obligada a aplicar el Decreto-Ley 3118 de 1968 a sus trabajadores, y que dicho decreto ordena la liquidación con carácter definitivo del auxilio de cesantía que se cause anualmente, razón por la cual asentó en el fallo que “no tiene fundamento legal la petición en el sentido de que se liquide (sic) las cesantías con efectos retrospectivos y en relación con todo el tiempo servido tomando como base el último salario” (fl. 243).

A esta motivación de la sentencia, que es el verdadero sustento de la decisión, para nada se refiere el recurrente, por lo que permanece incólume.

No obstante, si se examinan los elementos de juicio indicados en el cargo, comenzando, como es lógico, por los que señala como erróneamente apreciados, resulta objetivamente lo siguiente:

1. Al igual que los otros cargos el impugnante nada dice respecto del acta de conciliación de folios 72 a 75, por lo que a la Corte le está vedado revisar el documento.

2. Igualmente guarda silencio el recurrente respecto de la demanda, la convención colectiva de trabajo y la Resolución 962, y por el motivo ya explicado no resulta procedente su examen en casación.

3. En lo que hace al comprobante de pago del auxilio de cesantía, el impugnante se limita en el cargo a sostener que “si (sic) existe prueba que lleve a determinar que las cesantías pagadas al demandante según folio (sic) 106 y 107 del expediente, fueron superiores, puesto que el juzgador de segunda instancia dejó de apreciar tanto los pagos parciales que obran en la hoja de vida que se allegó en cuaderno separado y las nóminas de pago que se allegaron en la misma” (fl. 19).

De esta enrevesada explicación no es dable, mediante ningún proceso lógico de raciocinio, demostrar alguno cualquiera de los supuestos errores de hecho manifiestos que atribuye al fallo, puesto que dicho documento únicamente serviría para probar que a Luis Enrique Gallego le fue pagada la suma de $ 635.433 por concepto de auxilio de cesantía; pero este hecho, por sí mismo, no sirve para demostrar alguno cualquiera de los desatinos atribuidos a la sentencia.

4. Y respecto de “las documentales obrantes en la hoja de vida del demandante que obra en cuaderno separado, correspondientes a las nóminas de pago, relación de cesantías liquidadas, pagos parciales de cesantías” (fl. 19), aparte de la genérica alusión que de esta inidentificada prueba hace el recurrente, es lo cierto que no se toma el trabajo en el desarrollo del cargo de explicar qué es lo que acredita cada uno de tales documentos ni qué específico hecho ha debido tener por probado el tribunal de haberlas valorado, circunstancia que, desde luego, impide su examen por parte de la Corte.

Ya se dijo que el quinto cargo fue sustentado extemporáneamente, razón por la que no es procedente su estudio.

Se sigue de todo lo anterior que ninguno de los cargos prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de abril de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Luis Enrique Gallego le sigue a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

Costas en el recurso a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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