Sentencia 14868 de agosto 31 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DAÑOS OCASIONADOS CON VEHÍCULO OFICIAL QUE FUE HURTADO

El hecho exclusivo del tercero libera de responsabilidad a la administración.

EXTRACTOS: «La Sala revocará la sentencia de primera instancia por medio de la cual el tribunal condenó tanto a la entidad demandada a pagar los perjuicios ocasionados a los demandantes, como a uno de los llamados en garantía a rembolsar a la entidad el monto de la condena pagada por esta, toda vez que los daños que padecieron los accionantes son imputables a la conducta exclusiva y determinante de un tercero.

La anterior conclusión se desprende del estudio de los diversos medios probatorios incorporados en el proceso, los cuales, como se verá, dan cuenta de lo siguiente:

Que el municipio de Cajibío (C) es propietario del vehículo Mitsubishi de placas OYA - 028 modelo 1990, destinado al servicio “oficial”, tal como se constata en su tarjeta de propiedad (fls. 284 y 284 vto.).

Que antes del accidente, el día 25 de abril de 1993, el automotor quedó debidamente guardado en el parqueadero habilitado en la cárcel del municipio, tal como enseguida se constatará en la transcripción de la declaración tanto del señor Leonel Manquillo Lubo (fl. 354 vto., c. 2), como en las afirmaciones hechas por su hermano al momento de formular denuncia y hacer la ampliación de la misma (fl. 289 vto., c. 2).

Que el alcalde, después de guardar el vehículo, conservó consigo la custodia de las llaves, las cuales llevó a su propia casa de habitación, poniéndolas a buen recaudo, tal como se desprende de su dicho, según el cual, “mi hermano tomó las llaves del vehículo sin mi autorización, dichas llaves las tenía en mi casa de habitación donde resido con mis padres, en la pieza donde duermo, en un nochero, dentro de una de sus gavetas” (fl. 289 vto., c. 2).

Que Leonel Manquillo Lubo sustrajo fraudulentamente de la habitación del alcalde las llaves tanto del vehículo antedicho como del candado del parqueadero donde el funcionario acostumbraba guardarlo tras sus tareas de rutina y se movilizó en dicho vehículo “el cual había tomado sin permiso o autorización de mi hermano Carlos Arbey Manquillo, quien era alcalde de este municipio” (fl. 354 vto., c. 2), tal como él mismo confesó en las diligencias penales que fueron traídas a este encuadernamiento.

Que el mismo día 25 de abril de 1993, ya de regreso a Cajibío, Leonel Manquillo Lubo conducía el vehículo y recogió a varias personas, entre las cuales se encontraban las víctimas por quienes los accionantes promovieron este proceso.

Que cuando se desplazaba por la vereda “La Alegría”, a la altura del kilómetro 68 más 800 metros, en la vía que de Santander de Quilichao conduce a la ciudad de Popayán, perdió el control del automotor ocasionando el accidente con las consecuencias conocidas.

Que por haber sustraído el vehículo oficial sin autorización alguna para ello y haberlo usado en actividades ajenas a la actividad de la administración, la justicia penal, en cabeza del Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán, mediante providencia de 10 de octubre de 1996 (fl. 516, c. 2), condenó a Leonel Manquillo Lubo a pena de prisión de doce meses y catorce días, como autor del delito de “hurto de uso”, así:

“1. Condenar a Leonel Manquillo Lubo, de condiciones civiles y personales consignadas dentro de este proveído, a la pena principal de doce (12) meses y catorce (14) días de prisión, como autor responsable de un delito de hurto de uso, del que se ocupa el Código Penal en su libro segundo, título XIV, capítulo primero, en sus artículos 352 y 349”.

La conducta del tercero causante del daño resultó ser imprevisible e irresistible para la administración, pues mal puede avizorarse o anticiparse que alguien, en el curso acostumbrado de las cosas, sea capaz de penetrar dolosamente en una habitación para hacerse a las llaves de un vehículo y las del portón de su parqueadero, para luego, sustraer el automotor para irse a realizar cuestiones que nada tienen que ver con la destinación del mismo.

Para la Sala, las situaciones fácticas que se dejan vislumbradas apuntan a señalar que la administración no tiene ninguna relación con los daños que se le imputan en el caso bajo estudio. La administración también fue víctima de un delito. Lo ocurrido solo se puede atribuir al hecho exclusivo y determinante de un tercero, desligado totalmente de cualquier relación jurídica con el centro de imputación, verdad esta que no puede desvanecerse con la sola constatación de que ese tercero resultó ser el hermano del funcionario a cuyo cargo se hallaba el vehículo.

Para la Sala no fue la administración, ora de manera directa o incluso de manera indirecta por razón de su incuria o irresponsabilidad, la que realizó la actividad peligrosa y en los hechos por los cuales el automotor salió de la esfera de control de la administración no se observa que esta hubiere incurrido en alguna conducta gracias a la cual la culpa del tercero pudiera dejar de ser exclusiva y determinante (1) .

Y ningún título jurídico de imputación de los que se hacen aplicables bajo la noción de responsabilidad sin falta puede ser endilgado a la administración, por cuanto no fue esta la que realizó la conducción de un vehículo que, aun cuando suyo, no se hallaba en el ámbito del servicio, sino que le fue sustraído de la esfera de su control por un infractor de la ley penal. Por consiguiente, solo de haber incurrido la administración en una conducta con ocasión de la cual palmariamente el vehículo hubiere resultado en manos del particular, podría tenerse por establecida la concausalidad en virtud de la cual la administración debería ser responsabilizada.

Ninguna de las pruebas conduce a pensar que la administración hubiere cohonestado, permitido o patrocinado —por lo menos de algún modo remoto— el comportamiento de quien sustrajo el automotor. Examinada la foliatura ninguna razón hay para suponer que el señor alcalde hubiere dado por lo menos una autorización tácita a Leonel Manquillo Lubo para utilizar el vehículo; por el contrario, lo que se constata en el denuncio penal que el burgomaestre impetró tres días después del accidente en contra de su hermano, es que este “tomó el vehículo sin ninguna autorización” (fl. 283, c. 2), afirmación que posteriormente corroboró (fl. 289 vto., c. 2) del siguiente modo:

“Sucede que el día 25 de abril del presente año, salí de mi casa de habitación, ubicada en esta población, como a eso de las siete de la mañana o siete y media de la mañana. Como a eso de las dos y media de la tarde llamaron a mi hermana Adiela Manquillo a avisarle que Leonel se había accidentado en el vehículo del municipio, en Santander de Quilichao, ante esta comunicación me trasladé al sitio de los hechos y me enteré que habían fallecido tres personas y el carro se encontraba en malas condiciones, mi hermano tomó las llaves del vehículo sin mi autorización, dichas llaves las tenía en mi casa de habitación donde resido con mis padres, en la pieza donde duermo, en un nochero, dentro de una de sus gavetas. (...) El carro se guardaba en el garaje que está ubicado en la cárcel municipal de este lugar”.

Y el mismo condenado por el delito de “hurto de uso” declaró en su oportunidad (fl. 354 vto., c. 2) que:

“Sí, yo recuerdo que fue un día domingo y me levanté temprano y lo recuerdo bien porque ese día tuve un accidente de tránsito en la localidad de Santander de Quilichao en un vehículo de propiedad del municipio de Cajibío, el cual había tomado sin permiso o autorización de mi hermano Carlos Arbey Manquillo, quien era alcalde de este municipio (...). Pues en la pieza donde dormía mi hermano Carlos Arbey Manquillo estaban las llaves del vehículo, por ahí, y entonces yo me las saqué y me dirigí allá al garaje donde estaba el carro (...)”.

Pero ante la pregunta de si “las llaves del vehículo que cogió usted sin permiso de su hermano Carlos Arbey Manquillo se encontraban en algún sitio guardadas o simplemente estaban a la vista?” (fl. 351 vto., c. 2) el indagado respondió:

“Estaban en un nochero al lado de la cama de mi hermano y yo me las encontré por casualidad y fue cuando prácticamente sin pensarlo tomé la determinación de hacer uso del carro”.

Para la Sala el hecho de que el alcalde referido hubiere dejado —e incluso guardado—, las llaves del vehículo en su habitación, después de haber guardado el vehículo en su acostumbrado parqueadero, también bajo llave, no comporta transgresión alguna al estándar razonable de diligencia que es exigible tanto a una administración prudente como a quien tiene a su cargo un vehículo oficial. No se observa que el vehículo hubiere sido abandonado, ni que sus llaves hubieren quedado a disposición de cualquier tercero sin prevención alguna.

No se advierte, en esa cadena de acontecimientos, omisión alguna en el deber de guarda, de acuerdo con lo que nuestra normatividad y nuestra jurisprudencia tienen establecido, tal como enseguida se verá.

Ahora bien, llegar a atribuir responsabilidad al municipio por hechos e imputaciones que no han sido objeto de debate —como que este podría ser responsable porque los funcionarios de la cárcel habrían permitido la sustracción del vehículo de sus instalaciones por alguien no autorizado—, conllevaría a realizar una modificación sustancial de la causa petendi y, aún así, el acervo probatorio existente no alcanzaría para llegar a esa o a similar conclusión.

Contrario a lo manifestado por la parte actora, obra en el encuadernamiento la exoneración de responsabilidad disciplinaria (fl. 140, c. 3) a favor del señor alcalde del municipio accionado, porque “del material probatorio recaudado emerge que no hay certeza de la comisión de la falta omisiva del deber de cuidado por parte del encartado”.

Extender la responsabilidad en este caso a la administración tendría más que ver con la desazón que suscita el que las víctimas no sean adecuadamente indemnizadas por el verdadero causante del daño, que con la aplicación de las reglas de responsabilidad que el derecho colombiano tiene establecidas de vieja data a propósito del “deber de guarda” (2) , respecto del cual esta corporación ha puntualizado:

“Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. (...).

En el caso que ocupa a la Sala, el vehículo que dio lugar a la producción del accidente era conducido por un particular, quien, además, conforme a lo expresado por varios testigos, era su propietario. Sin embargo, en el momento en que ocurrieron los hechos, dicho vehículo estaba a disposición de miembros de la Policía Nacional, quienes solicitaron la colaboración de aquel, para efectos de cumplir una función pública, esto es, prestar colaboración a algunos ciudadanos, cuyas propiedades se encontraban en peligro, conforme al aviso dado por estos mismos.

Así las cosas, considera la Sala que los agentes del Estado antes mencionados tenían a su cargo la guarda de la actividad peligrosa, en ejercicio de la cual se produjo el accidente. En efecto, de ellos dependían la dirección y el control de la actividad, en el momento preciso en que sucedieron los hechos. Por esta razón, se concluye que el daño causado a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, al accidentarse el vehículo citado, es imputable a la entidad demandada”.

La misma sentencia en comento, destacó cómo la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 22 de febrero de 1995, a propósito del “deber de guarda” explicó lo siguiente:

“Natural corolario que se sigue de todo cuanto queda expuesto es que, siendo una de las situaciones que justifica la aplicación del artículo 2356 del Código Civil el hecho de servirse de una cosa inanimada al punto de convertirse en fuente de potenciales peligros para terceros, requiérese en cada caso establecer a quién le son atribuibles las consecuencias de acciones de esa naturaleza, cuestión esta para cuya respuesta, siguiendo las definiciones adelantadas, ha de tenerse presente que sin duda la responsabilidad en estudio recae en el guardián material de la actividad causante del daño, es decir la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de donde se desprende, que en términos de principio y para llevar a la práctica el régimen del que se viene hablando, tienen esa condición: (I) El propietario, si no se ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de su parte, la perdió, razón por la cual enseña la doctrina jurisprudencial que ‘... la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener...’, agregándose a renglón seguido que esa presunción, la inherente a la guarda de la actividad, ‘puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, (...) o que fue despojado inculpablemente de la misma como en el caso de haberle sido robada o hurtada...’ (G.J. Tomo CXLII, pág. 188)” (negrillas de la Sala).

No hay duda de que en casos como el presente la causa extraña libera de toda responsabilidad al accionado, como tampoco que en la ocasión que se examina la verdadera causa del daño resulta totalmente extraña al accionado porque están dados, de manera por demás clara, todos los requisitos para que así sea.

Si bien el daño que sufrieron los demandantes se produjo con un vehículo oficial de propiedad de la entidad demandada, ocurre que esa situación resulta irrelevante para deducirle responsabilidad patrimonial a la administración, dado que esta perdió el control o custodia sobre el automotor y la actividad peligrosa que su conducción conlleva, no por su dejadez, sino por cuenta del delito que cometió una persona extraña a la administración, quien tomó la dirección de la cosa, asumiendo todos los riesgos inherentes a la conducción o explotación de la misma.

Lo expuesto sirve para reiterar que los hechos que dieron origen a la presente controversia se desencadenaron por culpa exclusiva y determinante de un tercero que, como se sabe, constituye uno de los elementos que desarticulan el nexo de causalidad, y liberan de responsabilidad a la persona natural o jurídica a quien en principio se podría atribuir la producción de los daños.

La doctrina (3) también ha precisado que el hecho de un tercero libera de responsabilidad cuando esa eximente reúne las siguientes características:

“a) Causalidad. La primera nota que debe poseer el hecho de un tercero es haber concurrido a la producción del evento dañoso, ligándose a este por una relación causal; de no mediar esta relación el hecho del tercero no puede ser configurado como causa extraña, susceptible de exonerar de responsabilidad al ofensor. (...).

Finalmente, ¿cuándo se entiende que un hecho emana de un tercero? Esto no ofrece mayores dificultades, y su respuesta solo supone la indagación de cuándo una persona es tercero; a tal respecto puede afirmarse que tercero es toda persona distinta de la víctima y del ofensor ... aún cuando debe formularse una reserva en lo que respecta a las personas de las cuales el ofensor es civilmente responsable, puesto que ellas no pueden, en relación a él, ser consideradas como terceros.

b) No provocado. Como acontece con otras causas de exoneración, no basta que el hecho dañoso sea en todo o en parte obra del tercero; se requiere, además, que el hecho del tercero, en última instancia no tenga su causa en una acción del ofensor, ya que si así fuera este debería ser considerado como único y exclusivo agresor. (...).

c) Finalmente existen dudas acerca de si el hecho del tercero debe ser ilícito. (...) Si el hecho del tercero constituye la única causa del evento dañoso no se requiere que sea en sí mismo ilícito, ya que su sola presencia basta para destruir la responsabilidad a cargo del presunto ofensor al eliminar el nexo casual que es uno de los supuestos de esta. En cambio, si el hecho del tercero ha concurrido con el hecho del ofensor, este último solo puede prevalerse de aquel como causa de exoneración a condición de que sea ilícito, puesto que si fuera lícito, el tercero no tendría obligación de reparar el daño causado por su hecho. De acuerdo con el texto que se deja trascrito, se advierte que el hecho del tercero adquiere la connotación de exonerar de responsabilidad patrimonial a determinada persona por los daños que hubiesen padecido los demandantes, cuando quiera que la intervención del tercero se encuentre total o completamente desligada de la actividad del centro de imputación a quien le atribuyeron los daños. Es decir, que esa capacidad, de eximir de responsabilidad se configura cuando su conducta fue la única causa determinante para producir el evento dañoso y además cuando el daño no tenga su causa en una acción u omisión del ofensor”.

Sin duda alguna, en el caso sub examine se reúnen los supuestos constitutivos del hecho de un tercero que abren paso para que la administración sea exonerada de responsabilidad frente a los hechos que se le imputan, toda vez que el automotor no se encontraba a su cargo o bajo custodia para el momento en que se presentó el accidente de tránsito, sino en manos de un extraño, quien se apropió del vehículo de manera ilegal y dolosa, hechos por los cuales fue condenado penalmente.

En estas condiciones, cuando la guarda de la cosa pasa a manos de un tercero por medios lícitos o ilícitos y tal situación se encuentra debidamente demostrada por el titular de dicho bien, ello lo libera de responsabilidad, por cuanto dejó de tener a su cargo la custodia o vigilancia de la misma y no puede ejercer el control directo y especial sobre aquella. Sin embargo es necesario precisar que el dueño o tenedor de la cosa resulta responsable de los daños que se ocasionen con la misma cuando quiera que la transfiera a un tercero sin advertirle de la presencia de algunos defectos, pues es su obligación enterarlo de esos desperfectos con el objeto de que extreme las medidas de seguridad o desista de obtener sus servicios. En cambio, cuando el bien que está bajo guarda o bajo esfera de control es hurtado o sustraído por la acción dolosa de un tercero, es claro que este es quien debe indemnizar los daños que cause a los demás particulares, tanto porque es él quien en esa situación detenta la cosa —aunque ilegalmente— y dispone de ella contra el querer de su titular, como, más importante aún, porque finalmente es quien de manera real y efectiva causa el daño correspondiente.

Desde el punto de vista de la responsabilidad que se deriva por la realización de actividades peligrosas, debe tenerse en cuenta que no fue la accionada la que realizó dicha actividad; desde el punto de vista del daño antijurídico causado con un vehículo oficial, debe considerarse de cerca que este fue sustraído de su esfera de control por quien cometió el delito de hurto de uso.

En la misma línea en que lo recoge la mencionada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia —prohijada mediante pronunciamientos de esta misma Sala, según quedó reseñado—, la doctrina (4) ha considerado que el titular de una actividad peligrosa también puede exonerarse de responsabilidad cuando quiera que demuestre que perdió el control o dirección de la cosa en la medida en que le hubiere sido sustraída por un tercero en contra de su voluntad. Al respecto se ha precisado:

“1405. ¿El tercero debe ser identificado?: Existe la tendencia jurisprudencial y doctrinaria a considerar que cuando se invoca el hecho de un tercero como causal exoneratoria, se requiere que el demandado identifique a quien realmente ha causado el daño. Con todo, algunos expositores consideran que el demandado no tiene porqué hacer tal identificación. Esta última solución es la más justa, puesto que, muchas veces, el causante del daño huye pero queda plena prueba de la comisión del hecho, y deja al demandado sumido en la ignorancia de saber quién fue el causante del daño; además en la actualidad se admite que, en el caso del daño causado con un vehículo robado, su propietario puede alegar que no tenía la guarda del vehículo, por consiguiente, si demuestra que este le fue robado, con ello probará el hecho de un tercero, aunque no lo identifique. (...). No obstante, conviene hacer esta aclaración: el demandado por una obligación contractual de resultado que no logre identificar al tercero causante del daño, debe, por lo menos, demostrar que ese tercero no está bajo su dependencia; de no hacerlo, ese anonimato del tercero impedirá que el demandado pueda exonerarse”. (resalta la Sala).

Así las cosas, la doctrina estudiada no deja dudas en cuanto que la conducta de un tercero siendo exclusiva y determinante en la producción del daño antijurídico, rompe el nexo de causalidad porque tiene entidad suficiente para liberar de responsabilidad a la persona a quien en principio se le imputan los hechos, a cuyo cargo está demostrar esa “causa extraña”.

En el caso bajo estudio, la entidad demandada y el llamado en garantía demostraron suficientemente que los hechos por los cuales fueron convocados al proceso no son atribuibles a su conducta o mejor aún, no tienen nexo con el servicio, sino que esos daños son imputables al hecho exclusivo y determinante de un tercero, si bien no ajeno del todo al alcalde —por mantener con él la circunstancia personalísima de ser pariente en segundo grado de consanguinidad (hermano)—, sí ajeno del todo a la administración, quien se apropió en forma delictual, ya declarada judicialmente, del vehículo de la entidad demandada, no por la forma en que tal vehículo se hallaba a buen recaudo, sino a pesar de ella y con él ocasionó el accidente en que perecieron varios de sus ocupantes, entre ellos algunos familiares de los actores.

La administración también fue víctima de la actividad delincuencial (hurto de uso) de un sujeto que, habiendo sido ya condenado penal y civilmente, es quien debe responder, incluso ante la propia Alcaldía de Cajibío, por su ilícito.

Todo confluye por consiguiente, a tener por acreditada la culpa exclusiva y determinante de un tercero, precisamente en razón a que, visto el proceder de la administración, ningún reproche se abre paso, gracias al cual la conducta del tercero en cuestión pudiera haber concurrido, junto con la de la administración, a la causación del daño irrogado a los demandantes».

(Sentencia de 31 de agosto de 2006. Expediente 14868. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez).

(1) “En efecto, el factor de exoneración a que se hace referencia [se refiere al hecho de un tercero] tiene como función principal el impedir la configuración de la denominada relación de causalidad, razón por la cual los daños experimentados por la víctima no pueden ser reconducidos, desde el punto de vista puramente material, a la conducta del demandado; sin embargo, si la ocurrencia fáctica no puede atribuirse al hecho del tercero íntegra y exclusivamente, el fenómeno jurídico que se configura no es la causal de exoneración del hecho de tercero, sino por el contrario, una participación plural en el desenvolvimiento o desenlace de la cadena causal, que se concreta en el daño experimentado por la víctima”. Expediente 12407; actores Elvia María Ortiz Godoy y Otros, contra Secretaría de Obras Públicas y Otros, doctor Daniel Suárez Hernández.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, C.P. doctor Alier Hernández, actor: Luz Stella Franco y otros.

(3) Peirano Facio, Jorge. “Responsabilidad extracontractual”, tercera edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1981, págs. 478-479.

(4) Tamayo Jaramillo, Javier. “De la responsabilidad civil”. Tomo III, Bogotá, Edit. Temis. 1999, págs. 192 a 193.

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