Sentencia 14861 de abril 15 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

CONTRATACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

EXTRACTOS: «En cuanto se refiere a la causal de nulidad del inciso 2º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996, conviene transcribir dicho precepto así:

“ART. 5º—(...)

De conformidad con el inciso 4º del artículo 81 del Decreto-Ley 1295 de 1994, en ningún caso la ARP, sufragará el monto de honorarios o comisiones cuando la intermediación sea contratada por el empleador para la selección de la ARP. (...).

A su vez el inciso 4º del artículo 81 del Decreto-Ley 1295 de 1994, preceptúa:

“ART. 81.—Promoción y asesoría para la afiliación. (...).

Si para la selección de la administradora de riesgos profesionales el empleador utiliza algún intermediario, deberá sufragar el monto del honorario o comisión de éste con cargo a sus propios recursos, y en ningún caso dicho costo podrá trasladarse directa o indirectamente al trabajador”.

El Decreto-Ley 1295 de 1994 ordena que si el empleador contrata un intermediario para obtener asesoría y poder así seleccionar su administradora de riesgos profesionales (ARP), es evidente que es él quien deba cancelar el monto de los honorarios o comisión. Cuando el reglamento le prohíbe a una ARP, que cancele dichos honorarios o comisiones, está propendiendo por la transparencia en la selección.

El reglamento en este caso lo que hace es reiterarle al empleador la prohibición prevista en el inciso 4º del artículo 81 del Decreto-Ley 1295 de 1996, de que su contraprestación por la asesoría recibida no la puede trasladar a otra persona, ya que es él quien debe asumirla con “sus propios recursos”.

(...).

Por consiguiente, si las ARP, entidades administradoras de riesgos profesionales están principalmente destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que surjan con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto-Ley 1295 de 1996, y sus funciones se orientan a lograr este propósito como lo advierte el artículo 80 ibídem, es evidente que sus recursos no deben desviarse al pago de honorarios o comisiones.

No están llamadas a prosperar las súplicas de la demanda por este aspecto.

En cuanto se refiere a la solicitud de nulidad del inciso 3º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996, conviene transcribir este precepto así:

“Las administradoras de riesgos profesionales podrán contratar intermediarios de seguros exclusivamente para la afiliación de nuevas empresas al sistema general de riesgos profesionales”.

(...).

Se afirma en la demanda que el inciso antes transcrito, incurre en una ilegalidad manifiesta de circunscribir la posibilidad de que las administradoras de riesgos profesionales contraten intermediarios de seguros a efectos de afiliación de nuevas empresas al sistema general de riesgos profesionales, negando la posibilidad de la participación de los intermediarios de seguros con el asesoramiento propio de los traslados que legalmente prevé dicho sistema, así como el desarrollo de las actividades de salud ocupacional que expresamente reconoce el Decreto-Ley 1295 de 1994.

Para resolver sobre la legalidad del inciso en mención, es indispensable hacer precisión sobre lo siguiente:

El Decreto 1295 de 1994 en el artículo 1º define el sistema general de riesgos profesionales como el conjunto de entidades públicas o privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos, las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

El artículo 7º del mismo decreto reglamentado, ordena que el sistema general de riesgos profesionales sólo podrá ser administrado por el Instituto de los Seguros Sociales y las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales.

El artículo 79 ibídem señala los requisitos que deben cumplir las entidades aseguradoras de vida para que puedan obtener autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales, y en el artículo 81 al referirse a la promoción y asesoría para la afiliación, dispone que:

“Las administradoras de riesgos profesionales deberán promocionar el sistema de riesgos profesionales, entre los empleadores, brindando la asesoría necesaria para que el empleador seleccione la administradora correspondiente”.

Las disposiciones del Decreto-Ley 1295 de 1994, antes mencionadas, permiten afirmar que sólo pueden ser administradoras de riesgos profesionales, el Instituto de los Seguros Sociales y las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria, y que es deber primordial de las mismas, la promoción del sistema entre los empleadores para que seleccionen la administradora correspondiente.

El inciso 3º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996, demandado, al disponer que las administradoras de riesgos profesionales pueden contratar intermediarios de seguros exclusivamente para la afiliación de nuevas empresas al sistema general de riesgos profesionales, prevé una hipótesis no contemplada en la norma que reglamenta, ordena que la contratación de intermediarios de seguros, es exclusivamente para la afiliación de nuevas empresas al sistema, cuando la norma superior al imponer la obligación de promoción, por ninguna parte establece que los intermediarios sólo pueden realizar la actividad, en relación con nuevas empresas.

En efecto, la normatividad reguladora del sistema general de riesgos profesionales, como parte del sistema de seguridad social que es, debe ser armónica con los principios rectores del sistema instituidos en la Carta Política. El artículo 48 de la C.N., dispone que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.

La Ley 100 de 1993 por su parte, desarrolló los principios constitucionales del sistema antes mencionado, señalando que su objeto es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de contingencias que le afecten.

Definió el principio de universalidad como la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, y la solidaridad como la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades, bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. El principio de integridad persigue la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población

Como antes se dijo, el inciso 3º del artículo 5º del Decreto 1530 de 1996 demandado, al circunscribir la contratación de intermediarios de seguros, exclusivamente para la afiliación de nuevas empresas al sistema general de riesgos profesionales, viola los principios rectores antes mencionados, y se convierte en un obstáculo para la efectividad de la promoción del sistema, limitación no prevista ni en la Ley 100 de 1993, ni en el Decreto 1295 de 1994.

En otros términos, el ejecutivo al señalar esa nueva hipótesis, desbordó la potestad reglamentaria. En consecuencia se declarará la nulidad de las expresiones “exclusivamente” y “nuevas” consagradas en el inciso 3º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996.

En cuanto se refiere a la nulidad del inciso 4º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996, debe estarse a lo dispuesto en el fallo del día 14 de agosto de 1997, expediente Nº 14.635 con ponencia del Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y mediante el cual se declaró nulo dicho inciso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda en relación con el inciso 2º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996.

DECLÁRASE la nulidad de las expresiones “exclusivamente” y “nuevas” consagradas en el inciso 3º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

Respecto de la solicitud de nulidad del inciso 4º del artículo 5º del Decreto Reglamentario 1530 de 1996, estése a lo dispuesto en el fallo del día 14 de agosto de 1997, expediente 14.635, proferido por la Sección Segunda de esta corporación, mediante el cual se declaró nulo este inciso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase, y una vez ejecutoriada, archívese el expediente».

(Sentencia de abril 15 de 1999. Expediente 14.861. Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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