Sentencia 14832 de noviembre 11 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 14832

Radicado 25000232700020040131101

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Club Deportivo Los Millonarios

Autoridades nacionales. Auto.

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a la Sala determinar, si debe ser revocado el auto de mayo 6 de 2004, por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” declaró la perención del proceso.

La Sala reitera la posición adoptada en auto de junio 16 de 2003, actor Carlos Arturo Quiza Camacho, expediente 13312, donde se rectificó la anterior posición por las siguientes razones:

De conformidad con el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo

“Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando éste corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso” (destaca la Sala).

La perención es una forma de terminación anormal del proceso por falta de impulso cuando este corresponde a la parte demandante.

Tratándose de procesos en los cuales se discute la determinación de impuestos nacionales o territoriales la perención tiene una relevancia especial, toda vez que el artículo 634-1 del estatuto tributario permite la suspensión de los intereses moratorios a cargo del contribuyente, después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva.

Así mismo el numeral 5º del artículo 831 del estatuto tributario señala como excepción al mandamiento de pago dictado en el proceso de cobro de impuestos, la interposición de demandas de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Significa que en los juicios tributarios, de no aplicarse la perención, el demandante negligente que incumple la orden judicial bien sea, de cancelar las expensas procesales o de constituir caución, cuando esta sea procedente, tendría incentivos adicionales para omitir su deber de impulsar el proceso ante la posibilidad de proponer como excepción, la presentación de una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, y la suspensión de los intereses moratorios, lo cual resulta inadmisible.

En el sub examine, el tribunal decretó la perención del proceso por la ausencia de la caución establecida en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, pues una vez señalada por el juez el valor de la caución, nace para el actor la obligación de cumplir con esta carga procesal, la cual de no acatarse, impide garantizar el pago de los impuestos o multas en cuanto fuere desfavorable lo resuelto y conlleva la imposibilidad de seguir adelante con el proceso.

Lo anterior, tiene su razón de ser en que la caución pretende garantizar que no se acuda a la justicia de manera injustificada y se evite el abuso del derecho de acción para evadir el cumplimiento de la obligación tributaria (1) , por tanto, la omisión de este deber impide que el actor sea oído dentro del proceso hasta tanto demuestre la seriedad de su causa. Si el proceso permanece en secretaría por más de seis meses a la espera de este impulso procesal a cargo del demandante, de conformidad con el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, se debe decretar la perención del proceso.

En el presente caso el tribunal ordenó constituir, mediante providencia de marzo 11 de 2003, caución por valor de $ 10.514.000, suma a la que asciende el mayor valor determinado oficialmente por concepto de retención en la fuente a cargo del club actor, y le otorgó un plazo de un mes a través del auto de mayo 2 de 2003 que confirmó el anterior, providencia que quedó debidamente ejecutoriada el 22 de mayo de 2003, sin que se hubiese cumplido.

Aunque la parte actora alega que se presentó suspensión de los términos por haberse realizado el trámite conciliatorio, la Sala reitera lo expuesto en un caso similar (2) en el que se señaló que el artículo 98 de la Ley 788 de 2002 no previó esta situación y que la suspensión que se señala en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 es de la caducidad y de la prescripción y no del proceso.

Finalmente, frente a los escritos allegados por la apoderada de la parte actora de julio 29 de 2003 (fl. 106) en el que señala que se está efectuando el trámite de conciliación y el de septiembre 19 de 2003 (fl. 110) donde manifiesta que no se pudo realizar la citada conciliación y solicita se siga con el trámite del proceso, no tienen la virtualidad de evitar que se presente la prescripción por las razones antes expuestas y en cuanto al escrito de mayo 6 de 2004 (fls. 128 a 129) que solicita revocar el auto mediante el cual se impone la caución por la imposibilidad de darle cumplimiento, la Sala advierte que como bien lo señaló la misma apoderada, esta no es la oportunidad procesal para hacerlo.

En consecuencia, al permanecer inactivo el proceso durante más de seis meses desde que quedó ejecutoriado el último auto de mayo 2 de 2003 (3) , sin que se hubiese acatado la orden impartida, se reunieron las condiciones para decretar la perención del proceso.

Por lo expuesto, se confirmará el auto de mayo 6 de 2004 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de mayo 6 de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-138 de junio 30 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(2) Auto de octubre 28 de 2004, actor: Club Los Millonarios, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(3) El 22 de mayo de 2003.

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