Sentencia 14834 de julio 14 de 2004

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Radicación número: 25000-23-26-000-1993-8859-01(14834)

Actor: Guillermina Carreño Viuda de López y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil cuatro.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de dos de octubre de 1997, proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes:

1. Mediante demanda presentada el ocho de junio de 1993 y corregida el primero de julio siguiente, José Obelio López Álvarez, Linda Liliana López Carreño, Guillermina Carreño viuda de López, en nombre propio y en representación de sus hijas menores Andrea Carolina y Claudia Marcela López Carreño, solicitaron que se declarara a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional patrimonialmente responsable por la muerte de su hermano, esposo y padre Saúl Hernando López Álvarez ocurrida en Bogotá, el ocho de marzo de 1993.

Como consecuencia de esta declaración, pidieron que se condenara a pagar a la demandada el total de los perjuicios morales ocasionados a los demandantes; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se debía tener en cuenta que los ingresos mensuales del occiso ascendían a la suma de $ 1.220.000.oo y que, al momento de su muerte, tenía la edad de 43 años (folio 3 y 24, cuaderno 1).

En respaldo de sus pretensiones los demandantes narraron que, el ocho de marzo de 1993, en la ciudad de Bogotá, entre las calles 37 y 38 con carrera 13, al lado de la embajada de los Estados Unidos, perdió la vida Saúl Hernando López Álvarez por herida producida con arma de dotación oficial, después de un incidente en el que participaron miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar. El occiso se desplazaba en un vehículo Renault 4, conducido por su hermano José Obelio López Álvarez, quien estacionó en el costado occidental del sitio señalado, y descendió del automotor. Pocos minutos después regresó, momento en el cual fue abordado por dos agentes de la policía; uno de ellos le exigió los documentos del vehículo; el conductor exhibió su carné de policía retirado; el agente lo increpó, y el otro se desplazó al frente del vehículo, disparando contra el vidrio panorámico en dirección del puesto de acompañante, donde se encontraba el occiso. De inmediato aquél arrancó el vehículo, y dos soldados de la policía militar, que se encontraban al frente de la embajada, dispararon sus fusiles hacia la parte trasera del automóvil. Uno de los proyectiles atravesó el cuerpo de Saúl Hernando López Álvarez, entrando por la espalda y dejando un orificio de salida de por lo menos 10 centímetros de diámetro en el abdomen, herida que causó su muerte, pocos minutos después, en el hospital San Ignacio de la misma ciudad. El hermano de la víctima también resultó herido en el glúteo izquierdo (folios 4 a 6, cuaderno 1).

3. La demanda fue admitida mediante auto del 22 de julio de 1993 y notificada en debida forma (folios 26 a 29, cuaderno1).

La demandada manifestó que la muerte se produjo a consecuencia de la imprudencia de la víctima, pues no acató los requerimientos de los miembros de la policía, siendo que estaba estacionado en zona prohibida. En el sitio de los hechos se habían presentado atentados y existía advertencia de colocación de carros bomba; los ocupantes del automotor realizaron movimientos sospechosos y desacataron una orden de pare, circunstancias que contribuyeron al resultado conocido. Agregó que, en el evento en que se declarara la responsabilidad de la administración, debía darse aplicación al artículo 2357 del Código Civil, dado que concurría la culpa de la víctima en la producción del daño. Por último, señaló que el demandante José Obelio López Álvarez no había acreditado su condición de hermano del occiso (folios 35 a 37, cuaderno 1).

4. El Ministerio de Defensa llamó en garantía a los soldados de la Policía Militar, Oscar Hernández Malpica y Jhon Herrera Moreno; el llamamiento fue aceptado mediante auto del ocho de noviembre de 1993. Luego de intentar la notificación personal y realizado el emplazamiento de los llamados en garantía, se les designó curador al litem (folios 33 y 34, 44 a 71, cuaderno 1).

En la contestación al llamamiento, el curador ad litem manifestó que los soldados se encontraban en servicio activo cumpliendo órdenes de sus superiores que no podían desacatar, por lo que no podían asumir la responsabilidad que le correspondía a la demandada (folios 72 y 73, cuaderno 1).

5. Practicadas las pruebas decretadas mediante auto de 30 de septiembre de 1994 y fracasada la conciliación, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folios 75, 76, 110, 113 cuaderno 1).

La parte demandante manifestó que, de los testimonios que obraban en el expediente, se deducía claramente que la muerte del occiso fue ocasionada por personal uniformado que se encontraba en servicio activo y obedeciendo órdenes de superiores que no podían desobedecer (folios 114 a 118, cuaderno 1).

II. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia de dos de octubre de 1997, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda. Consideró que las pruebas en las que se fundamentaban las pretensiones, especialmente los testimonios, no habían sido debidamente trasladados, ya que no fueron practicados con audiencia de la demandada en el proceso original ni fueron ratificados en este proceso (folios 120 a 135, cuaderno 1).

Una de las magistradas del Tribunal salvó voto; en su criterio se debieron decretar pruebas de oficio, dado que existían serios indicios que acreditaban la responsabilidad de la demandada (folios 137 a 139, cuaderno 1).

III. Recurso de apelación:

1. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia (folio 149, cuaderno 1). En la sustentación manifestó que el Tribunal debió haber decretado pruebas de oficio, pues, del acervo probatorio trasladado del proceso penal, se apreciaban serios indicios de que los autores de la muerte de Saúl Hernández López fueron miembros de la fuerza pública, lo que se deduce de las pruebas practicadas en el proceso adelantado por la justicia penal militar (folio 150 a 155, cuaderno 1).

2. El recurso fue concedido el 19 de febrero de 1998 y admitido el 22 de mayo siguiente (folios 144b y 157, cuaderno 1). En el traslado para alegar de conclusión, las partes presentaron sendos escritos y el Ministerio Público guardó silencio (folios 159, cuaderno 1).

El apoderado de la demandada manifestó que la conducta de la víctima fue imprudente, al no acatar los requerimientos de los miembros de la policía y al parquear en una zona prohibida, frente a la embajada de los Estado Unidos. Reiteró que las pruebas que obran en el expediente no son suficientes para acreditar la responsabilidad de su representada.

La apoderada de los demandantes manifestó que se encontraba acreditado que Saúl Hernando López fue muerto por miembros de la fuerza pública el ocho de marzo de 1993, en la carrera 13 entre calles 37 y 38 de Bogotá, ya que los indicios de responsabilidad no fueron desvirtuados por la demandada. Además, se encuentran acreditados los perjuicios cuya indemnización se reclama (folio 164 a 166, cuaderno 1).

5. La doctora María Elena Giraldo Gómez, integrante de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se declaró impedida por haber conocido del proceso en primera instancia. El impedimento fue aceptado mediante auto del 15 de octubre de 1999 (folios 170 a 174, cuaderno 1).

Consideraciones:

1. Parámetros para el juzgamiento de la responsabilidad

En relación con el sistema de responsabilidad aplicable al caso concreto, se considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001. Manifestó la Sala en aquella oportunidad:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“... Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.(1)

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.(2) La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas actividades. En efecto, la utilización de armas de fuego ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y cuando su guarda corresponde al Estado, por tratarse de armas de dotación oficial, el daño causado cuando el riesgo se realiza, puede resultar imputable a éste último.

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(3).

La Sala ha considerado necesario presentar, previamente, estas reflexiones, que serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de la entidad demandada.

2. Prueba trasladada

En cuanto a la razón por la que el Tribunal negó las suplicas de la demanda, la Sala discrepa del criterio según el cual, las pruebas practicadas por la justicia penal militar no pueden ser tomadas en cuenta en el presente proceso. De acuerdo con reiterada jurisprudencia(4), las pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada, que provienen de procesos tramitados en esa instancia pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron con audiencia de la parte contra la que se aducen. En efecto, la Sala ha dicho lo siguiente:

“Los testimonios antes citados hacen parte de la respectiva investigación disciplinaria que, si bien no fueron ratificados en el presente proceso contencioso administrativo, sí pueden ser válidamente considerados en éste, por cuanto se trata medios de prueba que hacen parte de la investigación adelantada por la propia entidad demandada, esto es, la Policía Nacional y, que por lo tanto, fueron practicados con su pleno conocimiento, cuya incorporación al proceso se decretó y efectuó a petición de la parte demandante”.(5)

En el mismo sentido se ha manifestado:

“Sobre este punto, es pertinente advertir que, si bien los testimonios rendidos en la citada investigación penal no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos testimonios pueden y deben ser válidamente valorados, por cuanto fueron practicados por la propia entidad en contra de quien se pretenden hacer valer, es decir, con su previo y pleno conocimiento, los mismos que luego, a petición de la parte demandante (fl. 19 cdno. ppal.), fueron allegados en copias auténticas como prueba trasladada, pero que precisamente en torno a ellos, en primera instancia, tanto el Ministerio Público como el propio tribunal estructuran el planteamiento de inexistencia de responsabilidad de la entidad demandada”(6).

En estas circunstancias, la Sala considera que son valorables los testimonios y documentos que se encuentran en el proceso adelantado por el Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar.

Debe anotarse, sin embargo, que en relación con las indagatorias de los agentes de la policía que obran en dicho proceso, no puede ser trasladadas al proceso contencioso administrativo, ya que no pueden valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento.

3. El caso concreto

Precisado lo anterior, con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se tiene lo siguiente:

a. El ocho de marzo de 1993, en Bogotá, murió Saúl Hernando López Álvarez, a causa de shock hipovolémico, por herida toraco-abdominal producida por proyectil de arma de fuego, según el certificado de necropsia del Instituto de Medicina Legal y el registro civil de defunción de la notaria octava de la misma ciudad (folios 18, cuaderno 1, y 134, cuaderno 2).

b. Sobre la forma como sucedieron los hechos, del expediente se extraen estos aspectos:

b.1. En la tarde del ocho de marzo de 1993, el occiso y su hermano José Obelio López Álvarez se desplazaban en un vehículo Renault 4, de propiedad del segundo, que tenía un letrero de “se vende”. A la altura del semáforo de la carrera 39 con carrera trece en dirección norte sur, el señor Carlos Alberto Hernández Cruz, desde otro carro, le solicitó información y le manifestó que hablara con su conductor, pues su oficina quedaba al lado de la embajada de lo Estados Unidos en la siguiente cuadra. Pasaron el semáforo, el conductor del Renault se estacionó en el costado occidental de la carrera 13 entre calles 37 y 38, descendió del vehículo, pasó la calle, suministró la información y regresó, momento en el cual fue abordado por un agente de la policía. Así lo confirmaron el conductor José Obelio López (folio 21 a 25, cuaderno 2) y Carlos Alberto Hernández Cruz (folio 122 y 123, cuaderno 2).

b.2. Lo que ocurrió inmediatamente, el soldado Walter Ibáñez Serrano lo relató de la siguiente forma:

“... estaba de servicio en la Embajada Americana, con los soldados Malpica y Herrera Moreno Jhon, cuando llegó un Renault cuatro y se estacionó frente a la Embajada Americana, entonces en ese momento llegó un Agente de la Policía, a quien no le supe su nombre, y le dijo al conductor del Renault 4 que se retirara de ahí y el conductor no hizo caso y se puso fue todo grosero, le dijo al Agente de Policía que él era agente retirado de la Policía y que por eso no quitaba el carro de ahí, y se bajó del carro Renault 4 y dentro del carro quedó otro señor, entonces el señor conductor se bajó y se dirigió hasta un edificio que queda al lado de la Embajada Americana. Luego salió del edificio y entró otra vez al carro, entonces el Agente de la Policía le dijo que aún no podía irse porque tenía que esperar a un Agente de Tránsito para que le hiciera un parte, y llegó una señorita de tránsito y empezó a hacerle el parte y el señor conductor del Renault 4 le dijo que él no tenía por qué esperar y arrancó como el Agente de la Policía estaba al lado de la puerta del conductor hablándole lo mandó lejos al arrancar, porque como el agente de policía tenía las manos agarrando la puerta... la puerta izquierda del lado del conductor, el conductor no respetó que un agente de policía le estaba hablando y de tránsito y arrancó y al agente de la Policía lo mandó lejos lo arrastró porque como estaba agarrado de la puerta lo arrastró un poquito y el agente de Policía sacó el revolver y disparó al piso, luego siguió trotando detrás del carro y como a dos metros más delante de donde él hizo el disparo al piso, salió otro agente de la Policía y se escuchó otro disparo, pero no estoy seguro si ese disparó fue del Agente que disparó al piso inicialmente o del Policía que salió más adelante, lo cierto es que yo vi cuando el agente de Policía hizo el primer disparo al piso, pero el segundo disparó apenas lo oí, pero no supe quien lo hizo, pero era detonación de revólver, entonces el Renault 4 le dio en zig-zag - por la avenida y más adelante un PM, o sea un policía del Ejército salió a la avenida y le hizo el pare y no obedeció el pare sino que le tiró el carro por encima, entonces el soldado de la PM alcanzó a saltar al andén he hizo un tiro al aire y es que no recuerdo bien si hizo dos disparos al aire y uno al carro o dos disparos al carro y uno al aire, aclaro que esos disparos fueron repartidos entre dos PM que estaban ahí, o sea, que un soldado me parece que hizo dos disparos al aire y el otro soldado hizo un disparo al carro, o al contrario un soldado un disparo al aire y el otro soldado dos disparos al carro, con un arma fusil G-3-, más adelante paró el carro y ahí se supo que el acompañante del conductor había recibido un impacto de fusil, eso fue todo...” (folios 101 y 102, cuaderno 2)

Sobre las palabras que intercambiaron el agente de policía y el conductor del vehículo, relató lo siguiente:

“Como dije antes, el Agente de Policía le dijo que ahí no podía parquear y conductor le contestó en forma altanera y grosera, le dijo que no viniera a decirle lo que él tenía que hacer ya que él era un Sargento retirado de la Policía y que él era un simple agente y que además que él había dejado una persona en el carro, que si así le servía bien y sino pues que también” (folio 102, cuaderno 2).

El soldado Jhon Alexander Herrera Moreno, involucrado en los hechos, manifestó:

“... el ocho de marzo de 1.993 estaba prestando seguridad en la Embajada América (sic) y eran como las cuatro de la tarde y me encontraba en compañía del soldado del Ejército Nacional Malpica Hernández, en ese tiempo nosotros estábamos alerta de todo movimiento tanto automovilístico como peatonal, a consecuencia de la situación que atravesaa (sic) para esa época el país en lo relacionado con las bombas, y carros bombas y demás artefactos, entonces vi que un carro estaba estacionado en la calle 38 y voltié (sic) a mirar hacia su alrededor, fue cuando oímos unos disparos y nos pusimos alerta nosotros estábamos en la calle 37 y vimos que un carro Renault 4, se acercaba a gran velocidad hacia donde nosotros estábamos, y se seguían escuchando disparos, yo ai (sic) mismo me acerqué hacia la calle para detener el auto, le hice señas le heche (sic) pito y no paró, entonces con mi compañero soldado Malpica nos quitamos de ahí porque como no había hecho caso, antes no (sic) hecho fue el carro encima nos tocó quitarnos rápidamente, entonces ahí mismo nosotros cargamos el fusil y yo disparé en dos ocasiones, a las llantas del carro Renault, lo mismo lo (sic) hizo mi compañero, en una ocasión que él disparó también, yo disparé puesto que pensé que era algún carro bomba que estaban de moda, el Renault 4 paró una cuadra más allá como en la 36, al frente del edificio de Ecopetrol ahí fue cuando salieron unos policías y vigilantes y se le atravesaron al carro el cual paró y bajó el señor que iba conduciendo con las manos arriba diciendo que no lo mataran que él era de la Policía, que el que iba con él era hermano de él retirado de la policía, entonces nosotros nos acercamos al carro Renault y yo miré dentro del carro que estaba un señor herido y yo ahí mismo dije que llamaran a una ambulancia, entonces me dirigí a mi puesto otra vez junto con mi compañero Malpica, y nos quedamos ahí prestando seguridad de nuevo y llegó un cabo que estaba en la Embajada Americana prestando servicio con nosotros y nos preguntó que era lo que había sucedido y nosotros le dijeron (sic) que un carro que estaba ahí parqueado había salido a alta velocidad y o (sic) había acatado las señales de pare, y nos tocó disparar ya que nos lo mandó por encima...” (folios 80 y 81, cuaderno 2).

En cuanto al hecho de que el agente de policía fue arrastrado por el automóvil, el soldado Herrera Moreno señaló:

“De eso no supe nada en el momento, después supe que él estaba conduciendo casi arrolla a un policía y a los soldados que se encontraron el (sic) la otra esquina y ahí fue cuando empezaron a disparar los policías” (folio 82, cuaderno 2).

En cuanto al sitio donde transcurrió el incidente informó:

“Los hechos empezaron en la calle 37 con carrera 13, y terminaron en la 34 o 35 claro que cuando empezó todo ya fue en la calle 38 con carrera 13, donde se encontraban los policías y los P.M. soldados, el lugar era una carrera que transita arta (sic) gente muchos vehículos y en ese tiempo no se dejaba estacionar ningún carro en la carrera de la Embajada ni en los lugares aledaños a la Embajada” (folio 82, cuaderno 2).

El soldado Mauricio Malpica Hernández, también involucrado en el hecho, declaró:

“... el día ocho de marzo del año en curso, siendo más o menos las trece o mejor las quince y cuarenta y cinco horas, me encontraba en la carrera trece con calle 37 de esta ciudad más exactamente en la Embajada Americana - prestando servicios de centinela cuando arrancó un Renault 4, con la puerta abierta a gran velocidad arrollando unos agentes de la policía y a una señorita de tránsito, y un P.M., entonces voltiamos (sic) a mirar con mi compañero Herrera Moreno, cuando los agentes comenzaron a coger detrás del carro y se oían disparos, los Agentes gritaron que detuviéramos el carro y disparamos, yo procedí a salir a la mitad de la calle a pitarle al carro y hacerle señales de alto, pero el conductor no hizo caso me lanzó el carro y aumentó la velocidad yo me tiré al piso mi compañero hizo un disparo al aire entonces yo me paré y le hice un disparo a las ruedas del vehículo y mi compañero le hizo el otro a las ruedas del auto yo me agaché porque se seguían oyendo disparos el carro siguió aproximadamente unas tres cuadras más cuando fue interceptado por unos agentes de policía quienes lo encañonaron se bajó el conductor gritando que no lo mataran y diciendo que su hermano estaba herido...” (folio 83, cuaderno 2).

Respecto de la zona donde ocurrieron los hechos manifestó:

“... El problema comenzó en la carrera 13 con calle 38, frente a la puerta principal de la Embajada Americana y finalizó aproximadamente por ahí unas cinco cuadras más adelante” (folio 85, cuaderno 2).

El agente de la policía Iván Rubio presenció el incidente y lo narró de la siguiente forma:

“El día 8 de Marzo de 1993, estaba de servicio yo en la Embajada Americana de puesto fijo ubicado en la calle 37 con carrera 13, entrada principal, como a eso de las dos de la tarde venía un vehículo Renault 4 blanco de norte a sur y al lado venía un compañero el cual estaba de servicio en la Embajada Americana pidiendo auxilio o apoyo para parar dicho vehículo, salimos a tratar de parar el vehículo, el cual al ver nuestra presencia más aceleró, de inmediato unos soldados de la PM - que se encontraban de servicio en la puerta principal de la Embajada, dispararon contra dicho vehículo el cual [estaba] ocupado por dos ciudadanos, frente al Edificio de Ecopetrol con calle 36 quedó el vehículo de inmediato llegamos allá al sitio de los hechos con la patrulla y un Señor Suboficial de la fuerza disponible bajaba el herido de dicho vehículo, para trasladarlo en la carrera 7ª con calle 45, y no supe nombres ni de suboficial tampoco, simplemente cumplí con deber el oficial de llevar al herido al Hospital” (folio 138, cuaderno 2).

b.3. El soldado Ibáñez Serrano, manifestó que no podía precisar cuál de las armas de los soldados causó la muerte de Saúl López, al respecto expresó:

“No supe porque como dije antes, unos disparos fueron al carro y otros al aire pero no supe quien los hizo, claro que fueron Malpica y Herrera quienes dispararon, pero no sé cuál de los dos disparó al carro y cual al aire y contra el carro... Pues yo no pude distinguir cuál de los dos soldados fue el que le hizo la parada al carro, porque como los dos soldados Malpica y Herrera son de la misma estatura más o menos y con casco, no podría decir cuál fue el que le hizo la parada, pero lo cierto es que al soldado que le hizo el pare al Renault 4 casi se lo lleva por delante y el otro el soldado estaba en la esquina de la Embajada Americana costado sur y desde ahí dispararon por atrás del carro, porque el carro venía de norte a sur, y no puedo precisar los metros y la distancia que había entre el Renault 4 y los soldados porque yo estaba siempre retirado en la esquina de la trece con 39 costado norte de la embajada” (folio 102, cuaderno 2)

En cuanto a si los agentes de policía también dispararon, el soldado Ibáñez Serrano manifestó:

“Habían como tres agentes de Policía, fuera del que disparó al piso pero realmente yo no vi que disparan y únicamente escuché dos disparos sí que vi cuando el Agente que estaba agarrado al carro disparó al piso, hubo otro disparó más adelante pero no se quien lo realizó si ese mismo policía o el otro Policía no sé, Preguntado. En total cuántos disparos escucho usted en ese procedimiento? Contestado.- Pues escuche, no estoy seguro, si fueron cinco o seis disparos, uno que vi y escuché que fue de revólver, el del agente de policía y no sé si sonaron dos o uno más de revólver antes de que sonaran los de tres de fusil, es decir, que en total fueron cinco o seis disparos” (folio 101 a 103, cuaderno 2).

El soldado Herrera Moreno reconoció haber hecho uso de su arma de dotación:

“Yo disparé en dos ocasiones hacia las llantas del carro Renault 4, pero no sé dónde hicieron blanco... Yo portaba un arma Fusil G3 Nro. 60705 de propiedad del Ejército Nacional cuando nos llevaron ese mismo día a la Fiscalía allá nos quitaron el armamento y entonces ahí me di cuenta de que los policías entregaron fue revólveres 38 largo, mi compañero Malpica tenía también fusil G3 del cual no se su número...Yo supe después que había muerto a consecuencia del disparo de un Fusil G3, pero no sé si seria del mío o el de mi compañero, ya que yo disparé fue a las llantas” (folio 81, cuaderno 2).

Manifestó sobre los policías que intervinieron en el procedimiento: “Ellos dispararon contra el carro y no sé cuántos disparos hicieron” (folio 81, cuaderno 2).

El soldado Malpica Hernández también reconoció haber utilizado su arma:

“Yo hice un disparo a las ruedas del auto Renault 4, y mi compañero Herrera Moreno hizo uno al aire y otro a las llantas del auto... Yo portaba un fusil G3 A 3 Nro. 60888 de propiedad del Ejercito, mi compañero portaba un fusil g3 A3 no se su número, los policías portaban revólveres” (folio 85, cuaderno 2).

El agente Iván Rubio afirmó que los soldados dispararon, pero no los policías:

“Los soldados de la P.M. ya fueron ellos los que dispararon, contra dicho vehículo dispararon los soldados de la P.M. Los soldados que estaban allí de servicio fueron los que dispararon contra el Renault 4... Yo sí escuche la detonación de los fusiles que eran los únicos que tenían fusil o sea esa clase de armamento únicamente la tenían los soldados, y me parece que fueron cuatro disparos... Los soldados de la P.M. fueron los únicos que dispararon y la Policía en ningún momento disparó, y la Policía portaba revólver 38 largo, arma corta” (folios 138 y 139, cuaderno 2).

b. 4. Los dos soldados implicados manifestaron que los ocupantes del vehículo no iban armados ni tuvieron contacto directo con ellos. Al soldado Herrera Moreno le preguntaron:

“Manifieste al despacho si los ocupantes del rodante ya referido utilizaron, en algún momento armas de fuego. Contestado (sic).- Ellos únicamente no acataron las señales de pare y nos echaron el carro por encima, pero no tenían armas ni nada de eso, pero si no nos quitamos rápidamente nos atropella con el vehículo” (folio 82, cuaderno 2).

El soldado Malpica Hernández no se enteró si estaban armados: “No en el momento yo no me di cuenta porque se oían disparos de todo lado y después de lo ocurrido yo no me acerqué al carro a mirar y no supe” (folio 85, cuaderno 2). También manifestó: “En ningún momento tuve contacto con ellos” (folio 85, cuaderno 2).

b.5. Sobre la razón por la cual los uniformados dispararon al vehículo, el soldado Herrera Moreno insistió:

“El carro venía a gran velocidad y nosotros le hicimos señales de que parara pero no hizo caso a las señales ya que lo mandó fue por encima... El carro no (sic) lo hecho por encima a nosotros entonces nosotros nos quitamos para que no nos arroyara (sic) y disparamos y los policías venían detrás del vehículo y más adelante salieron más policías” (folio 81, cuaderno 2).

Al soldado Malpica Hernández le preguntaron la razón por la cual no intentó detener a los ocupantes del vehículo:

“Esa era mi intención capturarlos vivos pero ellos no acataron las señales de pare y aceleraron más el auto y intentando (sic) contra mi vida porque si no me quito me matan, y yo disparé fue a las llantas en una ocasión y mi compañero también (folio 85, cuaderno 2)

El agente Iván Rubio señaló sobre el particular:

“Eso fue por imprudencia del conductor por no acatar la orden de parar el vehículo ya que era prohibido estacionar en ese lugar, ya que es una zona restringida o de alto riesgo y como andaban de moda los carros bombas era sospechoso que estacionaran vehículos y el carro no hizo caso cuando los soldados le hicieron pare, y según tengo entendido por comentarios, en la calle 39 con carrera 13 dicho conductor del vehículo Renault 4 blanco, cruzó estando el semáforo en rojo y una señorita Agente de tránsito que se encontraba de servicio en dicho sitio le hizo el pare, le exigió los respectivos documentos y le reclamó del por qué se había pasado el semáforo en rojo, según versiones de gente que se dio cuenta el carro arrancó y casi atropella a la Agente de Tránsito, de inmediato la señorita de Tránsito le pidió ayuda al compañero Osorio que estaba de servicio en dicha Embajada, de inmediato el compañero trató de parar el vehículo y el señor conductor no hizo caso a dicha orden y se llevó al compañero Osorio lanzado en el vehículo con el fin de que el señor parara y éste no hizo caso, de inmediato salimos nosotros a pie para tratar de hacer lo mismo con el fin de que parara continuó su marcha, nos regresamos nuevamente a la esquina donde estábamos y al momento ocurrieron los hechos de los cuales ya relaté…” (folio 139, cuaderno 2).

b.6. Acerca de las instrucciones sobre la manera como se debía prestar el servicio en la embajada, el Soldado Herrera Moreno manifestó lo siguiente:

“Nosotros antes de iniciar el servicio de la Embajada nos dicen que hay que estar bien parados y atentos a prestar seguridad en la Embajada y en sus al rededores de ella y así mismo si vemos un carro parqueado toca echarle pito hasta que se vaya. El uso de las armas en cualquier caso en que se trate de atender (sic) contra nuestra vida e integridad física, como en este caso podíamos disparar (folio 82, cuaderno 2).

Sobre el mismo aspecto, el soldado Malpica Hernández manifestó:

“Nos daban instrucciones de no dejar parquear ningún vehículo frente y alrededores de la Embajada Americana, estar atento a todo movimiento de vehículos y peatones debido a las circunstancias en que vivía la ciudad en ese momento, por los diversos atentados, carros bombas y demás artefactos. (folio 85, cuaderno 2) -

b.7. Posteriormente, oficiales superiores de la policía estuvieron en el lugar. El subteniente Alexander Jiménez Tapieres fue quien elaboró el informe sobre el incidente; en la ratificación del mismo, ante el juzgado de instrucción penal militar, manifestó lo siguiente:

“Se me informó por central de radio que me trasladara a la carrera 13 una cuadra adelante de la Embajada Americana, donde había resultado lesionado un señor que se movilizaba en un Renault Cuatro, al parecer por parte de personal uniformado del ejército y la policía, que se encontraban de servicio en dicho lugar, al llegar al lugar, se encontraba el vehículo Renault cuatro parqueado en un costado de la vía, con algunos impactos producidos al parecer por arma de fuego y sangre en su interior, se ordenaron las pruebas de balística del caso y se adelantó la investigación con el fin de verificar quienes se hallaban comprometidos en los hechos, estableciendo que al parecer el conductor del vehículo y su tripulante se desplazaban por la carrera 13 hacia el sur, y trataron de parquear el vehículo al frente de las instalaciones de la Embajada, como esta era zona restringida, fue retirado por los uniformados y por una agente de tránsito a quienes agredió verbalmente el conductor del vehículo y en forma sorpresiva, trató de arrollar un agente de policía, al ver esto los soldados que se encontraban en el lugar hicieron uso de su armamento de dotación fusil G-3, ocasionando los daños en el vehículo y las lesiones en la persona que posteriormente fallecería, como es ya de conocimiento, las personas involucradas en el hecho y los elementos fueron puestos a disposición del Fiscal que practicó el levantamiento del cadáver” (folios 74 y 75, cuaderno 2).

El teniente coronel José Antonio Tatis Pacheco, comandante de la Sijin de Bogotá en esa época, manifestó:

“Sí, yo tuve conocimiento de un hecho desafortunado frente a la embajada de los Estados Unidos, me trasladé al lugar de los hechos y encontré un vehículo Renault 4 que tenía unos impactos por la parte trasera que había causado heridas a una persona que iba en el asiento no recuerdo exactamente pero me parece que era en el asiento derecho y posteriormente me enteré que eran hermanos y tripulante del Señor Mayor López compañero de trabajo de aquí de la Mebog, los hechos se originaron por cuanto los tripulantes del vehículo estacionaron en una zona prohibida, al parecer alegaron con los soldados que estaba en servicio y bruscamente se alejaron del lugar, produciéndose los disparos de parte de otros soldados que se encontraban en sitio distinto con la consecuencias anteriormente citadas... La patrulla que yo envié, no recuerdo cual fue, estableció que personal de soldados reconoció haber disparado y los impactos que estaban en el vehículo eran producidos por proyectiles de fusil y personal de la policía no tenía este armamento” (folios 105 y 106, cuaderno 2).

De acuerdo con lo anterior, se encuentra establecido que el ocho de marzo de 1993, Saúl Hernando López Álvarez murió a consecuencia de disparos de armas de fuego realizados por miembros de la fuerza pública, que se encontraban en turno de vigilancia en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. El occiso se desplazaba como acompañante en un vehículo conducido por su hermano; el incidente se originó en el estacionamiento en una zona prohibida frente a la sede diplomática, el conductor fue requerido por un agente de la policía y una agente de tránsito, se presentó un enfrentamiento verbal, y aquél arrancó el automóvil, probablemente arrastró al agente, quien disparó al piso, y otro agente realizó más disparos, de acuerdo a lo declarado por el soldado Ibáñez Serrano y el agente Iván Rubio. El agente salió corriendo detrás del vehículo, pidiendo ayuda a los uniformados que se encontraban en la embajada para que lo detuvieran. Los soldados que se encontraban en el extremo sur de la embajada, se atravesaron al vehículo y le ordenaron parar; éste no se detuvo, y una vez pasó procedieron a dispararle a la parte trasera, con su fusiles de dotación, tal como lo reconocieron en sus declaraciones los soldados Herrera Moreno y Malpica Hernández. El automotor se detuvo una cuadra más adelante, resultando herido el acompañante del conductor, quien murió poco después en un hospital de la ciudad. 

Se concluye, entonces, que la muerte del señor Hernández López fue causada con arma de dotación oficial, disparada por miembros de la fuerza pública que se encontraban prestando servicio de vigilancia en la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Bogotá. El daño por el cual se demanda es imputable a la administración, lo cual es suficiente para declarar la prosperidad de las pretensiones de la demanda. 

La parte demandada alegó en el curso del proceso que el incidente se debió a la conducta imprudente del conductor del vehículo, en cuanto parqueó en zona prohibida, atacó al agente de policía y la agente de tránsito que lo reconvinieron y huyó del lugar, desobedeciendo las ordenes de pare, impartidas por los miembros de la policía y del ejército, lo que configuraba la culpa exclusiva de un tercero o por lo menos la concurrencia de culpas, en los términos del artículo 2357 del Código Civil .

Para la Sala, la conducta de los miembros de la fuerza pública no tiene ninguna justificación. Es cierto que se trataba de una zona restringida para parquear, por lo que la ubicación del vehículo, en el que se desplazaba el occiso, en ese sitio, configuraba una infracción de tránsito; así mismo, la actitud grosera del conductor del vehículo, contra los agentes de policía y de tránsito, podía dar lugar a una medida correccional de policía; lo mismo se podría decir de la conducta asumida por el conductor, al huir del lugar, sin que acatara las ordenes de pare, tanto de agentes de policía como de soldados. También es claro es claro que se trataba de una zona de riesgo de atentados dinamiteros y que para su prevención era adecuado prohibir el estacionamiento de automotores en ese sitio. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el caso concreto, se trata de dos situaciones diferentes. De ninguna manera puede llegarse a la conclusión de que toda infracción de tránsito que se presentara en ese lugar, autorizaba, a quienes prestaban servicio de vigilancia en él, a utilizar sus armas de dotación. En efecto, de las pruebas que obran en el proceso, no puede acreditarse ninguna actitud de los ocupantes del vehículo que llevara a inferir que iban a realizar un atentado contra la embajada, y que autorizara a los miembros de la fuerza pública para hacer uso de sus armas. Por el contrario, desde el momento en que el vehículo se estacionó en zona prohibida, los ocupantes del mismo fueron inmediatamente abordados por agentes de la policía, por lo que la situación se circunscribió exclusivamente a la infracción de tránsito que se estaba cometiendo, lo cual fue claro, tanto para los uniformados que la atendieron directamente, como para los que se encontraban cerca de ellos. Si bien el conductor huyó del lugar, la reacción reflejo de los agentes fue el uso de sus armas de dotación sin considerar ninguna otra forma de detenerlo; así lo manifestaron el soldado Ibáñez Serrano y el agente Iván Rubio quienes, inmediatamente huyó el automóvil, el primero observó al agente de policía que atendió la situación disparar al piso y el segundo escuchó disparos por parte de los policías que estaban alrededor. Resulta aún más sorprendente la conducta asumida por los soldados de la policía militar quienes se limitaron a manifestar que dispararon al vehículo porque no se detuvo, sin entrar a evaluar si la situación tenía que ver con un ataque a la embajada, cuya protección era la misión específica a la que estaban destinados en ese momento. 

De lo anterior se concluye que no se probó la causal de exoneración alegada por la demandada, cuando le correspondía la carga de hacerlo. Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

De acuerdo con lo anterior, se revocará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la demandada.

4. Llamamiento en garantía

En cuanto a la situación de los soldados Oscar Hernández Malpica y Jhon Herrera Moreno, llamados en garantía por la demandada, la Sala estima que la conducta de los dos miembros de la fuerza pública fue culposa. Se entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto confió imprudentemente en poder evitarlos. Después de intentar inútilmente parar el vehículo, los dos utilizaron sus armas de dotación, apuntando, supuestamente, a las llantas traseras, con los resultados ya conocidos.

Ahora bien, la Sala considera que esta conducta de los dos llamados en garantía configura culpa grave. El artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste “en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.

En este caso, está demostrado que la única razón que tuvieron los soldados, para realizar los disparos, fue el hecho de que el vehículo no se detuviera; si bien manifestaron que trató de atropellarlos, los disparos no los hicieron para defenderse de tal situación, pues los realizaron después de que el vehículo había pasado. Ninguno de los dos sabía del incidente de la infracción de tránsito, como tampoco que los ocupantes del vehículo estuvieran armados, pues ni siquiera tuvieron contacto con ellos, como lo manifestó el soldado Herrera Moreno respecto de lo primero y el soldado Malpica Hernández respecto de lo segundo. Los soldados sabían que su misión consistía en proteger la embajada, y nada de lo que se encuentra acreditado respecto del incidente de la muerte de Saúl Hernando López Álvarez, permitía establecer que efectivamente el lugar estuviera en peligro o fuera a ser atacado por los ocupantes del vehículo; los soldados, sin ninguna evaluación de la situación, procedieron a disparar al vehículo, sin preocuparse por establecer si el episodio tenía alguna relación con la misión que cumplían en ese momento.

Conforme a lo anterior, se concluye que los soldados Herrera Moreno y Malpica Hernández, sin prever que con sus disparos podían herir mortalmente a los ocupantes del vehículo, incurrieron en culpa grave. La demandada podrá repetir, contra los dos llamados en garantía, por el 50 % de la condena.

4. Indemnización de perjuicios

En cuanto a la indemnización de perjuicios se tiene lo siguiente:

a. Debe notarse, inicialmente, que el demandante José Obelio López Álvarez no acreditó su parentesco con el occiso ni probó su condición de damnificado en el presente caso; se negará, entonces, lo solicitado por él en la demanda.

b. Respecto del daño moral ocasionado, se encuentra acreditado en el proceso que Saúl Hernando López Álvarez estaba casado con Guillermina Carreño Silva; de esa unión nacieron Linda Liliana, Claudia Marcela y Andrea Carolina López Carreño, de acuerdo con los registros civiles de matrimonio y de nacimiento de las notarías quinta y séptima de Bogotá (folios 12 a 15, cuaderno 1). De la misma manera quedaron demostradas las buenas relaciones de los miembros de las familias López Carreño, y el dolor sufrido por la muerte de su esposo y padre, de acuerdo con la declaración del señor Orlando Alfonso Rodríguez Chocontá (folios 165 a 167, cuaderno 2).

Demostradas tales relaciones de parentesco, alegadas en la demanda, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores citados tenían un nexo afectivo importante con la víctima, que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, y que, por lo tanto, aquéllos sufrieron un profundo pesar con la muerte de éste. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso, y la declaración referida para tener demostrado el daño moral reclamado por los mencionados demandantes.

Sin embargo, conforme a lo expresado en sentencia reciente, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(7). No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que, en este caso, se solicita en el libelo condenar a la entidad demandada al pago, por este concepto, en la suma equivalentes a mil gramos de oro, para cada uno de las demandantes, según lo indicado atrás, y dado que, en la fecha de esta sentencia, dicha suma, correspondiente a $ 34.479.200.oo para los mil gramos de oro, equivalente a 96.31 salarios mínimos legales, es inferior a aquélla que equivale al número de salarios mínimos antes indicados, se accederá a la petición formulada, a fin de respetar el principio de congruencia, y la Sala se limitará a expresar su valor en pesos, en la parte resolutiva de esta sentencia.

b. En cuanto a la determinación de los perjuicios materiales, debe precisarse que en la demanda únicamente fueron solicitados en la modalidad de lucro cesante.

Respecto de la dependencia económica de las demandantes respecto del occiso, el declarante Orlando Alfonso Rodríguez Chocontá afirmó: “... sé que ejercía la profesión [de abogado] con algún éxito en el último año de su vida y sé que su nivel de vida era bueno, era lo que yo apreciaba. Respondía por los gastos de su familia y de sus hijas”; también manifestó: “Escuché siempre hablar a Hernando con ilusión y cariño de sus hijas, de la ilusión que hicieran una carrera profesional, especialmente Liliana y había mucho cariño y atención de las hijas a el (sic) padre, fue lo que pude percibir...” (folio 165 y 166, cuaderno 2).

De acuerdo con lo anterior, se accederá a reconocer la indemnización solicitada en favor de las demandantes Guillermina Carreño viuda de López, esposa del occiso, Andrea Carolina y Claudia Marcela López Carreño, hijas del mismo y menores de edad al momento de su deceso. No ocurre lo mismo con Linda Liliana López Carreño dado que, si bien era hija del afectado, al momento de su deceso era mayor de edad y no obra ninguna prueba en el proceso de que dependiera económicamente de él.

En cuanto al monto de los ingresos mensuales del Saúl Hernando López Álvarez, al momento de su deceso, con la demanda fueron aportados dos certificados: uno de ingresos, del contador público Gustavo Hernández Bonilla, en el que se manifiesta que devengaba la suma de $ 920.000.oo mensuales, el cual fue, posteriormente, reconocido por quien lo suscribió (folio 16, cuaderno 1, y 181, cuaderno 2). Otro, de la promotora Guadalupe Ltda., en el que se acredita una asignación mensual de $ 300.000.oo, por servicios de asesoría jurídica (folio 17, cuaderno 1). En el reconocimiento de dicho documento por el señor Enrique Jiménez, quien la firmó, manifestó lo siguiente:

“Aclaro que en ningún momento yo le pagaba trescientos mil pesos como sueldo a él, de él utilizaba sus servicios profesionales, cancelándole por cada negocio que él terminaba, como eran, lanzamientos, escrituras, minutas que se hacían y todo lo relacionado con la inmobiliaria y finca raíz” (folio 164, cuaderno 2).

También obran extractos bancarios del banco Citibank de la “cuenta rentable” de la que era titular occiso, en la que constan saldos por diferentes sumas de dinero, entre noviembre de 1992 y marzo de 1993 (folios 169 a 180, cuaderno 2).

De las anteriores pruebas no se puede deducir el monto exacto de los ingresos del occiso, dado que no tiene ningún fundamento fáctico la certificación del contador público y la certificación de la empresa se ve desvirtuado por lo manifestado por quien la suscribió; tampoco se puede deducir un ingreso cierto de los extractos bancarios.

No hay prueba que permita deducir el porcentaje que, de sus ingresos, dedicaba el occiso a gastos personales y familiares; por lo tanto, es necesario aplicar las reglas de la experiencia, como tradicionalmente ha venido haciéndolo la Corporación. En efecto, aplicando dichas reglas, no se puede afirmar que la víctima dedicaba todos sus ingresos a las sobrevivientes, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia. No hay un principio exacto para determinar el porcentaje que debería descontarse por gastos personales, asunto que depende del número de personas a cargo; en este caso, tratándose de la esposa y dos hijas, se ha dicho que destinaría el 25 % de sus ingresos a su manutención y aportaría el porcentaje restante a gastos familiares, como lo ha reconocido la jurisprudencia en reiteradas oportunidades.

De otra parte, si bien se encuentra acreditado el perjuicio material sufrido por las demandantes, no se encuentra acreditada su cuantía, lo que se explica por la actividad económica independiente a la que se dedicaba el señor López Álvarez, como abogado litigante, cuyos ingresos, generalmente, no son fijos. Se dará, entonces, aplicación a la tesis ya sostenida por esta Sala en otras oportunidades(8), presumiendo, con fundamento en el hecho probado de que la víctima se dedicaba a una labor productiva, de la cual derivaba el sustento para sí y para su familia, que obtenía de su trabajo una suma equivalente al valor del salario mínimo.

Aplicando la fórmula utilizada reiteradamente para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (devengada por la víctima al momento de su muerte) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que ocurriera hecho dañino(9).

F148341.1
 

Teniendo en cuenta que el salario mínimo vigente en la fecha en que se profiere esta sentencia equivale a la suma de $ 358.000.oo, superior a la que resulta de actualizar el salario mínimo vigente en la época en que ocurrieron los hechos, se tendrá en cuenta aquélla para efectuar la liquidación respectiva. Se deducirá de dicha suma el 25%, correspondiente al valor aproximado que Saúl Hernando López Álvarez debía destinar para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 268.500.oo.

El 50% de este valor ($ 134.250.oo) se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la esposa Guillermina Carreño viuda de López, y el 50% restante se dividirá, en partes iguales, entre las dos hijas, Claudia Marcela y Andrea Carolina López Carreño, de modo que la suma base para el cálculo de la indemnización a que tiene derecho cada uno de ellas será de $ 67.125.oo.

Se tendrá en cuenta, además, que, en el momento de su muerte, Saúl Hernando López Álvarez tenía 44 años -así se desprende del registro civil de matrimonio y del acta de inspección de cadáver, que obran a folios 12 y 19 del cuaderno 1- y, por lo tanto, una vida probable de 31.94 años (383.28 meses), según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria, por resolución 996 de 29 marzo de 1990. Adicionalmente, su esposa, menor que él, en la fecha de los hechos tenía 40 años de edad (folio 12, cuaderno 1), tenía, entonces, una vida probable de 35.39 años, de acuerdo con la tabla citada, por lo que se tomara en cuenta la vida probable del occiso.

La indemnización a que tienen derecho la señora Guillermina Carreño viuda de López comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 134 meses, y el otro, futuro o anticipado, que corre desde la presente fecha hasta el fin de la vida probable del occiso, para un total de 249.28 meses.

En cuanto a las demandantes López Carreño, conforme a las reglas de la experiencia se supone que dependerían económicamente de su padre hasta llegar a la mayoría de edad, lo que ocurrió el 27 de febrero de 1995, en el caso de Claudia Marcel; y el 27 de octubre de 1999, en el caso de Andrea Carolina (folios 14 y 15, cuaderno 1). La indemnización que les corresponde tendrá, entonces, el período comprendido desde la fecha de los hechos hasta cumplir los 18 años, 23 y 79 meses, respectivamente.

De lo anterior, resulta lo siguiente:

Guillermina Carreño viuda de López:

Indemnización debida o consolidada:

For gen 18
 

F148342
 

Indemnización futura o anticipada:

For gen 19
 

F148343
 

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 44.646.358.oo

Claudia Marcela López Carreño:

Indemnización debida o consolidada:

For gen 18
 

F148344
 

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 1.629.415.oo.

Andrea Carolina López Carreño:

Indemnización debida o consolidada:

For gen 18
 

F148345
 

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 6.447.698.oo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de dos de octubre de 1997, proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

DECLÁRASE a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, responsable de la muerte de Saúl Hernando López Álvarez, ocurrida el ocho de marzo de 1993, en la ciudad de Bogotá.

CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a pagar a Guillermina Carreño viuda viuda (sic) de López, Linda Liliana López Carreño, Claudia Marcela López Carreño y Andrea Carolina López Carreño, por concepto de perjuicios morales, la suma de treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos pesos ($ 34.479.200.oo), a cada una de las demandantes.

CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar a las demandantes, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero: a) a Guillermina Carreño viuda de López, la suma de cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho pesos ($ 44.646.358.oo); b) a Claudia Marcela López Carreño, la suma de un millón seiscientos veintinueve mil cuatrocientos quince pesos ($ 1.629.415.oo); y c) a Andrea Carolina López Carreño, la suma de seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos ($ 6.447.698.oo).

CONDÉNASE a Oscar Hernández Malpica y Jhon Herrera Moreno, a pagar a la demandada el cincuenta por ciento (50%) de las sumas que, conforme a lo dispuesto en esta providencia, dicha entidad está obligada a pagar a los demandantes.

DENIÉGANSE las demás pretensiones de las demandas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, Presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Nora Cecilia Gómez Molina—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

2 Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024.

3 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente: 12.696, actores: José Tulio Timaná y otros.

4 Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de septiembre de 2002, expediente: 13.399, actores: Raúl Alberto Dajil Rocha y Otros. En el mismo sentido se puede ver las sentencias: de cuatro de diciembre de 2002, expediente 13.623, actores: Bernardina Mendoza y otros; de 29 de enero 2004, expediente: 14.018 (R- 0715), actores: Eduardo Varón Caro y otros; de 29 de enero de 2004, expediente: 14.951, actores: María Leonor Ahumada de Castro y otros.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de septiembre de 2002, Exp. No. 13399.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2002, Exp. No. 13623.

7 Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.

8 Ver, entre otras, sentencias de la Sección Tercera, del 15 de septiembre de 1995, expediente 8488; 31 de enero de 1997, expediente 9849; 2 de octubre de 1997, expediente 10246; 25 de mayo de 2000, expediente 12162.

9 La cifra del denominador de la formula, resulta de multiplicar el índice de precios al consumidor de enero de 1994, 335.08, por 0.1258146, factor constante de conversión determinado por el DANE para relacionar índices entre los períodos 1981 a 1998, y 1999 hasta el presente, cuando se partió nuevamente de la base cien para el registro del índice.