Sentencia 25000-23-26-000-9813-01 de agosto 16 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 25000-23-26-000-9813-01

Nº interno: 14.838

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante : José Antonio Guayacundo y otros

Demandado: Bogotá D.C. y Hospital de Occidente “Kennedy”

Asunto: Sentencia

EXTRACTOS: «2.Consideraciones de la Sala:

2.1. El caso concreto.

El fallo recurrido será revocado para en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con el examen que hará la Sala de los extremos de la litis y de los puntos que deben ser objeto de pronunciamiento según el orden jurídico vigente, así: 2.1.1) Las pruebas que son decretadas deben recaudarse y no deben ser admitidas aquellas aportadas extemporáneamente; 2.1.2) Sobre la legitimación en la causa; 2.1.3) Sobre el acontecimiento generador del daño; 2.1.4) Sobre la relación de causalidad y 2.1.5) Sobre el daño antijurídico. Despejado lo anterior, se procederá con el ítem 2.2 en el que se hará la liquidación del monto indemnizable de acuerdo con las consideraciones expuestas.

2.1.1. Las pruebas decretadas deben recaudarse y no deben ser admitidas aquellas aportadas extemporáneamente.

Corresponde analizar la circunstancia en que fue proferida la sentencia apelada cuando aún estaba pendiente de ser rendido el dictamen decretado por el magistrado sustanciador en primera instancia. Al respecto, es del caso hacer notar que no se trató de una prueba de oficio —como equivocadamente se manifestó— (fl. 130, C1), sino de una que había sido oportunamente solicitada por la parte actora (fl. 7, C1), cuyo decreto resultó aplazado hasta tanto llegaran algunas otras piezas documentales que en su momento el a quo consideró necesarias para el efecto. El caso es que según el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil resulta claro que las pruebas —sean de oficio o a solicitud de parte—, son decretadas precisamente “cuando el magistrado o juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes” y, por ello, no es comprensible que ante alguna dificultad que pueda darse al querer practicarla el juez se resigne y prácticamente renuncie a su recaudo sin antes haber agotado los poderes de orientación e instrucción con que cuenta. El solo reiterar oficios que ya han sido librados no parece ser un esfuerzo considerable, comparado con todo aquello a lo que, siempre en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, el juez puede y debe acudir para hacerse obedecer.

Y por otra parte, esta corporación ha manifestado en varias oportunidades que no deben ser valoradas las pruebas que son aportadas de manera extemporánea al proceso, referidas a hechos que debieron ser acreditados en los momentos dados por la ley.

Tanto la necesidad de insistir en la práctica de las pruebas cuando ya han sido decretadas, como la necesidad de proscribir la introducción de pruebas extemporáneas al proceso, son cuestiones que tienen incidencia en el sub exámine. Lo primero, porque la Sala estima que ante la renuencia de la institución requerida para rendir experticio, el tribunal no insistió lo suficiente; lo segundo, porque nada dijo la sentencia recurrida acerca de la conducta procesal de la parte actora, la cual, junto con sus alegatos, arrimó algunas documentales por fuera de las etapas procesales autorizadas para el aporte o recaudo de las pruebas.

En aplicación del artículo 183 del Código de Procedimiento Civil la Sala valorará el dictamen rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que si bien llegó al expediente cuando ya estaba publicada la sentencia recurrida, de él se corrió traslado a las partes en segunda instancia. En cambio, no serán valoradas las pruebas documentales traídas por la actora con sus alegatos de conclusión de primera instancia, por ser manifiestamente extemporáneas.

Cabe recordar que el ordenamiento jurídico vigente, con el ánimo de dotar de garantías y reglas claras a los justiciables, ha establecido que todas las normas procesales —desde luego incluidas las referidas a pruebas— “son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas” (1) ni por la voluntad de las partes, ni por la del juez. La anterior regla, si es aplicada de manera consistente y sin tantas rectificaciones que pueda convertirse en excepción, en vez de un rasgo formalista viene a ser más bien una importante garantía para los justiciables, puesto que permite a todos los partícipes del proceso hacer valoraciones mucho más sensatas acerca de cuál es realmente su situación, con la seguridad de que esta será estable, sea favorable o no.

Las partes tienen cargas procesales que deben ser asumidas dentro de las oportunidades señaladas por la ley y, como no puede dar lo mismo cumplir con ellas que no hacerlo, el constituyente al respecto hizo una declaración fundante y decisiva: “Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado” (C.P., art. 228).

Cierto es que en todas las latitudes y desde hace tiempo “el legislador, la jurisprudencia y la doctrina se esfuerzan, por diversos medios, con procedimientos técnicos adecuados, por ayudar a las víctimas, sobre todo asegurándoles, desde el punto de vista de la prueba y en la lucha judicial, una situación tan favorable como sea posible” (2) , pero no por ello puede aceptarse que el proceso deje de ser, un “conjunto ordenado” de actos, regido por reglas polivalentes, estables y comunes para quienes en él intervienen, para pasar a convertirse en un certamen variopinto en el que el repentismo suple toda técnica o todo orden y la incuria en el cumplimiento de los deberes procesales pase a ser asunto de consabida insignificancia.

En ese contexto, la imposición de oportunidades procesales —y la exigencia de su cabal cumplimiento— no son cuestiones que impidan la realización de la justicia, sino la consecuencia deseada de una declaración hecha por el legislador acerca del modo en que la justicia debe realizarse.

2.1.2. Sobre la legitimación en la causa y la representación judicial de las partes.

La legitimación por activa está plenamente acreditada con los registros civiles tanto del fallecido (fl. 1, C2) como de sus hermanos (fls. 4 a 7, C2), así como por el registro civil de matrimonio de los padres (fl. 3, C2) y el registro civil de defunción de la víctima (fl. 2, C2). En cuanto a su representación judicial, está bien acreditada con los poderes que fueron otorgados a los apoderados (fls. 1, C1 y 126, C2).

Si bien dentro del proceso se ha discutido acerca de la existencia del Hospital de Occidente “Kennedy” para el momento en que ocurrieron los hechos, la Sala no duda que para cuando fue prestado el servicio, entre el 27 de junio y el 3 de julio de 1992 —al margen de los intríngulis administrativos que pudieran haber retardado el proceso de descentralización iniciado, así como la aprobación de los estatutos— el centro médico asistencial ya estaba dotado de personalidad jurídica, puesto que mediante Acuerdo 20 del 8 de diciembre de 1990, artículo 15, con supina claridad el Concejo de Bogotá dispuso:

“Crear como establecimientos públicos distritales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritos a la Secretaría Distrital de Salud, los siguientes hospitales, policlínicos y centros de salud:

Nivel III: Hospitales Simón Bolívar, Hospital de Occidente ‘Kennedy’, Hospital La Victoria y Hospital El Tunal (...)” (resalta la Sala).

Por consiguiente, que el señor apoderado del hospital accionado haya propuesto la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” valiéndose de razones tan deleznables como la propia inexistencia de la institución, cuando era evidente lo contrario, comporta una actitud temeraria que entraña por lo menos, falta de lealtad no solo hacia todos los demás partícipes del proceso sino hacia la recta administración de justicia, lo cual merece un pronunciamiento admonitorio que ha de conllevar a la condena en costas, como en efecto la Sala dispondrá.

Nadie mejor que la propia institución puede saber desde cuándo obtuvo su propia e independiente personalidad jurídica, cuestión que según las pruebas mencionadas ocurrió desde el mes de diciembre del año 1990, cuando el Consejo Distrital la erigió en establecimiento público mediante la expedición del Acuerdo 20 de 1990, por lo cual resulta, más que inexplicable, inadmisible que cuatro (4) años después de haber obtenido su propia personalidad jurídica haya sido esa misma entidad pública la que hubiere alegado su inexistencia jurídica, sosteniendo que carecía de tal personalidad, todo para efectos de proponer, sin fundamento alguno y en contra de toda evidencia la mencionada excepción.

2.1.3. Sobre el acontecimiento generador del daño.

En el sub exámine, se aprecia que la parte actora fundamentó su pretensión en el título jurídico de imputación “falla en el servicio” médico asistencial prestado por el Hospital de Occidente “Kennedy”, acogiéndose además a que esa falla es presunta según lo ha aceptado de una manera excepcional la jurisprudencia en ciertos casos de responsabilidad médica, aun cuando el señor apoderado que a la postre actuó en representación de los mismos demandantes intentó variar hacia el “riesgo excepcional” el fundamento de la pretensión al alegar de conclusión, es decir, por fuera del término dado por el ordenamiento procesal (CCA, art. 208). Al respecto se impone señalar que los alegatos de conclusión no pueden convertirse en oportunidades para modificar las pretensiones de una demanda y tampoco para modificar la causa petendi. Corresponde entonces decidir si está o, no está, acreditada la falla endilgada a la administración.

En la sentencia recurrida, el a quo expresó que era “dable aplicar la teoría de la falla en el servicio presunta” en la cual “la regla general consistente en que al demandante le incumbe probar los hechos de la demanda se atenúa en el sentido que no está obligado a probar la conducta culposa o negligente del demandado”, sino “la administración, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que no violó ningún contenido obligacional”.

Una de las primeras cuestiones que vale la pena detallar a propósito de esa consideración del a quo, es que no basta con que el juzgador declare que dará cabida a la presunción de marras o que manifieste tener conciencia sobre la existencia de esta y sobre la necesidad de darle aplicación en el caso. Más allá de ello, es necesario que el juzgador, realmente, la aplique. Enseguida se verá que en el sub exámine, a pesar de haberse justificado la necesidad de invertir la carga de la prueba, en vez de haber dado aplicación a la presunción de falla el a quo dedujo que la conducta médico asistencial fue correcta porque la parte actora no pudo probar sus afirmaciones.

Una segunda precisión viene dada por la necesidad de aclarar que la aplicación de la falla presunta a un caso, no lo hace per se de responsabilidad objetiva, sino que aún siendo justiciable bajo el sistema de responsabilidad subjetiva entra a caracterizarse porque no corresponde al accionante acreditar la falla, sino al accionado probar la diligencia y el cuidado debidos, pero el análisis del acontecimiento generador del daño resulta imprescindible porque hay necesidad de hallar o descartar en él un defecto de conducta.

La tercera precisión que se hace plausible, luego de repasar las afirmaciones del a quo arriba transcritas (§ 1.4), es que la aplicación de la “teoría de la falla presunta” podría darse en el ámbito de la responsabilidad médica, no porque hayan ocurrido “actos quirúrgicos” exclusivamente, sino por haberse dado un “acto médico”.

Definir si un adecuado tratamiento médico habría salvado la vida del joven Oscar Orlando Guayacundo Suárez es cuestión que no debe ser estudiada bajo este epígrafe, sino bajo la noción de “causalidad”; en cambio, definir si el paciente fue privado de una oportunidad de recuperación y si ello contraría la noción de diligencia y cuidado que estaba a cargo del centro médico asistencial, es lo que ahora analizará la Sala.

Al perquirir por este elemento de la responsabilidad, para constatar o descartar una falla en la prestación del servicio médico asistencial, el a quo al parecer se limitó a acudir a su intuición en un tema en el que estaba necesitado de consideraciones científicas, cuya utilidad y pertinencia ya habían sido reconocidas por el propio magistrado ponente al decretar la correspondiente prueba pericial.

Como ya se expuso, para el a quo “[e]l hospital oportunamente explicó las razones por las que se le dio el manejo hospitalario sin que pueda el juez por vía de su especialización extraña a la medicina, concluir en lo contrario” (fl. 141, C1). En efecto, al no haber hecho lo necesario para recaudar la prueba pericial que había sido decretada, el tribunal no tenía por qué concluir algo diferente a lo manifestado por el señor apoderado del hospital.

Sin embargo, dado que ya obra en el expediente el dictamen pericial del que las partes tuvieron conocimiento sin formular objeción alguna, la Sala encuentra por las valoraciones contenidas en el mismo que la conducta del centro médico asistencial estuvo lejos de ser diligente y cuidadosa. Para la Sala, en este estadio del análisis poco importa si, como consideró el a quo, el proceder el centro médico asistencial “fue de tal deficiencia que generó la muerte”, porque lo determinante, más bien, es concretar si hubo o no “deficiencia”, toda vez que esta comporta lo opuesto a la diligencia y cuidado que debió observar el ente demandado.

Para el médico “surge la relación obligacional cuando entra en contacto con un paciente enfermo” (3) , pero la complejidad misma de la relación jurídica médico-paciente hace que la actitud en estos casos deba ser extremadamente reflexiva. Está probado que, al momento de ingresar por urgencias y ser valorado el paciente, se ordenó un examen (tomografía axial computarizada —TAC—) que solo se vino a practicar seis días después, lamentablemente, solo para corroborar la existencia de una necrosis que, para entonces, ya se había hecho perceptible por observación directa en la región inguinal de Oscar Orlando.

Para la Sala, esa sola omisión alcanza para descartar la idea de “diligencia y cuidado” cuya prueba estaba a cargo de la entidad médica accionada, sin embargo, ningún denodado esfuerzo argumental hay que hacer para adosar a esa omisión otra más, cual fue la de no suministrar antibióticos, máxime si, como bien lo manifestó la accionada al contestar la demanda, la fascitis necrotizante “puede ocurrir a partir de los hematomas del tejido muscular a raíz del golpe inicial” y, en este punto, la Sala hace suyas las palabras de la perito a cargo del dictamen en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues, en efecto, “llama la atención que el paciente día a día se va amenizando, lo que amerita un estudio de la causa; sin embargo, el manejo consistió en reemplazar el volumen sanguíneo perdido”.

Si se repasa el periplo evolutivo que ha tenido la responsabilidad médica en nuestro medio, se encuentra que uno de los motivos que han hecho plausible la presunción de falla está relacionado con la ignorancia o el desconocimiento que el común de las personas tienen acerca de la medicina. De ello se sigue que en una recta aplicación del régimen de responsabilidad en esta materia no puede ser admisible confirmar o descartar la existencia de una falla en el servicio médico asistencial —o de su contracara que es la debida diligencia y cuidado— únicamente mediante la confirmación o el descarte que se haga de las afirmaciones de los demandantes, ocasionalmente fundadas en prejuicios. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió en el sub examine, puesto que el a quo consideró descartada la falla médica —y por consiguiente acreditada la diligencia y el cuidado— por no haber encontrado probado que (i) se infectó un hematoma por falta de tratamiento requerido, (ii) el centro médico asistencial no contó con los medios adecuados para ayudar a los enfermos y (iii) hubo omisión de trasladar al paciente a otro centro médico asistencial (fl. 141, C1), que fueron las 3 afirmaciones en que se apoyaron los demandantes.

2.1.4. Sobre la relación de causalidad.

En casos como el presente, la relación causal debe ser probada por el demandante (4) . Cierto es que en los pormenores médicos pueden mostrarse algo desorientados los apoderados, pero el manejo de la causalidad viene a ser, como se verá, un problema eminentemente jurídico que, como tal, debe estar al alcance de quienes deciden asumir la representación judicial de damnificados o accionados.

A propósito de la relación de causalidad, en el sub exámine resulta determinante definir si el choque séptico que aquejó al joven Guayacundo Suárez fue inherente solo a las lesiones sufridas por el accidente en que se vio involucrado, o si, por el contrario, en su evolución vino a ser determinante la calidad del servicio médico recibido.

En este punto algunas afirmaciones en el fallo del a quo necesitan ser matizadas, en tanto que algunas otras deberán rectificarse por la Sala, porque si bien en el campo de la responsabilidad médica el manejo de la causalidad se da de manera más extendida, que en los demás casos de responsabilidad, nunca llega a ser de forma contraria.

El a quo sostuvo que el deceso del joven Guayacundo Suárez no ocurrió “exclusivamente por la acción del hospital” (fl. 139, C1), pero lo determinante no es establecer si la acción o la omisión del hospital fue “exclusivamente” la causa del daño, sino si fue “eficiente”.

Casi nunca es posible encontrar que la causa de un determinado suceso sea “exclusivamente” otro hecho. Bien visto, la teoría de causalidad que en el sub exámine aplicó el a quo fue la de la “causalidad exclusiva”, que al decir de la doctrina “conforme a ella, para que la administración respondiera de los daños causados a alguna persona, estos debían haber sido causados por la exclusiva intervención de la misma; de manera que la ocurrencia de una causa extraña a la actividad administrativa, cualquiera que fuera, liberaba a la administración de su deber indemnizatorio” (5) . Pero por supuesto, “[e]sta tesis es (...) incorrecta: la ocurrencia de causas parece exigir naturalmente una coparticipación de todos sus autores en la reparación del daño, sin que la pluralidad de las mismas permita eximir por completo de esa obligación a ninguno de ellos” (6) .

También dijo el a quo que “[l]a causa inicial que da origen a esta cadena de siniestros posibles es este accidente, no la acción del Hospital de Kennedy, de tal manera que si aquello no ocurriera (...) jamás hubiese acudido en procura de atención hospitalaria”, pero no es de recibo esa forma de establecer la relación causal, ya que muchos otros eventos al igual que el accidente podrían ser, bajo la lógica de “si aquello no ocurriera”, la “causa inicial” de la muerte del joven Guayacundo Suárez —incluido su propio nacimiento—. Desde luego que la causa determinante del daño experimentado por los damnificados no es cualquier causa que, una vez retirada de la cadena causal, arroje como resultado no haber tenido que recibir atención hospitalaria.

Puesto que los daños ocurren precisamente por pluralidad de causas, otrora se utilizó —y excepcionalmente aún se utiliza en algunos casos— la llamada teoría de la “equivalencia de condiciones”, en la que, a todos los eventos que han tenido lugar para que pueda desencadenarse el daño, se les asigna igual importancia, para luego decir que de haber faltado alguno de ellos, el daño nunca se habría producido (7) , razón por la cual dicha teoría también ha sido denominada como “conditio sine qua non”, a partir de la que se concluye que un determinado fenómeno fáctico es la causa, por ejemplo de un daño, porque de no haberse dado aquel, nunca habría ocurrido este. No obstante, tal forma de establecer la relación causal tampoco puede tener lugar en este caso.

La Sala reitera que lo determinante no es dilucidar cuál pueda ser la “causa inicial”, desde una perspectiva puramente material, sino cuál ha sido la “causa eficiente y adecuada” desde una perspectiva eminentemente jurídica. Es, por consiguiente, la “causalidad jurídica” la que debe tener aplicación en el sub exámine, porque entre todas las circunstancias que se observan como eslabones de la cadena de acontecimientos que finalmente da lugar al daño, el juez debe seleccionar la que según las reglas de la experiencia resulte haber sido determinante para producir —sea por sí sola o sea como protagonista dentro de la cadena causal—, el daño irrogado.

Para el a quo el joven Guayacundo Suárez murió por un choque vehicular, a propósito del cual el demandante debió demostrar la responsabilidad de la administración distrital; pero para el ad quem el joven murió por un choque séptico a propósito del cual está demostrada la responsabilidad del centro médico asistencial accionado.

Tal choque séptico se dio por la falta de drenaje del hematoma que permaneció oculto por no haber realizado el TAC varias veces ordenado y, además, por no haber suministrado antibióticos al paciente, tal como lo indica la lex artis cuando hay trauma en pelvis. Ambas cuestiones comportan deficiencia en la prestación de un servicio que, de haberse prestado correctamente habría detectado el hematoma mediante el TAC y evitado su infección mediante el uso de antibióticos, aumentando así notablemente las posibilidades de recuperación para el paciente.

2.1.5. Sobre el daño antijurídico.

Los demandantes, como ya se refirió han acreditado su parentesco con la víctima y de ello se deduce —porque no hay pruebas que conduzcan a desvirtuar esa realidad de la vida humana— que son damnificados. Su indemnización, nótese, es procedente por haber sufrido daños morales y/o materiales por la muerte del joven Oscar Orlando Guayacundo Suárez y no únicamente por ser parientes de él.

De conformidad con ello, procede acceder a la pretensión de indemnizar los daños morales de los demandantes de conformidad con la orientación dada por esta Sala (8) , asignando a doña Ana Cecilia Suárez de Guayacundo y a don José Antonio Guayacundo Achury el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno, por la muerte de su hijo; en tanto que a Luis Antonio Guayacundo Suárez, Ernesto Guayacundo Suárez, Luz Marina Guayacundo Suárez y Alba Yolanda Guayacundo Suárez el valor equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno, por la muerte de su hermano.

En cuanto al daño material, la Sala ha manifestado en varios eventos, tan lamentables como el presente, que es dable aplicar una presunción a partir de una realidad, cual es que por lo menos hasta los veinticinco (25) años de edad, los hijos no emancipados que trabajan ayudan económicamente a sus padres. No obstante, si bien en el sub exámine está acreditado que el joven Guayacundo Suárez al momento de su muerte contaba con 23 años de edad y trabajaba en el diario El Siglo, es claro que este no convivía con sus padres.

Vista la foliatura no hay una prueba de la que pueda deducirse con la convicción necesaria que el fallecido brindaba auxilio económico a sus progenitores. Por tal razón la Sala no accederá a la indemnización bajo el rubro de daño material.

2.2. La liquidación del daño resarcible:

Por concepto de daño moral, dado que el salario mínimo legal mensual en la actualidad se tasa en cuatrocientos ocho mil pesos ($ 408.000), a cada uno de los actores corresponden las siguientes sumas:

Ana Cecilia Suárez de Guayacundo100 s.m.l.m.40.800.000
José Antonio Guayacundo Achury100 s.m.I.m.40.800.000
Luis Antonio Guayacundo Suárez50 s.m.l.m.20.400.000
Ernesto Guayacundo Suárez50 s.m.l.m.20.400.000
Luz Marina Guayacundo Suárez50 s.m.l.m.20.400.000
Alba Yolanda Guayacundo Suárez50 s.m.l.m.20.400.000
Total400 s.m.l.m.163.200.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el día 30 de octubre de 1997 dentro del presente proceso y, en su lugar, se dispone:

1. Declárase al Hospital de Occidente “Kennedy” administrativa y extracontractualmente responsable de la falla médica en que incurrió al prestar el servicio al señor Oscar Orlando Guayacundo Suárez entre el 27 de junio y el 3 de julio de 1992.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, el Hospital de Occidente “Kennedy” pagará a cada uno de los accionantes, a título de indemnización, las siguientes sumas de dinero:

Para Ana Cecilia Suárez de Guayacundo$ 40.800.000
Para José Antonio Guayacundo Achury$ 40.800.000
Para Luis Antonio Guayacundo Suárez$ 20.400.000
Para Ernesto Guayacundo Suárez$ 20.400.000
Para Luz Marina Guayacundo Suárez$ 20.400.000
Para Alba Yolanda Guayacundo Suárez$ 20.400.000
Total$ 163.200.000

3. La entidad condenada dará cumplimiento a la presente sentencia acatando lo preceptuado en los artículos 177 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo.

4. Condénase en costas al hospital accionado. Tásense por secretaría.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 6º del Código de Procedimiento Civil.

(2) Jousserand, Louis. “Del abuso de los derechos y otros ensayos”, Editorial Temis, Colección Monografías Jurídicas, Bogotá, 1982, páginas 70 y 89.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de octubre de 1999, expediente 12655, C.P.: Dra. María Elena Giraldo, actor Bernardo Roldán y otros.

(4) “En otras palabras, no basta con acreditar una omisión en abstracto, en tratándose de la actividad médica, sino que por el contrario, se reclama una prueba que permita inferir, con visos de realidad, que la conducta asumida por el médico o ente hospitalario, deviene causa regular y adecuada de la consecuencia o evento dañino que se materializa (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de mayo de 1999, expediente 11.949, C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández, actor Fabio Velásquez y otra.

(5) Santamaría Pastor, Juan Alfonso. “Principios de Derecho Administrativo”, Volumen II, Tercera Edición, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2002, página 493.

(6) Ibídem.

(7) Para que en la actualidad se pueda llegar a dar aplicación excepcional a la “equivalencia de condiciones” es necesario que los diferentes acontecimientos de la cadena causal en verdad tengan igual importancia o trascendencia frente al resultado, descartando la posibilidad de que esa importancia “se les asigne” por igual a todos los acontecimientos de la cadena causal.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

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